Blanca Margarita Ortiz Mellado
Expediente 889/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 889/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/08/2022
Partes del expediente
- Blanca Margarita Ortiz Mellado
Actuaciones
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintidós de agosto de dos mil veintidós. Téngase por recibido el informe justificado rendido por el titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad; en tal razón, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. Por otra parte, en relación con la documental que se recibe con el informe de cuenta, téngase a la autoridad de mérito cumpliendo con la exigencia que establece el párrafo quinto del numeral 117 de la ley de la materia. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Gilberto Anaya Camargo, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Téngase por recibido el informe justificado rendido por la Coordinadora Regional del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; en tal razón, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda, sin que resulte necesario ponerlo a la vista de las partes en virtud de las consideraciones que enseguida se expondrán. Ahora bien, se precisa que de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, el sobreseimiento del juicio se debe decretar cuando sobrevenga una causa de improcedencia, lo cual se puede dar en cualquier momento del juicio; en el presente caso, este Juzgado de Distrito advierte que el acto reclamado a las autoridades responsables, consistente en el señalamiento de fecha distante para llevar a cabo el estudio socioeconómico por video llamada a cargo del aquí tercero interesado José Alberto Carlín León, sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Asimismo, por encontrarse íntimamente vinculado con la causal de improcedencia de que se trata, también es de utilidad transcribir la fracción I del artículo 77 de la legislación de la materia: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y ." La interpretación literal y sistemática de dichos preceptos conduce a determinar que, para que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que se derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo que antecede, encuentra apoyo en la jurisprudencia número 2a./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, materia común, Novena Época, registro digital 193758, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior es así, toda vez que de las constancias que adjunta a su informe justificado la Coordinadora Regional del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, se aprecia que en coordinación con la diversa autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en este municipio, se señalaron las nueve horas del veintinueve de septiembre de dos mil veintidós (al encontrarse disponible en la agenda electrónica de uso común entre ambas autoridades), con el propósito de llevar a cabo el estudio socioeconómico por video llamada a cargo del aquí tercero interesado José Alberto Carlín León, en el expediente 57/2022, relativo al juicio sumario civil sobre alimentos definitivos promovido por Blanca Margarita Ortiz Mellado; por lo que ha quedado sin efectos el acto reclamado, puesto que, como se dijo, las autoridades responsables efectuaron las gestiones correspondientes con el propósito de realizar a la brevedad posible el referido estudio, que era la causa de pedir en esta instancia constitucional. En tales condiciones, al haber cesado los efectos del acto reclamado, conlleva a que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ante lo cual resulta procedente sobreseer en el presente juicio constitucional, con fundamento en lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la invocada legislación. No constituye obstáculo para arribar a la conclusión que antecede, el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento de este juicio sin que preceda audiencia constitucional, pues la causal de improcedencia de que se habla es notoria y a nada práctico conduciría esperar hasta el desahogo de la audiencia para tal determinación, si el resultado del fallo sería en el mismo sentido, lo cual es acorde con la garantía establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que la administración de justicia tiene que ser pronta y expedita. Tiene aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia, 2a./J. 10/2003, emitida por la Segundad Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, del mes de marzo de 2003, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo anteriormente expuesto, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional fijada en autos. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, tres de agosto de dos mil veintidós. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por Blanca Margarita Ortiz Mellado, contra actos del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad y de otra autoridad; regístrese en el libro respectivo con el número 889/2022-III. Por otro lado, se exhorta a las partes para que, de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; atendiendo a ello, deberán haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que este juzgado debe haber autorizado, en el entendido de que la actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente. Sin embargo, para el caso de quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de su representante legal, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y las notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Al no advertirse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de derechos fundamentales. Con apoyo en el ordinal 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 5º, fracción IV, de la ley de la materia, dése la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este tribunal. No se tramita incidente de suspensión en atención a que del contenido del escrito de demanda de cuenta no se advierte el capítulo correspondiente para ello, aunado a que el acto reclamado no se encuentra en los supuestos para decretarla de oficio en términos de los preceptos 126 y 127, ambos de la Ley de Amparo. Ahora bien, de la demanda que se atiende se observa que la accionante del amparo señala como tercero interesado al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta localidad; sin embargo, ésta es autoridad responsable, toda vez que ante ella se tramita el juicio del cual deriva el acto reclamado en esta contienda constitucional, de ahí que, se ordena su llamamiento a este asunto con tal carácter. En términos del artículo 117 de la legislación en cita, pídanse los informes justificados a las autoridades señaladas como responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo y, de ser cierto el acto reclamado por la parte quejosa, remitir las constancias necesarias; apercibidas que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido o no remitir la copia certificada completa y legible de las citadas constancias para la solución del juicio constitucional, se harán acreedoras a una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, equivalentes a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional); lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, requiérase a la parte agraviada y a las autoridades responsables, para que informen oportunamente a este tribunal, si cesaron los efectos del acto reclamado o si ocurren causas notorias de sobreseimiento como lo prevé el artículo 64 de la ley de la materia, con el apercibimiento que de no hacerlo así, con sustento en el numeral 251 de la legislación de la materia, se les impondrá una multa por la cantidad de $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos con sesenta centavos, moneda nacional), equivalente a treinta veces el valor diario de la indicada unidad de medida. Se cita a la audiencia constitucional, misma que se llevará a cabo a las diez horas con veinticinco minutos del dos de septiembre de dos mil veintidós. Por otro lado, del contenido de la demanda se advierte que José Alberto Carlín León, es la contraparte de la aquí quejosa Blanca Margarita Ortiz Mellado, en el juicio de origen; por lo que, con fundamento en el numeral 5º, fracción III, inciso b), de la legislación de la materia, se tiene con el carácter de tercero interesado al nombrado y se reserva su emplazamiento al juicio en que se actúa hasta en tanto se reciban los informes justificados para obtener su domicilio. En cuanto a las pruebas documentales ofrecidas por la parte agraviada, con fundamento en lo establecido en el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen por admitidas y desahogadas desde este momento por su propia y especial naturaleza. En otro contexto, se tiene como autorizado de la compareciente en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado César Iván Balboa Arámbula, quien se encuentra registrado en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, respecto a la solicitud de la agraviada de que se le permita acceso al expediente electrónico con clave de usuario "cesarbalboa", asociado al correo electrónico que refiere, registrado ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se le autoriza para los efectos precisados únicamente por lo que hace a este asunto; igualmente, para que se le realicen vía electrónica las notificaciones que ameriten el carácter de personal, con sustento en el numeral 26, facción IV, de la legislación que rige este juicio. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.
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