Blanca Margarita Flores Aguilar
Expediente 816/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 816/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 15/08/2022
Partes del expediente
- Blanca Margarita Flores Aguilar
- 1. Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Se notifica por lista a la parte quejosa: Vista; la razón de imposibilidad suscrita por el actuario judicial adscrito a este Juzgado, donde manifiesta la imposibilidad que tuvo para llevar a cabo la notificación ordenada en auto de nueve de agosto de dos mil veintidós, a la parte quejosa ***, por los motivos que expone. Al efecto, se acuerda: En atención a lo anterior, en salvaguarda al derecho de seguridad jurídica que debe prevalecer en todo procedimiento, para no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa; con base en el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, instrúyase al actuario judicial notifique dicho auto mediante lista que se publique en los estrados de este Juzgado, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Auto de nueve de agosto del actual: Vistos; la certificación precedente y el estado procesal de autos, de los cuales se advierte transcurrió el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes se hayan inconformado contra la sentencia constitucional de veintiuno de julio de dos mil veintidós, que sobreseyó en el presente juicio de amparo. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se declara ha causado ejecutoria. Cabe destacar que se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a las autoridades responsables, para los efectos del recurso de revisión condigno, dado que el sentido de la sentencia pronunciada, de sobreseimiento, no causa ningún perjuicio a sus intereses. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia por desahogar, con apoyo en el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que fue publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; es susceptible la destrucción de este expediente, en virtud de ubicarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio del suscrito, no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión, se deja de proveer lo conducente. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21 del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER Toda vez que la parte quejosa exhibió diversas documentales en su demanda; notifíquesele personalmente QUEDAN A SU DISPOSICIÓN y deberá recogerlas dentro del término de noventa días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído; con el apercibimiento que de no hacerlo así, correrán la misma suerte del expediente en que se actúa. Se hace del conocimiento a la quejosa que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, prorrogado por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la consulta del expediente físico donde cual constan las documentales puestas a su disposición, será a través de la generación de citas, que podrá realizar en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para la consulta de los expedientes o las comparecencias ante el Consejo de la Judicatura Federal. -MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN IMPLEMENTAR LOS ACTUARIOS JUDICIALES- Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para realizar la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia, mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, utilizando el traje protector y su careta. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA QUEJOSA; Y POR OFICIO A LOS RELACIONADOS EN LA MINUTA.
- Principal
Vistos; la certificación precedente y el estado procesal de autos, de los cuales se advierte transcurrió el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes se hayan inconformado contra la sentencia constitucional de veintiuno de julio de dos mil veintidós, que sobreseyó en el presente juicio de amparo. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se declara ha causado ejecutoria. Cabe destacar que se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a las autoridades responsables, para los efectos del recurso de revisión condigno, dado que el sentido de la sentencia pronunciada, de sobreseimiento, no causa ningún perjuicio a sus intereses. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia por desahogar, con apoyo en el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que fue publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; es susceptible la destrucción de este expediente, en virtud de ubicarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio del suscrito, no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión, se deja de proveer lo conducente. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21 del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER Toda vez que la parte quejosa exhibió diversas documentales en su demanda; notifíquesele personalmente QUEDAN A SU DISPOSICIÓN y deberá recogerlas dentro del término de noventa días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído; con el apercibimiento que de no hacerlo así, correrán la misma suerte del expediente en que se actúa. Se hace del conocimiento a la quejosa que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, prorrogado por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la consulta del expediente físico donde cual constan las documentales puestas a su disposición, será a través de la generación de citas, que podrá realizar en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para la consulta de los expedientes o las comparecencias ante el Consejo de la Judicatura Federal. -MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN IMPLEMENTAR LOS ACTUARIOS JUDICIALES- Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para realizar la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia, mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, utilizando el traje protector y su careta. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA QUEJOSA; Y POR OFICIO A LOS RELACIONADOS EN LA MINUTA.
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de julio de dos mil veintidós. Visto; el pedimento de cuenta, signado electrónicamente, con evidencia criptográfica de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, mediante el cual solicita el acceso al expediente electrónico en el presente juicio y proporciona nombre de usuario edith.salgado; de igual forma, señala el mismo para recibir notificaciones electrónicamente. Al efecto, se acuerda. Atento a lo anterior, con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos el pedimento de cuenta. En atención a lo peticionado por dicha representante social, de conformidad con el artículo 3, de la ley de la materia, se le tiene como autorizada para consultar electrónicamente el juicio de amparo en que se actúa; se ordena al analista jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), darle de alta y registrarla con el nombre de usuario edith.salgado, para consultarlo electrónicamente. Se instruye al personal comisionado de efectuar la digitalización de constancias, realice el escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. Por otra parte, conforme al artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza hacer las notificaciones vía electrónica a través del usuario edith.salgado; por lo cual, se instruye a los actuarios de la adscripción tomen nota. NOTIFÍQUESE POR LISTA; Y VÍA ELECTRONICA A LA MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta su organización y funcionamiento, ante Víctor Hugo Albores Hernández, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintiuno de julio de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto 816/2022-IX, promovido por Blanca Margarita Flores Aguilar, se levanta la presente acta ante la presencia de Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, asistido de Víctor Hugo Albores Hernández, secretario de juzgado, con quien actúa y da fe, sin que las partes o quien legalmente las represente hayan comparecido. El secretario en funciones de Juez de Distrito declara abierta la audiencia y el secretario de juzgado da cuenta con las constancias que obran en autos, entre las cuales destacan las siguientes: Escrito de la demanda de amparo 2 Auto admisorio de veinticuatro de junio de dos mil veintidós 3 Emplazamiento a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito 4 Emplazamiento de las autoridades responsables 5 Informes justificados rendidos por todas las autoridades responsables. Asimismo, se hace constar y certifica que la siguiente relación coincide con las autoridades responsables y el sentido de sus informes justificados. El secretario en funciones de Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el presente juicio de amparo. AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO DEL INFORME AUTO Subprocurador de Legislación y Asuntos Jurídicos, de la Procuraduría Fiscal, dependiente de la Secretaría de Hacienda, en representación del 1) Secretaría de Hacienda y de la 2) Coordinadora General de Recursos Humanos adscrita, residentes en Tuxtla Gutiérrez. Niega 15/julio/2022 3) Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, residente en Tuxtla Gutiérrez. Niega 15/julio/2022 Período probatorio. Abierto el período de pruebas, se hace constar que las partes ofrecieron los siguientes medios de convicción: No. PARTE PRUEBAS AUTO Quejosa Original de los acuses de recibido de quince de julio de dos mil veintiuno y diecisiete de agosto de dos mil veintiuno; instrumental de actuaciones; así como la presuncional en su doble aspecto, legal y humano. 24/junio/2022 2 Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez. Copias certificadas del oficio SH/UAA/001882/2022, de cuatro de julio de dos mil veintidós; el diverso SH/CGRH/DGAyE/0004/2021, de once de enero de dos mil veintiuno; del acuse de recibo de quince de julio de dos mil veintiuno; y del acuse de recibo fechado el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. 15/julio/2022 El secretario en funciones de Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de referencia, las cuales se desahogan dada su propia y especial naturaleza jurídica, mismas que serán valoradas al dictarse la sentencia. Sin más pruebas que desahogar, se declara cerrado este período. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló; en relatadas circunstancias se tiene por agotada esta fase de la audiencia. Vistos; para resolver el juicio de amparo indirecto número 816/2022-IX, promovido por Blanca Margarita Flores Aguilar. R E S U L T A N D O: I. Presentación de la Demanda. Mediante escrito presentado por Blanca Margarita Flores Aguilar, el veintiuno de junio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Partes Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales, con residencia en esta ciudad y Juzgados de Procesos Penales Federales y Juicios de Amparo en Materia Penal, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra las autoridades y acto que se precisarán más adelante. II. Admisión y trámite. Mediante acuerdo de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, se ordenó veintidós registrar la demanda de amparo bajo el número 816/2022- IX y se admitió a trámite; se requirió a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado; se dio la intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. II. Audiencia. Se llevó a cabo la misma al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, resulta competente para conocer de este juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I,1 y 107, fracción IV,2 de la 1 Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los numerales 33, fracción IV,3 35,4 37,5 107, fracción II,6 todos de la Ley de Amparo; en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;7 así como en los Acuerdos Generales 03/2013 y 16/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues el acto reclamado se le atribuye a dos autoridades circunscritas, en razón de territorio, al lugar en donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado y de las autoridades responsables. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y en cumplimiento a la tesis jurisprudencial P./J.40/2000, del Pleno del más alto tribunal, se precisan las autoridades responsables y los actos reclamados. Así, del análisis integral a la demanda de amparo y su ampliación, se advierte que la parte quejosa atribuye a I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; 2 Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. 3 Artículo 33. Son competentes para conocer del juicio de amparo: (.) IV. Los juzgados de distrito; y, 4 Artículo 35. Los juzgados de distrito y los tribunales unitarios de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo indirecto. 5 Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 6 Artículo 107. El amparo indirecto procede: II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; 7 Artículo 49. Las y los jueces de distrito que no tengan jurisdicción especial conocerán de todos los asuntos a que se refieren los artículos del presente Capítulo. las autoridades responsables, 1) Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas; 2) Coordinador General de Recursos Humanos; y 3) Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo ambas de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, todas con sede en Tuxtla Gutiérrez, el siguiente acto reclamado: ? La omisión de dar respuesta a la solicitud que por escritos presentados el quince de julio y diecisiete de agosto, ambos de dos mil veintiuno, ha formulado para que se le expida constancia de antigüedad laboral y realice tramite de su jubilación. TERCERO: Inexistencia y certeza del reclamado. Con base en los artículos 63, fracción IV,8 y 74, fracción I,9 de la Ley de Amparo, debe analizarse la certeza o no del acto reclamado, ya que de no ser cierto, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y de ser fundada alguna de éstas, sería imposible analizar cuestiones de fondo. Apoya a la anterior consideración, el criterio jurisprudencial número XVII.2° J/10, del rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, página 68, Tomo 76, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, con registro digital 212775.10 8 Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y 9 Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; 10 ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la A. No es cierto el acto reclamado al Secretario de Hacienda y al Coordinador General de Recursos Humanos adscrito a la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, residentes en Tuxtla Gutiérrez, por así haberlo manifestado al rendir sus informes justificados, sin que la parte quejosa haya aportado medio de prueba para desvirtuar tales negativas. En ese contexto, ante la inexistencia del acto reclamado a las autoridades mencionadas con los numerales 1) y 2), del Segundo considerando de este fallo, lo procedente es SOBRESEER en el juicio respecto de ambas responsables, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la anterior conclusión, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento. "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES."11 B. Es cierto el acto reclamado a la diversa autoridad responsable, 3) Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo adscrita a la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, residente en Tuxtla Gutiérrez, pues aun cuando lo haya negado, realiza manifestaciones que evidencian su existencia, toda vez que en su informe justificado aduce que al hacerle la devolución a la solicitante, quejosa, de la documentación que presentó el quince de julio y diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, de puño y letra firmó por su recibo, en donde se le hizo de su conocimiento que la Dirección de Gestión Administrativa no recibió su trámite, ya que previa revisión de la misma advirtió no contaba con la edad requerida para jubilarse, siendo esta la de cincuenta y cinco años de edad, tendiendo a la fecha de la presentación de su trámite la edad de cuarenta y cinco años; asimismo, a través del memorándum número SH/UAA/001882/2022, de fecha cuatro de julio de dos mil veintidós, de manera escrita se le hizo del conocimiento a la peticionaria, ahora quejosa, que según la circular SH/CGRH/DGAYE/0004/2021, emitida el once de enero de dos mil veintiuno, el Director de Gestión Administrativa y Educativa, informó a los Jefes de las Unidades de Apoyo Administrativo de las dependencias y equivalentes, así como a los órganos desconcentrados del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, que todos los tramites de solicitud de constancia de antigüedad laboral, licencias, se harían a través de sus respectivos enlaces de 11 Jurisprudencia número 284, consultable en la página 236, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917- 2000, lo que se transcribe de la siguiente letra: Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Recursos Humanos adscritos a cada dependencia; también se le hizo de su conocimiento que los trámites correspondientes a solicitud de constancias de antigüedad únicamente se recibirían si se determinaban útiles para el trámite de pensión, jubilación, incentivo de 20 años de servicio, movimientos escalafonarios, actualización del sistema de nóminas, vacaciones, cobro de seguros y por laudos, hecho que al caso en particular no procede ninguna de las hipótesis anteriores, por lo que no se recibió dicho trámite, por no contar con la edad requerida para el mismo. Lo anterior, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a foja 391, Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. Además, la certeza del acto reclamado a la Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo responsable se corrobora con las constancias anexas su informe justificado en copia certificada, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12912 y 20213 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2,14 párrafo segundo, al tratarse de actuaciones emitidas por una autoridad en el ejercicio de su encargo. Al efecto, es aplicable el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.15 Lo expuesto con anterioridad, permite tener la certeza del acto reclamado a la autoridad responsable precisada con el numeral 3) del Segundo considerando. CUARTO. Causas de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: 12 Artículo 129. Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones. 13 Artículo 202. Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. 14 Artículo 2. El juicio de amparo se tramitará en vía directa o indirecta. Se substanciará y resolverá de acuerdo con las formas y procedimientos que establece esta ley. A falta de disposición expresa se aplicará en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en su defecto, los principios generales del derecho. 15 Jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 153, tomo VI, Apéndice de 1995, Quinta Época, registro 394182. IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.16 Respecto del acto reclamado a la Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, residente en Tuxtla Gutiérrez, consistente en la omisión de dar respuesta a la solicitud que por escritos presentados el quince de julio y diecisiete de agosto, ambos de dos mil veintiuno, ha formulado para serle expida constancia de antigüedad laboral y realice tramite de su jubilación, se advierte que en el caso particular se actualiza la causa prevista en el diverso 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Se arriba a la convicción de que cesó los efectos del acto reclamado, cuando se actualiza la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho de que se trate, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; es así, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Así, para actualizarse la causal de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: 1) De un acto positivo de autoridad lesivo de los derechos fundamentales, o bien, de uno negativo u omisivo que haya dejado de realizar la autoridad y motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; 2) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; y 3) De una situación de hecho o derecho que destruya, en forma definitiva, el acto reclamado, restituyendo al quejoso en el goce de su derecho fundamental vulnerado; o bien, una situación de hecho sobreviniente durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Al efecto, cobra aplicación la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." Ahora, la quejosa hizo valer como acto reclamado, la omisión de dar respuesta a la solicitud que por escritos presentados el quince de julio y diecisiete de agosto, ambos de dos mil veintiuno, ha formulado para que se le expida constancia de antigüedad laboral y realice tramite de su jubilación. jubilación No obstante, de las constancias que remitió la Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo responsable en apoyo a su informe justificado, las cuales ya fueron valoradas en el considerando TERCERO que antecede, se advierte que mediante el memorándum número SH/UAA/001882/2022, de cuatro de julio de dos mil veintidós, se le informó que según la Circular número SH/CGRH/DGAYE/0004/2021, de once de enero de dos mil veintiuno, el Director de Gestión Administrativa y Educativa, les comunicó a los jefes de las Unidades de Apoyo Administrativo de las dependencias, equivalentes y órganos desconcentrados del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, que entre otros trámites, la solicitud de constancia de antigüedad laboral, se haría a través de sus enlaces de Recursos Humanos se recibirían si se determinaban útiles para el trámite de pensión, jubilación u otros, dentro de los cuales no se ubica su asunto, por lo cual no se recibió dicho trámite, por no contar con la edad requerida para jubilarse (de cincuenta y cinco años) pues a la fecha de presentación de su trámite, contaba con cuarenta y cinco años de edad; con lo cual, se dio contestación a lo solicitado por la peticionaria, quejosa, firmado de recibido el cinco de julio de dos mil veintidós. veintidós La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. 05/08/23 21:53:55 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.fa.41 Víctor Hugo Albores Hernández PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Juicio de Amparo Indirecto 816/2022-IX JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS - 16 - Por tanto, el suscrito considera que el acto reclamado a que se refiere la peticionaria, aquí solicitante de amparo, ha cesado en sus efectos, en mérito de que la omisión reclamaba fue subsanada. Por ello, resulta inconcuso que dicho acto reclamado en esta vía por la quejosa, cesó en sus efectos, en la medida en que la situación jurídica que dio origen a este amparo, dejó de producirlos, restituyéndose a dichos inconformes en el goce de sus derechos fundamentales vulnerados, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, y con ello quedó satisfecho el derecho tutelado por la normas constitucional que consideró vulnerado. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dispone: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. 18 Así como la diversa tesis de jurisprudencia de rubro y texto siguiente: 18 Jurisprudencia número 2ª./J.59/99, aprobada por la Segunda Sala del más Alto Tribunal, consultable en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, con registro electrónico 193758, del texto: De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. 05/08/23 21:53:55 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.fa.41 Víctor Hugo Albores Hernández PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Juicio de Amparo Indirecto 816/2022-IX JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS - 17 - Amparo indirecto 816/2022 ??A???A???????? "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo."19 Así, se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 77, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en la fracción V, de su numeral 63, procede sobreseer en este juicio de amparo respecto del acto reclamado a la Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, residente en Tuxtla Gutiérrez. Finalmente, no pasa inadvertido para quien resuelve, que en el presente juicio de amparo no ha transcurrido el término de ocho días hábiles a que refiere el artículo 117, de la Ley de Amparo, para dar vista a las partes y tengan conocimiento del informe justificado que rinda la autoridad responsable, antes de la fecha señalada para celebrar a audiencia constitucional; sin embargo, se procedió a sobreseer en el presente juicio, considerando que el motivo de la vista a que se refiere el numeral invocado, es para el efecto de dar oportunidad a las partes de desvirtuar los argumentos expuestos en el mismo y, en la especie, quedó desvirtuado precisamente lo que expuso la responsable en su informe ( informe cesación de efectos). 19 Tesis jurisprudencial 2ª./J. 9/98, localizable en la página 210 del Tomo VII correspondiente al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. 05/08/23 21:53:55 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.fa.41 Víctor Hugo Albores Hernández PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Juicio de Amparo Indirecto 816/2022-IX JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS - 18 - QUINTO. Transparencia y acceso a información. Conforme con los artículos 1, 5, 68 y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con los diversos 41 y 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, y su reforma de veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena al secretario que elabore en versión pública la presente resolución y la integre al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, respetando los lineamientos de versión públicas aplicables para salvaguardar los datos personales de las personas involucradas en este juicio, debiendo glosar al presente juicio la constancia de captura de la misma. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo 816/2022 promovido por Blanca margarita Flores Aguilar, contra el acto reclamado a la Secretaría de Hacienda; Coordinador General de Recursos y Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo, ambos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, las tres en Tuxtla Gutiérrez, por los fundamentos y razones expuestos en los considerandos TERCERO, apartado A y CUARTO de este fallo.
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