Blanca Lilia Vera Escobedo

Expediente 730/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 11 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
730/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
17/12/2020

Partes del expediente

  • Blanca Lilia Vera Escobedo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    II.- Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no realizó manifestación alguna en relación a la vista que se ordenó en proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veinte; por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento, y este órgano jurisdiccional procede a resolver lo que corresponde en términos de lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia registrada con el número 2a./J. 26/2000, publicada en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Precisado lo anterior, es necesario puntualizar los términos de los efectos para los cuales fue concedido el amparo de la Justicia Federal a Blanca Lilia Vera Escobedo, contra los actos que reclamó del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Subdelegado de Prestaciones de la Delegación en el Estado de Quintana Roo, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que fue el siguiente: "Se concede el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados por la parte quejosa; lo anterior para que: No se aplique a la parte quejosa Blanca Lilia Vera Escobedo, en lo presente ni en lo futuro, el artículo 12, fracción II, inciso c), del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 2. Como consecuencia, el Subdelegado de Prestaciones de la Delegación en Quintana Roo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, en el ámbito de sus atribuciones, deberá dejar insubsistente el oficio 023.302/S.P./1344/2019 de trece de agosto de dos mil diecinueve y, deberá reintegrar al quejoso las cantidades que con motivo de la aplicación de la disposición legal declarada inconstitucional, le hubieren sido retenidas, con su respectivo incremento legal, a partir del mes en que haya cesado el depósito por concepto de pensión por viudez del que es beneficiaria la aquí quejosa; con excepción de las cantidades que se hubiesen prescrito, y las que fueran entregadas a diverso beneficiario". Por auto de veintiuno de febrero de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia de mérito, motivo por el cual, se requirió a la autoridad responsable, para que informara sobre el cumplimiento dado al fallo protector. Mediante proveído de cuatro de marzo de dos mil veinte, se tuvo a la Encargada de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, en vías de cumplimiento del protector, estando a la espera de las constancias necesarias para acreditar cabalmente el mismo. En proveído de trece de marzo de dos mil veinte, se tuvo por recibido el escrito signado por la parte quejosa mediante el cual hizo del conocimiento que compareció ante la autoridad responsable, y exhibió la documentación que le fue solicitada mediante oficio 023.302/SP/390/2020 y exhibió el acuse de recibo de la documentación correspondiente para los efectos legales conducentes. Mediante Acuerdo General 4/2020, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, del índice del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, fueron suspendidas las labores presenciales, plazos y términos procesales en los órganos de justicia federal, a partir del dieciocho de marzo de dos mil veinte, derivado de la pandemia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2 (Covid 19). Posteriormente, mediante acuerdos generales 21/2020 y 22/2020, del índice del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordenó el regreso escalonado de labores de los órganos del Poder Judicial de la Federación, con medidas para prevenir el contagio y esparcimiento del citado virus, por lo que se redujeron el número de horas físicas en los juzgados y tribunales, así como el número de personal que podía asistir físicamente a estos. Mediante proveído de once de noviembre de dos mil veinte, se requirió al Encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, para que remita las constancias con las que acreditara que dio cumplimiento a lo ordenado en la sentencia dictada en autos. En proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, tuvieron por recibidos el oficio y anexos, remitidos por el Titular de la Unidad Jurídica y en representación de la suplente por ausencia del Titular de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, por lo que con dichas constancias se dio vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, lo que se le notificó personalmente el veinticinco de noviembre del año en curso, tal y como se advierte de la constancia de notificación levantada al efecto, que obra en autos. Documentales a las que se les otorga valor probatorio, al estar certificadas y suscritas por servidor público en ejercicio de sus funciones, por lo que constituyen documentos oficiales, que tienen eficacia probatoria plena en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º; con las que se estima que se ha dado cumplimiento a la sentencia emitida por este Juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, parte SCJN, de la Quinta Época, del Apéndice de 1995, en Materia Común, que establece: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. En este contexto, toda vez que la autoridad responsable Titular de la Unidad Jurídica en representación del Subdelegado de Prestaciones de la Delegación en el Estado de Quintana Roo, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dejó insubsistente la aplicación en lo presente y en lo futuro por lo que respecta al artículo 12, fracción II, inciso C, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; así como también, proveyó con relación a la pensión por viudez que le corresponde a la parte quejosa, y atento a lo anterior, se elaboró el cheque No.0002457, de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, por la cantidad de $95,780.24 (noventa y cinco mil setecientos ochenta pesos 24/100 moneda nacional), y de las constancias que fueron remitidas se aprecia una identificación oficial, signada por Blanca Lilia Vera Escobedo, de la que se advierte que el referido cheque fue cobrado el veintidós de septiembre de dos mil veinte por la parte quejosa. En tal virtud, es inconcuso que al no existir exceso o defecto en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pueda concluirse que la parte quejosa fue restituida en el goce de sus derechos fundamentales, por lo que se declara para todos los efectos legales a que haya lugar, QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA, con fundamento en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo. Tómese como fecha en que la presente sentencia fue debidamente cumplida, el veintidós de septiembre de dos mil veinte. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el invocado numeral 196, párrafos tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, procede el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al artículo 18, del Capítulo Séptimo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que en el segundo punto resolutivo de la sentencia que resolvió el presente asunto la justicia de la Unión amparó a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la artículo 18, fracción I, inciso b), por lo que es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere el antepenúltimo párrafo del citado artículo. Asimismo, y como lo dispone el artículo el antepenúltimo párrafo del capítulo séptimo y en razón al sentido de la sentencia dictada en el presente asunto, consérvese únicamente la demanda y la sentencia respectiva, mismas que deberán digitalizarse en términos del capítulo noveno del citado acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala el citado artículo 18. En cuanto al valor jurídico sí lo tiene el presente juicio de amparo.

  2. Principal

    II.- Notificación personal.

  3. Principal

    I.- Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que no ha sido cumplida la ejecutoria de la sentencia dictada en autos. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, requiérase al Encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación en Quintana Roo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS siguientes a aquél en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, acrediten ante este Juzgado con constancias fehacientes, haber dado cumplimiento al fallo protector de mérito. Apercíbase a dicha autoridad responsable que de ser omisa a lo solicitado, o bien, de no manifestar oportunamente el trámite que esté realizando para dar cumplimiento al fallo protector, se iniciará el procedimiento establecido en el artículo 193 de la ley de la materia, y en relación con los diversos numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por la cantidad de $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, a razón de $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 moneda nacional), valor que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) correspondiente al año dos mil veinte, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que es la referencia económica en pesos aplicable de conformidad con lo que establece el artículo 2° transitorio del Decreto por el que se Declara Reformadas y Adicionadas Diversas Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, vigente a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, así como, conforme a lo dispuesto en el artículo 267, fracción I, del ordenamiento legal antes invocado, atendiendo al perjuicio ocasionado y la actuación dolosa con que califique este juzgador la omisión advertida. Además de que se abrirá el incidente de inejecución de sentencia y los autos originales en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en turno, para la substanciación del incidente aludido, sin perjuicio de que éste a su vez los envíe al Máximo Tribunal para los efectos que se encuentran contenidos en el penúltimo párrafo del citado artículo 193 y en el diverso 194 de la ley de la materia, esto es, la separación del cargo de las autoridades omisas y su consignación ante el Juez de Distrito, dada su conducta contumaz para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo.

  4. Principal

    II. SENTENCIA CONSTITUCIONAL. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Para los efectos precisados en el considerando sexto de esta sentencia, la Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a la quejosa, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la ciudad de México y del Subdelegado de Prestaciones de la Delegación en Quintana Roo, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de esta ciudad, precisados en el considerando segundo de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando octavo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello.

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