Blanca Lilia Guadalupe Artigas Pérez
Expediente 986/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 19 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 986/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 30/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Blanca Lilia Guadalupe Artigas Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; como de la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el diez de marzo de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por la parte quejosa Blanca Lilia Guadalupe Artigas Pérez; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Por otra parte, devuélvase a la autoridad responsable Dirección de Protección Contra Riesgo Sanitario, Departamento de Dictamen y Autorización Sanitario de la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco, residente en esta ciudad, un tomo de pruebas en copias certificadas relativas al acto reclamado, que remitió como apoyo a su informe justificado, que se manejó por cuerda separada. Finalmente, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Notifíquese.
- Incidental
MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Décimo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó y concedió la suspensión provisional y definitiva, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse trascurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Notifíquese.
- Principal
MESA 2 En Villahermosa, Tabasco, a las diez horas con cuarenta minutos del diez de marzo de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Karla Hernández Mancera, Secretaria que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, referente al juicio de amparo 986/2020-2, promovido por Blanca Lilia Guadalupe Artigas Pérez, por propio derecho y Yolanda Gerónimo Díaz, en su carácter de apoderada legal de la prenombrada quejosa. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y la Secretaria da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, la secretaria da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa en su demanda de amparo y aclaración de esta, consistentes en: 1.- Copia certificada de la Escritura Pública 41,803 cuarenta y un mil ochocientos tres, del volumen DLXXXIII, de veintidós de febrero de dos mil catorce ante la fe de Adela Ramos López, Notaria Pública sustituta de la Notaría Pública Número veintisiete de esta ciudad. 2.- Copia de la Constancia de Situación Fiscal a nombre de Blanca Lilia Guadalupe Artigas Vargas, emitida el dos de diciembre de dos mil veinte. Asimismo, se da cuenta con la copia certificada del recurso de inconformidad y anexos del expediente administrativo SS/SSP/DPCRS/DDAS/5487/2020, que remitió la autoridad responsable Director de Protección Contra Riesgo Sanitario de la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco, al rendir su informe justificado. También se da cuenta con las documentales en copia simple que anexó la autoridad responsable Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco: 1.- Memorándum número SF/DR/RRC/AEF/1383/2020, de dieciocho de diciembre de dos mil veinte. 2.- Mandamiento de ejecución, designación del ejecutor e instrucción al mismo, de nueve de noviembre de dos mil veinte. 3.- Acta de requerimiento de pago y embargo de dieciocho de noviembre de dos mil veinte. 4.- Citatorio de diecisiete de noviembre de dos mil veinte. 5.- Acta de notificación de dieciocho de noviembre de dos mil veinte. 6.- Acta circunstanciada de dieciocho de noviembre de dos mil veinte. 7.- Factura de treinta y uno de octubre de dos mil veinte. 8.- Memorándum número DTR/0943/2020 de fecha cuatro de noviembre del año dos mil veinte. 9.- Oficio SS/SSP/DPCRS/DDAS/7585/2020 de veintiocho de octubre de dos mil veinte. 10.- Copia de la resolución definitiva deducida del expediente administrativo número SS/SSP/DPCRS/DDAS/5487/2020 de veintidós de septiembre de dos mil veinte. De igual forma, se da cuenta con el tomo de pruebas que anexó la autoridad responsable Dirección de Protección Contra Riesgo Sanitaria, Departamento de Dictamen y Autorización Sanitaria de la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco, relativo al procedimiento administrativo SS/SSP/DPCRS/DDAS/5487/2020, mismo que obra por cuerda separada; y, con las pruebas que ofreció consistentes en la instrumental de actuación y la presuncional legal y humana en todo lo que le favorezca. Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Se abre la fase de alegatos; la Secretaria da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: De conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por perdido el derecho de las partes para hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 986/2020-2, promovido por Blanca Lilia Guadalupe Artigas Pérez, por propio derecho y Yolanda Gerónimo Díaz, en su carácter de apoderada legal de la prenombrada quejosa, contra actos del Director de Protección Contra Riesgo Sanitario, integrantes del Departamento de Dictamen y Autorización Sanitaria de la Subsecretaría de Salud Pública de Tabasco y otra autoridad, con sede en esta ciudad, por estimarlo violatorio de los artículos 8, 14, 16, 17, 22, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, se recibió la presente demanda, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recibida por la Oficina de Correspondencia Común el dieciocho de noviembre de dos mil veinte y turnada a este órgano jurisdiccional el diecinueve siguiente, Blanca Lilia Guadalupe Artigas Pérez, por propio derecho y Yolanda Gerónimo Díaz, en su carácter de apoderada legal de la prenombrada quejosa solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: A C T O S R E C L A M A D O S "De la ordenadora, la resolución de fecha Veintidós (22) de septiembre del año Dos Mil veinte, (2020), dictada por el Director de Protección Contra Riesgo Sanitario, en los actos de la Resolución N°. SS/SSP/DPCRS/DDAS/5487/2020 Que se resuelve el Procedimiento Administrativo (.) En donde La Autoridad Citada Ordena, que proceda a imponer una Multa (.) A LA AUTORIDAD EJECUTORA, el cumplimiento que pueda darle al acto reclamado." [sic] A U T O R I D A D E S R E S P O N S A B L E S "A) Como ordenadora: señalo a los CC. El Director de Protección Contra Riesgo Sanitario DR. Sergio Arturo Jiménez Urgell, integrantes del Departamento de Dictamen y Autorización Sanitaria De la Subsecretaria de Salud Pública, de Tabasco, (.) B). - Como ejecutora: El Secretario de La Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco" [sic] SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El veintitrés de octubre de dos mil veinte, se registró la demanda de amparo bajo el expediente 986/2020-2 y se previno a la parte quejosa para que acreditara la personalidad con que se ostentaba, como apoderada legal de la denominación comercial PLASTIC HOME; de conformidad con lo previsto por los artículos 108 fracción I y 114 fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo. Luego, el nueve de diciembre de dos mil veinte, se hizo efectivo el apercibimiento decretado a la promovente en el proveído narrado con anterioridad, por lo que únicamente se admitió la demanda por lo que hace a Blanca Lilia Guadalupe Artigas Pérez, por propio derecho y a Yolanda Gerónimo Díaz, en su carácter de apoderada legal de ella; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran sus informes justificados; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. SUSPENSIÓN DE LABORES Y ATENCIÓN DE CASOS URGENTES. El veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del "Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19". Luego, mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medidas adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19", cuya vigencia fue ampliada por diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. CUARTO. REACTIVACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. En acuerdo de quince de enero de dos mil veintiuno, se reactivó el presente juicio y se señaló fecha para audiencia constitucional, por lo que de conformidad con la fracción II, del referido Acuerdo 21/2020, los plazos comenzaron a transcurrir a partir de que se notificó el referido proveído a las partes. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La resolución definitiva de veintidós de septiembre de dos mil veinte, emitida el procedimiento administrativo SS/SSP/DPCRS/DDAS/5487/2020, en el que el Director de Protección Contra Riesgos Sanitarios, dependiente de la Secretaría de Salud determinó imponerle una multa al establecimiento denominado Plastic Home, propiedad de la parte quejosa Blanca Lilia Guadalupe La ejecución de la multa; equivalente a $52,128.00 (cincuenta y dos mil ciento veintiocho pesos 00/100 moneda nacional). TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Las autoridades responsables negaron los actos reclamados, sin embargo, son ciertos, tal negativa se desvirtúa porque de sus informes se advierte que su existencia. Sirve de apoyo, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 7, Volumen 91-96, Tercera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Tiene aplicación al respecto la Jurisprudencia 814, del entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En ese contexto, se considera que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVII de la Ley de Amparo, en virtud de que existe un cambio de situación jurídica respecto al acto reclamado por la parte quejosa. Para corroborar lo anterior es necesario tener presente el contenido del artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;." De la interpretación de este precepto se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra un acto que emane de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio en el que opere un cambio de situación jurídica que consuma de forma irreparable las violaciones reclamadas y que no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica. Esta hipótesis de improcedencia se materializa cuando concurren los siguientes requisitos: A. El acto reclamado emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. B. Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución en el procedimiento del que dimana el acto reclamado. C. La nueva determinación produzca un cambio de situación jurídica en relación con la parte quejosa, que imposibilite decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el amparo y, por ende, las violaciones reclamadas en éste son irreparables, o bien, que a pesar de que el acto reclamado sea inconstitucional a nada práctico conduciría otorgar la protección federal porque la nueva situación creada -al no ser materia en el amparo- no cambiaría el estado que guardan las cosas. D. Exista autonomía entre el acto reclamado y el nuevo, de tal forma que este último subsista con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Al respecto, sirve de apoyo la tesis 2a. CXI/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IV, diciembre de 1996, página 219, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." El primer requisito se cumple porque el procedimiento administrativo del que deriva el acto reclamado es un procedimiento administrativo en forma de juicio. Respecto al segundo supuesto también se cubre porque la demanda se presentó el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, contra la resolución definitiva de veintidós de septiembre de dos mil veinte, emitida el procedimiento administrativo SS/SSP/DPCRS/DDAS/5487/2020, por el Director de Protección Contra Riesgos Sanitarios y, posteriormente, la citada autoridad envió la resolución de veintiocho de diciembre de dos mil veinte, emitida en el referido procedimiento administrativo, en virtud del recurso de inconformidad que presentó la parte quejosa en contra del aquí acto reclamado. También se ajusta al tercer supuesto porque la parte quejosa se encuentra sujeta a lo resuelto en la resolución veintiocho de diciembre de dos mil veinte, dictada en procedimiento administrativo SS/SSP/DPCRS/DDAS/5487/2020, del índice de la autoridad responsable. Igualmente, se advierte colmada la última de la hipótesis porque el acto reclamado y la resolución del recurso de inconformidad fueron producidos en distintos momentos dentro del procedimiento administrativo, por lo que existe autonomía entre dichas actuaciones, lo que significa que la citada resolución puede subsistir con independencia de que los actos aquí reclamados sean o no inconstitucionales; lo que implica que este órgano jurisdiccional no puede estudiar el acto anterior, objeto del presente juicio de amparo, sin afectar la posterior resolución de veintiocho de diciembre de dos mil veinte, sobre la que no pidió el amparo y por ende no es objeto de estudio. En ese sentido, las violaciones del procedimiento que se pudieran haber cometido en el primer acto quedaron consumadas irreparablemente, por no poder decidir sin afectar la nueva situación jurídica. Al respecto, sirve de apoyo por analogía la tesis XXI.1o.48 P, Novena Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VIII, diciembre de 1998, página 1024, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE SOBRESEE LA CAUSA PENAL DE DONDE DERIVA EL ACTO RECLAMADO. Si se sobresee la causa penal instruida en contra del quejoso, a virtud del perdón otorgado a su favor por la agraviada, sin oposición del reo, ello implica que en el procedimiento judicial opere un cambio de situación jurídica, ya que el sobreseimiento tiene efectos de sentencia absolutoria de conformidad con lo dispuesto por el artículo 102 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, y por tanto, las violaciones atribuidas al auto de formal prisión reclamado en el juicio de garantías, se consideran irreparablemente consumadas, actualizándose la causa de improcedencia prevista por la fracción X, del artículo 73 de la Ley de Amparo." En las circunstancias narradas, debe concluirse que en el particular se surte la causal de improcedencia contenida en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, en esa medida, lo que se impone es sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, en cuanto a dicho acto reclamado. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución atribuido a la autoridad responsable Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco, por no haber sido combatido por vicios propios sino en vía de consecuencia. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia del mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de nueve de diciembre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Blanca Lilia Guadalupe Artigas Pérez, contra los actos reclamados y las autoridades precisadas en el resultando primero, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Incidental
MESA 2 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; agréguese a los autos el oficio de cuenta y sus anexos, signado por José Alberto Guerrero Amador, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico, en representación del Director de Protección contra Riesgo Sanitario de la Secretaría de Salud Pública del Estado de Tabasco, residente en esta ciudad, autoridad señalada como responsable; mediante el cual informa respecto del cumplimiento dado a la suspensión definitiva concedida por esta autoridad el ocho de febrero del año actual, a la parte quejosa Blanca Lilia Guadalupe Artigas Pérez, por propio derecho y Yolanda Gerónimo Díaz, apoderada legal de la prenombrada quejosa; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
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