Blanca Leticia del Socorro Castillo Baeza

Expediente 1794/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1794/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
23/08/2022

Partes del expediente

  • Blanca Leticia del Socorro Castillo Baeza

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el escrito del escrito del autorizado en términos amplios de la parte quejosa Luis Miguel Baquedano Carvajal, mediante el cual solicita la devolución de la documentación que adjuntó a su escrito inicial de demanda; y, en atención a lo que solicita, dígasele que no habiendo impedimento legal alguno, se accede a la devolución de la documentación que solicita, previa realización del cotejo y certificación correspondiente, previa identificación y razón de recibo que se otorgue en autos. Por otra parte, con apoyo al artículo 3, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se deja a la parte quejosa en aptitud de ingresar al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Agenda OJ", a fin de obtener la cita correspondiente y esté en posibilidad de ingresar al Juzgado a recoger los documentos correspondientes. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización otorgada en sesión de veinte de junio de dos mil veintidós, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2742/2022, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos para que obre como corresponda, el oficio suscrito por la Juez Segundo Interina de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, en turno, con sede en esta ciudad de Mérida, mediante el cual solicita una prórroga de diez días hábiles, a fin de poder dar cumplimiento a la sentencia concesoria del presente asunto. Atento a lo anterior, con fundamento en el cuarto párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, al no haber inconveniente legal alguno, se concede a la autoridad responsable la prórroga de diez días hábiles solicitada, los cuales comenzaran a contar a partir del siguiente al en que tenga conocimiento del presente acuerdo, a fin de que cumpla con la ejecutoria de amparo y de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos violados, en los términos previstos en la sentencia dictada en el presente asunto; por tanto, se encuentra subsistente el apercibimiento ordenado en auto de veintisiete de julio del presente año. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Blanca del Socorro Castillo Baeza, contra actos que reclama de la Director del Registro Civil del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; por tanto, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado bajo el número 1794/2022-I. Sentado lo anterior, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. En ese sentido, debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ahora bien, en principio, debe precisarse que los actos que por esta vía reclama el impetrante de amparo, consiste, medularmente, en el oficio CJ-DRC-JUR-4174-3838-022-2022, uno de julio de dos mil veintidós, emitido por el Director del Registro Civil de Yucatán, en el que en atención a su ocurso de tres de junio pasado se le informó el sentido siguiente: ".Que como autoridad Administrativa, me encuentro en la imposibilidad jurídica para acceder a lo solicitado, en virtud de que la modificación que pretende realizar altera la esencia del acto registrado. En ese sentido, es pertinente citar el párrafo tercero del artículo 18 de la Ley del Registro Civil del Estado de Yucatán, que a la letra señala: Las rectificaciones o modificaciones de actas de estado civil que cambien o alteren la esencia del acto registrado serán de la exclusiva competencia de la autoridad judicial". Así, en consideración de la suscrita, en relación a los indicados actos reclamados, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: .XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operara la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." De acuerdo con los preceptos legales transcritos, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Así, el principio de definitividad supone el agotamiento de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado prevea para impugnarlo, de tal forma que, de existir algún medio ordinario de defensa sin que lo interponga el quejoso, el amparo resulta improcedente. Ese principio responde, indiscutiblemente, a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa de derechos humanos que la Constitución Federal otorga a los gobernados, por lo que, lógicamente, antes de promoverlo los peticionarios del amparo deben agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente establecidos. Asimismo, el reconocimiento constitucional del principio de definitividad responde también a la necesidad de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el Constituyente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los Órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando el acto autoritario impugnado posea el carácter de definitivo según la ley que lo rija. En tales condiciones, del análisis de la demanda de amparo y de las constancias que se acompañaron a la misma, se llega a la conclusión de que la causa de improcedencia en estudio se actualiza por cuanto se refiere al citado acto reclamado. Lo anterior es así, en tanto que, previamente a instar la acción constitucional, la parte quejosa debió agotar el medio ordinario de defensa procedente contra los actos que reclaman, esto es, el juicio contencioso administrativo. En efecto, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, en su artículo 4, fracción II, establece lo siguiente: "Artículo 4. Competencia El tribunal tendrá competencia para conocer y resolver lo siguiente: . II.- Los juicios que se promuevan en contra de los actos administrativos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del estado, de los ayuntamientos y de los definitivos de sus jueces, así como los de los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos, tanto estatales como municipales. Del citado precepto desprende que los juicios que se promuevan en contra de los actos administrativos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los ayuntamientos y de los definitivos de sus jueces, así como los de los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos, tanto estatales como municipales, serán competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán. Por su parte, los preceptos 1°, 7° y 8 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, establecen: "ARTICULO 1. Los juicios que se promuevan ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa se substanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala esta Ley. A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prescribe este ordenamiento, se estará a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles del Estado. Los juicios por responsabilidad administrativa se substanciarán conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Para los efectos de esta ley se entenderá por Tribunal al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán y por Magistrado al Magistrado que se encuentre en función de ponente para la sustanciación de cada asunto en concreto." "ARTICULO 7. Serán partes en el procedimiento: I.- El actor. II.- El demandado. Tendrá ese carácter: a) La autoridad Estatal o Municipal que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado. b) El titular del organismo descentralizado que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado. c) En asuntos fiscales, el Secretario de Finanzas o el Síndico Municipal. III.- El tercero perjudicado. Entendiéndose por tal, cualquier persona cuyos derechos o intereses puedan verse afectados por las resoluciones del Tribunal." "ARTICULO 8. Sólo podrán intervenir en juicio las personas que tengan un derecho o un interés legítimo que funde su pretensión". De los citados preceptos se desprende que los juicios que se promuevan ante el Tribunal de Justicia Administrativa se substanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, y a falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prescribe este ordenamiento, se estará a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles del Estado, de igual forma prevé las partes procesales en el juicio contencioso administrativo, así como que podrán intervenir en el juicio las personas que tengan derecho o un interés legítimo que funde su petición. Siendo que en el presente caso la autoridad responsable es precisamente perteneciente al Gobierno del Estado de Yucatán. Partiendo de las anteriores premisas, es de concluirse que conforme a lo dispuesto por el artículo 4 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, así como los artículos 1°, 7° y 8 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, en contra del acto reclamado procede el juicio contencioso administrativo, dispuesto en la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado; por tal motivo, de conformidad a la técnica que rige el juicio de constitucional de amparo, es evidente que la peticionaria debió agotar dicho procedimiento, antes de acudir al juicio de amparo, ya que con ello, pueden obtener una resolución favorable a sus intereses; es decir, la modificación o revocación de lo decidido por la aludida autoridad responsable. Cabe precisar que no se actualiza en el caso alguna hipótesis de excepción al principio de definitividad, pues en primer lugar, a través de la promoción del juicio contencioso administrativo pueden suspenderse los efectos del acto combatido, ya que la ley que lo rige prevé dicha medida cautelar sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo. En efecto, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en los preceptos 23, 24, 25 y 26 de la referida Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, procede la suspensión del acto, siempre que la solicite el promovente del juicio y que no se cause perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público, ya que en el caso particular no tiene porqué garantizarse el interés fiscal, dada la esencia del acto que se combate, habida cuenta que no se trata de contribuciones, requisitos que son en todo caso los que también establecen los tres preceptos citados de la Ley de Amparo. En estas condiciones, es claro que la suspensión del acto que reclama el quejoso, la puede solicitar al promover el juicio contencioso administrativo correspondiente. Por tanto, al ser los actos reclamados por la parte quejosa, actos administrativos que se ejecutaron en su agravio, éstos deben impugnarse mediante el juicio contencioso administrativo, antes de acudir a este juicio de amparo, para lograr su modificación, revocación o nulidad, cuya ejecución puede suspenderse, sin que la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado exija mayores requisitos que la Ley de Amparo; hace que la presente demanda de amparo sea improcedente, en términos del numeral 113 de la Ley de Amparo, porque el quejoso no agotó tal medio de defensa legal, antes de instar el presente juicio de amparo, es decir, no agotó el principio de definitividad. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 576, del Tomo XVII, Enero de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 185065, que es del tenor siguiente: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL JUICIO CORRESPONDIENTE DEBE AGOTARSE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL NO PREVER LA LEY DEL ACTO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías en materia administrativa es improcedente cuando la parte quejosa no agota, previamente, los medios o recursos ordinarios que establezca la ley del acto, por aplicación del principio de definitividad, excepto cuando esta ley exija mayores requisitos que los que señala la Ley de Amparo para conceder la suspensión; en ese sentido, si el artículo 208-Bis del Código Fiscal de la Federación no exige mayores requisitos para conceder la suspensión contra resoluciones administrativas impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que los que establece la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe concluirse que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente contra esa clase de resoluciones cuando no se ha agotado, previamente, el juicio de nulidad." De igual manera apoyo a lo anteriormente considerado la tesis sostenida por el entonces Tribunal Colegiado del Decimocuarto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Abril de 1991, en la página 152, con número de registro 223170, cuyo rubro y texto señalan: "AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE YUCATAN, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA SUS ACTOS POR NO SER DEFINITIVOS. En contra de los actos emanados de las autoridades dependientes del gobierno del estado de Yucatán, municipales y sus organismos descentralizados, procede el medio ordinario de impugnación previsto por los artículos 1o., 4o., 7o., 11, fracción I, 58,59 y demás relativos de la ley de lo contencioso en la entidad, con cuya promoción es posible obtener la suspensión de los efectos de esos actos conforme a los numerales del 23 al 28 del propio ordenamiento, consecuentemente, resulta improcedente la instancia constitucional que se promueva en contra de dichos actos, conforme a la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haberse acatado el principio de definitividad que rige el juicio de garantías." Lo que en el caso, previo a acudir al juicio de amparo, la parte quejosa debió observar el principio de definitividad mediante el indicado juicio contencioso administrativo, empero, al no haberlo hecho así, deviene en que se surta de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, por lo que procede desechar de plano la demanda de mérito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Por otro lado, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el precisado en el ocurso de demanda; y como sus autorizadas, a las personas expresamente designadas, con las facultades conferidas. Asimismo, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte promovente y sus autorizados, el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir. Asimismo, aun cuando la ley de la materia no prevé la notificación a través de correo electrónico y vía telefónica, sin embargo, dadas las medidas que prevalecen en el país, con motivo de la declaración de estado de emergencia por la epidemia causada por el coronavirus (COVID-19), se ordena realizar a la parte quejosa las notificaciones que sean de carácter personal que sean necesarias durante la contingencia sanitaria, mediante el correo electrónico proporcionado por dicha parte quejosa en la boleta que se anexó a su demanda de amparo; lo anterior, a fin de evitar poner en riesgo al personal de este órgano jurisdiccional y de la propia promovente, previa razón actuarial que se levante al respecto, solicitando el acuse de recibo por la misma vía y en el entendido de que de no ser factible contactar a la parte quejosa mediante el correo electrónico antes indicado, las notificaciones personales se realizarán en el domicilio señalado para tal efecto. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al Actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles, realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. Finalmente, teniendo en cuenta que, constituye un hecho evidente que la pandemia subsiste como un peligro para la salud, de modo que el esquema de reactivación en los órganos jurisdiccionales, no se realiza en un contexto de "normalidad" y, por tanto, se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el diverso acuerdo general 12/2020; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Notifíquese personalmente.

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