Blanca Leticia Caporal Arreguín
Expediente 712/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 25 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 712/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 26/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Blanca Leticia Caporal Arreguín
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que el término de tres días concedido a las partes en proveído de quince de abril del año en curso, para que hicieran manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que lo hubiesen hecho; por tanto, con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: a) Mediante sentencia dictada el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, se concedió la protección constitucional a **********, para el efecto de que la Magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, cumpliera con lo siguiente: "1. Dejar sin efecto la resolución de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, dictada en el toca 41/2018, al resolver el recurso de apelación interpuesto por **********, en contra de la interlocutoria de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, concerniente al incidente de exclusión de la masa hereditaria, dentro del juicio sucesorio testamentario C-252/2015, del índice del Juzgado Cuarto Civil del Partido Judicial de Celaya. Con libertad de jurisdicción, pero atendiendo en lo conducente a los razonamientos de este fallo, resuelva lo que en derecho proceda. Al emitir su cumplimiento, además de fundar y motivar debidamente, deberá ser coherente con los aspectos sometidos a su potestad." b) Inconformes con dicha resolución, los terceros interesados ********** y **********, de apellidos **********, albaceas de la sucesión testamentaria a bienes de **********, interpusieron recurso de revisión, el que por razón de turno le tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, y mediante ejecutoria de veinte de febrero del año en curso, resolvió en los siguientes términos: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, en contra de los actos que reclamó de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado u Juez Cuarto Civil del Partido Judicial de Celaya, que se precisaron en el resultando primero del presente fallo." c) En auto de cuatro de marzo del año en curso, se tuvo por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del indicado Tribunal de Alzada y se requirió a la autoridad responsable para que cumpliera con la ejecutoria de amparo. d) El veintinueve de marzo pasado, se analizó el cumplimiento dado al fallo protector, de lo que se advirtió que la autoridad responsable no cumplió cabalmente con la ejecutoria de amparo, por las razones ahí precisadas, por lo que se le requirió para que dejara insubsistente la resolución con la que pretendía dar cumplimiento y procediera a cumplir con los lineamientos precisados en la sentencia. e) En cumplimiento a lo anterior, la responsable remitió copia certificada de la resolución de ocho de abril del año en curso, por la que dejó insubsistentes las diversas de ocho de marzo del presente año y de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, dictadas en el toca 41/2018 de origen, procediendo a emitir una nueva en la que, al analizar el documento aportado por la aquí quejosa, con el que solicita se le reconozca es titular de la concesión 08GUA110836/12AMGE99, determinó excluir del caudal hereditario los derechos de la misma, relativos al aprovechamiento, uso y explotación del pozo extractor de aguas nacionales del subsuelo. Ahora, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable, mismas que de conformidad con los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que se efectuó lo siguiente: Dejó insubsistente la resolución de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, dictada en el toca 41/2018, de su índice. El ocho de abril del presente año, resolvió la apelación interpuesta, en la que determinó excluir del caudal hereditario los derechos de la concesión 08GUA110836/12AMGE99, relativa al aprovechamiento, uso y explotación del pozo extractor de aguas nacionales del subsuelo. En esas condiciones, el suscrito estima que a través del acto emitido por la responsable y citado en párrafos que anteceden, la responsable dio cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, restituyendo a la parte quejosa en el pleno goce de su derecho fundamental violado, de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es declarar que el fallo protector quedó cumplido. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Por lo que ve al original del incidente de suspensión, a consideración del suscrito será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión definitiva, por lo se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para su mejor resguardo. Atendiendo al punto vigésimo fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo a que alude dicho acuerdo, mientras acontece lo anterior guárdese provisionalmente en el archivo de este juzgado. De conformidad al punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el cuaderno de antecedentes, deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude dicho acuerdo. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Agréguese en autos el oficio que signa la Magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato; mediante el cual remite las constancias con las que aduce dar cumplimiento a la sentencia pronunciada en el presente juicio. En consecuencia, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que dentro del término de tres días legalmente computado, manifiesten lo que a su interés convenga, apercibidas que de no hacerlo dentro del término indicado, este Juzgado determinará si el fallo protector fue o no acatado.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que el término de tres días concedido a las partes en proveído de quince de marzo del año en curso, para que hicieran manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que lo hubiesen hecho; por tanto, con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo conducente, es importante resaltar los siguientes antecedentes: a) Mediante sentencia dictada el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, se concedió la protección constitucional a ***********, para el efecto de que la Magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, cumpliera con lo siguiente: "1. Dejar sin efecto la resolución de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, dictada en el toca 41/2018, al resolver el recurso de apelación interpuesto por ***********, en contra de la interlocutoria de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, concerniente al incidente de exclusión de la masa hereditaria, dentro del juicio sucesorio testamentario ***************, del índice del Juzgado Cuarto Civil del Partido Judicial de Celaya. Con libertad de jurisdicción, pero atendiendo en lo conducente a los razonamientos de este fallo, resuelva lo que en derecho proceda. Al emitir su cumplimiento, además de fundar y motivar debidamente, deberá ser coherente con los aspectos sometidos a su potestad." b) Inconformes con dicha resolución, los terceros interesados *********** y ***********, de apellidos ***********, albaceas de la sucesión testamentaria a bienes de ***********, interpusieron recurso de revisión, el que por razón de turno tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, y mediante ejecutoria de veinte de febrero del año en curso, resolvió en los siguientes términos: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***********, en contra de los actos que reclamó de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado u Juez Cuarto Civil del Partido Judicial de Celaya, que se precisaron en el resultando primero del presente fallo." Entre las consideraciones en las que sustentó el fallo del Tribunal Colegiado, se encuentran las siguientes: "44.- En tal sentido, no debe pasar inadvertido que la sentencia protectora de derechos fundamentales se ciñó a determinar que, contrariamente a lo sostenido por la Sala responsable, la parte quejosa sí cuenta con legitimación activa en la causa, al haber ofrecido el documento que contiene la concesión, así como el que justifica su prórroga, mismo que no fue valorado por la autoridad del conocimiento. 45.- Indudablemente que ello implica que el Tribunal de alzada reasuma jurisdicción y resuelva la litis incidental conforme a los escritos de demanda, contestación y reconvención; cuenta habida que en los efectos del amparo indirecto, se precisó que la autoridad responsable debía resolver, con libertad de jurisdicción, pero atendiendo en lo conducente a los razonamientos del fallo, lo que en derecho procediera." c) En auto de cuatro de marzo hogaño, se tuvo por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del indicado Tribunal de Alzada y se requirió a la autoridad responsable para que cumpliera con la ejecutoria de amparo. d) En cumplimiento de la sentencia, la Magistrada responsable remitió el oficio número 662, al que anexó copia de la resolución de seis de marzo del año en curso, por la que dejó insubsistente la diversa de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, dictada en el toca 41/2018, procediendo a emitir una nueva en la que confirmó la resolución dictada en el incidente de exclusión de bienes tramitado en el juicio sucesorio testamentario C252/2015, a bienes de ***********. En la que decidió, entre otras cosas: El tercero extraño al juicio sucesorio testamentario puede impugnar el inventario con el propósito de excluir bienes. La apelante (aquí quejosa) es titular de la concesión ******************, aún vigente. La incidentista aportó al sumario el contrato de cesión de derechos de agua total y definitivo de once de junio de mil novecientos noventa y nueve, consignado en la escritura pública veinte mil setecientos ochenta y seis de once de junio de dos mil nueve. El permiso se encontraba vigente al presentarse el incidente (once de marzo de dos mil once). Tal documental es insuficiente para excluir los derechos de explotación del pozo, porque la prorroga se concedió antes de la enajenación de los derechos. La prórroga se concedió a favor de ***********, no a favor de la transmisión. Ahora, del examen de las constancias remitidas se desprende que el fallo protector no fue cabalmente cumplido. Se afirma lo anterior, dado que en el nuevo acto procuró analizar el documento aportado por la aquí quejosa, con el que solicita se le reconozca es titular de los derechos de la concesión **************, que los albaceas incluyeron en el inventario y avalúo, llegando a la conclusión de que con tal medio probatorio no acredita que tenga el dominio sobre dicha concesión, al no estar actualmente autorizada por la autoridad del agua. No obstante, en el fallo protector se estableció: "Desde la óptica de quien ahora resuelve, son fundados los planteamientos en los que se aduce que la resolución reclamada es incongruente, pues por una parte declara fundados pero inoperantes los agravios y, por otra, omitió analizar a cabalidad todas las pruebas ofrecidas por las partes, en los autos del incidente propuesto por la quejosa. En efecto, aun cuando se comparte el postulado de la autoridad responsable, en el sentido de que es innecesario que ***********, sea albacea, heredera o legataria para promover el incidente de exclusión de bienes, se considera que, contrariamente a lo decidido, es inadmisible que sostenga que carece de legitimación, sin analizar la totalidad de la evidencia documental habida en el sumario. (.) Sin embargo, tal y como se desprende de los autos que se anexaron al informe justificado el titular de la Notaría Pública 1 uno, con ejercicio en este partido judicial, mediante escritura pública *********** ***********, hizo constar el contrato de cesión de derechos de agua, total y definitiva de fecha once de junio de dos mil nueve, en el que ***********, en su carácter de cedente, otorgó a *********** los concernientes al título de concesión 08GUA110836/12AMGE99. Tal autorización para explotar, usar o aprovechar aguas nacionales se inscribió en el Registro Público de Derechos de Agua el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, bajo el folio 08GUA105138, por una vigencia de diez años a partir del dieciocho de febrero de ese año, la cual se prorrogó por igual plazo que inició en el día y mes acabados de anotar, pero del año dos mil nueve. Tal documental fue soslayada por la juez de los autos al resolver el incidente génesis del acto reclamado, así como por la magistrada responsable. Bajo esta óptica, es dable afirmar que la resolución reclamada en cuanto a este tema se refiere se encuentra indebidamente motivada, en contravención al normativo 16 Constitucional. Lo anterior, porque para considerar que el título de cesión de derechos se encontraba vencido la autoridad responsable disertó prolijamente acerca de la propiedad los recurso hídricos; las concesiones para su aprovechamiento; incluso, su vigencia y la autoridad facultada para otorgarlas; sin embargo, se considera que tales apreciaciones se apartaron de la litis, pues de los preceptos invocados en el acto reclamado se evidencia que para resolver sobre la validez, vigencia y otorgamiento del acto administrativo recientemente comentado, es facultad exclusiva, tal y como lo destacó la magistrada responsable, del Poder Ejecutivo Federal, a través de la Comisión Nacional del Agua. Por ello, al cumplimentar esta ejecutoria, una vez que valore la vigencia del título de concesión y de encontrar que son fundados los motivos de que queja ante ella propuestos, deberá analizar si en primera instancia se omitió estudiar algún aspecto del reclamo motivo de la incidencia o de las excepciones opuestas que pudieran dejar en estado de indefensión a la contraparte de la aquí quejosa." Se considera que la autoridad responsable no puede analizar la validez de la concesión, o bien, si la trasmisión de derechos reúne o no los requisitos previstos en la Ley de Aguas Nacionales, pues como se apuntó en el fallo protector, lo conducente corresponde a la Comisión Nacional del Agua, al ser inherentes al acto administrativo que autoriza el uso o explotación de los recursos hídricos. Se itera, en la ejecutoria, la autoridad responsable, para atender al fallo protector, debe valorar la vigencia del título de concesión y si este es suficiente para otorgar legitimidad a la quejosa para instar en el incidente de exclusión, analizar si en primera instancia se omitió estudiar algún motivo de su reclamo o de las excepciones opuestas por su contra parte; incluso de la reconvención. Por lo anteriormente expuesto, con sujeción a lo normado por el imperativo 192 de la Ley de Amparo, requiérase de a la responsable, para que dentro del término de tres días legalmente computado deje insubsistente la resolución de seis de marzo del año en curso y proceda a cumplir con los lineamientos precisados en el fallo protector, así como en el presente auto. Para dar margen a lo anterior, subsiste el apercibimiento que de no ser observado en la forma y términos que se indican, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238 y 258, ambos en relación con el numeral 192, todos de la legislación en consulta; sin perjuicio de remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
- Principal
Agréguese en autos el oficio que envía vía correo electrónico la Magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato; mediante el cual remite las constancias con las que aduce dar cumplimiento a la sentencia pronunciada en el presente juicio. En consecuencia, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que dentro del término de tres días legalmente computado, manifiesten lo que a su interés convenga, apercibidas que de no hacerlo dentro del término indicado, este Juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no acatada.
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