Blanca Julia Fabiola Saldaña Silva

Expediente 1094/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1094/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
07/07/2023

Partes del expediente

  • Blanca Julia Fabiola Saldaña Silva

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos de los que se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia por la que se SOBRESEYÓ en este juicio; por consiguiente, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia en términos de lo dispuesto en el numeral 2° de esta última, se declara que la misma ha CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales a que haya lugar; en consecuencia, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno. En consecuencia, archívese el presente como total y definitivamente concluido, el cual carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción; lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, relativo al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, así como, en el capítulo octavo, punto 8.1.2, sub punto 1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal emitido en agosto de dos mil veinte. De igual forma, respecto el cuaderno original del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, toda vez que se concedió la suspensión definitiva, el mismo es susceptible de conservación; lo anterior, de conformidad con el artículo 20, fracción III, del citado Acuerdo General, así como en el capítulo séptimo, punto 7.1.1, sub punto 2, del Manual en comento. Sin que haya lugar a glosar el original del incidente de suspensión, por lo que guárdese por separado. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta, suscrito por el Director de Análisis Jurídicos dependiente de la Subsecretaría de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Secretaria General de Gobierno, en representación de la Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, mediante el cual manifiesta que en su carácter de superior jerárquico conminó a las autoridades responsables adscritas a Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en este juicio; circunstancia que se acredita con la constancia que al efecto remite. Notifíquese.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le dio en auto de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede a resolver sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad. En la sentencia dictada en este juicio, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: Emitan un acuerdo por escrito en el que se pronuncie en forma congruente, sobre la petición que le presentó ******************** recibida el cinco de noviembre de dos mil veintiuno, relativa a la solicitud de afiliación de su cónyuge como beneficiario al régimen de la citada institución. En la inteligencia que, deberá prescindir de la aplicación de los artículos 57 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, 25, fracción II y último párrafo del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, 27 del Estatuto Orgánico de Pensiones Civiles del Estado y de los arábigos 1, 2 y 3 del Manual de Procedimientos de Estudio Socioeconómico para la Afiliación de Beneficiarios al Servicio Médico Asistencial de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua; esto es, no se sujete a exigencias mayores que las establecidas para afiliar a una mujer. Notifiquen esa determinación a la parte quejosa en forma personal, en el domicilio que haya señalado para tal efecto." Así las cosas, mediante oficio y anexo registrado en este Juzgado con el consecutivo 12350, con fecha veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, signado por el delegado del Organismo Público Descentralizado denominado Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con sede esta ciudad, informó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en este juicio, para lo cual remitió el oficio ********************, de doce de abril de dos mil veintitrés, dirigido a ******************** por el que, le informó que se dejaba insubsistente el diverso oficio ********************, de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, y comunica a aquélla que resulta procedente la afiliación de , solicitándole se apersone en el Departamento de Afiliación y Vigencia en Chihuahua, con la finalidad de llevar a cabo el procedimiento de alta en el sistema de esa unidad orgánica y asignación de médico familiar, para que éste pueda gozar del servicio médico. Notificándole dicha determinación a la parte quejosa por conducto persona autorizada, según se advierte de las constancias que la autoridad acompañó a su comunicado. Por lo tanto, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida; además, una vez examinado el actuar de la autoridad, se concluye que no incurrió en exceso ni defecto en el cumplimiento, virtud a que se restituyó a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental transgredido. ARCHIVO En consecuencia, archívese el presente juicio como asunto concluido, el cual carece de relevancia documental y es susceptible de depuración, en términos de lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en veinticinco de marzo de dos mil veinte; así como el capítulo Séptimo, punto 7.1, subpunto 7.1.1. y punto 7.3, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal emitido en agosto de dos mil veinte, relativo al citado acuerdo. De igual forma, respecto el cuaderno original del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, de conformidad al artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, el mismo es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión definitiva; lo anterior, además de conformidad con el capítulo séptimo, punto 7.1, subpunto 7.1.1. y punto 7.5 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal emitido en agosto de dos mil veinte, relativo al citado acuerdo. Por tanto, consérvese este expediente por el término de tres años a partir de esta fecha, y transcurrido dicho plazo, dentro de los noventa días siguientes procédase a su depuración. Ahora, respecto al duplicado del referido incidente, en atención a lo dispuesto en el arábigo 20, fracción II, inciso a), del ordenamiento invocado, una vez que transcurra el plazo de seis meses, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción, y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación; ello, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado numeral; así como capítulo octavo, punto 8.1, sub punto 8.1.1, arábigo 2, inciso a), del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal emitido en agosto de dos mil veinte, relativo al citado acuerdo. Notifíquese personalmente a la quejosa.

  4. Incidental

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el Supervisor Administrativo del Departamento Jurídico Fiscal de la Dirección Jurídica y Delegado de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, no ha realizado el depósito y/o transferencia electrónica en la cuenta ****** de la institución bancaria *****, número de clabe interbancaria número ******* a nombre del quejoso En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad responsable, para que en el término de tres días, contados a partir de su legal notificación, dé cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo e informe si ya realizó el depósito y/o transferencia electrónicos y remita para tal efecto las constancias que así lo acrediten. Apercibimiento. Por ende, de incumplir la autoridad responsable sin causa justificada en los términos ya indicado informe el impedimento legal o material que tenga para ello, se impondrá una multa de Cien Unidades de Medida y Actualización en relación con el artículo 26, apartado B, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la cantidad publicada el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, equivalente a $10,354.00 (diez mil trescientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), a razón de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) como valor diario, conforme a lo establecido en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Ahora bien, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo se requiere al Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, en su calidad de superior jerárquico de la Oficina de Recaudación de Rentas de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, para que la requiera a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remita las constancias que acrediten el requerimiento realizado a sus subordinados, es decir, a las autoridades señaladas como responsables, respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Ahora, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el incidente de inejecución de sentencia 9/2022 estableció los lineamientos bajo los cuales se debe requerir a los superiores jerárquicos de las autoridades responsables para lograr el cumplimiento de las sentencias definitivas, a saber: Que el procedimiento de cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo es oficioso, lo que implica que la labor de la persona juzgadora de amparo debe ir más allá que una mera expectación de lo que informen las autoridades responsables, las vinculadas al cumplimiento y sus superiores jerárquicos, sino que merece una actitud proactiva que conduzca al eficaz cumplimiento de lo ordenado en la ejecutoria. Que resulta insuficiente que la autoridad superior jerárquica de la responsable manifieste que giró oficio para instarles a cumplir con la ejecutoria de amparo, pues debe acreditar que ejerció verdaderamente sus facultades como superior jerárquica para vencer la renuencia. Que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance como la imposición de medidas de apremio de índole interno y disciplinarias o tendentes a actuar como auxiliar del Juzgado de Distrito en el cumplimiento, a fin de constreñir al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario, la persona juzgadora de amparo, debe considerar insuficiente la intervención de la superior jerárquica, y por tanto acreedora a las mismas sanciones que corresponden a las obligadas a cumplir que se tilden como renuentes. Lo anterior, porque el régimen de obligaciones y sanciones que se regulan en la Ley de Amparo conduce a considerar que la persona que se desempeña como superior jerárquica de las autoridades a quienes corresponda el cumplimiento de la ejecutoria, es igualmente responsable en obtener el cumplimiento que las que supervisa. Por tanto, su actuación debe ir más allá, precisamente porque se encuentra sujeta a las mismas obligaciones y sanciones en caso de no demostrar que realizó todo lo posible para vencer la renuencia de sus subalternos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a/J 58/2008 y tesis P. CLXXV/2000 de la Primera Sala y Pleno Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, Novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro Digital 169286 y 190902, que establecen: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN. LOS SUPERIORES JERÁRQUICOS DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INCURREN EN RESPONSABILIDAD POR FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LAS EJECUTORIAS DE AMPARO. Para que en los incidentes de inejecución se actualice la sanción establecida en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario agotar previamente el procedimiento previsto en la Ley de Amparo; de manera que si al examinar de oficio el cumplimiento de la ejecutoria de amparo se verifica que se requirió al superior jerárquico de las autoridades responsables a fin de conminarlo, al igual que a éstas, a dar cumplimiento a la sentencia de garantías, pero no han llevado a cabo todas las diligencias necesarias dentro del ámbito de sus facultades legales para hacerlo, es evidente que han incurrido en contumacia, retrasando el debido cumplimiento, por lo que debe estarse a lo previsto en el artículo 107 de la Ley de Amparo, el cual dispone que las autoridades requeridas como superiores jerárquicos incurren en responsabilidad por falta de cumplimiento de las ejecutorias, en los mismos términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiese concedido el amparo. En ese sentido, el requerimiento al superior jerárquico no puede tener como fin enterarlo de que uno de sus subordinados ha incumplido con una sentencia de amparo y se concrete únicamente a enviarle una comunicación en la que le solicite obedezca el fallo federal, sino que el requerimiento de que se trata debe involucrar a tal grado al superior, que si la sentencia no se cumple, procede separarlo de su cargo y consignar los hechos directamente ante el juez de distrito que corresponda, en términos de la fracción XVI del artículo 107 constitucional y de los numerales 105 y 107 de la Ley de Amparo. De ahí que un requerimiento de esa naturaleza, tiene por efecto que el superior jerárquico quede vinculado con las responsables a fin de hacer uso de todos los medios legales a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda hacer e imponer, para conseguir el cumplimiento lo que, además, deberá hacer del conocimiento del juez federal." "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, A QUIEN SE REQUIERE SU INTERVENCIÓN CUANDO EL INFERIOR NO CUMPLE, DEBE UTILIZAR TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE PARA CONSEGUIRLO, ENCONTRÁNDOSE SUJETO A QUE, DE NO HACERLO, SEA SEPARADO DE SU CARGO Y CONSIGNADO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Conforme a lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, y en el capítulo relativo a la ejecución de las sentencias de la Ley de Amparo, existe un sistema riguroso que debe seguirse cuando se otorga la protección constitucional al quejoso, conforme al cual no sólo se encuentra vinculada al cumplimiento de la sentencia la autoridad directamente responsable, sino todas las autoridades que lleguen a estar relacionadas con ese acatamiento y también, y de modo fundamental, los superiores jerárquicos de ellas. Esta vinculación no sólo se sigue del requerimiento que debe hacerle el Juez de Distrito cuando la autoridad directamente responsable no cumple con la sentencia, sino de la clara prevención del artículo 107 de la Ley de Amparo, de que "las autoridades requeridas como superiores jerárquicos incurren en responsabilidad, por falta de cumplimiento de las ejecutorias, en los mismos términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiese concedido el amparo". De esta disposición se sigue que el requerimiento al superior jerárquico no puede tener como fin que el mismo se entere de que uno de sus subordinados no cumple con una sentencia de amparo y, cuando mucho, le envíe una comunicación en la que le pida que obedezca el fallo federal. El requerimiento de que se trata tiene el efecto de vincular a tal grado al superior que si la sentencia no se cumple, también procederá aplicar a éste la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, y 105 y 107 de la Ley de Amparo, a saber, separarlo de su cargo y consignarlo ante un Juez de Distrito. De ahí que ante un requerimiento de esa naturaleza, el superior jerárquico deba hacer uso de todos los medios a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables puede formular e imponer, respectivamente, para conseguir ese cumplimiento lo que, además, deberá hacer del conocimiento del Juez. Es obvio, por otra parte, que si el subordinado se resiste a cumplir con la sentencia la deberá cumplir directamente el superior, independientemente de las sanciones que le pudiera imponer. Se apercibe que de no hacerlo en el plazo de tres días, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se aplicará en su contra una multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes, que el cumplimiento del presente asunto, se tramita bajo los parámetros establecidos en la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10ª.) del Pleno Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro Digital 2007918, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 19, de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Notifíquese.

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