Blanca Jazmin Barbosa Hernández
Expediente 783/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 15 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 783/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Blanca Jazmin Barbosa Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a quince de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, signado por el Responsable del Centro de Salud de Ciudad Hidalgo, Chiapas, mediante el cual, en atención al proveído de ocho de noviembre de dos mil veintitrés (fojas 190 y 191), remite copia certificada del certificado de nacimiento *********, expedido a favor de ***, mismo que le fue entregado a la quejosa ***. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena".1 Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado al Responsable del Centro de Salud de Ciudad Hidalgo, Chiapas, consistente en: La omisión de expedir el certificado de nacimiento a favor de la infante de identidad no reconocida, de quien la quejosa *******, aduce ser progenitora. Por razón de técnica jurídica en el juicio constitucional, las causales de improcedencia que aleguen las partes o se adviertan de oficio, por ser éstas una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, según lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia2 que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese orden de ideas, cabe precisar que, en la especie, respecto del mencionado acto reclamado, esta Juzgadora de oficio, advierte que se actualiza la causal de improcedencia manifiesta e indudable, prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (...)". Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra el acto cuyo efectos han cesado, para lo cual, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma incondicional. Lo anterior es así, porque al cesar los efectos del acto de autoridad reclamado, las cosas deben volver al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido la protección constitucional solicitada como lo dispone el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por la concesión de la protección constitucional pedida. Respecto de esta causa de improcedencia, se tiene que existen dos hipótesis: a) por revocación y b) por sustitución. La primera se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial, mientras que el segundo supuesto consiste en que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo, por lo que para efectos del juicio de amparo respecto del primero de los supuestos citados el amparo resulta improcedente. Resulta aplicable por no oponerse a la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, Junio de 1999, página 38, Novena Época, registro digital 193758, del rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Luego, para que se actualice una cesación de efectos, se requiere lo siguiente: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. En el caso concreto, la parte quejosa, como se mencionó, se duele de la omisión de expedir el certificado de nacimiento a favor de la infante de identidad no reconocida, de quien la quejosa ****, aduce ser progenitora. Ahora, como se estableció con antelación, el Responsable del Centro de Salud de Ciudad Hidalgo, Chiapas, exhibió las siguiente documentales: *** De lo expuesto con antelación, se advierte, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia ya descrita, en consideración que se expidió el certificado de nacimiento ******, a favor de la infante de identidad reconocida, mismo que fue entregado el veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, a la quejosa ********; por tanto, es evidente que han cesado los efectos del referido acto reclamado. En ese contexto, con el contenido de las documentales anteriormente reseñadas, es dable sostener que con las acciones desplegadas por la autoridad responsable desaparecieron total e incondicionalmente los actos cuya constitucionalidad se combate. De ese modo, quien hoy resuelve, concluye que lo actuado por la autoridad responsable se equipara a los efectos que produce la concesión de la protección constitucional, retrotrayendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación alegada que motivó la promoción del juicio de amparo en que se actúa. En esas condiciones, es inconcuso que al presente asunto sobreviene la causa de improcedencia precisada por la fracción XXI, del artículo 61, en relación con la fracción V, del artículo 63, ambos de la Ley de Amparo, respecto de los aludidos actos reclamados; por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.9/98 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital 196820, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Así como la diversa jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 184572, Novena Época, localizable en el Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". SE DEJA SIN EFECTOS LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En atención a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional que se encuentra señalada para las once horas con treinta minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Lo anterior, pues a nada práctico conduciría continuar con la tramitación del presente asunto, pues la causal de improcedencia antes invocada resulta insuperable y la parte quejosa obtuvo lo que pretendía con la presentación de la demanda de amparo que nos ocupa. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Captura de resolución en el sistema integral de seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública. De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; por tanto, agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Asimismo, en términos de lo que establecen los artículos 30, 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, en relación con el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de sentencias y resoluciones de órganos jurisdiccionales en sistemas electrónicos de gestión" emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye a los actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. JUSTIFICACIÓN DE CRITERIOS Es menester precisar que las jurisprudencias y tesis aislada citadas, se atienden por considerar que no se oponen a la Ley de Amparo, tal y como lo indica el artículo Sexto Transitorio de esa ley. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y al Agente del Ministerio Público de la adscripción; y, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma electrónicamente Doris Yadira Ponce Figueroa, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, quien actúa asistida del Secretario que autoriza, Guido Pérez Ramírez, quien además certifica que la promoción que dio origen a este acuerdo y el presente proveído se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe
- Principal
AVISO DE NOTIFICACIÓN PARA LA PARTE QUEJOSA.- SE NOTIFICA POR LISTA PARA LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE QUINCE DE NOVIEMBRE 2023.- Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a quince de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, signado por el Responsable del Centro de Salud de Ciudad Hidalgo, Chiapas, mediante el cual, en atención al proveído de ocho de noviembre de dos mil veintitrés (fojas 190 y 191), remite copia certificada del certificado de nacimiento *********, expedido a favor de ***, mismo que le fue entregado a la quejosa ***. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena".1 Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado al Responsable del Centro de Salud de Ciudad Hidalgo, Chiapas, consistente en: La omisión de expedir el certificado de nacimiento a favor de la infante de identidad no reconocida, de quien la quejosa *******, aduce ser progenitora. Por razón de técnica jurídica en el juicio constitucional, las causales de improcedencia que aleguen las partes o se adviertan de oficio, por ser éstas una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, según lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia2 que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese orden de ideas, cabe precisar que, en la especie, respecto del mencionado acto reclamado, esta Juzgadora de oficio, advierte que se actualiza la causal de improcedencia manifiesta e indudable, prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (...)". Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra el acto cuyo efectos han cesado, para lo cual, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma incondicional. Lo anterior es así, porque al cesar los efectos del acto de autoridad reclamado, las cosas deben volver al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido la protección constitucional solicitada como lo dispone el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por la concesión de la protección constitucional pedida. Respecto de esta causa de improcedencia, se tiene que existen dos hipótesis: a) por revocación y b) por sustitución. La primera se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial, mientras que el segundo supuesto consiste en que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo, por lo que para efectos del juicio de amparo respecto del primero de los supuestos citados el amparo resulta improcedente. Resulta aplicable por no oponerse a la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, Junio de 1999, página 38, Novena Época, registro digital 193758, del rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Luego, para que se actualice una cesación de efectos, se requiere lo siguiente: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. En el caso concreto, la parte quejosa, como se mencionó, se duele de la omisión de expedir el certificado de nacimiento a favor de la infante de identidad no reconocida, de quien la quejosa ****, aduce ser progenitora. Ahora, como se estableció con antelación, el Responsable del Centro de Salud de Ciudad Hidalgo, Chiapas, exhibió las siguiente documentales: *** De lo expuesto con antelación, se advierte, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia ya descrita, en consideración que se expidió el certificado de nacimiento ******, a favor de la infante de identidad reconocida, mismo que fue entregado el veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, a la quejosa ********; por tanto, es evidente que han cesado los efectos del referido acto reclamado. En ese contexto, con el contenido de las documentales anteriormente reseñadas, es dable sostener que con las acciones desplegadas por la autoridad responsable desaparecieron total e incondicionalmente los actos cuya constitucionalidad se combate. De ese modo, quien hoy resuelve, concluye que lo actuado por la autoridad responsable se equipara a los efectos que produce la concesión de la protección constitucional, retrotrayendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación alegada que motivó la promoción del juicio de amparo en que se actúa. En esas condiciones, es inconcuso que al presente asunto sobreviene la causa de improcedencia precisada por la fracción XXI, del artículo 61, en relación con la fracción V, del artículo 63, ambos de la Ley de Amparo, respecto de los aludidos actos reclamados; por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.9/98 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital 196820, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Así como la diversa jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 184572, Novena Época, localizable en el Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". SE DEJA SIN EFECTOS LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En atención a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional que se encuentra señalada para las once horas con treinta minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Lo anterior, pues a nada práctico conduciría continuar con la tramitación del presente asunto, pues la causal de improcedencia antes invocada resulta insuperable y la parte quejosa obtuvo lo que pretendía con la presentación de la demanda de amparo que nos ocupa. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Captura de resolución en el sistema integral de seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública. De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; por tanto, agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Asimismo, en términos de lo que establecen los artículos 30, 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, en relación con el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de sentencias y resoluciones de órganos jurisdiccionales en sistemas electrónicos de gestión" emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye a los actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. JUSTIFICACIÓN DE CRITERIOS Es menester precisar que las jurisprudencias y tesis aislada citadas, se atienden por considerar que no se oponen a la Ley de Amparo, tal y como lo indica el artículo Sexto Transitorio de esa ley. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y al Agente del Ministerio Público de la adscripción; y, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma electrónicamente Doris Yadira Ponce Figueroa, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, quien actúa asistida del Secretario que autoriza, Guido Pérez Ramírez, quien además certifica que la promoción que dio origen a este acuerdo y el presente proveído se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, signado por el Responsable del Centro de Salud de Ciudad Hidalgo, Chiapas, mediante el cual, informa que la quejosa *** y previos trámites realizados, le fue expedido el certificado de nacimiento ****, favor de la infante de identidad reconocida; asimismo, para acreditar su dicho, remite copia simple de dicha constancia. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes y en virtud de que la autoridad responsable únicamente remite en copia simple el certificado de nacimiento ***; por ende, requiérase al Responsable del Centro de Salud de Ciudad Hidalgo, Chiapas, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este auto, envíe copia certificada de la actuación en mención. Apercibida que de no hacerlo, se hará acreedora a una multa de cincuenta unidades de Medida y Actualización, que arroja la cantidad de $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente Doris Yadira Ponce Figueroa, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, quien actúa asistida del Secretario que autoriza, Guido Pérez Ramírez, quien además certifica que la promoción que dio origen a este acuerdo y el presente proveído se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a once de octubre de dos mil veintitrés. INFORME JUSTIFICADO Agréguese con vista a las partes en el juicio de amparo en que se actúa el informe justificado rendido por el Responsable del Centro de Salud Ciudad Hidalgo, Chiapas; y dese nueva cuenta con el mismo en la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas las documentales que remite la autoridad responsable, pruebas que se admiten y desahogan dada su especial y propia naturaleza, sin perjuicio que se haga relación de ellas en la audiencia constitucional. Con las constancias de cuenta dese vista a las partes a fin de que se impongan de su contenido. Tiene aplicación por identidad jurídica la Tesis Aislada XXI.2o.16 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Abril del 2001, Tomo XIII, página 1081, Materia Común, registro digital 189948, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN. Aun cuando la autoridad responsable rinda el informe justificado con la debida anticipación de al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, si no acompañó al mismo la totalidad de las constancias debidamente legibles que lo apoyen y hubo necesidad de requerirlas con fundamento en el artículo 78, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se entiende que se integró debidamente dicho informe en el momento en que el Juez de Distrito recibió las constancias que le fueron enviadas por la autoridad responsable, en virtud de ser parte integrante del mismo, por lo que el término a que alude el artículo 149 de la Ley de Amparo empezará a contar desde el momento en que se dio vista a las partes con las referidas constancias." Cabe aclarar que el criterio invocado, no se opone a la Ley de Amparo vigente, por lo que se aplicó con sustento en el artículo sexto transitorio de dicha legislación actual. DOMICILIO Y DELEGADOS De conformidad con los artículos 9º y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que indica y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere la autoridad oficiante. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con apoyo en los artículos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, este último precepto reformado por el punto cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se autoriza a ****, con el nombre de usuario ***, la consulta de este expediente, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la dirección electrónica http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Hom e/Login, debiendo corroborar sus credenciales de acceso. Consecuentemente, se instruye a la Oficial Judicial "A" de la adscripción, proceda a realizar la acción necesaria en el aludido sistema, a efecto de hacer efectiva la referida autorización. ACLARACIÓN DE DENOMINACIÓN De igual forma, del informe de cuenta se advierte la denominación correcta de la citada autoridad, toda vez que la parte quejosa en su escrito de demanda la señala como Director del Centro de Salud de Ciudad Hidalgo, en el Municipio de Suchiate, Chiapas, siendo su denominación correcta: Responsable del Centro de Salud Ciudad Hidalgo, Chiapas; por lo tanto, se instruye a la Oficial Judicial "A" de este órgano de control constitucional, a efecto de que proceda a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). NOTIFICACIÓN A QUEJOSA Ahora bien, toda vez que la autoridad responsable refiere que la quejosa puede acudir a sus instalaciones en los días y horario que refiere en el oficio de cuenta, para el trámite del certificado de nacimiento correspondiente; por ende, se comisiona a la Actuaria Judicial de la adscripción, para que le notifique la presente determinación y le corra traslado con copia del informe justificado rendido por el Responsable del Centro de Salud Ciudad Hidalgo, Chiapas. DEVOLUCIÓN DE PIEZA POSTAL Por otra parte, vista la pieza postal que devuelve el Encargado de la Administración Postal, con residencia en esta ciudad, con la leyenda "No se pudo hacer la entrega en hrs. de reparto", la cual contiene el oficio 20384/2023 (fojas 76 y 77), dirigido al Director del Centro de Salud de Ciudad Hidalgo, en el Municipio de Suchiate, Chiapas, por el que se le requirió su informe justificado. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, sin que se emita mayor pronunciamiento respecto a su reenvío, toda vez que en párrafos que anteceden se tuvo al Responsable del Centro de Salud Ciudad Hidalgo, Chiapas, rindiendo su informe justificado. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma electrónicamente Doris Yadira Ponce Figueroa, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, quien actúa asistida del Secretario que autoriza, Guido Pérez Ramírez, quien además certifica que las promociones que dieron origen a este acuerdo y el presente proveído se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
Quedan 11 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · 3,604 expedientes
- Bismari Lafargue Gonzalez y Otros.1148/2023
- Bladimir Eleazar Cigarroa Nuñez61/2023
- Blanca Beatriz Toapanta Tipan y Otros.728/2022
- Blanca Evelyn Garcia Iglesias1441/2023
- BLANCA INES ESPINOZA TARAMUEL y Otros.390/2023
- Blanca Ines Espinoza Taramuel y Otros.388/2023
- Blanca Lidia Martinez Chang1464/2023
- Blanca Lilia Solis Hernández1602/2023
- Blanca Victoria de Faz Almachi102/2023
- BOAVENTURA SUMBO PEDRO y Otros.1543/2022
- Brayan Joel Jimenez Hernandez209/2023
- Brayan Mauricio Martínez Hernández1565/2023