Blanca Ivon Rosas Santos

Expediente 445/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
445/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
15/05/2023

Partes del expediente

  • Blanca Ivon Rosas Santos

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guarda el presente asunto, del que se advierte que transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de veinte de abril de dos mil veintitrés, dictado por este juzgado, por el que, se desechó la demanda de amparo, sin que hasta estos momentos la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto ha causado estado. Previas las anotaciones respectivas que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese este expediente. Por otra parte, en términos de lo dispuesto por el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que en el caso se desechó la demanda de amparo y no existen documentos originales de los previstos por la fracción XVIII, del artículo 3, del Acuerdo General citado. Hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente sólo permanecerá en el archivo primario de este juzgado, por el lapso de tres años, contado a partir de su fecha de archivo, y una vez transcurrido este plazo, dentro de los treinta días siguientes, este juzgado procederá a su destrucción en los términos precisados en el penúltimo párrafo del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Asimismo, es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental e histórica, ya que no tiene una especial trascendencia jurídica, política, social ni económica, ni se encuentra dentro de los supuestos a que aluden los artículos 8, fracción III y 15, del acuerdo citado en el párrafo que antecede; en tal virtud hágase la anotación de dicha circunstancia en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo, para que dentro del término antes referido este juzgado proceda a su destrucción; siendo que además, para este órgano jurisdiccional el presente asunto carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    CITATORIO: SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE, SEÑALA:"Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por su propio derecho, contra actos de la Oficialía de Partes Común en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y otras autoridades, fórmese expediente físico y electrónico, y regístrese en el libro de gobierno como 445/2023, y provéase lo conducente con relación a la misma. Del estudio íntegro de la demanda de amparo, así como de las constancias del juicio de origen, se advierte que la misma resulta improcedente por actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con la fracción V, del artículo 107, interpretado a contrario sensu del mismo ordenamiento. En efecto, el precepto legal aludido en primer término, en su fracción invocada, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...)." Por actos de imposible reparación debemos entender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del juicio del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera, esto en razón de los daños y perjuicios que puedan resentir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del juicio de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se pueden reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad que las violaciones cometidas en el juicio pueden ser reparadas en la sentencia que llegue a pronunciarse. Conforme a lo anterior, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen; esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. En el caso a estudio, el promovente de amparo señala como acto reclamado el incorrecto envió del escrito inicial de demanda de juicio de pérdida de la patria potestad, promovido por la parte quejosa al Juez Trigésimo Segundo de lo Familiar de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el cual quedó registrado bajo el número de expediente 539/2023, y no así a un juzgado de "proceso oral", como la promovente dirigió su referido escrito, así como la omisión del Juez Trigésimo Segundo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, de no haberse declarado incompetente para conocer de la demanda presentada, así como el auto aclaratorio de veintisiete de marzo del año en curso, mediante el cual requirió a la parte quejosa para que refiriera nuevamente la vía y la acción a que va dirigido el escrito inicial de demanda. Ahora bien, de la lectura de la demanda se advierte que la parte quejosa promovió una demanda de juicio de pérdida de patria potestad, dirigido al juez oral familiar, el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, ante la Oficialía de Partes Común en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mismo que fue turnado al Juzgado Trigésimo Segundo de lo Familiar de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien lo radicó bajo el número de expediente 539/2023, y mediante proveído de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, previno a la parte quejosa a efecto de que señalara la vía y la acción a la que va dirigida la demanda presentada por la quejosa; inconforme con lo anterior interpuesto el presente juicio de amparo, lo que constituye el acto reclamado. De lo anterior se advierte que el acto reclamado no se considera un acto de imposible reparación que afecte de manera directa los derechos sustantivos del peticionario de amparo, ya que no es una determinación que traiga aparejada en sí un daño en contra de su persona, de su patrimonio o que afecte en grado predominante o superior sus derechos, esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que solo genera lo posibilidad de que ello ocurra en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, en virtud de que el procedimiento de origen de donde emana el acto reclamado, aun no existe una determinación, que admita o desecha su demanda, y existe la posibilidad que al desahogar la prevención que le realizó el Juez Trigésimo Segundo de lo Familiar de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, de que se declare incompetente y remita su demanda al juez de proceso oral del citado tribunal, con lo que quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios que se le hubieran causado con los actos que hoy reclama, y de ser adversa a sus intereses, tendrá la posibilidad de combatirlos en la vía del juicio de amparo previo agotamiento de los recursos que prevea la ley común, motivo por el cual los actos reclamados no se encuentran contemplados en alguna de las hipótesis que prevé el artículo 107 de la ley reglamentaria para la procedencia de la acción constitucional indirecta, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los artículos 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Es aplicable, por analogía a las consideraciones anteriores, la tesis V.2o. J/68, visible a foja 46, del tomo 66, correspondiente a junio de 1993, octava época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 114, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO). Anteriormente al quince de enero de 1988, en que entraron en vigor las últimas reformas al artículo 107 constitucional y a la ley de amparo, por actos de imposible reparación para determinar la procedencia del juicio de amparo judicial indirecto, se debía considerar a aquéllos que tuvieran una ejecución de carácter material sobre las personas en sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se pudieran reparar en el curso del juicio del que dimanan tales actos procesales, aunque se obtuviera una sentencia definitiva favorable, entre los que podríamos citar, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, así como aquéllos que tuvieran por efecto impedir el dictado de la sentencia definitiva que decida las pretensiones de las partes en última instancia, como sería el desechamiento de la demanda, la declaración de caducidad de la instancia, el acuerdo que tiene por desistido al actor de la acción o la instancia, el que declara desierto el recurso de apelación contra la sentencia que decidió el negocio en primera instancia, etcétera, esto, en razón de los daños o perjuicios que pueden resentir los particulares con esa clase de actos, ya que no se les puede resarcir en ninguna actuación posterior dentro del juicio de que se trata, pues la privación de derechos a usar los bienes embargados, que prevalece durante el tiempo que dura el secuestro, ya no se puede reparar posteriormente; el menoscabo sufrido y los perjuicios resentidos al hacerse efectiva la multa tampoco son restituibles en el procedimiento y los alimentos pagados tienen las mismas consecuencias; los efectos de la caducidad de la instancia, del acuerdo que tiene por desistido al actor, del que declara desierto el recurso aludido, llevan a la imposibilidad jurídica de que pueda dictarse sentencia definitiva en el juicio, con lo que impiden que las violaciones cometidas en tales procedimientos, sean reparadas material o jurídicamente con una sentencia favorable al afectado con las violaciones procesales. En el sistema constitucional y legal vigente subsiste dicha situación, excepto respecto de los actos procesales que ponen fin al juicio, que son actos reclamables en el juicio de amparo directo ante los tribunales colegiados de circuito." Por lo anteriormente expuesto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado a contrario sensu del mismo ordenamiento, por lo que en términos del artículo 113, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Se tiene como domicilio físico del quejoso para oír y recibir notificaciones el que indica; asimismo, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a los profesionistas que menciona, siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho y ante los órganos jurisdiccionales, no así para recoger valores, dado que por seguridad jurídica serán entregados únicamente a la quejosa o representante legal con facultades expresas para ello, asimismo se tiene por autorizada para oír y recibir notificaciones, documentos e imponerse de los autos en términos del segundo supuesto del segundo párrafo del artículo 12, de la Ley de Amparo, a la persona que señala en su ocurso de cuenta. Asimismo, en cuanto al correo electrónico que indica para recibir notificaciones, no ha lugar a tener por señalado el mismo, en virtud de que el artículo 26, de la Ley de Amparo, establece la forma en la que se van a realizar las notificaciones y en el inciso IV, refiere que se realizan por vía electrónica a las partes que expresamente así lo soliciten y que previamente hubiesen obtenido la firma electrónica. Finalmente, con fundamento en el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles al actuario que corresponda a efecto de practicar todas las diligencias que así lo requieran. Notifíquese personalmente a la parte quejosa." NOTIFIQUESE

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