Blanca Italyvi Meneses García

Expediente 1373/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 14 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1373/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
23/06/2022

Partes del expediente

  • Blanca Italyvi Meneses García
  • Agente del Ministerio Publico Federal Adscrito Al Juzgado Octavo de Distrito En el Estado de Morelos.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito firmado por la quejosa, a través del cual solicita copia certificada de la resolución dictada por este juzgado el uno de marzo de dos mil veintidós, y designa autorizados. En ese sentido, con apoyo en el artículo 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional autoriza la expedición a su costa de la copia que pide, debiendo acudir alguna de las personas que autoriza ante este órgano de control constitucional (sito en Boulevard del Lago, número 103, Edificio B, primer piso, Colonia Villas Deportivas, en Cuernavaca, Morelos), con identificación vigente que cuente con fotografía (INE, PASAPORTE O CÉDULA PROFESIONAL), para que se le haga entrega de lo solicitado. Lo anterior, previa cita que tenga a bien realizar en la "Agenda OJ", localizable en el Micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, en atención al artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa omitió desahogar la vista otorgada en proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, a pesar de haber sido legalmente notificada de dicho acuerdo. Por tanto, este órgano de control constitucional se encuentra obligado a determinar si la ejecutoria está o no cumplida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, por lo que, con base en los elementos existentes en el expediente y con los aportados por la autoridad señalada como responsable, se procede a analizar sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Lo anterior además, en observancia a la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del tres de marzo del año dos mil, con número de registro digital 192174, visible en la página 243 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que literalmente reza: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Ahora, en la resolución dictada por este juzgado el uno de marzo de dos mil veintidós, en su único punto resolutivo, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Blanca Italyvi Meneses García, para el efecto de que el Congreso y a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso, ambos del Estado de Morelos, realizara lo siguiente: Emitan contestación al escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, en el que la quejosa solicitó se dictaminara la procedencia del otorgamiento de la pensión por jubilación. Notifique, en términos de la ley que rija su actuar, su respuesta a la parte quejosa en el domicilio que se señaló para tal efecto. La sentencia que antecede, causó ejecutoria el veintidós de marzo de dos mil veintidós; por lo que en la misma fecha se requirió su cumplimiento. Con motivo de lo anterior, por oficio recibido en este órgano jurisdiccional el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, registrado bajo el folio 7805, el delegado de las autoridades responsables, remitió copia certificada de las siguientes documentales: El dictamen de siete de abril de dos mil veintidós, mediante el cual se da respuesta a la petición presentada al Congreso del Estado de Morelos el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, por Blanca Italyvi Meneses García. La notificación del oficio LV/DJ/1°2402/20222, realizada el trece de mayo de dos mil veintidós, del dictamen en comento. Los documentos mencionados tienen valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se declara cumplida ejecutoria de amparo Bajo esa tesitura, atento al estudio íntegro efectuado al oficio de referencia, es dable concluir que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado, toda vez que, en atención al efecto de la concesión del amparo, la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, mediante el dictamen de siete de abril de dos mil veintidós, dio respuesta a la petición presentada el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, por Blanca Italyvi Meneses García, y lo notificó por oficio LV/DJ/1°2402/20222, el trece de mayo de dos mil veintidós; por tanto, es dable concluir que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, en las narradas condiciones, este juzgado de Distrito tiene por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. No obsta a lo anterior el que la diversa autoridad responsable, Congreso del Estado de Morelos, no dictara un acto en específico en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, ya que ello obedece a que en el dictamen de siete de abril de dos mil veintidós, la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del propio Congreso del Estado de Morelos, negó la procedencia de la solicitud de pensión solicitada por la quejosa mediante escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve. Estudio de exceso y defecto Asimismo, cabe precisar que existe defecto en la ejecución siempre que la autoridad responsable se abstenga de realizar todos los actos necesarios para que la sentencia que concedió el amparo resulte íntegramente cumplida; por el contrario, hay exceso en la ejecución cuando la responsable, además de efectuar todos los actos conducentes para lograr que las cosas queden restituidas al estado que guardaban antes de la violación, ejecute u ordene otros actos a que no la obliga la sentencia de amparo, y que no son tampoco efecto inmediato de lo decidido en dicha sentencia. De ahí se puntualiza que no existe exceso o defecto en el cumplimiento dado por la autoridad responsable, en virtud de que cumplió íntegramente con la concesión de amparo. Se ordena archivo Por otra parte, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este juzgado de Distrito, con conocimiento de las partes, archívese el presente expediente, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, como asunto totalmente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y toda vez que se concedió la protección constitucional en el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de depuración, debiéndose conservar la demanda, sentencia y demás constancias que se estimen pertinentes. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Asimismo se precisa que este expediente no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XVIII del artículo 1 del capítulo primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en mención, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente. Notifíquese; y, personalmente.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio firmado por el delegado de las autoridades responsables, mediante el cual remite copias certificadas de las siguientes documentales: El dictamen de siete de abril de dos mil veintidós, mediante el cual se da respuesta a la petición presentada al Congreso del Estado de Morelos el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, por ******************** La notificación del oficio ********************, realizada el trece de mayo de dos mil veintidós, del dictamen en comento. V I S T A Por tanto, con copia del oficio y anexo de cuenta, de conformidad con el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, manifieste lo que a su derecho corresponda; con el apercibimiento que de no realizarlo, este órgano jurisdiccional con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, en el momento procesal oportuno acordará lo que legalmente proceda. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, novena época, tomo XI, marzo de dos mil, página 243, registro 192174, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa con copia del oficio y anexo de cuenta.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio firmado por el delegado de las autoridades responsables, mediante el cual informa que se encuentran realizando las acciones tendientes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; asimismo, remite el acuse de recibo del oficio CTPySS/LV/1242/2022, con el que acredita lo anterior. Atento a lo anterior, se tiene a la autoridad oficiante acreditando las gestiones correspondientes; asimismo, con fundamento en el numeral 192 de la Ley de Amparo en vigor, requiérase al Congreso y a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso, ambos del Estado de Morelos, para que en el término de veinte días, contados a partir del momento en que queden legalmente notificados de este auto, realicen lo siguiente:  Remita el dictamen emanado de la Comisión de Trabajo Previsión y Seguridad Social, correspondiente a Blanca Italyvi Meneses García. Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así, se les impondrá como medida de apremio una multa por el equivalente a CIEN Unidades de Medida y Actualización, esto en observancia a lo establecido por el diverso numeral 258 de la Ley de Amparo en vigor. Lo anterior, con independencia que en su caso, se ordene la apertura del incidente de inejecución de sentencia respectivo, por lo que, los autos originales del asunto en que se actúa, serán remitidos al Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito competente para su substanciación, y éste a su vez, los envíe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, separación de su cargo y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda, por lo que, con exactitud, deberá cumplir el fallo protector, ya que en caso contrario, se hará efectiva la medida de apremio aludida. En ese contexto, hágase del conocimiento a las citadas autoridades, que el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, establece que se impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, a la autoridad que dolosamente incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir. Así también, conforme al artículo 193 de la ley que nos ocupa, se les hace saber que seguirá teniendo responsabilidad aunque dejen su respectivo cargo. Notifíquese.

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