Blanca Isela Reyes Rodriguez
Expediente 642/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 642/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Blanca Isela Reyes Rodriguez
- Juzgado Segundo de Primera Instancia Y de lo Familiar de Ojocaliente, Zacatecas
Actuaciones
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, once de septiembre de dos mil veintitrés. Visto; agréguese a sus autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio y anexo de cuenta signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en el Estado de Zacatecas, al que anexa testimonio de la resolución de veinticuatro de agosto del año en curso, dictado dentro del recurso de queja 203/2023, bajo el siguiente punto resolutivo: "ÚNICO. Se declara INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por *************. Notifíquese;." Acúsese recibo. Hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, ya que en el presente juicio de amparo, sí existen documentos exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, asimismo, que este juzgado dio fe de que la versión electrónica del juicio de amparo en que se actúa, coincide en su totalidad con la versión impresa; se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. En la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente es destruible. Finalmente, requiérase a la parte quejosa para que se presente en el local de este Juzgado, debidamente identificada, a fin de recoger el documento que exhibió dentro del presente juicio de amparo, apercibido que en caso de no hacerlo dentro del término de noventa días, dicho documento podrá ser destruido.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, ocho de junio de dos mil veintitrés. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el ocurso de cuenta, signado por la quejosa ********************; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de queja contra el auto de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, que desechó la demanda de amparo con que se formó este expediente. Por tanto, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase informe justificado a la Superioridad, haciéndole saber que es cierto que el veintinueve de mayo de la presente anualidad, se desechó la demanda de amparo promovida por ********************, con base en los fundamentos y por los motivos en el mismo asentados; en consecuencia, remítase el escrito original de expresión de agravios presentado por la citada quejosa; asimismo, en términos de la Circular DGGJ/0012/2020, expedida por el Consejo de la Judicatura Federal a través de la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial, del diez de julio del dos mil veinte, se ordena realizar los movimientos administrativos, para que el expediente electrónico relativo al presente juicio, quede disponible para su consulta, para lo que tenga a bien determinar dicho Tribunal.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por ********************, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zacatecas, por violación a diversos preceptos Constitucionales, la Juez acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 642/2023-II y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se obtiene que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesta e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y sus anexos, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso concreto, ******************** reclama del Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zacatecas, la omisión de ordenar publicar los edictos en un periódico de mayo circulación del Estado de Zacatecas, a fin de notificar a ********************, el trámite del expediente de jurisdicción voluntaria ********************, solicitados mediante exhorto por el Juzgado Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Aguascalientes; respecto de dicho acto, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley...". "Artículo 107. El amparo indirecto procede ... V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Previamente, debe señalarse que de conformidad con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación al ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos en juicio, que tengan sobre las personas o las cosas, una ejecución de imposible reparación. Por ende, resulta necesario dejar establecido que, por actos que producen ejecución irreparable, debe entenderse aquéllos que dentro del juicio afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano y en los tratados internacionales de lo que el Estado Mexicano, sea parte, cuyos efectos no se pueden reparar en el curso del juicio, aunque se obtuviera una sentencia definitiva favorable a la quejosa, en razón de que los daños o perjuicios que pudiera resentir el particular con esa clase de actos, no se le pueden resarcir en ninguna actuación posterior. Por consiguiente, no puede considerarse como actos de imposible reparación los que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, puesto que en éstos, el perjuicio que en su caso se ocasione, puede ser reparado al momento de dictarse la sentencia definitiva, en caso de ser favorable a los intereses de la quejosa, o no siéndolo mediante la impugnación de la misma, haciéndose valer aquélla violación procesal. Es aplicable al caso la jurisprudencia P./J.24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo tenor literal es el siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, SE PRESENTA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV, previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Ahora bien, en tratándose de dilaciones procesales, como lo puede ser la omisión de una autoridad de acordar promociones o dictar autos o resoluciones, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), de rubro "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS."2, en el sentido que tales actos no pueden ser considerados de ejecución irreparable, sino violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, porque se presenta justamente dentro de éste, de ahí que cuando se promueva juicio de amparo contra este tipo de actos, por regla general será notoriamente improcedente, a menos de que el juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Con relación a este criterio, se advierte que es notoriamente improcedente el juicio de amparo indirecto contra violaciones omisivas cometidas dentro de un proceso jurisdiccional, por tratarse de actos intraprocesales que no afectan materialmente derechos sustantivos, al no constituir actos de imposible reparación en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo; pero también se precisó una excepción a esa regla, que es específicamente cuando el juzgador de amparo advierta la existencia de una abierta dilación del proceso o su paralización total; así, cuando se acude a la aplicación de la garantía judicial del plazo razonable -como derecho de las personas y obligación del Estado- para determinar la actualización de la excepción referida, el estudio debe hacerse de la demanda de amparo y en su caso, de las propias pruebas que exhiba el promovente del amparo. Ahora, la quejosa en su escrito de demanda, refiere bajo protesta de decir verdad, que el uno de febrero del presente año, se ordenó notificar a la tercero interesada ********************, el trámite del expediente de jurisdicción voluntaria ******************** del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Primer Partido del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, mediante publicación de edictos que se publicarán por tres veces consecutivas de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas y otra de circulación estatal en Zacatecas; que el primer exhorto enviado en esa fecha para tal efecto fue parcialmente diligenciado; por lo que, mediante auto de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, el Juzgado Primero de lo Civil del Primer Partido del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, volvió a girar exhorto al Juez Competente en el Municipio de Ojocaliente, Zacatecas, para tal efecto, mismo que fue entregado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zacatecas, lo que así se advierte de la propia documental que exhibe la quejosa, consistente en el acuse de recibo de entrega del citado exhorto, sin que se advierte la fecha en que fue entregado ante el citado Juzgado; no obstante debe entenderse que fue con posterioridad a la fecha de su emisión (diecisiete de mayo de dos mil veintitrés). Documental que cuenta con pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por disposición de su ordinal 2°. En ese sentido, se puede advertir que a partir de la fecha de su emisión (diecisiete de mayo de dos mil veintitrés), comenzó la dilación procesal que reclama la quejosa a la autoridad responsable, al no proceder, según lo manifiesta la promovente, con la diligenciación del mismo. No obstante, en consideración de esta juzgadora, la citada responsable a la fecha, no ha incurrido en una abierta dilación procesal que afecte derechos sustantivos de la quejosa, primero porque no se tiene la certeza de la fecha exacta en que fue entregado el exhorto de que se trata ante dicha autoridad, no obstante debe entenderse que fue con posterioridad al diecisiete de mayo del año en curso, fecha en que fue emitido el mismo y, además, porque de la fecha de su emisión a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (veintiséis de mayo de dos mil veintitrés) han transcurrido solo seis días hábiles; de ahí que, no se advierte la existencia de una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. Es así, por lo que, en estricto apego al contenido de la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es de observancia obligatoria para esta resolutora, en términos del primer párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo5, se obtiene que la omisión que señala la quejosa en la vía constitucional, no es un acto de ejecución de imposible reparación al no afectar derechos sustantivos de la quejosa, sino adjetivos o intraprocesales, pues se insiste, al no quedar acreditado de manera notoria que existe una abierta dilación del procedimiento o la paralización total del mismo, que tengan como consecuencia actos de imposible reparación para la quejosa, al no garantizar al gobernado la autoridad responsable, un acceso efectivo a la justicia, porque afecte materialmente derechos sustantivos de la quejosa, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es que se actualiza de forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo y lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo promovida por ********************, con apoyo en el artículo 113, del propio ordenamiento legal. Es aplicable al caso la 2a./J. 48/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2011580, cuyo tenor a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Así como como la jurisprudencia 16º.T.J/5 (10a.), con registro digital 2018494, cuyo tenor a la letra dice: "DILACIÓN PROCESAL. ES INDEBIDA LA DETERMINACIÓN DE UN TÉRMINO DE TRES MESES O CUALQUIER OTRO QUE SEA FIJO Y GENÉRICO PARA TENER POR ACTUALIZADOS LOS CONCEPTOS "ABIERTA DILACIÓN DEL PROCEDIMIENTO" O "PARALIZACIÓN TOTAL DEL PROCEDIMIENTO", COMO EXCEPCIÓN A LA REGLA DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE LA MATERIA, PUES DEBE ATENDERSE A LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO CONCRETO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de mayo de 2016 a las 10:06 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, Tomo II, mayo de 2016, página 1086, con el título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.", estableció que tratándose del reclamo de dilaciones procesales dentro del juicio, por regla general, el juicio de amparo es notoriamente improcedente por no ser actos de "imposible reparación", entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; sin embargo, precisó una excepción a dicha regla, que se actualiza cuando el Juez de amparo advierte del contenido de la demanda que existe una "abierta dilación del procedimiento" o su "paralización total", pues -estableció el Alto Tribunal- en ese caso el amparo será procedente. Ahora bien, para determinar la dilación se debe analizar la naturaleza del caso concreto, las circunstancias del problema jurídico sometido a la autoridad jurisdiccional, en suma, los elementos que permitan tener un panorama amplio para determinar si se trata o no de una violación autónoma del procedimiento, o bien, de una violación que se presenta del procedimiento, ya que de lo contrario, se llegaría a señalar términos arbitrarios que, incluso, pueden contravenir disposiciones legales, y por ese motivo, la fijación de un término de tres meses o cualquier otro que sea fijo y genérico para todos los casos, es indebido." (...)
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