Blanca Irma Pérez León
Expediente 1381/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1381/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 28/08/2019
Partes del expediente
- Blanca Irma Pérez León
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiocho de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído de seis de agosto de dos mil diecinueve, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal sobre depuración y destrucción de expedientes, se acuerda lo siguiente: Archívese este asunto como concluido. Destrúyase el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I del citado Acuerdo General. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Háganse las anotaciones relativas en la carátula del expediente. Además, se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las hipótesis del último párrafo del artículo vigésimo primero. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, deberá llevarse a cabo la digitalización de la demanda y la sentencia respectiva, así como de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido. Notifíquese.
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? Informe justificado. Agréguese a los autos el oficio y anexo de los Magistrados integrantes del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla y Actuario de su adscripción; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Delegados. De igual forma, en términos del artículo 9 de la ley de la materia, se tienen como delegadas a las personas mencionadas en el informe de cuenta. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por presentadas las pruebas documentales que anexan las autoridades responsables a su oficio de cuenta ? Sobreseimiento fuera de audiencia. ...
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EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA *** NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, seis de agosto de dos mil diecinueve. ? Informe justificado. Agréguese a los autos el oficio y anexo de los Magistrados integrantes del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla y Actuario de su adscripción; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Delegados. De igual forma, en términos del artículo 9 de la ley de la materia, se tienen como delegadas a las personas mencionadas en el informe de cuenta. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por presentadas las pruebas documentales que anexan las autoridades responsables a su oficio de cuenta ? Sobreseimiento fuera de audiencia. Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que respecto del acto reclamado al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla y Actuario de su adscripción, consistente en la omisión de tramitar el juicio laboral ***, y la falta de emplazamiento de la parte demandada, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: *** En primer orden, es conveniente precisar que la causa de improcedencia objeto de estudio requiere de la actualización de los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número 2a. CXI/96 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 219, tomo IV, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a diciembre de 1996 de rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. *** Dicho lo anterior, ahora es pertinente explicar por qué en el caso se cumplen todos los requisitos necesarios para que se actualice la causa de improcedencia objeto de estudio. Respecto al requisito previsto en el inciso a) cabe precisar que se encuentra satisfecho, puesto que se reclama la omisión de tramitar el juicio laboral ***, y la falta de emplazamiento de la parte demandada, atribuido al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla y Actuario de su adscripción. En relación al supuesto previsto en el inciso b), se advierte que a la fecha de presentación de demanda -cinco de julio de dos mil diecinueve-, aún el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, no había realizado pronunciamiento alguno en torno a la demanda que dio origen al juicio laboral ***, y la falta de emplazamiento de la parte demandada, siendo que el uno de agosto de dos mil diecinueve, se dictó un acuerdo en el que el tribunal responsable requirió a las quejosas para que en el término de veinticuatro horas después de su notificación aclararan su escrito inicial de demanda, el cual les fue notificado el dos de agosto siguiente; lo que denota que esta actuación es posterior a la presentación de la demanda. Por otra parte, respecto al requisito previsto en el inciso c), se destaca que el uno de agosto de dos mil diecinueve, se dictó un acuerdo en el que el tribunal responsable requirió a las quejosas para que en el término de veinticuatro horas después de su notificación aclararan su escrito inicial de demanda, el cual les fue notificado el dos de agosto siguiente. De lo anterior, se advierte que en el juicio de origen, el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, el uno de agosto de dos mil diecinueve, dictó un acuerdo en el que se requirió a las quejosas para que en el término de veinticuatro horas después de su notificación aclararan su escrito inicial de demanda, el cual les fue notificado el dos de agosto siguiente; lo que se traduce en un cambio de situación jurídica respecto del estado que guardaban los autos al momento de la presentación de la demanda de amparo. Así, dicho cambio de situación jurídica provoca que se consideren consumadas las violaciones atribuidas a la omisión reclamada, sin que pueda analizarse su constitucionalidad, pues se soslayaría la nueva situación jurídica, esto es, el auto uno de agosto de dos mil diecinueve, en el que el tribunal responsable requirió a las quejosas para que en el término de veinticuatro horas después de su notificación aclararan su escrito inicial de demanda, el cual les fue notificado el dos de agosto siguiente. El requisito antes examinado se encuentra íntimamente vinculado con el diverso previsto en el inciso d), pues existe autonomía entre la omisión reclamada y la nueva situación jurídica que rige el juicio de origen, que consiste en la omisión de tramitar el juicio laboral ***, y la falta de emplazamiento de la parte demandada, que se le atribuye al tribunal responsable y actuario de su adscripción. En efecto, dentro de un procedimiento se dictan una serie de actos sucesivos, en donde cada uno tiene una esfera de influencia o de trascendencia respecto de los subsecuentes; influencia que, en ciertos casos, llega a ser determinante para todos los actos del procedimiento; sin embargo, en otras ocasiones, la influencia de un acto procesal no alcanza más que a un número reducido de actos. En este contexto, aquellos actos que gozan de autonomía frente a los anteriores pueden subsistir con independencia de que los precedentes sean ilegales, por lo cual se dice que éstos no son determinantes de aquéllos. Es precisamente en estos casos en donde resulta factible la actualización de la causa de improcedencia en comento, pues al existir autonomía entre la situación jurídica anterior y la actual, ningún sentido tiene pronunciarse respecto de la primera si incluso su abierta ilegalidad no produciría la inconstitucionalidad de la segunda. En el caso concreto, se considera que existe autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada, dado que ha quedado superado el estado que guardaban los autos antes de la presentación del escrito inicial de demanda -omisión de tramitar el juicio laboral ***, y la falta de emplazamiento de la parte demandada- y la situación jurídica que se originó en auto de uno de agosto del año en curso, en el que el tribunal responsable requirió a las quejosas para que en el término de veinticuatro horas después de su notificación aclararan su escrito inicial de demanda, el cual les fue notificado el dos de agosto siguiente. En otras palabras, no podría analizarse la legalidad de la omisión reclamada por la quejosa, bajo el solo argumento de que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, dictó el acuerdo de uno de agosto del presente año, pues implicaría afectar la nueva situación procesal que se actualizó con posterioridad a la presentación del presente juicio de amparo. Por tanto, se concluye que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Se deja sin efectos audiencia constitucional. Finalmente, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las diez horas del doce de agosto de dos mil diecinueve. En las relatadas condiciones al haberse actualizado la causa de improcedencia antes analizada, respecto del acto reclamado, dese de baja el presente asunto y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este órgano jurisdiccional formula pedimento ministerial, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por formulados los alegatos de la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, debiendo darse cuenta con ellos en la audiencia constitucional. Por lo que hace a su petición de copias, indíquesele que las mismas serán otorgadas una vez que se dicte sentencia en el presente juicio, previa solicitud.
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