Blanca Irene Sepúlveda Trujillo
Expediente 903/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 903/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Blanca Irene Sepúlveda Trujillo
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación con que se da cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto pronunciado el dos de agosto de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, se declara que dicho auto ha causado estado, en consecuencia, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, de conformidad con el artículo 196 de la ley de la materia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Como se advierte de la certificación de cuenta, en este asunto no existen documentos originales exhibidos por las partes; asimismo, que el expediente electrónico y el físico coinciden en su totalidad. Así, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto no tiene relevancia documental, ni valor jurídico, por lo que, es susceptible de destrucción.
- Principal
Agréguese el oficio de cuenta procedente del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto *** encomendado por este órgano jurisdiccional, del que se advierte que se notificó a la parte quejosa ***, el auto de dos de agosto del año actual, dictado en el juicio de amparo que nos ocupa. Sin que sea necesario acusar recibo, ya que el oficio se recibió vía electrónica y el acuse se generó de manera automática. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
Téngase por recibido el oficio 11704/2023, dirigido al Juez de Distrito en el Estado de Sinaloa en turno, con sede en esta ciudad, recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, y anexos relativos a la demanda de amparo promovida por ********************, en su carácter de beneficiaria de los derechos del finado ********************, contra actos de la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, del que se advierte que en auto de veinticinco de julio de dos mil veintitrés, emitido en el amparo directo 409/2023, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, consideró que corresponde a este juzgado el conocimiento del presente asunto por la vía indirecta, de conformidad con el artículo 45 de la Ley de Amparo. Dada las razones expuestas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, este órgano jurisdiccional acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento del asunto, de conformidad con el artículo 35 de la Ley de Amparo. Acúsese recibo. I. Trámite. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 903/2023, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. II. Precisión del acto reclamado. En acatamiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, conviene indicar con precisión el acto aquí reclamado, atendiendo para ello a la lectura íntegra de la demanda de amparo, la parte quejosa reclama: De la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad: El auto de seis de noviembre de dos mil veinte, mediante el cual decretó el cumplimiento de la sentencia emitida en el juicio de nulidad ********************y ordenó el archivo del asunto como total y definitivamente concluido. III. Desechamiento. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En acatamiento a tal precepto legal, se advierte que respecto del acto reclamado se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en virtud de que la agraviada no promueve el amparo dentro del plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la propia ley, contados a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación del acto reclamado, en términos del numeral 18 de la ley de la materia. El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, establece textualmente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;". Del numeral previamente reproducido se tiene que cuando un juicio de amparo no sea promovido dentro de los términos mencionados en el artículo 17 de la Ley de Amparo, computados conforme a las reglas que establece el diverso numeral 18, en contra de actos que en opinión de los quejosos les agravian, los mismos se reputan tácitamente consentidos, para efectos de la procedencia de ese medio extraordinario de control constitucional. Por su parte el artículo 17 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." El diverso numeral 18 establece: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Este numeral establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el término de quince días para la interposición del juicio de amparo, los cuales se computan, respectivamente, a partir del día siguiente: 1). Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; 2). Al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, 3). Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Ahora bien, aun cuando en su escrito inicial de demanda la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acto reclamado el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, existe prueba en contrario que desvirtúa tal aseveración, como se obtiene de las actuaciones originales del juicio de nulidad ********************a las que se otorga valor probatorio pleno en términos del artículo 129, en vinculación con los diversos 197 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de cuyo contenido se advierte que mediante diligencia practicada por el Actuario adscrito a la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, fue notificada del auto que reclama el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, por conducto de su autorizada ********************, haciéndole entrega incluso del acuerdo correspondiente (auto de seis de noviembre de dos mil veinte), de lo que firmó al calce para constancia legal. En ese tenor, como la resolución impugnada deriva de un juicio de nulidad seguido ante la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, es evidente que deben de seguirse las reglas que para las notificaciones prevé la fracción II del artículo 47 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, que establece que las notificaciones personales surtirán sus efectos al día hábil siguiente en que se efectúen. Por ende, se actualiza la primera regla establecida en el artículo 18 de la Ley de Amparo, es decir, a partir del día siguiente al que surte efectos la notificación conforme a la ley del acto que se reclama. Bajo ese tenor, resulta inconcuso que el término de quince días que para la presentación de la demanda de amparo establece el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, empezó a contar a partir del día siguiente hábil de la fecha en que se notificó a la aquí quejosa de la resolución reclamada, es decir, transcurrió del veintitrés de noviembre al once de diciembre de dos mil veinte, descontándose los días veinte, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de noviembre, cinco y seis de diciembre del año en comento, pues fueron inhábiles. Luego, si el escrito de demanda fue presentada el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés ante la autoridad responsable, como se advierte de la certificación levantada por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, válidamente se concluye que la presentación de la demanda, resulta extemporánea al haber fenecido el plazo que la ley concede para tal efecto, y como consecuencia de ello, el acto reclamado se considera como tácitamente consentido para los efectos del juicio constitucional, lo que por sí solo, hace que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, y, por tanto, procede desechar la presente demanda de amparo. Tiene aplicación al caso, por las razones jurídicas que la informan, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XXXIII, Enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital 163172, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. Asimismo, por las razones que la informan la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a página 291, Tomo II, agosto 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor literal siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo que no hubiesen sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, con apoyo en el numeral 113 de la citada legislación, se desecha de plano la demanda de amparo. IV. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. V. Transparencia y acceso a la información. En términos de los artículos 8, 73, 113, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 5, 6, 7, 8 y 9, del Título Segundo del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada ley, es pública la información que tiene bajo su resguardo este juzgado y las partes únicamente pueden oponerse a la publicación de sus datos personales, salvo su nombre en los términos y casos a que se refieren los preceptos antes invocados. VI Digitalización de actuaciones e integración del expediente electrónico. Se comisiona al Secretario actuante, a los oficiales administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, para efectos de supervisar y/o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, y la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto, asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica, se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente impreso, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en el Capítulo Cuarto, Sección Primera del Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión, así como los sistemas electrónicos necesarios para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. VII. Notificación por exhorto Ahora bien, tomando en consideración que la parte quejosa señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en el despacho jurídico ubicado en calle********************, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en auxilio de las labores de este juzgado, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en turno, de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, para que ordene a quien corresponda notifique a la quejosa ********************, el presente auto, en el domicilio ya descrito, a quien deberá requerir para que dentro del término de tres días contados a partir de su legal notificación, señale domicilio en esta ciudad, bajo apercibimiento que de no hacerlo, toda notificación aún de carácter personal, se hará mediante lista de estrados de este juzgado, sin ulterior acuerdo. A fin de evitar mayores dilaciones en la tramitación del presente juicio de amparo, se faculta al juez exhortado para que dicte las medidas necesarias para el desahogo de la diligencia encomendada. Igualmente se hace del conocimiento del Juez auxiliar, que en caso de que falte alguna constancia para llevar a cabo la diligencia encomendada, pueden solicitarla vía telefónica al número 66-78-46-57-00, extensión 2138 y se le enviará de inmediato vía fax o por correo electrónico. Notifíquese personalmente. Lo acordó y firma Carlos Reyes Flores, Juez Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, ante César Augusto León Becerril, Secretario que autoriza y da fe.
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