Blanca Ilicia Cordova Ramirez

Expediente 1987/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1987/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
23/02/2023

Partes del expediente

  • Blanca Ilicia Cordova Ramirez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Oficio. Téngase por recibido únicamente para efectos de control, el oficio remitido por el Subdirector de Amparos Administrativos y Controversias Constitucionales de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México; toda vez que en acuerdo dictado el tres de febrero de dos mil veintitrés, se reenvió el oficio 773/2023 -reexpedido por el diverso 3541/2023- que contiene el acuerdo de nueve de enero de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Luis Omar Pérez Ochoa, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a tres de febrero de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguese a los autos, el oficio de cuenta remitido por el Subdirector de Amparos Administrativos y Controversias Constitucionales de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México; a través del cual indica el motivo por lo que devolvió el oficio 773/2023 enviados por este órgano. Reenvía. Atento a lo anterior, reenvíese el oficio en comento a la autoridad responsable Secretaría de Gobernación, con residencia en esta ciudad, lo anterior para los efectos que correspondan. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Luis Omar Pérez Ochoa, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a doce de enero de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguese a los autos sin mayor proveído, el oficio signado por el Subdirector de Coordinación y Análisis, adscrito a la Dirección General de Procedimientos Constitucionales de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Gobernación, mediante el cual devuelve el oficio 42042/2022, del índice de este juzgado, que contiene el proveído de doce de diciembre de dos mil veintidós; lo anterior, toda vez que en auto de nueve de enero del presente año, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio y se dejó sin efectos la suspensión de plano otorgada en el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de la licenciada Ida Vargas Arias, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LA PARTE QUEJOSA Mexicali, Baja California, a nueve de enero de dos mil veintitrés. Certificación. Vista la certificación secretarial que antecede, en la que se hizo constar que la Secretaria adscrita a este Juzgado de Distrito entabló comunicación -vía telefónica al número ************, obtuvo su libertad de las instalaciones de la Estación Migratoria de esta ciudad; por tanto, se acuerda lo siguiente: Sobreseimiento fuera de audiencia. En la especie, respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia que a la letra dice: "Registro digital: 196820 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Febrero de 1998, página 210 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Al respecto es aplicable la jurisprudencia que textualmente dice: "Registro digital: 193758 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Junio de 1999, página 38 Tipo: Jurisprudencia CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, la parte quejosa(1) BLANCA ILCIA CÓRDOVA RAMÍREZ Y/O BLANCA ILICIA CÓRDOVA RAMÍREZ, en su escrito inicial demanda -la cual fue ratificada mediante diligencia de once de diciembre del año en curso- solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos siguientes: Ahora, de las constancias que obran en el presente contradictorio federal se puede concluir que la parte quejosa reclamó con acto destacado, su detención en las instalaciones de la estación migratoria en esta ciudad, la cual podía concluir con su deportación Ahora, de la comunicación telefónica entablada por la Secretaria adscrita a este Juzgado de Distrito con (A) Juan Carlos Briones Acosta, promovente de la demanda de amparo, hizo saber a este órgano jurisdiccional que la parte directa quejosa (1) BLANCA ILCIA CÓRDOVA RAMÍREZ Y/O BLANCA ILICIA CÓRDOVA RAMÍREZ, obtuvo su libertad de las instalaciones de la Estación Migratoria de esta ciudad. En las relatadas condiciones, es evidente que la parte solicitante de la protección constitucional volvió al estado en el que se encontraba antes de la violación combatida; de ahí que se le restituyó en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia constitucional. Al respecto, es de citarse la jurisprudencia cuyo rubro y contenido reza: "Registro digital: 184572 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las doce horas con treinta minutos del diez de enero del año en curso. Sin efectos suspensión de plano decretada. Asimismo, se dejan sin efecto legal alguno, las providencias respecto a la suspensión de plano decretadas en auto de radicación de demanda. Notificación por lista. Se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de radicación del presente juicio, en el cual se dijo: "Notificación personal. Hágasele todas las notificaciones a la parte quejosa de mérito de manera personal, en el lugar en el que actualmente esté privada de su libertad, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, entregándole para tal efecto copia del auto a notificar; por lo que en el supuesto de ya no encontrarse en las instalaciones migratorias correspondientes las notificaciones aún las personales serán por medio de lista en términos de la fracción III del artículo 26 de la Ley de Amparo." Anotaciones. Por último, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", y oportunamente archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese; y, en términos del artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, a la parte directa quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Ida Vargas Arias, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

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