Blanca Idalia López López

Expediente 1967/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1967/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
06/10/2016

Partes del expediente

  • Blanca Idalia López López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, seis de octubre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.Así lo proveyó y firma la Juez Minerva López Constantino, Titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, ante el Secretario que autoriza y da fe, Carlos Enrique Giorgana Cruz, a quien faculta a firmar los oficios que se expidan, quien además certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y el acuerdo mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy Fe.

  2. Principal

    RESUELVE: PRIMERO: Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************por propio derecho, en contra de los actos atribuidos al Fiscal del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Procuraduría General de Justicia, y otras autoridades, por las razones vertidas en el tercer considerando de este fallo constitucional. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************en contra de los actos que reclama del Juez Tercero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con residencia en Cintalapa, Chiapas, y otras autoridades, conforme a los argumentos y consideraciones vertidas en el considerando sexto de la presente resolución. TERCERO. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento del Expediente (SISE), acorde con lo ordenado en los considerandos

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTIUNO DE LOS CORRIENTES, QUE DICE: "Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa ******************** con el cual desahoga la prevención contenida en auto de trece del mes en curso. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, establece: Artículo 113. "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia que afecte la demanda de amparo, debe ser evidente por sí mismo, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación haga inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto", significa, claro, evidente; mientras que "indudable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis aislada 2a. LXXI/2002, de la Novena Época, registrada bajo el número 186605, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo XVI, Julio de 2002, página: 448. "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el caso particular se advierte de manera oficiosa, la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa no agotó el medio ordinario de defensa previsto en la ley que rige el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo, precepto que establece: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)" Contexto del cual se advierte que la hipótesis de improcedencia establecida en el precitado artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, opera cuando en las leyes que rigen el acto de autoridad proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal, mediante el cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Ello es así, toda vez que es de explorado derecho que el juicio de amparo se rige por diversos principios, entre los que se encuentra el de "definitividad", el cual establece que para la procedencia de amparo es preciso previamente agotar todos los medios ordinarios de defensa establecidos en la ley por medio de los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. Así, los artículos 107, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Federal y el citado 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establecen que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, en razón de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa y, por tanto, para acudir a él es necesario antes de la demanda de amparo, agotar en la vía ordinaria, todos los medios de defensa con los que cuenta el quejoso para combatir el acto reclamado, de modo que si las partes no tuvieran la carga de agotar defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de aquélla. Se afirma lo anterior, toda vez que del análisis integral tanto del escrito inicial de demandada, así como de los diversos de doce y veinte de septiembre del año en curso, se advierte que el acto que reclamada la parte quejosa consiste en el auto de dieciséis de agosto del presente año, emitido dentro del juicio ejecutivo mercantil 194/2016, del índice del Jugado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y como consecuencia, la diligencia de requerimiento de la entrega del bien mueble embargado en autos del citado juicio de origen; de lo cual se advierte que la peticionaria de amparo no agotó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, ello, dado que de la lectura de la demanda se advierte que es parte demandada en el juicio de origen, por tanto, estaba obligada a agotarlo. En efecto, los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, disponen: Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. Artículo 1340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $562,264.43 por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339. Los numerales transcritos, condicionan la procedencia del recurso de apelación en los juicios mercantiles -atendiendo al monto o cuantía del asunto- por lo que sí el auto que ordenó la diligencia de requerimiento de entrega del bien embargado, no admite dicho medio de impugnación, dicha determinación puede ser controvertida a través del recurso de revocación, pues este medio de impugnación procede contra autos que no fueren apelables. Dicho de otra forma, los numerales citados describen de manera genérica la procedencia del recurso de revocación, contra los autos que no fueren apelables, puesto que la razón del medio de impugnación consiste en una revisión horizontal, en que la propia autoridad que emitió el acto pueda revisarlo con el objeto de modificarlo, anularlo o revocarlo. De lo anterior, se deriva la certeza de que por regla general el recurso de revocación es procedente cuando no sea apelable el auto o decreto que pretenda combatirse, estableciendo dos aspectos a saber, la oportunidad procesal o legitimación e idoneidad del recurso. Ahora bien, en vista de que el artículo 1340 del Código de Comercio, establece que la apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a quinientos mil pesos por concepto de suerte principal, entonces, atendiendo al diverso numeral 1334 del mismo ordenamiento, que determina que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el Juez que los dictó o por el que lo sustituya en el conocimiento del negocio, entonces, los autos que recaigan en negocios cuyo valor no exceda de dicho monto, al no ser apelables, son revocables. Es decir, de una interpretación armónica de los preceptos invocados, se concluye que todos los autos dictados en un juicio mercantil que por su cuantía no admitan el recurso de apelación, son impugnables mediante el recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio. En el caso concreto, como ya se dijo la parte quejosa señala como acto reclamado el auto de dieciséis de agosto del presente año, emitido dentro del juicio ejecutivo mercantil 194/2016, del índice del Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y como consecuencia, la diligencia de requerimiento de la entrega del bien mueble embargado en autos del citado juicio de origen, en el cual es parte demandada. Por su parte, en el escrito inicial de demanda la hoy peticionaria del amparo manifestó bajo protesta de decir verdad, que el acto reclamado proviene del juicio ejecutivo mercantil 194/2016, del índice del Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, en el cual ******************** a través de sus endosatarios en procuración, la demandó solicitando el pago de la cantidad de sesenta y dos mil pesos, como suerte principal En ese orden de ideas, atendiendo al criterio del monto del negocio, si en el caso que se analiza el auto que decretó la orden de requerimiento de entrega del bien mueble embargado, el cual tuvo como consecuencia la diligencia respectiva, no era apelable por razón de la cuantía de la prestación principal reclamada por la cantidad de sesenta y dos mil pesos, entonces dicho acto era revocable conforme a lo previsto en el citado artículo 1334 del Código de Comercio, lo que evidencia la previsión de un recurso ordinario a través del cual pudo ser modificado, revocado o confirmado; pues al respecto, el propio código señala que el medio ordinario contra proveídos dictados en juicios mercantiles de cuantía menor, es el recurso de revocación. Lo anterior, pues al hacerse patente que la suerte principal del negocio de origen es inferior a quinientos mil pesos, por ende, en el caso particular, la resolución que decretó la orden de requerimiento de entrega del bien mueble embargado admite, por razón de cuantía, recurso de revocación, pues se insiste, la pretensión constituida en dicho juicio, no rebasa la cantidad establecida de quinientos mil pesos. Cabe precisar, que el Código de Comercio, al ser un ordenamiento especial, tiene como propósito la calidad de los juicios mercantiles, simplificando trámites y limitando o suprimiendo recursos, de ahí que el recurso de revocación establecido en el artículo 1334 de dicho ordenamiento, resulta procedente en el caso particular. En ese tenor es inconcuso que estuvo en condiciones de promover el recurso de revocación aludido en contra del auto de dieciséis de agosto del año en curso, el cual ordenó la diligencia de requerimiento de entrega del bien embargado en el juicio de origen, dado que en su carácter de parte demandada precisamente en ese juicio del que deriva el acto reclamado, pudo impugnarlo a través del recurso en cita en términos de los numerales 1334 y 1340 del Código de Comercio, por lo que la quejosa, antes de acudir al juicio de amparo, estaba obligada a agotar el principio de definitividad establecido en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, dado su origen y fundamentación en la Carta Magna, en el litigio de amparo al ser de naturaleza constitucional viene a constituir un medio de defensa extraordinario, el cual no procede en contra de cualquier actuación de la autoridad, sino que sus hipótesis de procedencia están limitadas, entre otras, a aquellos actos respecto de los que no exista algún medio de defensa en virtud del cual se pueda restituir al gobernado en el goce de los derechos que estime violados; situación que no acontece en la especie, pues como se ha mencionado, la promovente tiene la posibilidad de promover el recurso de revocación, por medio del cual, como ya se dijo, podría ser modificado, revocado o confirmado el mismo; esto es, obtener su objetivo a través del medio de defensa que la ley de la materia concede, el cual debió agotar previo a la promoción del juicio de amparo, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, pues de lo contrario éste resulta improcedente, según lo establece el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia. Resulta aplicable por analogía, la tesis que a continuación se cita: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS. De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, se advierte que como la apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto del contrato sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, los autos recaídos en esos negocios pueden revocarse por el juez que los dictó, sin que sea factible considerar que el artículo 1339 del citado Código impide interponer el recurso de revocación en asuntos de dicha cuantía, al referir que sólo son recurribles las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos, ya que la intención del legislador al usar la expresión "recurribles" fue referirse al recurso de apelación, como se advierte del segundo párrafo del indicado artículo 1339, el cual establece que las sentencias recurribles, conforme al supuesto previsto en su primer párrafo, son apelables. Por tanto, los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor, o el monto es inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, son impugnables mediante el recurso de revocación." Por tanto, de conformidad con el ordinal 113, de la Ley de Amparo, en relación con el diversos 61, fracción XVIII, del precitado cuerpo de leyes, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno".

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de ******************** ********************autorizada de la parte quejosa; en atención a su contenido, con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición del numeral 2, se provee: Como lo solicita la promovente, expídanse las copias certificadas a partir del proveído de cinco de agosto del año en curso, previa identificación y razón de recibo que se deje en autos, teniéndose por autorizada para recibirlas a la persona que designa, haciendo de su conocimiento que para tal efecto deberá acudir a este Juzgado dentro del horario de diez a trece horas, en día hábil. Lo anterior se autoriza en esos términos, toda vez que el propósito de la expedición de copias certificadas es que la interesada tenga constancia de los documentos que obren en el juicio de amparo para que conozca plenamente las decisiones judiciales y en su caso hacer valer un derecho en diversos procedimientos y en virtud de que mediante diligencia de veinticinco de julio de dos mil dieciséis (foja 486), se le entregaron a la promovente copias certificadas de todo lo actuado hasta el diecinueve de julio del año en curso (foja 483). Tiene sustento lo anterior en la tesis aislada IX.1o.7 K, localizable en la página dos mil trescientos ochenta y siete, del Tomo III, correspondiente al mes de septiembre de dos mil catorce, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que es del tenor siguiente: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE AMPARO. PUEDEN SOLICITARSE EN CUALQUIER ESTADO PROCESAL Y SU EXPEDICIÓN DEBE SER EN UN SOLO TANTO O EN UNA OCASIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).Lo dispuesto en el artículo citado, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2o. acerca de que las partes, en cualquier asunto judicial "pueden pedir, en todo tiempo, a su costa, copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos", no significa que la petición pueda hacerse varias veces, sino sólo que ello puede acontecer en cualquier estado procesal. Lo anterior es así, toda vez que el derecho ahí previsto debe interpretarse, juntamente con el propósito de la expedición de copias, que no es otro, que el interesado obtenga copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en el expediente de amparo para que éste conozca plenamente una decisión judicial y, en su caso, hacer valer un derecho en diversos procedimientos. En consecuencia, ese derecho se respeta cuando, ante una solicitud de un determinado número de copias, se autoriza su expedición, en un solo tanto, o bien, en una ocasión." Notifíquese.Así lo proveyó y firma la Juez Minerva López Constantino, Titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida del Secretario que autoriza y da fe Fabiola Adriano Estrada, a quien faculta a firmar los oficios que se expidan, quien además certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y el acuerdo mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy Fe.

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