Blanca Idalia Cortéz García

Expediente 476/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 22 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
476/2021
Año
2021
Actuaciones
22
Última actuación
07/04/2022

Partes del expediente

  • Blanca Idalia Cortéz García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, siete de abril de dos mil veintidós. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 476/2021, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: ".Boca del Río, Veracruz, siete de abril de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (provisional y definitiva) respecto de todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, el suscrito estima innecesario que continúen las constancias remitidas por la autoridad responsable 1. Juez Cuarto de Primera Instancia en el Estado de Veracruz, Veracruz, con las cuales se ordenó formar un tomo de pruebas, en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, siete de abril de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (suspensión definitiva) respecto de todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, el suscrito estima innecesario que continúen las constancias remitidas por la autoridad responsable 1. Juez Cuarto de Primera Instancia en el Estado de Veracruz, Veracruz, con las cuales se ordenó formar un tomo de pruebas, en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    En esta fecha se notifica por lista de acuerdos a la parte quejosa la sentencia de fecha once de marzo de dos mil veintidós, misma que dice: "... Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 476/2021, promovido por BLANCA IDALIA CORTÉZ GARCÍA. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil veintiuno, en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Boca del Río, Veracruz, y turnado al día siguiente a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, la parte quejosa, BLANCA IDALIA CORTÉZ GARCÍA promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 1-7). SEGUNDO. Admisión. Previa prevención (fojas 8-10) mediante auto de siete de julio de dos mil veintiuno, se ordenó admitir a trámite la citada demanda de amparo en los términos propuestos, solicitar su informe justificado a las autoridades responsables, dar la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional y se ordenó emplazar a los tercero interesados Agripino Aguilar López y Consuelito Aguilar Montero mismos que fueron emplazados el tres de marzo de dos mil veintiuno (fojas 15-19 y 58-59). Por auto de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, se tuvieron por rendidos los informes justificados de la 1. Juez Cuarto de Primera Instancia del Decimoséptimo Distrito Judicial y 2. Secretaria de Acuerdos adscrita a dicho Juzgado, con residencia en Veracruz, Veracruz (fojas 40-44). Mediante proveído de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo a los tercero interesados Agripino Aguilar López y Consuelito Aguilar Montero, compareciendo a juicio y señalando domicilio procesal sin manifestar alguna causal de improcedencia (fojas 64-97). Por auto de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se requirió a la parte quejosa, para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo respecto a la autoridad Julieta del Carmen Torres Ramírez, Actuaria Judicial adscrita a la Central de Actuarios del XVII Distrito Judicial de Veracruz, al advertirse su participación incide en el acto reclamado, pues resulta ser la autoridad que efectuó el emplazamiento el nueve de mayo de dos mil dieciocho (foja 121). Mediante proveído de cinco de enero de dos mil veintidós, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, por lo que se ordenó continuar el presente juico únicamente en los términos planteados desde su inicio (foja 129). Por auto de siete de enero de dos mil veintidós, se requirió a la parte quejosa, para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo respecto a la autoridad Magistrados que integran la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, al advertir que resolvieron el recurso de apelación interpuesto por la aquí quejosa contra el auto de trece de noviembre de dos mil diecinueve, radicado en el Toca 778/220 (fojas 131 y 132). Mediante proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en proveído de siete de enero de dos mil veintidós, por lo que se ordenó continuar el presente juico únicamente en relación con los términos planteados en el escrito inicial de demanda (foja 136). Por lo que, una vez que se encontró integrado el juicio de garantías, la audiencia constitucional se celebró en la hora y fecha prevista al efecto (foja 138). Finalmente, hasta el momento no consta que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción IV, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción II, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por cuestión de la vía, ya que se trata de actos, que se dice son susceptibles de afectar de manera directa e irreparable derechos fundamentales del gobernado, tal como la posesión, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto. Por razón de la materia (mixta) pues se actúa tanto como órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como de control constitucional, al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, atento a que la ejecución del acto reclamado tiene lugar en la circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuáles son los actos reclamados. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que consisten en: " a) El auto de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, en el que con fundamento en el artículo 341 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se abrió la sección de ejecución relativa al expediente 926/217 Juicio Ordinario Civil promovido por Agripino Aguilar López y Consuelito Aguilar Montero en contra de Esthela Monroy demandando la desocupación del bien inmueble y demás prestaciones, por lo que en cumplimiento a los resolutivos segundo y tercero de la sentencia emitida el dos de marzo de dos mil veintiuno, se ordenó requerir de manera personal a la demandada Esthela Monroy la desocupación y entrega del inmueble ubicado en la casa habitación marcada con el número oficial novecientos setenta y cuatro de la Avenida Río Medio, construida sobre el lote dieciocho "A" de la Primera Etapa del Fraccionamiento Río Medio, ubicado en el Municipio de Veracruz, en un término de cinco días hábiles, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así, se hará uso de la fuerza pública, con fundamento en lo que dispone el artículo 53, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado (fojas 255-259 del Tomo I de pruebas) mismo que fue notificado el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. b) La ilegal notificación del auto de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, realizada el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno." Establecida la fijación clara y precisa de los actos que se reclaman, por cuestión de método debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada respecto de la autoridad señalada como responsable. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables 1. Juez Cuarto de Primera Instancia del Decimoséptimo Distrito Judicial y 2. Secretaria de Acuerdos adscrita a dicho Juzgado, con residencia en Veracruz, Veracruz al rendir sus informes justificados reconocieron la existencia del auto de fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno (fojas 40-44). Lo que se corrobora, en razón de que la autoridad judicial 1. Juez Cuarto de Primera Instancia del Decimoséptimo Distrito Judicial, con residencia en Veracruz, Veracruz, en cita remitió copia certificada de las constancias que integran del juicio ordinario civil 926/2017, entre las que se encuentra el acuerdo reclamado (foja 55 del tomo I de pruebas) las cuales tienen valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Sin embargo, de la lectura de dicho informe, se desprende que las autoridades responsables fueron omisas en manifestar la existencia o no respecto del diverso acto reclamado consistente en: "...La ilegal notificación de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, del auto de veintitrés de abril de dos mil veintiuno." y ante dicha circunstancia se tiene por presuntivamente cierto el acto reclamado además por constar en las copias remitidas la notificación de dicho auto (fojas 57-59) Por tanto, se reitera, deben tenerse por ciertos los actos controvertidos en esta instancia constitucional. CUARTO. Improcedencia del juicio. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional, por lo que hace a los actos reclamados consistentes en: "a) El auto de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, en el que con fundamento en el artículo 341 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se abrió la sección de ejecución relativa al expediente 926/217 Juicio Ordinario Civil promovido por Agripino Aguilar López y Consuelito Aguilar Montero en contra de Esthela Monroy demandando la desocupación del bien inmueble y demás prestaciones, por lo que en cumplimiento a los resolutivos segundo y tercero de la sentencia emitida el dos de marzo de dos mil veintiuno, se ordenó requerir de manera personal a la demandada Esthela Monroy la desocupación y entrega del inmueble ubicado en la casa habitación marcada con el número oficial novecientos setenta y cuatro de la Avenida Río Medio, construida sobre el lote dieciocho "A" de la Primera Etapa del Fraccionamiento Río Medio, ubicado en el Municipio de Veracruz, en un término de cinco días hábiles, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así, se hará uso de la fuerza pública, con fundamento en lo que dispone el artículo 53, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado (fojas 255-259 del Tomo I de pruebas) mismo que fue notificado el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. b) La ilegal notificación del auto de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, realizada el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno." Motivo de improcedencia advertido de oficio En el caso, de oficio, se advierte se concreta el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, al derivarse el acto reclamado de otro consentido, como a continuación se verá. MARCO REFERENCIAL Para justificar lo anterior, se estima oportuno establecer el siguiente marco legal y jurisprudencial. Los artículos 61, fracción XXIII y 217, ambos de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." Conviene precisar que para que se concrete el motivo de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII del aludido precepto 61, es menester efectuar el complemento relativo con otras disposiciones, debiéndose acudir para ello únicamente a la propia Ley de Amparo o la Constitución Federal, de ahí que en la especie se haya apelado al contenido del normativo 217 en comento. Tal cometido encuentra respaldo en la tesis aislada 2a. LXXXVI/99, que se lee: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno de las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción." Así, de la interpretación de los preceptos recién transcritos, se obtiene que el juicio de amparo se tornará improcedente cuando así lo establezca la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para emitirla. En esa razón, la jurisprudencia que contiene dicho motivo de improcedencia es la identificada con el número 17 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." La Suprema Corte de Justicia de la Nación, refiere como improcedente el juicio de amparo instado contra actos que son una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos; es decir, son acciones u omisiones de la autoridad que, por su propia naturaleza, fueron precedidos de otros que, en su momento, el propio quejoso consintió, pues a pesar del evidente perjuicio que le ocasionaron, no los controvirtió por alguna vía. Asimismo, el Máximo Tribunal del País ha establecido cuáles son los supuestos que deben actualizarse para que se concrete ese motivo de improcedencia, a saber: a). La existencia de un acto anterior consentido y, b). La existencia de un acto posterior que sea consecuencia directa y necesaria de aquél. Lo anterior se deriva de la tesis aislada sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél." Por otra parte, cabe decir que debe considerarse también, para considerar para considerar que un acto es derivado de otro consentido: Que sea una consecuencia de otro que la ley reputa como consentido; y Que no se ataque por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad depende de la del acto de que deriva. Asimismo, debe señalarse que la causal de improcedencia en estudio participa de la regla general que ha sido definida jurisprudencialmente por la Suprema Corte de Justicia para todas las causas de inejercitabilidad del juicio de amparo consistente en que deben acreditarse plenamente. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. DEBE PROBARSE PLENAMENTE Y NO APOYARSE EN PRESUNCIONES. Las causales de improcedencia en el juicio constitucional deben estar plenamente demostradas y no inferirse a base de presunciones." Hasta aquí dichas premisas. ANTECEDENTES A fin de demostrar el motivo de improcedencia invocado, se torna necesario relatar los antecedentes del acto reclamado que se advierten de las copias certificadas que remitió la Juez responsable (tomo I de pruebas) a saber: a).- Por escrito presentado el quince de agosto de dos mil diecisiete, Agripino Aguilar López y Consuelito Aguilar Montero, demandaron en la vía ordinaria civil a Esthela Monroy y/o causahabiente y/o quien resulte legamente responsable la desocupación del inmueble ubicado en la casa habitación marcada con el número oficial novecientos setenta y cuatro de la Avenida Río Medio, construida sobre el lote dieciocho "A" de la manzana cuarenta y dos "A" de la Primera Etapa del Fraccionamiento Lomas de Río Medio, ubicado en el Municipio de Veracruz, Veracruz (fojas 1-57 Tomo I de pruebas). b).- En proveído de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete (fojas 58-59 Tomo I de pruebas) se admitió la demanda de referencia y ordenó el emplazamiento de la demandada Esthela Monroy (lo que se hizo el nueve de mayo de dos mil dieciocho) (fojas 84-86). c).- El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, se tuvo por recibido el escrito de contestación de demanda signado por BLANCA IDALIA CORTÉZ GARCÍA, con el que se dio vista de la parte actora (fojas 88-113 Tomo I de pruebas). d).- En proveído de uno de junio de dos mil dieciocho, se tuvo por presentada a BLANCA IDALIA CORTÉZ GARCÍA, promoviendo en vía de reconvención demanda en contra de Agripino Aguilar López, Consuelito Aguilar Montero y Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Veracruz, Veracruz, reclamando entre otras prestaciones, la prescripción positiva del inmueble ubicado en la Avenida Río Medio número novecientos setenta y cuatro Fraccionamiento Lomas de Río Medio de la ciudad de Veracruz, Veracruz y se ordenó el emplazamiento de los demandados en reconvención (fojas 89-114 del Tomo I de pruebas) lo que se hizo el catorce de junio de dos mil dieciocho (fojas 116-117 Tomo I de pruebas) y el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 125-126 Tomo I de pruebas). e).- El trece de noviembre de dos mi diecinueve, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 fracción I, del Estado de Veracruz, se regularizó el procedimiento, para establecer que no ha lugar a darle la intervención a la señora BLANCA IDALIA CORTÉZ GARCÍA, por no ser parte en ese juicio, dejándose sin efectos los proveídos dictados como consecuencia de la intervención dada a la misma (fojas 176-177 Tomo I de pruebas). f).- En audiencia de fecha cinco de diciembre de dos mil diecinueve, se tuvo por admitido el recurso de apelación interpuesto por BLANCA IDALIA CORTÉZ GARCÍA contra el auto de trece de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 189-197 Tomo I de pruebas). g).- Mediante resolución de fecha treinta de noviembre de dos mil veinte, la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, Veracruz, confirmó el auto de trece de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 200-204 Tomo I de pruebas) misma resolución que fue notificada por lista de acuerdos el propio treinta de noviembre de dos mil veinte (foja 204 vuelta Tomo I de pruebas). h). El dos de marzo de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en los autos del expediente ordinario civil 926/217, en la que se condenó a la demandada Esthela Monroy a desocupar y entregar el bien inmueble ubicado en la casa habitación marcada con el número oficial novecientos setenta y cuatro de la Avenida Río Medio, construida sobre el lote dieciocho "A" de la manzana cuarenta y dos "A" de la Primera Etapa del Fraccionamiento Río Medio, ubicado en el Municipio de Veracruz, dentro del término de cinco días contados al día siguiente al en que cause ejecutoria dicha resolución, y en caso de no hacerlo así, se usará la fuerza pública (fojas 250-252 Tomo I de pruebas) misma sentencia que causó estado el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno (foja 253 Tomo I de pruebas). i).- Mediante auto de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, en el que con fundamento en el artículo 341 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se abrió la sección de ejecución relativa al expediente 926/217 Juicio Ordinario Civil promovido por Agripino Aguilar López y Consuelito Aguilar Montero en contra de Esthela Monroy demandando la desocupación del bien inmueble y demás prestaciones, por lo que en cumplimiento a los resolutivos segundo y tercero de la sentencia emitida el dos de marzo de dos mil veintiuno, se ordenó requerir de manera personal a la demandada Esthela Monroy la desocupación y entrega del inmueble ubicado en la casa habitación marcada con el número oficial novecientos setenta y cuatro de la Avenida Río Medio, construida sobre el lote dieciocho "A" de la Primera Etapa del Fraccionamiento Río Medio, ubicado en el Municipio de Veracruz, en un término de cinco días hábiles, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así, se hará uso de la fuerza pública, con fundamento en lo que dispone el artículo 53, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado (fojas 255-259 del Tomo I de pruebas) mismo que fue notificado el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno (acuerdo y notificación que constituyen los actos reclamados). Hasta aquí los antecedentes que informan el presente asunto. SUBSUNCIÓN Como se observa de los antecedentes, el acto reclamado en este asunto lo constituye el proveído de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, dictado en los autos del juicio ordinario civil 926/2017 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado con residencia en Veracruz, Veracruz. Asimismo, se advierte que en dicho acuerdo la juez responsable con fundamento en el artículo 341 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, abrió la sección de ejecución relativa al expediente 926/217 Juicio Ordinario Civil promovido por Agripino Aguilar López y Consuelito Aguilar Montero en contra de Esthela Monroy demandando la desocupación del bien inmueble y demás prestaciones, por lo que en cumplimiento a los resolutivos segundo y tercero de la sentencia emitida el dos de marzo de dos mil veintiuno, ordenó requerir de manera personal a la demandada Esthela Monroy la desocupación y entrega del inmueble ubicado en la casa habitación marcada con el número oficial novecientos setenta y cuatro de la Avenida Río Medio, construida sobre el lote dieciocho "A" de la Primera Etapa del Fraccionamiento Río Medio, ubicado en el Municipio de Veracruz, en un término de cinco días hábiles, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así, se haría uso de la fuerza pública, con fundamento en lo que dispone el artículo 53, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado. En el caso concreto, se estima que el acuerdo reclamado es sólo una consecuencia directa de la resolución de fecha treinta de noviembre de dos mil veinte, emitida por la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, Veracruz, que confirmó el auto de trece de noviembre de dos mil diecinueve en el que se regularizó el procedimiento, para establecer que no ha lugar a darle la intervención a la señora BLANCA IDALIA CORTÉZ GARCÍA, por no ser parte en ese juicio, dejándose sin efectos los proveídos dictados como consecuencia de la intervención dada a la misma (fojas 200-204 Tomo I de pruebas) resolución que fue notificada por lista de acuerdos el propio treinta de noviembre de dos mil veinte (foja 204 vuelta Tomo I de pruebas) la cual se advierte que la parte quejosa no combatió a través del juicio de amparo, por ende, dicho acto debe estimarse consentido. Aunado a que, el acto enunciado sólo es una consecuencia directa de la sentencia dictada en el juicio natural el dos de marzo de dos mil veintiuno, en el que la ahora quejosa ya no es considerada como parte BLANCA IDALIA CORTÉZ GARCÍA entonces debe tenerse como derivado de otro consentido. Sobre todo, porque como se observa del contenido del acuerdo reclamado, se ordenó a abrir la sección de ejecución y requerir a la parte demandada Esthela Monroy la desocupación y entrega del inmueble citado. Por tanto, si el acto reclamado lo constituye el acuerdo de fecha proveído de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, dictado por la juez responsable, en los autos del juicio ordinario civil 926/2017 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia con residencia en Veracruz, en el que se ordenó a abrir la sección de ejecución y requerir a la parte demandada Esthela Monroy la desocupación y entrega del inmueble citado, en cumplimiento a la sentencia dictada el dos de marzo de dos mil veintiuno, en el juicio en el que la ahora quejosa BLANCA IDALIA CORTÉZ GARCÍA ya no es considerada como parte, en virtud de la resolución de fecha treinta de noviembre de dos mil veinte, emitida por la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, Veracruz, que confirmó el auto de trece de noviembre de dos mil diecinueve en el que se regularizó el procedimiento para tal efecto. Luego, es inconcuso que el acuerdo reclamado es una consecuencia lógica, natural y necesaria de aquélla que se reputó consentida (resolución de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa) de ahí que el acuerdo de mérito es un acto derivado de otro consentido, lo que configura el motivo de improcedencia que se analiza. Además no se advierte que el auto impugnado en esta vía constitucional se le combatan vicios propios. Sin que el anterior pronunciamiento implique la inobservancia del principio contenido en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a la protección más amplia de la persona, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, ya que ese control opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto. Sirve de apoyo a la anterior, consideración, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." En las relatadas condiciones, al operar la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, procede sobreseer en el presente juicio de amparo en relación con el acto reclamado a estudio. Por otra parte, por lo que hace al diverso acto reclamado consistente en la ilegal notificación auto de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, realizada el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno se concreta el motivo de improcedencia que contempla el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, de la Ley de Amparo, en razón de que la quejosa no señaló como autoridad responsable, a aquélla que practicó la notificación que aquí viene reclamando, como a continuación se verá. MARCO LEGAL Los aludidos artículos disponen. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;." Hasta aquí el marco legal. SUBSUNCIÓN En el caso, la parte quejosa señaló como acto reclamado destacado, la ilegal notificación del aludido auto de veintitrés de abril de dos mi veintiuno, practicada el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, en los autos del juicio ordinario civil 926/2017 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia con residencia en Veracruz. Luego, del análisis integral de la demanda de amparo y de las constancias del juicio de origen, se constata que la notificación que se reclama fue efectuada el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, por Julieta del Carmen Torres Ramírez, Actuaria Judicial adscrita a la Central de Actuarios del XVII Distrito Judicial de Veracruz (fojas 257-258 Tomo I de pruebas). Sin embargo, la solicitante de amparo fue omisa en señalar como autoridad responsable ejecutora a la funcionaria mencionada, dado que fue esta quien realizó la diligencia mencionada, por lo que en términos del artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, le asistía ese carácter. Apoya lo expresado, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se lee: "ACTUARIO, HIPÓTESIS EN QUE DEBE SER SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE. De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Amparo, el actuario tiene la calidad de autoridad responsable, por lo que si en el amparo indirecto, el quejoso se ostenta como extraño al juicio, y le atribuye omisiones o irregularidades respecto al emplazamiento, debe señalarse a ese funcionario como autoridad responsable, toda vez que el mismo está obligado a cumplir cabalmente con los lineamientos legales que regulan tal acto; consecuentemente es el directamente encargado de defender la legalidad de su actuación, puesto que es el que conoce los pormenores de la misma, que lleva a cabo bajo su estricta responsabilidad, ello, con independencia de que el titular del Tribunal que igualmente puede tener el carácter de autoridad responsable, cumpla con su deber de revisar de oficio el actuar de su subalterno." En efecto, la quejosa omitió señalarla como autoridad responsable, pese a que en auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno se le requirió para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo respecto a la autoridad Julieta del Carmen Torres Ramírez, Actuaria Judicial adscrita a la Central de Actuarios del XVII Distrito Judicial de Veracruz, al advertirse su participación incide en el acto reclamado, pues resulta ser la autoridad que efectuó el emplazamiento el nueve de mayo de dos mil dieciocho (foja 121). Auto que se notificó por lista de acuerdos a la quejosa el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno (foja 122 vuelta) sin que ésta hiciera manifestación alguna, según lo certificó el secretario de este juzgado (foja 129). Lo anterior tuvo por consecuencia que, por auto de cinco de enero del año en curso, se hiciera efectivo el apercibimiento decretado por lo que se ordenó continuar el presente juicio únicamente en los términos planteados desde su inicio (foja 129). De igual forma, resulta importante precisar que auto de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, se dio vista a la quejosa por el plazo de ocho días, contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos su notificación, con el contenido de los informes justificados rendidos por el 1. Juez Cuarto de Primera Instancia del Decimoséptimo Distrito Judicial y 2. Secretaria de Acuerdos adscrita a dicho Juzgado, con residencia en Veracruz, Veracruz, así como con las constancias que ambos enviaron como anexo (fojas 41-44). Sin que la solicitante del amparo haya desahogado esa vista, de modo que el presente asunto debe resolverse únicamente respecto a los actos atribuidos al 1. Juez Cuarto de Primera Instancia del Decimoséptimo Distrito Judicial y 2. Secretaria de Acuerdos adscrita a dicho Juzgado, con residencia en Veracruz, Veracruz. Por ende, ante la omisión por parte de la quejosa en señalar como autoridad responsable a Julieta del Carmen Torres Ramírez, Actuaria Judicial adscrita a la Central de Actuarios del XVII Distrito Judicial de Veracruz, no es factible examinar la regularidad o no de la diligencia de notificación reclamada, puesto que la autoridad que lo efectuó, no fue llamada ni oída en juicio; motivo por el que, como se anticipó, sobreviene el motivo de improcedencia analizado. Lo anterior es así, dado que en los casos en que, como el que se analiza, cuando la quejosa se ostenta tercero extraño al juicio natural y reclama lo actuado en él, precisamente por falta o defecto de su emplazamiento al propio juicio, debe necesariamente, al margen de que se señalen autoridades ordenadoras, indicar como autoridad responsable al funcionario que llevó a cabo la diligencia en que se contiene tal emplazamiento, en la especie, a Julieta del Carmen Torres Ramírez, Actuaria Judicial adscrita a la Central de Actuarios del XVII Distrito Judicial de Veracruz, que fue quien realizó la notificación combatida, a fin de llamarla a la controversia constitucional, oírla y estar en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la citada diligencia, pues es a ella a quien directamente le corresponde defender la legalidad de su actuación, al conocer los pormenores de la misma. Sirve de puntual respaldo a esa conclusión, la jurisprudencia VII.A.T. J/6 del entonces Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, que dice: "SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTIAS CUANDO SE RECLAMA EL EMPLAZAMIENTO Y NO SE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL ACTUARIO QUE LO PRACTICO. Dado que el actuario es autoridad responsable en el amparo promovido contra el emplazamiento, si no se señala a éste como autoridad, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oído, motivo por el que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, relacionada con las jurisprudencias de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que bajo los números 22 y 108 y epígrafes: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO" y "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS", son visibles en las páginas quince y sesenta y nueve del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos noventa y cinco, lo que obliga a sobreseer el juicio con apoyo en la fracción III del numeral 74 del mismo ordenamiento legal." CONCLUSIÓN En esas circunstancias, si es a Julieta del Carmen Torres Ramírez, Actuaria Judicial adscrita a la Central de Actuarios del XVII Distrito Judicial de Veracruz, a quien le correspondía sostener la legalidad de la actuación reclamada, esto es, la notificación de treinta y uno de mayo del acuerdo de fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, al no habérsele señalado como autoridad responsable, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la III del diverso numeral 108, así como el 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo. Sirve de respaldo a lo anterior, en lo conducente, la tesis 2a. CLXIV/98 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que se lee: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." Así, al decretarse el sobreseimiento en el asunto, no se estudiarán los conceptos de violación de la parte quejosa. Lo aquí decidido en modo alguno trasciende a la idoneidad y eficacia del juicio de amparo, pues el acceso de todo gobernado a un recurso efectivo no implica que se le libere de cumplir con los requisitos cuya procedencia normativamente regulada impone, ni que en todo caso deba emitirse un pronunciamiento formal sobre la litis. Ello es así porque en la resolución de los juicios para la protección de derechos fundamentales, deben tenerse presentes las particularidades que se implican en la emisión de la sentencias respectivas; esto es, el acatamiento de todas las reglas que definen y delimitan el hacer y modo de actuar de los tribunales federales al ejercer sus funciones propias, de modo que so pretexto de un nuevo paradigma en la protección de los derechos humanos, el órgano de control no puede separarse de su propio ámbito de competencia, pues sólo dentro de éstas es que puede ejercer el control de legalidad, constitucionalidad y de convencionalidad que le corresponde; siempre que sea viable el instar del gobernado conforme a la normatividad aplicable. Al respecto, son aplicables, en lo conducente, los criterios de rubros: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO." y, "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." Esto es, en términos del artículo 1º constitucional, los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación para efectuar el control de los actos de autoridad que constitucional y legalmente les corresponde en la instancia respectiva, y a través de esa función tutelar en su máxima expresión los derechos humanos, sólo pueden actuar en el ámbito de sus propias competencias, por lo que no deben apartarse de la regulación propia que el derecho positivo interno (constitucional, legal y jurisprudencial) les impone y, desde ahí, a partir de una competencia reglada, ser operadores jurídicos vigorosos para darle eficacia a esa protección de los derechos fundamentales, pero siempre atendiendo a la forma y términos en que se ha dispuesto el despliegue de sus atribuciones. Luego, partiendo del ámbito de las competencias que corresponden a este juzgador federal, es que se analizó el sumario constitucional, en los términos que se han desarrollado, sin que con ello se pueda atribuir infracción alguna al derecho de acceso a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. QUINTO. Supresión de datos sensibles. En otro asunto no realizaron manifestación alguna, dentro del término concedido, en relación con su oposición para que se publiquen o den a conocer sus datos personales; en consecuencia, acorde con lo establecido en los artículos 23, 24, fracción VI; 73, fracciones II y V; 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, la presente sentencia se pondrá a disposición del público en la versión respectiva con supresión de tales datos, de conformidad con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley mencionada en segundo término. Por lo expuesto y con fundamento además en el arábigo 74, fracción VI, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se; RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por BLANCA IDALIA CORTÉZ GARCÍA respecto de los actos precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo a lo señalado en el considerando quinto de esta resolución. Notifíquese en términos de Ley..."

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que el nueve de febrero de la presente anualidad, feneció el plazo de quince días concedido a la parte quejosa para que ampliara su demanda de amparo, esto es, que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo respecto de una nueva autoridad: Magistrados que integran la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de siete de enero de dos mil veintidós, por lo que el presente asunto se continuará únicamente en relación a los términos planteados en el escrito inicial de demanda. Notifíquese en términos de ley.

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