Blanca Graciela Lara Torres
Expediente 1821/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1821/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/12/2016
Partes del expediente
- Blanca Graciela Lara Torres
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis; en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 286 y 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicho auto en el cual se declaró el sobreseimiento en el juicio de amparo, ha causado estado para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE] y archívese el presente asunto como concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia; en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, por conducto del Secretario General de Acuerdos, así como por el Jefe de Actuarios adscrito a dicho tribunal, para los efectos legales a que haya lugar. En diverso aspecto, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que la quejosa Blanca Graciela Lara Torres, ocurre ante esta instancia de control constitucional a reclamar de las autoridades señaladas como responsables: Autoridades responsables: Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. Actuario adscrito al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. Actos reclamados, el análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que estos son: La omisión de acordar su escrito inicial de demanda laboral, dentro del juicio de origen D-470/2015, así como la falta de señalar fecha para el desahogo de la audiencia de ley. Ahora bien, del informe justificado rendido en esta fecha, se desprende que las autoridades responsables señalan que los actos reclamados por la parte quejosa no son ciertos, en virtud de que por auto de once de noviembre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda laboral promovida, así como se ordenó el emplazamiento de la parte demanda, para lo cual remitieron copia certificada del auto de once de noviembre de dos mil dieciséis dictado dentro del expediente laboral D-470/2015, las cuales adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto de los actos reclamados al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, así como Actuario adscrito al citado tribunal, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la quejosa en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que Blanca Graciela Lara Torres acude a esta instancia constitucional a inconformarse en contra de la omisión del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla y Actuario de su adscripción de acordar su escrito inicial de demanda laboral. Así, de las constancias remitidas por la responsable a las cuales se otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el once de noviembre de dos mil dieciséis, el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla dictó un acuerdo en el que admitió a trámite la demanda laboral promovida, así como ordenó el emplazamiento de la parte demandada. En las referidas circunstancia, la autoridad responsable, al haber dictado el auto de once de noviembre de dos mil dieciséis dentro del juicio laboral D-470/2015, en el que admitió la demanda laboral promovida por el aquí quejosa, y cuya omisión se reclama, es dable concluir que cesaron los efectos del retardo de los que se duele el peticionario de amparo, toda vez que los efectos de dicho retardo desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Se expone lo anterior, porque si la pretensión de la quejosa al ejercer la acción constitucional era que la autoridad responsable acordara su escrito inicial de demanda laboral, aquélla se vio satisfecha en la medida en que el once de noviembre de dos mil dieciséis, la responsable emitió el acuerdo correspondiente y admitió a trámite la citada demanda. En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 íbidem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de los actos que Blanca Graciela Lara Torres reclamó del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla y actuario de su adscripción. Además, se estima que dichos actos no afectan derechos sustantivos de la parte quejosa, como lo exige el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que, en la especie, de reclamarse el auto de once de noviembre de dos mil dieciséis, o la omisión de emplazar y señalar fecha para el desahogo de la audiencia de ley, los mismos solamente recaerían en derechos adjetivos susceptibles de ser subsanados con posterioridad, pues tal omisión (de emplazar a la parte demandada) no tienen la naturaleza de irreparabilidad indispensable para la procedencia de este sumario de amparo, constituyendo meras violaciones de carácter adjetivo. Lo anterior, pues debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que, en todo caso, deberá acreditar una paralización total del mismo para que, en vía indirecta, sea reclamada la violación a algún derecho sustantivo. En tales condiciones, se deja sin efecto las nueve horas con diecisiete minutos del dos de diciembre de dos mil dieciséis, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. Además, si bien es cierto la omisión reclamada continúa, pues no existe constancia de que ya se haya emplazado a la parte demandada al juicio natural y, como consecuencia, que tampoco pueda señalarse fecha para el desahogo de la audiencia de ley, lo cierto es que, con el dictado del auto de once de noviembre de dos mil dieciséis, el tribunal responsable ordenó la admisión de la demanda inicial y ordenó el emplazamiento de la parte demandada y, con ello, el expediente respectivo dejó de estar paralizado; además, el suscrito se encuentra impedido para estudiar la legalidad de ese auto, pues al realizarlo estudiaría un acto que no fue reclamado, lo que rompería los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo; en efecto, el criterio de que las omisiones y dilaciones en el trámite de un juicio laboral deben estudiarse aun tratándose de las subsecuentes a las reclamadas.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, por conducto del Secretario General de Acuerdos, así como por el Jefe de Actuarios adscrito a dicho tribunal, para los efectos legales a que haya lugar. En diverso aspecto, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que la quejosa Blanca Graciela Lara Torres, ocurre ante esta instancia de control constitucional a reclamar de las autoridades señaladas como responsables: Autoridades responsables: Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. Actuario adscrito al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. Actos reclamados, el análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que estos son: La omisión de acordar su escrito inicial de demanda laboral, dentro del juicio de origen D-470/2015, así como la falta de señalar fecha para el desahogo de la audiencia de ley. Ahora bien, del informe justificado rendido en esta fecha, se desprende que las autoridades responsables señalan que los actos reclamados por la parte quejosa no son ciertos, en virtud de que por auto de once de noviembre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda laboral promovida, así como se ordenó el emplazamiento de la parte demanda, para lo cual remitieron copia certificada del auto de once de noviembre de dos mil dieciséis dictado dentro del expediente laboral D-470/2015, las cuales adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto de los actos reclamados al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, así como Actuario adscrito al citado tribunal, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la quejosa en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que Blanca Graciela Lara Torres acude a esta instancia constitucional a inconformarse en contra de la omisión del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla y Actuario de su adscripción de acordar su escrito inicial de demanda laboral. Así, de las constancias remitidas por la responsable a las cuales se otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el once de noviembre de dos mil dieciséis, el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla dictó un acuerdo en el que admitió a trámite la demanda laboral promovida, así como ordenó el emplazamiento de la parte demandada. En las referidas circunstancia, la autoridad responsable, al haber dictado el auto de once de noviembre de dos mil dieciséis dentro del juicio laboral D-470/2015, en el que admitió la demanda laboral promovida por el aquí quejosa, y cuya omisión se reclama, es dable concluir que cesaron los efectos del retardo de los que se duele el peticionario de amparo, toda vez que los efectos de dicho retardo desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Se expone lo anterior, porque si la pretensión de la quejosa al ejercer la acción constitucional era que la autoridad responsable acordara su escrito inicial de demanda laboral, aquélla se vio satisfecha en la medida en que el once de noviembre de dos mil dieciséis, la responsable emitió el acuerdo correspondiente y admitió a trámite la citada demanda. En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 íbidem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de los actos que Blanca Graciela Lara Torres reclamó del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla y actuario de su adscripción. Además, se estima que dichos actos no afectan derechos sustantivos de la parte quejosa, como lo exige el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que, en la especie, de reclamarse el auto de once de noviembre de dos mil dieciséis, o la omisión de emplazar y señalar fecha para el desahogo de la audiencia de ley, los mismos solamente recaerían en derechos adjetivos susceptibles de ser subsanados con posterioridad, pues tal omisión (de emplazar a la parte demandada) no tienen la naturaleza de irreparabilidad indispensable para la procedencia de este sumario de amparo, constituyendo meras violaciones de carácter adjetivo. Lo anterior, pues debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que, en todo caso, deberá acreditar una paralización total del mismo para que, en vía indirecta, sea reclamada la violación a algún derecho sustantivo. En tales condiciones, se deja sin efecto las nueve horas con diecisiete minutos del dos de diciembre de dos mil dieciséis, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. Además, si bien es cierto la omisión reclamada continúa, pues no existe constancia de que ya se haya emplazado a la parte demandada al juicio natural y, como consecuencia, que tampoco pueda señalarse fecha para el desahogo de la audiencia de ley, lo cierto es que, con el dictado del auto de once de noviembre de dos mil dieciséis, el tribunal responsable ordenó la admisión de la demanda inicial y ordenó el emplazamiento de la parte demandada y, con ello, el expediente respectivo dejó de estar paralizado; además, el suscrito se encuentra impedido para estudiar la legalidad de ese auto, pues al realizarlo estudiaría un acto que no fue reclamado, lo que rompería los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo; en efecto, el criterio de que las omisiones y dilaciones en el trámite de un juicio laboral deben estudiarse aun tratándose de las subsecuentes a las reclamadas.
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