Blanca Georgina Garcia Zarate y Otros.

Expediente 240/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
240/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
09/05/2022

Partes del expediente

  • Blanca Georgina Garcia Zarate y Otros.
  • Paula Irma Garcia Zarate y Otros.
  • Blanca Georgina Garcia Zarate
  • Encargada del despacho de la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Oaxaca y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de mayo de dos mil veintidós. Agréguese el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, al que anexa los autos originales del juicio de amparo número 240/2021, y testimonio de la ejecutoria de veintinueve de abril de dos mil veintidós, dictada por ese Tribunal en el amparo en revisión 272/2021. En consecuencia, acúsese recibo; glósese el cuaderno de antecedentes formado con el envío del referido expediente; háganse las anotaciones sobre el regreso de los autos en el libro de gobierno de este Juzgado; y desprendiéndose del testimonio remitido, que la superioridad confirmó la sentencia recurrida, en la que se negó el amparo y protección de la justicia Federal a Blanca Georgina García Zárate y Paula Irma García Zárate; hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 18, fracción I, inciso b) (juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado, por lo que es susceptible de depuración. b) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los noventa días siguientes se deberá depurar este expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga la autoridad de cosa juzgada. c) Terminado el proceso de depuración, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase al Secretario haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, que suscribe el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en esta población, mediante el cual informa que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto en el juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno de antecedentes, registrándolo con el número A.R. 272/2021; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, suscrito por las quejosas BLANCA GEORGINA GARCÍA ZÁRATE y PAULA IRMA GARCÍA ZÁRATE; visto su contenido, y para los efectos del recurso de revisión que hace valer en contra de la sentencia dictada en autos; con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 y 89 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos una copia del escrito de expresión de agravios, distribúyase entre las demás partes una copia de los mismos, y una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, remítase el original y copia de éstos, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa en Turno, del Décimo Tercer Circuito, con residencia en esta localidad, para la substanciación del recurso. Fórmese cuaderno de antecedentes, a partir de este auto, no así con anteriores actuaciones, en virtud de que éstas pueden ser consultadas en el expediente electrónico. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE TERCERA INTERESADA.

  4. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 240/2021; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. BLANCA GEORGINA GARCÍA ZÁRATE y PAULA IRMA GARCÍA ZÁRATE, por su propio derecho, mediante escrito presentado el once de marzo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta localidad, y que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados al magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 21, con sede en la ciudad de Oaxaca, y del encargado del despacho de la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado, consistentes en por cuanto hace al magistrado en el auto de diez de febrero de dos mil veintiuno, que decretó medida precautoria en su contra, dentro del juicio agrario 453/2020, y del encargado de la delegación, en la orden de inspección número PFPA/26.3/2C.27.2/0093-20, de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, así como el acta de inspección practicada el uno de diciembre siguiente; actos que estiman violatorios de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 27 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de doce de marzo de dos mil veintiuno, al advertirse la existencia de actos derivados de diversos expedientes, de oficio se decretó la separación de juicios, a efecto de que el presente conociera de los relacionados con el juicio agrario 453/2020, ordenando remitir copia certificada de la demanda de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta población para que lo turnara al órgano jurisdiccional correspondiente. Por otra parte, en el referido auto, este juzgado admitió la demanda de amparo, solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, posteriormente se ordenó emplazar a la parte tercera interesada, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º., 6º., 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, reformado mediante Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como a la apreciación de las pruebas para tenerlos o no por demostrados. Lo anterior, con apoyo en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada número VI/2004, aprobada en sesión privada de veinticinco de marzo del dos mil cuatro, del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Así, del análisis integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: El acuerdo de diez de febrero de dos mil veintiuno, por el cual se decreta medida precautoria en contra de las quejosas respecto del inmueble materia de litigio en el juicio agrario 453/2020. TERCERO. El magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintiuno, con sede en la ciudad de Oaxaca, al rendir su informe justificado, convino en la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con las constancias remitidas al efecto, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al 2º numeral de este último ordenamiento legal. CUARTO. De las constancias remitidas por el magistrado responsable, se advierten los siguientes antecedentes del acto reclamado: El comisariado de Bienes Comunales del núcleo agrario de San Felipe del Agua, mediante escrito presentado ante la responsable el veintiocho de octubre de dos mil veinte, demandó de las hoy quejosas, entre otras prestaciones, la desocupación y entrega en vía de restitución de 11-12-21-577 hectáreas, aduciendo en esencia, que en el mes de marzo de dos mil veinte, en el paraje "El Pedregal", las demandadas se encontraban realizando tumba o corte de vegetación propia del lugar, solicitando como medida precautoria, que no cercaran el área reclamada, así como para que no siguieran derribando o cortando árboles. Mediante acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veinte, el magistrado responsable radicó la demanda con el número 453/2020, ordenó emplazar a las demandadas, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia a que se refiere el artículo 185 de la Ley Agraria. Por escrito presentado ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintiuno, la parte actora solicitó al magistrado responsable proveyera lo relativo a la medida cautelar solicitada, toda vez que en el auto admisorio no lo hizo, anexando copia certificada del acta de inspección número PFPA/26.3/2C.27.2/0093-20. A dicha petición recayó el acuerdo de diez de febrero de dos mil veintiuno, en el cual, la responsable concedió la medida precautoria solicitada, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, así como para que las demandadas se abstuvieran de realizar cualquier tipo de actividad en el terreno en litigio, ya sea material, realizando construcciones o excavación, cercarlo o lotificarlo, de igual forma, para que se abstuvieran de derribar o talar árboles y vegetación propia del lugar, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto. Siendo tal determinación, el acto reclamado en la presente instancia constitucional. Ahora, la parte quejosa refiere que tal proveído es violatorio de sus derechos fundamentales de audiencia y legalidad, previstos en los artículos 14 y 16, en razón de que en la audiencia de once de enero de dos mil veintiuno, la parte actora asistió asesorada, y ella no, no obstante ello, en el inter de la nueva fecha, a sabiendas de que no contaba con asesor legal, decretó la medida cautelar solicitada, dando por probado el hecho contenido en el acta de inspección, de la cual no se les dio vista. Es infundado dicho concepto de violación. Ello es así, pues los artículos 166 y 167 de la Ley Agraria, disponen: "Artículo 166.- Los tribunales agrarios proveerán las diligencias precautorias necesarias para proteger a los interesados. Asimismo, podrán acordar la suspensión del acto de autoridad en materia agraria que pudiere afectarlos en tanto se resuelve en definitiva. La suspensión se regulará aplicando en lo conducente lo dispuesto en el Libro Primero, Título Segundo, Capítulo III de la Ley de Amparo. En la aplicación de las disposiciones de ese ordenamiento para efectos de la suspensión del acto de autoridad en materia agraria, los tribunales agrarios considerarán las condiciones socioeconómicas de los interesados para el establecimiento de la garantía inherente a la reparación del daño e indemnización que pudiere causarse con la suspensión, si la sentencia no fuere favorable para el quejoso." "Artículo 167.- El Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria, cuando no exista disposición expresa en esta ley, en lo que fuere indispensable para completar las disposiciones de este Título y que no se opongan directa o indirectamente." Como puede advertirse, el precepto 166 antes transcrito contempla dos supuestos jurídicos diferentes; el primero referente a las diligencias precautorias, solicitadas por la actuación de un particular, y su tramitación es conforme al Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al segundo precepto transcrito; el segundo supuesto se refiere a la suspensión de los actos de autoridad en materia agraria, que como ahí se precisa, su actuar deriva de la conducta de una autoridad, y su regulación será conforme a la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 449, Tomo XXIX, Marzo de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "MEDIDAS CAUTELARES. LAS PREVISTAS EN EL PRIMER PÁRRAFO, PRIMERA PARTE, DEL ARTÍCULO 166 DE LA LEY AGRARIA, SE RIGEN POR EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 74/2005, de rubro: "AGRARIO. SI LOS EJIDATARIOS DEMANDAN AL EJIDO Y SOLICITAN EL EMBARGO PRECAUTORIO DE BIENES, EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO PUEDE ORDENAR DICHA MEDIDA CAUTELAR Y, EN SU CASO, FIJAR LA GARANTÍA CONFORME A LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DE LOS ACTORES.", sostuvo que el Tribunal Agrario debe fijar el monto de la garantía para otorgar una medida cautelar, considerando las condiciones socioeconómicas de los solicitantes, de manera similar a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 166 de la Ley Agraria, para las garantías requeridas con motivo de la suspensión de actos de autoridad. Empero, lo anterior no significa que las disposiciones que el Libro Primero, Título Segundo, Capítulo III, de la Ley de Amparo establece para la suspensión, deban aplicarse para determinar la procedencia y términos de las medidas cautelares solicitadas en un juicio agrario, pues éstas proceden en caso de que lo demandado derive de actos de particulares; de ahí que al no regular la Ley Agraria tales medidas, conforme a su artículo 167 es necesario acudir supletoriamente al Código Federal de Procedimientos Civiles." Ahora, la finalidad de la medida precautoria consisten en conservar la materia del litigio, así como evitar un grave e irreparable daño a las partes o a la sociedad con motivo de la tramitación del procedimiento agrario, protegiendo con ello, la propiedad de éstos sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas y el aprovechamiento de las mismas, así como de sus bosques y aguas, necesarios para elevar el nivel de vida de sus pobladores. Así, la trascendencia de la situación de hecho existente y la afectación del derecho discutido serán lo que determine la pertinencia de conceder o negar la medida, y en tal sentido, la información proporcionada al juzgador resulta esencial; considerar lo contrario, significaría que la mera solicitud de las medidas de aseguramiento entrañara su concesión, desnaturalizándose con ello el loable propósito a que sirven tales providencias cautelares, y la idoneidad de la medida para lograr la finalidad de hacer efectiva la sentencia que, en su caso, resuelva favorablemente la pretensión del solicitante. En el caso, el magistrado responsable para determinar procedente la medida cautelar solicitada, tomó en consideración la copia certificada de la inspección realizada por el personal de la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de la que advirtió se ha realizado tala de árboles e instalación de postes de concreto en el terreno en litigio, con la presunta finalidad de fraccionarlo, arribando a la conclusión de que existe un cambio de suelo en terrenos forestales. Ahora, contrario a lo alegado por las quejosas, la medida cautelar concedida por el magistrado responsable, no debió decretarse mediante audiencia, como tampoco tenía que darles vista con la diligencia de inspección realizada el uno de diciembre de dos mil veinte, pues el artículo 384 del Código Federal de Procedimientos Civiles dispone: "Artículo 384. Ante de iniciarse el juicio, o durante su desarrollo, pueden decretarse todas las medidas necesarias para mantener la situación de hecho existente. Estas medidas se decretaran sin audiencia de la contraparte, y no admitirán recurso alguno. La resolución que niegue la medida es apelable." Del referido precepto se advierte que para decretar una medida cautelar, no se requiere audiencia previa de la contraparte, lo que se estima así, debido a la finalidad que persigue la misma, la cual es evitar cambios que perjudiquen la acción ejercida. Conforme a ello, y por imperativo legal, el magistrado no se encontraba obligado a dar vista a las hoy quejosas con el acta de inspección PFPA/26.3/2C.27.2/0093-20, previo a proveer respecto a la medida cautelar solicitada. De igual forma, no es violatoria de derechos fundamentales la determinación reclamada, por el hecho de referir la parte quejosa que en la audiencia de once de enero de dos mil veintiuno no acudió asesorada por un abogado, pues como ya se dijo, la misma se dictó fuera de audiencia, por tanto, el hecho de contar o no con asistencia jurídica no torna ilegal el auto hoy impugnado. Por otra parte, si bien es cierto los hechos referidos por los actores en su demanda acontecieron en el mes de marzo de dos mil veinte, siendo que la diligencia de inspección en el inmueble en litigio tuvo lugar el uno de diciembre siguiente, cierto lo es también, que dicha circunstancia no torna ilegal el acto reclamado. Ello es así, pues mediante escrito presentado por el Comisariado actor en el juicio de origen, el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, ante el magistrado responsable, pidió se pronunciara respecto a la medida precautoria solicitada, y a efecto de que le fuera obsequiada, exhibió copia certificada de la referida diligencia. Conforme a ello, se tiene que la diligencia fue exhibida con la finalidad de corroborar lo expuesto en la demanda de origen, esto es, que en el mes de marzo de dos mil veinte, se llevaron a cabo trabajos dentro del inmueble materia de litigio en el juicio agrario 453/2020, por tanto, el hecho de haberse tomado en cuenta para la emisión del acto hoy reclamado, no resulta violatorio de los derechos fundamentales de la parte quejosa, pues los hechos motivo del juicio, fueron precisados al momento de instaurar el mismo. Así, el objeto de la referida diligencia fue la de constatar que en el mes de marzo se efectuaron trabajos dentro del predio materia de controversia en el juicio de origen, no así, que en esa data se estaban realizando, por lo que se reitera, el hecho de haber tomado en consideración el magistrado responsable la misma para la emisión del acto reclamado, no vuelve ilegal su conclusión, por el contrario, se allegó de dicha documental para justificar la emisión de la medida precautoria, lo que da certeza jurídica a su decisión, y por ende, apegada a derecho. Ante esas circunstancias, y al ser infundados los conceptos de violación hecho valer por BLANCA GEORGINA GARCÍA ZÁRATE y PAULA IRMA GARCÍA ZÁRATE, y no existir suplencia de la deficiencia de la queja que hacer valer, se niega el amparo y protección que de la Justicia Federal pide, respecto del acto reclamado al magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintiuno, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, consistente en el auto de diez de febrero de dos mil veintiuno, dictado en el juicio agrario 453/2020, que decretó la medida precautoria solicitada por la parte actora. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a BLANCA GEORGINA GARCÍA ZÁRATE y PAULA IRMA GARCÍA ZÁRATE, respecto del acto reclamado al magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintiuno, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, consistente en el auto de diez de febrero de dos mil veintiuno, dictado en el juicio agrario 453/2020, que decretó la medida precautoria solicitada por la parte actora, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.

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