Blanca García Olvera
Expediente 524/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 15 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 524/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 07/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Blanca García Olvera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Mexicali, Baja California, a siete de septiembre de dos mil veintidós. Por consentida Vista la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no se inconformó en contra del proveído de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, mediante el cual este Juzgado declaró cumplida la sentencia de amparo pronunciada en el presente asunto; en consecuencia, en términos de los artículos 201 y 202, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene por CONSENTIDA la determinación aludida. Devolución constancias a parte quejosa Por tanto, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo no mayor a noventa días, recoja los documentos que fueron exhibidos en el presente juicio, y en caso de no hacerlo en el plazo señalado, podrán ser destruidos de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Calificación del expediente judicial ... Notifíquese y personalmente parte quejosa .
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS PUBLICADA EN LOS ESTRADOS DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO, EN LUGAR DE FÁCIL ACCESO A LOS ESTRADOS DEL EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DE ESTA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, Y EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Mexicali, Baja California, a veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, así como el estado actual de autos, del que se advierte que la parte quejosa no realizó manifestaciones en relación con la vista que se le dio por auto de siete de abril de dos mil veintidós, respecto al cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente juicio; en consecuencia, se procederá a determinar, si la cumplimentación de que se trata, se encuentra apegada a los lineamientos señalados en el testimonio de ejecutoria dictada en el toca 432/2021, por el Tribunal de Alzada, en la que confirmó la sentencia recurrida, que se recibió en auto de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 26/2000, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del Tomo XI, marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto, primeramente, procede establecer que en la ejecutoria antes precisada, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa Blanca García Olvera, para el efecto de que las autoridades responsables, procedieran de la siguiente manera: ".a) Otorguen respuesta congruente, completa, fundada y motivada a la solicitud que le formuló la parte quejosa, en su escrito de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, la cual puede ser en cualquier sentido, tomando en cuenta que el fin perseguido por el numeral 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el de que las autoridades aseguren una respuesta al gobernado, y no de que se acuerde favorablemente la petición relativa. 2) Notifique legalmente dicha respuesta, en el domicilio que se haya señalado para tal efecto. Lo anterior, dado que no basta que se haya emitido la determinación correspondiente, sino que es menester que le sea notificada a la parte quejosa para satisfacer tal garantía constitucional, porque lo mismo sería que no se haya dictado tal contestación, a que sí se haya dictado pero no se le haya comunicado a la parte quejosa, pues en ambos casos se le coloca en una situación de incertidumbre respecto a las determinaciones emitidas, en detrimento de la garantía individual en estudio." Por su parte, con escrito recibido en este órgano jurisdiccional el seis de abril de dos mil veintidós, el Delegado de las autoridades señaladas como responsables en el presente juicio, anexó el oficio dirigido a la parte quejosa, por medio del cual dio respuesta a su petición; asimismo, de dicho oficio se advierte la notificación realizada a la quejosa, por conducto de su autorizada. (Véase folio 3859). Ahora bien, en aras de armonizar lo anterior, cabe traer a contexto los lineamientos expuestos en la jurisprudencia PC.XV. J/6 A (11a.), decretada por el Pleno del Decimoquinto Circuito, en el que se determinó el criterio jurídico siguiente: "El Pleno del Decimoquinto Circuito establece que cuando se concede el amparo por violación al derecho de petición, vinculando a la autoridad a emitir una respuesta congruente y completa a una solicitud, la exigencia de congruencia se satisface con la emisión de argumentos coherentes entre sí y con lo solicitado, siempre que sea racional, mediante la exposición clara y directa de las razones de hecho y de derecho del porqué no es posible jurídicamente acceder a lo peticionado, siempre que no evidencie evasiva o renuencia a otorgar lo pedido, sin posibilidad de analizar la legalidad de lo expuesto en la respuesta, aun cuando con ello el peticionario no obtenga respuesta favorable, por ser esto último materia de otro medio de defensa, conforme lo dispone la jurisprudencia 2a./J. 1/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." Por tanto, ante lo manifestado por las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta localidad, dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo, tal como se colige del oficio STJD/153/2022, [véase anexo de folio 3859], máxime que, en este sentido el Pleno de este circuito, en la referida ejecutoria, expuso lo siguiente: "Si la protección constitucional se otorga para que la responsable dé una respuesta congruente y completa a una solicitud de pensión que le fue presentada, y al acatarla determina que ésta es improcedente porque resulta jurídicamente imposible remitir el expediente de solicitud de jubilación al resto de las áreas involucradas en su trámite, ante la falta de un requisito (en los casos a estudio, el comunicado por parte de la patronal en el que indique la propuesta para que se incorpore a la nómina de pensionados de este instituto y causa baja como trabajador en activo), el cual informa y sustenta jurídicamente, la respuesta es congruente con lo solicitado porque, por un lado, no contiene afirmaciones contradictorias entre sí y, por otro, es coherente con lo peticionado al dirigirse a la pretensión efectuada y, además, es racional, porque informa al peticionario qué es lo que falta para la continuación en el trámite, lo que sustenta, además, en disposiciones legales que estima aplicables, sin que pueda calificarse la legalidad de esto último según la jurisprudencia 2a./J. 1/2001 citada." Consecuentemente, acorde los lineamientos del fallo protector delimitados, así como lo sostenido por el Pleno del Decimoquinto Circuito, es procedente decretar por cumplida sin exceso, ni defecto la sentencia de amparo pronunciada en el presente expediente. Por lo anterior, en términos de lo establecido por los artículos 201 y 202, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, notifíquese a la parte quejosa el presente proveído, hágase de su conocimiento que cuentan con el término de quince días hábiles, contados a partir de la legal notificación de este acuerdo para expresar lo que a sus intereses convenga. Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado correspondiente al registro de Juicios de Amparo y notifíquese a las partes en el juicio la presente determinación. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa...
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, así como el estado actual de autos, del que se advierte que la parte quejosa no realizó manifestaciones en relación con la vista que se le dio por auto de siete de abril de dos mil veintidós, respecto al cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente juicio; en consecuencia, se procederá a determinar, si la cumplimentación de que se trata, se encuentra apegada a los lineamientos señalados en el testimonio de ejecutoria dictada en el toca 432/2021, por el Tribunal de Alzada, en la que confirmó la sentencia recurrida, que se recibió en auto de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 26/2000, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del Tomo XI, marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto, primeramente, procede establecer que en la ejecutoria antes precisada, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa Blanca García Olvera, para el efecto de que las autoridades responsables, procedieran de la siguiente manera: ".a) Otorguen respuesta congruente, completa, fundada y motivada a la solicitud que le formuló la parte quejosa, en su escrito de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, la cual puede ser en cualquier sentido, tomando en cuenta que el fin perseguido por el numeral 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el de que las autoridades aseguren una respuesta al gobernado, y no de que se acuerde favorablemente la petición relativa. 2) Notifique legalmente dicha respuesta, en el domicilio que se haya señalado para tal efecto. Lo anterior, dado que no basta que se haya emitido la determinación correspondiente, sino que es menester que le sea notificada a la parte quejosa para satisfacer tal garantía constitucional, porque lo mismo sería que no se haya dictado tal contestación, a que sí se haya dictado pero no se le haya comunicado a la parte quejosa, pues en ambos casos se le coloca en una situación de incertidumbre respecto a las determinaciones emitidas, en detrimento de la garantía individual en estudio." Por su parte, con escrito recibido en este órgano jurisdiccional el seis de abril de dos mil veintidós, el Delegado de las autoridades señaladas como responsables en el presente juicio, anexó el oficio dirigido a la parte quejosa, por medio del cual dio respuesta a su petición; asimismo, de dicho oficio se advierte la notificación realizada a la quejosa, por conducto de su autorizada. (Véase folio 3859). Ahora bien, en aras de armonizar lo anterior, cabe traer a contexto los lineamientos expuestos en la jurisprudencia PC.XV. J/6 A (11a.), decretada por el Pleno del Decimoquinto Circuito, en el que se determinó el criterio jurídico siguiente: "El Pleno del Decimoquinto Circuito establece que cuando se concede el amparo por violación al derecho de petición, vinculando a la autoridad a emitir una respuesta congruente y completa a una solicitud, la exigencia de congruencia se satisface con la emisión de argumentos coherentes entre sí y con lo solicitado, siempre que sea racional, mediante la exposición clara y directa de las razones de hecho y de derecho del porqué no es posible jurídicamente acceder a lo peticionado, siempre que no evidencie evasiva o renuencia a otorgar lo pedido, sin posibilidad de analizar la legalidad de lo expuesto en la respuesta, aun cuando con ello el peticionario no obtenga respuesta favorable, por ser esto último materia de otro medio de defensa, conforme lo dispone la jurisprudencia 2a./J. 1/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." Por tanto, ante lo manifestado por las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta localidad, dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo, tal como se colige del oficio STJD/153/2022, [véase anexo de folio 3859], máxime que, en este sentido el Pleno de este circuito, en la referida ejecutoria, expuso lo siguiente: "Si la protección constitucional se otorga para que la responsable dé una respuesta congruente y completa a una solicitud de pensión que le fue presentada, y al acatarla determina que ésta es improcedente porque resulta jurídicamente imposible remitir el expediente de solicitud de jubilación al resto de las áreas involucradas en su trámite, ante la falta de un requisito (en los casos a estudio, el comunicado por parte de la patronal en el que indique la propuesta para que se incorpore a la nómina de pensionados de este instituto y causa baja como trabajador en activo), el cual informa y sustenta jurídicamente, la respuesta es congruente con lo solicitado porque, por un lado, no contiene afirmaciones contradictorias entre sí y, por otro, es coherente con lo peticionado al dirigirse a la pretensión efectuada y, además, es racional, porque informa al peticionario qué es lo que falta para la continuación en el trámite, lo que sustenta, además, en disposiciones legales que estima aplicables, sin que pueda calificarse la legalidad de esto último según la jurisprudencia 2a./J. 1/2001 citada." Consecuentemente, acorde los lineamientos del fallo protector delimitados, así como lo sostenido por el Pleno del Decimoquinto Circuito, es procedente decretar por cumplida sin exceso, ni defecto la sentencia de amparo pronunciada en el presente expediente. Por lo anterior, en términos de lo establecido por los artículos 201 y 202, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, notifíquese a la parte quejosa el presente proveído, hágase de su conocimiento que cuentan con el término de quince días hábiles, contados a partir de la legal notificación de este acuerdo para expresar lo que a sus intereses convenga. Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado correspondiente al registro de Juicios de Amparo y notifíquese a las partes en el juicio la presente determinación. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa...
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Mexicali, Baja California, a siete de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, presentado vía tradicional por el delegado de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, a través del cual remite la resolución pronunciada el treinta de marzo del año en curso, en relación con la solicitud de pensión por jubilación presentada por *********, en cumplimiento al fallo protector. Vista cumplimiento parte quejosa En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, con el oficio de cuenta y anexos, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación que se le haga de este proveído, manifieste lo que a su interés convenga; bajo apercibimiento que de no hacerlo, este juzgado se pronunciará sobre el cumplimiento dado, en base a las constancias que existan en autos. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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