Blanca Flores Pluma
Expediente 330/2021 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 330/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Blanca Flores Pluma
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
se recibe Oficio 432/2021 signado por el Secretario de Acuerdos adscrito a la Tercera Ponencia de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, mediante el cual acusa recibo del diverso 873/2021 del índice de este tribunal colegiado.Al advertirse de autos que no existe trámite pendiente por realizar, archívese este asunto. Finalmente, tomando en consideración que este asunto no es de relevancia documental, se hace la declaratoria de que es susceptible de destrucción.
- Juicio de Amparo Directo
se tiene por recibido Oficio 318/2021-I, signado por la Secretaria del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Tlaxcala, Atento su contenido, se informa que mediante oficio 109/2021, en alcance del diverso 353/2020, suscrito por el Secretario de este tribunal, ordenó remitir un sobre cerrado mismo que contiene: el original del contrato de apertura de crédito en cuenta corriente tarjeta de negocios Bancomer a favor de SHR y JGSH, original del contrato de apertura de crédito en cuenta corriente con expedición de tarjetas de crédito celebrado entre la parte actora y demandado BBVA, Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero ** B*, así como el original del estado de cuenta certificado con cifras al dos de noviembre de dos mil dieciocho, por la contadora pública NAMC con registro del índice del Libro Auxiliar de documentos importantes de este órgano colegiado, bajo el número 21/2019, lo anterior para conocimiento del juzgado oficiante.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, y que con el mismo se dio vista a las partes quejoso y tercero interesado el veintiuno de abril de dos mil veintiuno,1 sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto. En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión ordinaria remota celebrada el nueve de julio de dos mil veinte, este Tribunal Colegiado determinó conceder la protección constitucional al IM del SS para los siguientes efectos: ". que la responsable proceda de la manera siguiente: 1. Deje insubsistente el laudo impugnado. 2. Ordene la reposición del procedimiento a partir de la audiencia de ocho de noviembre de dos mil dieciséis con el único fin de que provea sobre el desahogo del medio de perfeccionamiento de la investigación administrativa TLA-170- 2015, que obran en el paraprocesal P.P. 19/2015, consistente en la ratificación y reconocimiento de contenido y firma por parte de las personas que intervinieron únicamente en las documentales señaladas en los incisos a) b) y k); en el entendido de que deberán quedar subsistentes las actuaciones que no dependan de dicha violación procesal. 3. Hecho lo anterior, proceda conforme a las facultades establecidas en la Ley Federal del Trabajo." Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la propia autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que: 1. Mediante acuerdo de uno de octubre de dos mil veinte,2 la Junta responsable dejó insubsistente el laudo reclamado de veintitrés de abril de dos mil diecinueve. 2. En ese mismo auto, señaló fecha y hora para el desahogo de la diligencia de ratificación de contenido y firma únicamente de las documentales identificadas con el inciso a) reporte de irregularidades con número de referencia 3010303221551/0532/15, b) oficio citatorio número 309001410100/INV.682/2015, y k) acta administrativa de las 13:30 horas, del veintitrés de diciembre de dos mil quince. 3. Finalmente, el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno,3 dictó un nuevo laudo en el que condenó al Instituto demandado a reinstalar al actor VACRR, así como al pago de salarios vencidos, reconocimiento de antigüedad, y absolvió respecto del resto de las prestaciones reclamadas. De lo anterior se concluye que la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector, como se hace patente de la confrontación entre los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional solicitada y las actuaciones practicadas por aquella en los términos precisados en párrafos anteriores. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se declara cumplida totalmente sin excesos ni defectos, la ejecutoria dictada en este juicio de garantías. Hágase del conocimiento a las partes, del presente acuerdo para los efectos señalados en el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días establecido en el numeral 202, párrafo primero, de la citada ley, archívese el expediente como asunto concluido.
- Juicio de Amparo Directo
ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASIÓN PARA CONOCIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA TERCERO INTERESADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. "Apizaco, Tlaxcala, a diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, y con las constancias remitidas, se dio vista a las partes quejosa y terceros interesados, el dieciséis de abril de dos mil veintiuno,1 desahogando ésta el quejoso JMTMz. En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión remota ordinaria de veintidós de octubre de dos mil veinte,2 este órgano colegiado resolvió conceder a Juan Mario Temoltzin Martínez la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos: ". 1) Deje insubsistente la sentencia impugnada; 2) Dicte una nueva, donde, con base en lo expuesto en la parte conducente de esta resolución, determine que es ilegal la resolución de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, dictada por la Juez Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Tlaxcala, en tanto que en el caso, al encontrarse en trámite el incidente de personalidad promovido por el ahora quejoso, constituye una excepción para el cómputo de la caducidad, en términos del artículo 1076, fracción VI, de Código de Comercio. 3) La responsable precise, de forma fundada y motivada, qué días fueron inhábiles en el periodo del cinco de abril de dos mil dieciséis y diez de noviembre dos mil dieciséis, atendiendo a lo expresado en la parte correspondiente de la presente sentencia. 4) Hecho que fuere, determine, con libertad de jurisdicción, si se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 1076, incisos a y b, del Código de Comercio aplicable para establecer la caducidad en el periodo que comprende esa línea de tiempo. ." Por acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veintiuno,3 este tribunal colegiado de circuito se pronunció sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, por parte de la Sala Civil- Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en el sentido de que no había quedado debidamente cumplida la sentencia de amparo, y se requirió de nueva cuenta, para que, en lapso de tres días, dejara insubsistente la sentencia de nueve de diciembre de dos mil veinte y dictara otra donde atendiera a los lineamientos de la ejecutoria de amparo. Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la propia autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia lo siguiente: 1. Mediante oficio 164/20214 signado por el Secretario de Acuerdos adscrito a la Segunda Ponencia de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala remitió copia certificada del acuerdo de cinco de marzo de dos mil veintiuno, donde dejó insubsistente la sentencia de nueve de diciembre de dos mil veinte, y ordenó poner a la vista los autos de la primera y segunda instancia para que se dictara la nueva resolución. 2. En oficio 282/2021-II,5 de ocho de abril de dos mil veintiuno, el secretario de acuerdos adscrito a la Segunda Ponencia de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala remitió copia certificada de la sentencia de esa fecha, donde se advierten las consideraciones de interés siguientes: "V. Estudio de los agravios.- - - Los agravios propuestos por el apelante, son fundados pero inoperantes, al tenor de las consideraciones que enseguida se exponen.- - - Para arribar a esta conclusión, en principio es necesario traer a colación lo resuelto en la ejecutoria de dos de mayo de dos mil dieciocho relativa a la contradicción de tesis 342/2017, de la Primera Sala del Alto Tribunal del País, en la que determinó que en materia falta de personalidad constituye una resolución de cuestión previa y conexa que interrumpe el plazo para que opere la caducidad de la instancia.- - - En efecto, el órgano de control constitucional referido, al analizar la figura de la prescripción y caducidad, en primer orden, trajo a colación lo dispuesto por el artículo 1076, del Código de Comercio, y luego hizo el estudio respectivo al tenor siguiente: - trascribe la parte conducente de la ejecutoria - Cuestiones que se reflejaron en la jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª./J. 33/2018 (10ª) de rubro y texto:- - - 'CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD AL CONSTITUIR UNA RESOLUCIÓN DE CUESTIÓN PREVIA O CONEXA, INTERRUMPE El PLAZO PARA QUE OPERE AQUÉLLA. (se trascribe)'.- - - En segundo lugar, conviene hacer referencia que, de actuaciones del expediente de origen, se desprende que, mediante escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil diecisiete, el apelante promovió incidente de falta de legitimación pasiva contra JGTM, al tenor que enseguida se trascribe:- - - '... Vengo a promover incidente de falta de legitimación pasiva y como consecuencia de ello la falta de personalidad del C. JGTM, para comparecer al presente juicio en su supuesto carácter de administrador único de la moral denominada 'La L*' S.A. de C. V. ya que como puede observarse de la copia certificada del instrumento número * (c*), libro número * (*), de fecha doce de octubre del año dos mil doce, que adjunta a su escrito de contestación de demanda, documento que adolece de requisitos de legalidad para tener por reconocida su personalidad, por los motivos que más adelante se detallarán, y para tal efecto fundo la presente demanda incidental en los siguientes hechos y consideraciones de orden legal...'.- - - Luego, si de actuaciones del expediente se desprende que, el treinta de enero de dos mil diecinueve, la propia juez fue quien difirió la celebración de la audiencia en el incidente antes referido, es claro que se encuentra en trámite una cuestión de personalidad, cuya continuación constituye una excepción dispone el artículo 1076 fracción VI, del Código de Comercio que suspende el plazo para que opere la caducidad.- - - Ello es así, pues al respecto, en la ejecutoria que sirve de base para resolver la cuestión planteada, se dijo que, la personalidad es un presupuesto procesal, cuyo cuestionamiento motiva la integración de una Iitis, tan preponderante como la de fondo, la que debe quedar definida antes que la principal, por lo que, la resolución sobre personalidad no sólo es declarativa, desconocimiento de la de simple reconocimiento o legitimación de una de las partes, sino también es constitutiva, puesto que de ella depende, bien la prosecución o bien la insubsistencia del proceso; en su caso, afecta notablemente la actuación de los comparecientes, las cargas de las partes, las consecuencias sobre éstas, entre otras, de lo cual se infiere que, la resolución sobre la personalidad, causa a una de las partes, un perjuicio inmediato de imposible reparación.- - - Por lo anterior, se arriba a la conclusión que es ilegal la resolución emitida por la A quo, el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, en virtud de que, al encontrarse en trámite el incidente de falta de legitimación pasiva en el que el apelante argumentó la falta de la personalidad del demandado; ello, constituye una excepción para el cómputo de caducidad en el periodo que indicó, como se desprende del artículo 1076, fracción VI, del Código de Comercio.- - - Ahora, considerando que el efecto determinado en el inciso b) de la concesión del amparo, es para que este tribunal precise, de forma fundada y motivada, qué días fueron inhábiles en el periodo del cinco de abril de dos mil dieciséis y diez de noviembre de ese mismo año, atendiendo a lo expresado en la parte correspondiente de la citada ejecutoria, y que en el inciso c), de los mismos efectos, se indicó que, una vez hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción se determine si se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 1076, incisos a) y b), del Código de Comercio aplicable, para establecer la caducidad en el periodo que comprende esa línea del tiempo.- - - Así, de las constancias de origen se advierte que el término de caducidad operó incluso antes de la actuación que la Juez señaló como la última que impulsó el procedimiento (veintitrés de enero de dos mil diecisiete) ello en razón de que, a partir del auto de fecha veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, notificado a las partes el cinco de abril del mismo año, al diez de noviembre de dos mil dieciséis, (emplazamiento al administrador único de la moral denominada "LA * S.A de C.V.,"), transcurrieron ciento cuarenta días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surtió efectos la notificación de cinco de abril del año en cita, en que se paralizó el procedimiento, porque no hubo promoción de cualquiera de las partes, dándole impulso para su trámite, pues si bien en ese lapso, obran las siguientes actuaciones: 1. Escrito presentado el ocho de agosto de dos mil dieciséis por RZG, apoderado legal de *, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, autorizando profesionistas para recibir notificaciones; 2. Auto del diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, por el que se autoriza a profesionistas para recibir notificaciones, notificado el treinta del citado mes y año; 3. Escrito presentado el veinte de septiembre de dos mil dieciséis por JMtM, solicitando se haga efectivo apercibimiento a la empresa demandada "LA * S.A. de C.V.", teniéndole por perdido el derecho para dar contestación a la demanda, así como se le autorice domicilio y profesionistas para recibir notificaciones; 4. Auto del cinco de octubre de dos mil dieciséis, mediante el cual se niega la petición de Juan Mario Temoltzin Martínez, por no guardar estado los autos y se autoriza domicilio y profesionistas, notificado el trece de octubre de dos mil dieciséis; sin embargo, dichas promociones no fueron oportunas ni coherentes con la secuela procesal, por lo que esas actuaciones no interrumpieron el plazo de caducidad de la instancia, por tanto, se actualizan los supuestos contenidos en los incisos a) y b) del artículo 1076 del Código de Comercio aplicable, a saber: a) Que haya transcurrido ciento veinte días contados a partir del día siguiente a aquél en que surtió efectos la notificación de la última resolución judicial dictada; y b) Que no hubiere promoción de cualquiera de las partes, dando impulso al procedimiento para su trámite, solicitando la continuación para la conclusión del mismo; pues es evidente, por un lado, que no existió interrupción del término de ciento veinte días, en el caso concreto, comprendido y ebasado dentro del lapso que existió entre la notificación del cinco de abril del dos mil dieciséis, al diez de noviembre de dos mil dieciséis, esto es, la primera exigencia legal quedó satisfecha, y por otra parte, la segunda también, porque dentro de ese término, no existió promoción tendente a impulsar el procedimiento, siendo clara la ley al establecer que ambos requisitos deben concurrir.- - - Lo anterior es así, pues de conformidad con lo dispuesto por los artículos 74 y 75 de la Ley Federal del Trabajo, así como los diversos 5 y 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que dicen:- - - 'Artículo 74. (se trascribe)'.- - - 'Artículo 75. (se trascribe)'.- - - 'Artículo 5. (se trascribe)'.- - - 'Artículo 6. (se trascribe)'.- - - Y, aquéllos determinados por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, como inhábiles, del año dos mil dieciséis, los cuales corresponden a los siguientes:- - - Jueves veinticuatro de marzo de dos mil dieciséis; aprobado en sesión ordinaria privada del Consejo de la Judicatura, celebrada el veinticinco de febrero de dos mil dieciséis; los cuales corresponden a los siguientes.- - - Viernes veinticinco de marzo del mismo año, también autorizado en la sesión que antecede; Viernes seis de mayo, en sustitución del cinco de mayo; autorizado en sesión extraordinaria privada de doce de abril del año referido; Lunes treinta y uno de octubre; autorizado en sesión ordinaria privada del consejo de once de octubre también del año referido; Martes uno de noviembre, aprobado en la sesión que antecede; y Miércoles dos de noviembre, autorizado en la misma sesión referida.- - - Incluyendo el periodo vacacional del primer semestre de ese año, que trascurrió del dieciséis de julio al uno de agosto de la referida anualidad, el cual se aprobó en sesión ordinaria privada del Consejo de la Judicatura del Estado, celebrada el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis.- - - Se desprende que, en el periodo comprendido entre la notificación del cinco de abril de dos mil dieciséis y el diez de noviembre de ese mismo año, descontando los sábados y domingos, los días inhábiles declarados por ley y los que determinó el Consejo de la Judicatura Local, trascurrieron ciento cuarenta días hábiles sin actividad procesal tendente a la continuación del procedimiento; por lo que, la caducidad operó de pleno derecho.- - - Sobre el particular, tiene aplicación la Jurisprudencia 1ª /J. 72/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Agosto de 2005, página 47, de sinopsis:- - - 'CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. LAS PROMOCIONES DE LAS PARTES SON APTAS PARA INTERRUMPIR EL PLAZO PARA QUE OPERE, CUANDO SON OPORTUNAS Y ACORDES CON LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE PRESENTAN (se trascribe)'.- - - Ahora, por cuanto hace a la promoción presentada por el actor el veinte de septiembre de dos mil dieciséis, en la que solicitó se hiciera efectivo el apercibimiento decretado a la empresa demandada, teniéndosele por perdido su derecho para dar contestación a la demanda; y en la que en segundo lugar señaló un nuevo domicilio. para recibir notificaciones y nombró autorizados, para definir si esta promoción es de aquellas que interrumpen la caducidad de la instancia, basta traer a colación el criterio de rubro y texto siguiente: - - - 'CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. EL ESCRITO MEDIANTE EL CUAL ALGUNA DE LAS PARTES SEÑALA DOMICILIO Y PERSONAS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES NO INTERRUMPE EL TÉRMINO PARA QUE OPERE (INAPLICABILIDAD DE LA TESIS AISLADA NÚMERO P. VII/96 DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN). (se trascribe)'.- - - En efecto, del criterio trascrito se desprende que no todas las promociones que presenten las partes, interrumpirán la caducidad de la instancia, ya que se requiere que con éstas se dé un verdadero impulso procesal.- - - En el caso a consideración, como se describió con antelación, el recurrente si bien, el veinte de septiembre de dos mil dieciséis, presentó una promoción, en la que: a) solicitó se hiciera efectivo el apercibimiento decretado a la empresa demandada; b) señaló nuevo domicilio para recibir notificaciones; c) nombró nuevos autorizados para que se impongan de actuaciones; y d) revocó el anterior domicilio y autorizados, lo cierto es, que de acuerdo al criterio trascrito, los incisos b), c) y d) corresponden a los supuestos indicados en éste, por lo que, por esas razones se arriba a la conclusión que dicha promoción no es tendente a lograr el impulso procesal.- - - Y, por cuanto hace al primer argumento consistente en que se hagan efectivos los apercibimientos respecto a la contestación de demanda, es dable decir que, dicho planteamiento tampoco es tendente a impulsar el procedimiento.- - - Para arribar a esta conclusión basta decir que, de las actuaciones del expediente de origen se desprende que, la fecha de emplazamiento a juicio del demandado, ocurrió el once de noviembre de dos mil dieciséis, por lo que, no era factible que el veinte de septiembre de ese mismo año, el apelante solicitara se hiciera efectivo el apercibimiento, si aún para esa data, se insiste, o se había emplazado al demandado, tan es así que en el acuerdo que recayó a dicha promoción, de cinco de octubre de la anualidad referida, el juzgador dijo que no había lugar a proveer de conformidad su escrito, por no guardar estado los autos, únicamente se le tuvo por señalado nuevo domicilio por autorizados a las personas que indicó en esa promoción; de ahí que, también ese argumento es improcedente.- - - Al respecto, cobran aplicación los criterios que enseguida se mencionan:- - - 'INCIDENTES, RECURSOS PROMOCIONES NOTORIAMENTE MALICIOSOS O IMPROCEDENTES. SU CONNOTACIÓN. (se trascribe)'.- - - 'PROMOCIONES IMPROCEDENTES. NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA EL ARTÍCULO 67 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO QUE AUTORIZA SU DESECHAMIENTO (APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA 270 DEL PLENO (se trascribe)'.- - - De ahí que, en la especie, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 1076, incisos a) y b) del Código de Comercio, para declarar la caducidad de la instancia, pues al respecto, en el periodo comprendido del cinco de abril de dos mil dieciséis al diez de noviembre de ese mismo año, trascurrieron ciento cuarenta días hábiles, sin que se impulsara el procedimiento.- - - En vista de lo anterior, es dable concluir que la caducidad de la instancia operó de pleno derecho en el presente asunto, por las razones y motivos expuestos en el presente fallo, y dado lo fundado pero inoperante de sus agravios, lo procedente es modificar el auto dictado el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, por la juez del Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, dentro del expediente número 48/2015, relativo al juicio ordinario mercantil, promovido por Juan Temoltzin Martínez, contra JGTM, por sí y en su carácter de Administrador Único de la persona moral denominada "LA *. S.A. de C. V. del Representante Legal de la persona moral denominada * , Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero * y Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, para quedar en los términos siguientes:- - - 'Santa Anita Huiloac, Apizaco, Tlaxcala., treinta y uno de enero de dos mil diecinueve.- - - Dada cuenta a la jueza del conocimiento, con el escrito de Jaime Corenstein Glitin, en representación de JGTM, recibido el treinta de enero del año en curso, visto su contenido se acordó: Se tiene a JCG, por su representación, presentando su ocurso de cuenta por el cual solicita se declare la caducidad de la instancia; al respecto, tomando en consideración que la garantía de acceso a la justicia, es un derecho de las partes, de manera que la voluntad de ellas será la que impere en los juicios mercantiles supeditada a las leyes procesales, dado que el artículo 1076 del Código de Comercio, constituye un reflejo del principio dispositivo donde se establece que las partes tienen la disponibilidad del proceso, por tanto, son ellas quienes deben hacer llegar al órgano jurisdiccional, los elementos necesarios para su continuación y al estar demostrado el desinterés de la parte actora en la prosecución del presente juicio, por el abandono de la actividad procesal a que está obligada conforme al mencionado principio dispositivo, con miras a obtener un fallo favorable, pues de actuaciones del expediente se desprende que dejó de promover en el presente juicio por más de ciento veinte días, omitiendo dar impulso al procedimiento para su trámite, ni solicitando su continuación; ello es así, pues a partir del cinco de abril de dos mil dieciséis (en que se notificó el auto de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis) al diez de noviembre de ese mismo año, en que tuvo lugar el emplazamiento del administrador único de la moral denominada 'LA * S.A de C.V.', transcurrieron ciento cuarenta días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surtió efectos la notificación de cinco de abril referida, sin que hubiera una promoción eficaz tendente a lograr el impulso procesal, no obstante la promoción presentada por el actor el veinte de septiembre de dos mil dieciséis, pues en esta a pesar de que solicitó se declarara se hiciera efectivo el apercibimiento a la demandada empresa 'La *, S.A. de C.V.' señaló domicilio y nombró autorizados, dichas peticiones no impulsan el procedimiento, como se desprende de las tesis de rubro: 'CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. EL ESCRITO MEDIANTE EL CUAL ALGUNA DE LAS PARTES SEÑALA DOMICILIO Y PERSONAS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES NO INTERRUMPE EL TÉRMINO PARA QUE OPERE (INAPLICABILIDAD DE LA TESIS AISLADA NÚMERO P. VII/96 DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN)' e 'INCIDENTES, RECURSOS O PROMOCIONES NOTORIAMENTE MALICIOSOS O, IMPROCEDENTES. SU CONNOTACIÓN' lo que se deriva de lo dispuesto por los artículos 1076, incisos a) y b) del Código de Comercio, en relación con los diversos 74 y 75 de la Ley Federal del Trabajo, 5 y 6, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, y los Acuerdos emitidos por el Consejo de la Judicatura local, en sesiones privadas de doce de abril y once de octubre de dos mil dieciséis, en que se declararon inhábiles los días seis de mayo, treinta y uno de octubre, uno y dos de noviembre, todos de ese mismo año, adicionalmente a los indicados en la Ley Federal del Trabajo; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el citado artículo 1076, incisos a) y b) el Código de Comercio, se decreta de oficio la caducidad de la instancia en este juicio, para todos los efectos legales procedentes, por lo que una vez que cause estado este proveído, hágasele la devolución de los documentos exhibidos, previa copia certificada que de estos obre en autos y razón por su entrega y hecho que sea, realzadas las anotaciones en el libro de gobierno, emítase al archivo como asunto concluido para resguardo este expediente, en observancia a los artículos 47 fracción IV y 85 de la Ley Orgánica de Poder Judicial del Estado. Notifíquese y Cúmplase". - Hasta aquí la transcripción - Ahora, del análisis de las constancias relacionadas y partes transcritas de la sentencia de amparo, se deduce que la Sala Civil dio cabal cumplimiento ejecutoria de veintidós de octubre de dos mil veinte, en tanto dejó insubsistente la sentencia treinta de mayo de dos mil diecinueve dictada en el toca civil de apelación 119/2019 derivado del expediente 48/2015 del índice del Juzgado Mercantil y de oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Tlaxcala (efecto 1). Asimismo, calificó fundado pero inoperante el argumento del recurrente pues si bien era ilegal la resolución de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, dictada por la Juez Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Tlaxcala, al encontrarse en trámite el incidente de personalidad promovido por el ahora quejoso, lo cual, constituía una excepción para el cómputo de la caducidad, en términos del artículo 1076, fracción VI, de Código de Comercio, de conformidad con la jurisprudencia 1a./J.33/2018 (10ª) de la Primera Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación (efecto 2), lo cierto era que, la caducidad había operado antes de aquella que el juez señaló como la última que impulso el procedimiento de veintitrés de enero de dos mil diecisiete, es decir, en la línea de tiempo del cinco de abril de dos mil dieciséis al diez de noviembre de esa anualidad. Precisa, que a partir del auto de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, notificado a las partes el cinco de abril del mismo año, al diez de noviembre de dos mil dieciséis, relativo al emplazamiento al administrador único de la moral denominada "LA * S.A de C.V.," transcurrieron ciento cuarenta días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surtió efectos la notificación de cinco de abril del año en cita, en que se paralizó el procedimiento, porque no hubo promoción de cualquiera de las partes, dándole impulso para su trámite. Afirma que no existió promoción tendente a impulsar el procedimiento, y en relación con los días inhábiles en ese periodo (efecto 3), estableció que debería de atenderse a lo dispuesto por los artículos 74 y 75 de la Ley Federal del Trabajo, así como los diversos 5 y 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y aquéllos determinados como tales por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, para el año dos mil dieciséis, siendo estos los siguientes: Jueves veinticuatro de marzo de dos mil dieciséis; aprobado en sesión ordinaria privada del Consejo de la Judicatura, celebrada el veinticinco de febrero de dos mil dieciséis; los cuales corresponden a los siguientes; Viernes veinticinco de marzo del mismo año, también autorizado en la sesión que antecede; Viernes seis de mayo, en sustitución del cinco de mayo; autorizado en sesión extraordinaria privada de doce de abril del año referido; Lunes treinta y uno de octubre; autorizado en sesión ordinaria privada del consejo de once de octubre también del año referido; Martes uno de noviembre, aprobado en la sesión que antecede; y Miércoles dos de noviembre, autorizado en la misma sesión referida; incluyendo el periodo vacacional del primer semestre de ese año, que trascurrió del dieciséis de julio al uno de agosto de la referida anualidad, el cual se aprobó en sesión ordinaria privada del Consejo de la Judicatura del Estado, celebrada el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, se desprendía que, en el periodo comprendido entre la notificación del cinco de abril de dos mil dieciséis y el diez de noviembre de ese mismo año, descontando los sábados y domingos, los días inhábiles declarados por ley y los que determinó el Consejo de la Judicatura Local, trascurrieron ciento cuarenta días hábiles sin actividad procesal tendente a la continuación del procedimiento; por lo que, la caducidad había operado de pleno derecho (efecto 4). En otro orden de ideas, en relación con el escrito de cuenta suscrito por el quejoso, quien pide se le tenga por presentado en tiempo y forma con sus "alegatos" respecto de la resolución de ocho de abril del año dos mil veintiuno, dictada por la Segunda Ponencia de Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en relación con la cual, precisa lo siguiente: La resolución de ocho de abril de dos mil veintiuno, no cumple con todos y cada uno de los requerimientos ordenados, que son a saber: 1) Se deje insubsistente la sentencia impugnada. 2) Dicte una nueva, donde con base en lo expuesto en la parte conducente de esta resolución, determine que es ilegal la resolución de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, dictada por la Juez Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Tlaxcala, en tanto que en el caso, al encontrarse en trámite el incidente de personalidad promovido por el ahora quejoso, constituye una excepción para el cómputo de la caducidad, en términos del artículo 1076, fracción VI del Código de Comercio. 3) La responsable precise, de forma fundada y motivada, qué días fueron inhábiles en el periodo del cinco de abril de dos mil dieciséis y diez de noviembre de dos mil dieciséis, atendiendo a lo expresado en la parte correspondiente de la presente sentencia. 4) Hecho que fuere, determine con libertad de jurisdicción, si se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 1076, incisos a) y b), del Código de Comercio, aplicable para establecer la caducidad en el periodo que comprende esa línea de tiempo. Estima que los requerimientos que no fueron debidamente cumplimentados porque: a) Si bien la responsable dictó una nueva resolución, lo cierto es que no se da cumplimiento en su totalidad al requerimiento número "2 (dos)", ya que la resolución en cita en el último considerando, foja "(31) treinta y uno, último párrafo", admite que es ilegal la resolución dictada por la A quo, en virtud de que se encuentra en trámite el incidente de falta de legitimación pasiva en el expediente de origen 48/2015, y que ello constituye una excepción para el computo de caducidad en el periodo que indicó, pero, por otra parte, en las páginas "32 y 33", manifiesta que el término de caducidad operó incluso antes de la actuación que la juez señaló como la última que impulso el procedimiento, lo que a decir del ocursante resulta completamente contradictoria y ambigua, porque no es claro lo relativo a la caducidad, y sembrando confusión, pues en su página "cuarenta y cinco", manifiesta en el resolutivo segundo, que modifica el auto recurrido de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, dictado por la Jueza del Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, en el expediente número 48/2015, de su índice, para quedar en términos del último considerando de ese fallo. b) Porque la responsable no da cumplimiento en su totalidad al requerimiento realizado el cuatro de marzo del año en curso, de manera particular al requerimiento marcado con el número "3 (tres)", ya que si bien es cierto que en el último considerando de la resolución visible en las páginas "34, 35 y 36", la autoridad responsable cita diversos artículos respecto de los días de descanso obligatorios, días inhábiles y periodos vacacionales, así como aquellos determinados por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial en el Estado, incluyendo el primer periodo vacacional del primer semestre de ese año que transcurrió del dieciséis de julio al uno de agosto de la referida anualidad; también lo es que, únicamente cita de manera general los días inhábiles o no laborables, sin realizar a detalle un calendario que ilustre de manera clara y concisa, cuando inicia el término, los días que fueron inhábiles, así como la fecha en que termina dicho plazo, limitándose a manifestar que en el periodo comprendido entre lo notificación del cinco de abril de dos mil dieciséis y el diez de noviembre de ese mismo año, descontando los días sábados y domingos, los días inhábiles declarados por la ley y los que determinó el Consejo de la Judicatura Local, transcurrieron ciento cuarenta días hábiles, por lo que la caducidad operó de pleno derecho. c) En tercer lugar porque la responsable no da cumplimiento en su totalidad al requerimiento realizado con fecha cuatro de marzo del año en curso, de manera particular al requerimiento marcado con el número 4 (cuatro), pues no obstante que en el último considerando de la resolución en cita, la autoridad responsable pretende dar cumplimiento al requerimiento realizado, sin plasmar a detalle un calendario que ilustre de manera clara y concisa, cuando inicia el término, los días que fueron inhábiles, así como la fecha en que termina dicho plazo, es decir, la autoridad responsable, no precisa de forma fundada y motivada qué días (fechas) fueron hábiles y cuales fueron inhábiles por ley y por determinación de la propia responsable en el periodo comprendido del cinco de abril de dos mil dieciséis al diez de noviembre de dos mil dieciséis, tal y como le fue requerido, es decir, únicamente se limita a decir en la página "treinta y dos", que a partir del auto de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, notificado a las partes el cinco de abril del mismo año, al diez de noviembre de dos mil dieciséis, (emplazamiento al administrador único de la moral denominada "LA * S. A. de C. V.), transcurrieron ciento cuarenta días hábiles, con lo que a decir del quejoso se transgreden sus derechos humanos de legalidad y certeza jurídica, ya que de haber realizado un análisis o computo adecuado y fundamentado los días inhábiles por ley y por determinación de la propia responsable; la autoridad en cita debió de percatarse que no transcurrieron los ciento treinta y ocho días que refiere en la página "treinta y nueve" de la sentencia dictada por esa autoridad, el treinta de mayo del año dos mil diecinueve, ni mucho menos los ciento cuarenta días hábiles contados a partir del día siguiente de aquel en que surtió efectos la notificación de cinco de abril de dos mil dieciséis, a los que se hace referencia por la autoridad en cita en la página "treinta y dos" de la resolución de ocho de abril de dos mil veintiuno. Destaca el ocursante que la autoridad responsable se extralimita en sus atribuciones al dictar la resolución en cita, al manifestar que el término de la caducidad operó incluso antes de la actuación que la Juez señaló como la última que impulsó el procedimiento y como consecuencia de ello, a decir del quejoso, no se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 1076 incisos a) y b) del Código de Comercio aplicable para decretar la caducidad en el periodo de tiempo comprendido del cinco de abril de dos mil dieciséis al diez de noviembre de dos mil dieciséis. Abunda el quejoso y refiere que la responsable no realiza una adecuada valoración de las promociones presentadas por éste, en ese lapso de tiempo, las cuales, a decir de este sí impulsan el procedimiento y como consecuencia interrumpen el término de la caducidad. Agrega que, la autoridad responsable, debe tomar en consideración que dentro del expediente de origen 48/2015, de los tramitados actualmente ante el Juez Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, existe un incidente de falta de legitimación pasiva y como consecuencia la falta de personalidad de JGTM, promovido por el aquí quejoso contra de la personalidad de uno de los demandados, el cual se encuentra en trámite dentro de la misma pieza de autos del expediente principal, por lo que al no encontrarse resuelta la incidencia planteada, era improcedente decretar la caducidad de la instancia dentro del juicio principal. Señala que, al no haber dado cumplimiento en su totalidad a los requerimientos realizados, la autoridad responsable deberá dejar sin efecto la sentencia dictada con fecha ocho de abril de dos mil veintiuno, y dictar una nueva que se encuentre ajustada a los requerimientos realizados, en términos de lo dispuesto por los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo. - Hasta aquí la síntesis de las manifestaciones del quejoso- Ahora en lo ve al cumplimiento de los efectos del amparo estos fueron cabalmente cumplimentados por la responsable al tenor del estudio expresado en la presente determinación; por otro lado, las razones expresadas por el quejoso están relacionadas con aspectos de legalidad de la misma, lo que hace inatendible sus argumentos pues estos deben limitarse al exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo. Se estima así, pues son argumentos que tienden controvertir la legalidad de la sentencia en tanto que el ocursante refiere que es confusa la determinación de la Sala responsable, que la Sala no dio cabal cumplimiento a los efectos 3 y 4 de la sentencia de amparo, porque no realiza a detalle un calendario que ilustre de manera clara y concisa cuando inicia el término, los días que fueron inhábiles, así como la fecha en que termina dicho plazo, y solo señaló que en el periodo comprendido entre lo notificación del cinco de abril de dos mil dieciséis y el diez de noviembre de ese mismo año, descontando los días sábados y domingos, los días inhábiles declarados por la ley y los que determinó el Consejo de la Judicatura Local, transcurrieron ciento cuarenta días hábiles, por lo que la caducidad operó de pleno derecho; que tampoco detalla un calendario que ilustre de manera clara y concisa los días que fueron inhábiles, así como la fecha en que termina dicho plazo, no funda ni motiva qué días (fechas) fueron hábiles y cuales fueron inhábiles por ley y por determinación de la propia responsable en el periodo comprendido del cinco de abril de dos mil dieciséis al diez de noviembre de dos mil dieciséis, tal y como le fue requerido; que la autoridad responsable se extralimita en sus atribuciones al dictar la resolución en cita, al manifestar que el término de la caducidad operó incluso antes de la actuación que la Juez señaló como la última que impulsó el procedimiento; que la responsable no realiza una adecuada valoración de las promociones presentadas por quejoso en ese lapso de tiempo, las cuales, a decir de este, sí impulsan el procedimiento y como consecuencia interrumpen el término de la caducidad; que la autoridad responsable, debe tomar en consideración que dentro del expediente de origen 48/2015, de los tramitados actualmente ante el Juez Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, existe un incidente de falta de legitimación pasiva y como consecuencia la falta de personalidad de JGTM, promovido por el aquí quejoso contra de la personalidad de uno de los demandados, el cual se encuentra en trámite dentro de la misma pieza de autos del expediente principal, por lo que al no encontrarse resuelta la incidencia planteada, es improcedente decretar la caducidad de la instancia dentro del juicio principal. En efecto, los anteriores argumentos, se insiste se refieren a aspectos de legalidad y no están relacionados con el exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia, a lo que se acota el presente estudio.De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, ha quedado cumplida totalmente sin excesos ni defectos, la ejecutoria dictada en este juicio de garantías. Hágase del conocimiento a las partes, del presente acuerdo para los efectos señalados en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días establecido en el numeral 202, párrafo primero de la citada ley, archívese el expediente como asunto concluido. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa, por oficio al tercero interesado Director de Notarias y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, y por lista a los diversos JGTM, por sí y en su carácter de Administrador Único de la persona Moral "La *", sociedad anónima de capital variable y *Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero *, * Sociedad Anónima.
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