Blanca Evelia Parra Mesa
Expediente 2143/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2143/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/12/2023
Partes del expediente
- Blanca Evelia Parra Mesa
Actuaciones
- Incidental
Ciudad de México; a trece de diciembre de dos mil veintitrés. Acuerdo de promoción. Agréguese al sumario en que se actúa la copia autorizada del proveído dictado el seis del mes y año en curso, en el cuaderno de varios 5/2023 de este índice, a la que se adjunta la constancia de notificación personal realizada a la parte quejosa por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, a través de la cual se advierte debidamente diligenciado el exhorto 565/2023, girado en el citado cuaderno, a efecto de notificar a la parte quejosa el proveído mediante el cual este órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del presente asunto. Sin que se acuse el recibo de estilo, al ser innecesario dado el envío electrónico de las constancias de la citada comunicación oficial. Notificación por lista. Ahora bien, vista la primera certificación de cuenta y la diligencia de notificación remitida por el juzgado exhortado, de las que se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, para señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que a la fecha lo hubiera hecho. En consecuencia de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y se ordena realizar a la parte quejosa, (tal como lo dispone el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo), las subsecuentes notificaciones por medio de lista, aún las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de México. Estado procesal. Por otra parte, del estado procesal que guardan los autos, se advierte que por auto de siete de noviembre de dos mil veintitrés, se reservó proveer sobre la vista a la parte quejosa con las gestiones de cumplimiento del fallo protector, hasta en tanto este órgano jurisdiccional contara con la citada comunicación oficial acordada en los párrafos que anteceden. En consecuencia, se levanta dicha reserva y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga. Apercibida que de no realizar manifestación alguna en el término antes precisado, este juzgado acordará lo conducente respecto del cumplimiento a la ejecutoria con las constancias que obran en autos. Notifíquese, y por lista a la parte quejosa.
- Incidental
En la Ciudad de México; a once de diciembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio remitido en representación del Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, al que anexa el diverso DFP/5495/2023, mediante el cual pretende desahogar lo solicitado por este Juzgado de Distrito, en cumplimiento al fallo protector. En consecuencia, agréguese a los autos sin mayor trámite, toda vez que en proveído de seis de diciembre del año en curso, se tuvo al Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, remitiendo dicho oficio DFP/5495/2023, y se les requirió nuevamente el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México; a cinco de diciembre de dos mil veintitrés. Admisión de la demanda. Agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual desahoga la prevención formulada en proveído de veintisiete de noviembre del año en curso, y señala los nombres correctos de los siguientes promoventes ....; por tanto, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 34/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ADMITE en sus términos la demanda de amparo promovida por ....., por propio derecho contra actos atribuidos a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y otras autoridades. Trámite de autos incidentales. Tramítese por cuerda separada el cuaderno físico relativo al incidente de suspensión solicitado, sin necesidad de formar, adicionalmente, un cuaderno duplicado. Lo anterior, con apoyo en los artículos 3 y 128 de la Ley de Amparo; 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa en los órganos jurisdiccionales; y Décimo Segundo del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID- 19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. Señalamiento de fecha de audiencia constitucional. De conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se encuentra fijada dentro del plazo de treinta días hábiles a que se refiere dicha disposición legal. Sin que deba computarse en ese plazo del dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés, durante el cual, el personal de este órgano jurisdiccional gozará del segundo periodo de vacaciones del presente año, de acuerdo con los artículos 16 Sexies, fracción II, y 16 Decies del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa en los órganos jurisdiccionales, adicionados en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona diversas disposiciones relativas a las vacaciones de los Juzgados de Distrito, y conforme lo establecido por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial, en sesión de veinticinco de septiembre de este año. Autoridades responsables. En términos del artículo 5, fracción II, de la Ley de la materia, se tienen como autoridades responsables a las siguientes: a) Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; b) Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; c) Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; d) Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución Fiduciaria de Banca de Desarrollo, en su carácter de fiduciaria en el fideicomiso 2125 "Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia" y/o Fondo Jurica. e) Nacional Financiera Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, Dirección Fiduciaria; f) HSBC México Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria y; g) Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, División Fiduciaria. Representación del titular del Ejecutivo Federal. Con copia de la demanda de amparo, gírese oficio a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal a efecto de que en el término de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído, indique a este órgano jurisdiccional la Secretaría de Estado que representará al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los actos que se reclaman en el presente juicio. En igual término, dicha Consejería deberá remitir a este órgano jurisdiccional las constancias con las que acredite fehacientemente que notificó a la Secretaría de que se trate, tanto la representación otorgada como la entrega de la copia de la demanda, a efecto que esa dependencia esté en posibilidad de rendir su respectivo informe justificado en los términos solicitados en el presente proveído. Apercibida que de no dar cumplimiento al anterior requerimiento dentro del término concedido, se le impondrá una multa de cincuenta a mil veces la unidad de medida y actualización, de conformidad con los numerales segundo y ercero transitorios del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés; lo anterior, con fundamento en los artículos 237, facción I y 259 de la Ley de Amparo. Solicitud de informe justificado. En términos del artículo 116 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de quince días, rindan su informe justificado, en el cual, según lo establece el artículo 117 del citado ordenamiento, deberán exponer las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos que se les reclaman o la improcedencia del juicio, acompañando copia certificada, completa y legible de las constancias necesarias para apoyar su informe, en específico, de las que sirvieron de base para emitir los actos reclamados. Apercíbase a las autoridades responsables que, en caso de no rendir su informe justificado se presumirá cierto el acto que se les reclame, salvo prueba en contrario, de acuerdo con el artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, sin perjuicio de que en su caso de actualizarse algunos de los supuestos establecidos en los artículos 251 y 260, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a las multas previstas en dichos preceptos legales, hecha excepción de las autoridades legislativas (en el caso de amparos contra normas generales). Hágase también de su conocimiento que su informe justificado deberá presentarse en este órgano jurisdiccional y, en aras de una pronta impartición de justicia, podrá ser remitido vía ordinaria, o bien, mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con base en el artículo 52 Bis, fracción II, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, mediante documento electrónico o digitalizado, rubricado o firmado con firma electrónica, mediante firel o e.firma, y las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el Poder Judicial de la Federación haya celebrado convenios para el reconocimiento de certificados digitales homologados, con la precisión de que se requiere su envío por uno solo de los medios citados. Asimismo, se les comunica que para tales efectos, también cuentan con la herramienta electrónica denominada juicio en línea, el cual puede ser tramitado en la liga electrónica http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. En términos de los artículos 7, 20, 22, 24 y demás aplicables de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, las constancias que se remitan de carácter reservado o confidencial, deberán enviarse debidamente resguardadas en sobre cerrado, especificando en el empaquetado que se trata de "información reservada" o "confidencial" y cumplir con lo dispuesto los artículos 101 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 30 del Reglamento de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, bajo el apercibimiento de que, no hacerlo se entenderá que corresponden al supuesto previsto en el último párrafo del numeral precitado y se podrá ordenar el glose al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta. Intervención ministerial de la adscripción. Con fundamento en el artículo 5o., fracción IV de la Ley de Amparo, dese la intervención que corresponde a la representación ministerial de la adscripción. Notificación del presente acuerdo a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público. La notificación del presente acuerdo se realizará, por única ocasión, por oficio impreso a todas las autoridades y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas como pruebas de la parte quejosa la instrumental pública de actuaciones y la presunción en su doble aspecto legal y humana, así como las documentales que se acompañaron a su escrito de demanda, mismas que fueron protestadas con forme a lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, probanzas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. Imprimase el tanto necesario de los documentos exhibidos con la demanda de amparo a efecto de ser glosados en el cuaderno incidental. Consulta del Expediente Electrónico de la parte quejosa. Con fundamento en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo; 38 a 41 y 55 a 67 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y toda vez que del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), se encontró registro del usuario "MARTIBASO"; en ese sentido, se autoriza a la parte quejosa la consulta del expediente electrónico. Notifíquese.
- Incidental
Ciudad de México; a cinco de diciembre de dos mil veintitrés. Vista la copia simple de la demanda y del ocurso aclaratorio promovidos por********************, por propio derecho, así como la copia autorizada del proveído dictado en esta fecha en el cuaderno principal del cual deriva este incidente, en términos de los artículos 125, 128 y 130 de la Ley de Amparo, fórmese de manera electrónica y física el presente incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 2143/2023. Solicitud de informe previo. Con fundamento en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables, para que rindan su informe previo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas al en que queden notificadas del presente proveído, mismo que deberá satisfacer los requisitos previstos en el artículo 140 de la ley de la materia. Para ello remítaseles copia de la demanda de amparo y escrito aclaratorio. Se les apercibe que, en caso de no hacerlo, se presumirán ciertos los actos reclamados que se les atribuyen al momento de resolver la suspensión definitiva, en términos del artículo 142 de la Ley de Amparo y, conforme al artículo 260, fracción I, de la ley de la materia, se les impondrá una multa de cien a mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Señalamiento de fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. Con fundamento en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y SIETE MINUTOS DEL TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS para la celebración de la audiencia incidental. Cabe señalar que aun cuando se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental por exceso o defecto fuera del plazo previsto en el artículo 138, fracción II 208, fracción II de la Ley de Amparo, por la saturación excesiva de la agenda correspondiente, dicho proceder se realizó con el objeto de que prevalezca el derecho a una tutela judicial efectiva por encima de los formalismos procedimentales. Pruebas. En términos del artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas las documentales que se anexaron al escrito inicial, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia incidental, las cuales se hacen consistir en: - Constancias de antigüedad expedida por la Administración Regional de la Coordinación de Administración Regional del Consejo de la Judicatura Federal, a favor de ********************. - Constancias de puestos desempeñados expedida por la Administración Regional de la Coordinación de Administración Regional del Consejo de la Judicatura Federal a nombre de ********************. - Constancias de percepciones expedidas por la Administración Regional de la Coordinación de Administración Regional del Consejo de la Judicatura Federal a favor de ********************. - Impresiones de diversos Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) a nombre de la parte quejosa, con cadena y sello digital de la institución emisora a nombre de ********************. - Credenciales de los trabajadores expedidas por el Consejo de la Judicatura Federal a favor de ******************** - Credenciales para votar expedidas por el Instituto Nacional Electoral, a nombre de los quejosos ******************** Las cuales fueron protestadas con forme a lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal Precisión de los actos reclamados. Es importante destacar que el acto reclamado en la presente instancia incidental, según se advierte de la lectura integral de la demanda de amparo, consiste en: La discusión, aprobación y promulgación del Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de octubre de dos mil veintitrés; particularmente dicha adición, así como los artículos transitorios segundo, tercero, cuarto y quinto. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 40/2000, visible en la página 32, del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del año dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido cabe destacar que la parte quejosa solicitó la suspensión de los actos reclamados para el efecto de que: Se suspendan los efectos y consecuencias de la entrada en vigor del decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que se abstengan de entregar o trasferir los recursos de todos aquellos fideicomisos celebrados por el Consejo de la Judicatura Federal, así como sus remanentes, productos y aprovechamientos derivados de los mismos a la Tesorería de la Federación y/o cualquier otra autoridad de las facultades para la administración y disposición de los recursos de cada uno de ellos para su operación. Cuestión previa. Principio de necesidad. Para resolver sobre la suspensión provisional, este órgano de control constitucional tiene presente que la finalidad del artículo 51, en relación con el 55, de la Ley de Amparo, es evitar que los juzgadores sienten precedentes que pudieran afectar la resolución del juicio de amparo en el que carecen de objetividad; no obstante, tal regla contiene una excepción, que es el principio de necesidad, consistente en que los asuntos planteados ante los órganos jurisdiccionales no queden sin resolución. Así, en situaciones extraordinarias como la que se analiza, debe operar el principio de necesidad, consistente en que los asuntos planteados ante los órganos jurisdiccionales no queden sin resolución. De no operar ese principio, se daría lugar a que no existiera posibilidad de combatirse la norma reclamada, dejando sin defensa a la parte quejosa. Por ello, en observancia del mandamiento de impartición de justicia y en la prohibición del gobernado de hacerse justicia por sí mismo, prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual, ante la disyuntiva de dos mandatos constitucionales en conflicto, a saber, justicia imparcial e impartición de justicia, debe darse preferencia a este último, que exige que los jueces sean los máximos intérpretes de la Constitución; de forma que en el caso, los juzgadores federales están obligados, por mandato constitucional, a conocer del asunto que se les planteó, sin que pueda transmitirse el conocimiento del juicio constitucional a otros órganos o poderes, pues los ordenamientos reclamados están dirigidos a la burocracia, sin exclusión de algún servidor público. El principio de necesidad permite, como excepción, que los juzgadores participen en una controversia en cuyo resultado tengan interés, cuando no sea posible sustituirlos o su participación sea necesaria para la resolución de un asunto, es decir, que participen en casos en los cuales tengan un interés indirecto, porque de lo contrario los asuntos sometidos a su jurisdicción no podrían resolverse y, por ende, no se podría cumplir con el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la justicia. Bajo tal principio de necesidad subyace el diverso de que "donde todos los jueces están descalificados, ninguno está descalificado". A manera de ejemplo, en derecho comparado, la aplicación del principio de necesidad, en los Estados Unidos de América se ha dado principalmente en casos relacionados a salarios judiciales y requisitos para jubilación judicial en los estados, así como en casos en los que todos los ciudadanos del Estado, incluyendo los jueces, son afectados por su estatus como contribuyentes, por lo que en esos asuntos la regla sobre descalificación puede ser anulada o sobrepuesta por el principio de necesidad. En efecto, en Estados Unidos de América, el caso normativo es el United States vs Will. Este caso surge luego de que el Congreso de Estados Unidos aprobara una serie de leyes con el objetivo de determinar la compensación de funcionarios de alto nivel de la rama Ejecutiva, Legislativa y Judicial, incluidos en estas categorías los jueces federales. Las leyes en controversia tenían disposiciones para la revisión cuatrienal de los salarios, así como ajustes salariales anuales basados en el costo de vida. Por cuatro años consecutivos el Congreso aprobó leyes para detener o reducir los aumentos automáticos a los funcionarios de alto nivel establecidos bajo el esquema legal anterior. Ante esto, un grupo de jueces de la Corte de Distrito de Estados Unidos entabló un pleito de clase en contra del Gobierno de Estados Unidos de América. Los jueces demandantes cuestionaron la validez de las leyes que detenían o reducían los aumentos en virtud de la cláusula de compensación de la Constitución. El Tribunal Supremo acogió el caso invocando como fundamento el principio de necesidad. Así, en nuestro sistema jurídico dicha regla de necesidad encuentra justificación en el artículo 17 Constitucional, al establecer el derecho de los gobernados de acceso a la justicia y la obligación del Estado de garantizar el disfrute de ese derecho, por lo que al no garantizarse el mismo, se privaría a la colectividad de un derecho fundamental, lo que constituye un aspecto de orden público, el cual debe ser salvaguardado por los órganos del Estado. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis aislada de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo XXVI, página: 1534 de rubro y texto siguientes: "ORDEN PÚBLICO. Si bien es cierto que la estimación del orden público, en principio corresponde al legislador, que la hace valer al dictar una ley, no es ajena a la función de los juzgadores apreciar la existencia en los casos concretos que se les someten para su resolución. Resulta, pues indudable que los Jueces en casos determinados pueden calificar y estimar la existencia del orden público con relación a una ley, y así no podrían declarar éstos, que no siendo ya aplicable una ley en los conceptos que la informaron por cuestión de orden público, conserve aún ese carácter y que subsisten sus finalidades." De manera que, cuando no sea posible sustituir a los juzgadores o su participación sea necesaria para resolver un asunto, cabe que la regla de descalificación por impedimento, sea superada por el principio de necesidad, a fin de cumplir con el derecho fundamental de acceso a la justicia y, por ende, mantener el orden público. De esta manera, en el caso concreto, en relación con el reclamo del Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los artículos transitorios primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, que prohíbe que el Poder Judicial de la Federación tenga fideicomisos más que el previsto en el primer párrafo de ese precepto; asimismo, en sus artículos transitorios se estableció la manera en la que deberá realizarse su extinción; el declarar impedidos a un gran número de jueces y magistrados que la han controvertido, provocaría, conforme a nuestro sistema de administración de justicia, un escenario de imposibilidad de que sean sustituidos y, en consecuencia, las disposiciones que se reclaman o recurrieran con relación al mismo Decreto pudieran tornarse inimpugnables, lo que a la postre se traduciría en una denegación de justicia y en afectación al orden público. De esta forma, ante la imposibilidad de que la gran cantidad de jueces de Distrito y magistrados de circuito sean sustituidos, será improcedente que se decline el conocimiento a otros órganos jurisdiccionales; por lo que los integrantes de este órgano jurisdiccional deben conocer del asunto sometido a su jurisdicción. Asimismo, el que prevalezca el principio de necesidad encuentra congruencia con los principios de justicia pronta y expedita, a fin de evitar dilaciones y trabas, durante la tramitación del juicio de amparo y en el dictado de la sentencia, pues la substanciación de los impedimentos conlleva retardar la solución del asunto. Por lo que debe prevalecer el principio de necesidad, sobre alguna posible causa de impedimento prevista en el artículo 51, de la Ley de Amparo, a fin de cumplir con el mandato Constitucional de impartición de justicia. Tiene relevancia la jurisprudencia PC.I.A. J/176 A (10a.) del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, página 2364, de rubro y texto siguientes: "IMPEDIMENTO. NO SE ACTUALIZA LA EXCUSA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN INCIDENTAL Y DE QUEJAS DERIVADOS DE ASUNTOS SEMEJANTES A AQUELLOS EN QUE LOS MAGISTRADOS FIGURAN COMO PARTE QUEJOSA CUANDO SE IMPUGNA COMO SISTEMA NORMATIVO LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DISPOSICIONES RELACIONADAS. La interpretación sistemática de los artículos 51, 52 y 53 de la Ley de Amparo, permite establecer que en atención al principio de necesidad y en congruencia con el derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Federal, los Magistrados de Circuito no están impedidos para resolver, excepcionalmente, aquellos recursos de revisión incidental o de quejas derivados de asuntos semejantes a aquellos en que figuran como parte quejosa, cuando se controvierte la constitucionalidad de diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como diversas disposiciones en materia de remuneraciones y prestaciones de los servidores públicos de la Federación." Procedencia de la suspensión provisional. Hecha la precisión anterior, esta juzgadora se pronunciará sobre la solicitud de la suspensión con la finalidad de conservar la materia del juicio de amparo. En tal sentido, a efecto de determinar si resulta o no procedente la suspensión provisional solicitada, por cuestión de técnica jurídica, se debe analizar en el orden en el que se asientan los aspectos siguientes: A) Si su naturaleza permite su paralización. B) Si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo; y, en su caso, C) Si resulta necesario exigir alguna garantía para que surta efectos la suspensión porque existe un tercero interesado o se trata de contribuciones. Al respecto, resulta aplicable la tesis 2a. XXIII/2016, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1376, del Tomo II, correspondiente al mes de mayo de dos mil dieciséis, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, con número de registro 2011614, de rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA CONCEDERLA." Naturaleza de la norma. En ese sentido, es necesario precisar que cuando se pide la suspensión de normas generales es necesario atender a lo establecido en el artículo 148 de la Ley de Amparo, que se transcribe a continuación: "Artículo148. En los juicios de amparo en que se reclame una norma general autoaplicativa sin señalar un acto concreto de aplicación, la suspensión se otorgará para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso. En el caso en que se reclame una norma general con motivo del primer acto de su aplicación, la suspensión, además de los efectos establecidos en el párrafo anterior, se decretará en relación con los efectos y consecuencias subsecuentes del acto de aplicación". De dicho precepto se advierte que, en principio, en el juicio de amparo es procedente conceder la suspensión contra los efectos que las normas generales producen en la esfera jurídica de los particulares, así como en relación con las consecuencias del acto de aplicación, de ser el caso. Ahora, el decreto reclamado se trata de un acto formal y materialmente legislativo que participa de las características de ser general, abstracto e impersonal, pues se encuentra contenido en un ordenamiento legal que, conforme a su artículo 1º es aplicable para los órganos que integran el Poder Judicial de la Federación, consistentes en: I. La Suprema Corte de Justicia de la Nación; II. El Tribunal Electoral; III. Los Plenos Regionales; IV. Los Tribunales Colegiados de Circuito; V. Los Tribunales Colegiados de Apelación; VI. Los Juzgados de Distrito, y VII. El Consejo de la Judicatura Federal. Así pues, de manera preliminar se trata de una norma de carácter general, con independencia de que los destinatarios de su contenido se circunscriban a un determinado grupo de gobernados, como lo son los órganos jurisdiccionales y administrativos enunciados así como los funcionarios que forman parte de cada uno de ellos; esto, sin que se encuentre entonces dirigida a regular la situación jurídica de una persona física o moral determinada individualmente. También, la norma sustantiva prohíbe que el Poder Judicial de la Federación tenga fideicomisos e inició su vigencia al día siguiente de su publicación, es decir, el veintiocho de octubre de dos mil veintitrés. Asimismo, establece obligaciones inmediatas pues sus transitorios ordenan: a) En ciento veinte días, a partir de la publicación de la reforma, se deben realizar actos de coordinación con las instituciones fiduciarias para extinguir los fideicomisos de Poder Judicial de la Federación, preconstituidos. b) La extinción deberá atenderse con los recursos de los propios fideicomisos. c) Los recursos o remanentes derivados de los fideicomisos deberán enterarse a las unidades administrativas con funciones de tesorería en el Poder Judicial de la Federación que los deben entregar a la Tesorería de la Federación en el mismo plazo de ciento veinte días. d) Los recursos derivados de los fideicomisos de mérito, serán concentrados en la Tesorería de la Federación y se destinarán a programas que permitan cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo. e) El Poder Judicial de la Federación debe publicar un informe de cada instrumento extinto, en un plazo de siete días hábiles a partir de su entrega a la Tesorería de la Federación. Las características reseñadas evidencian que el decreto reclamado tiene la naturaleza de norma autoaplicativa, pues sus consecuencias ocurren en forma incondicionada, esto es, sin necesidad de un acto de aplicación, razón por la que sus efectos y consecuencias sí son susceptibles de ser suspendidos. Requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo. En primer término, debe destacarse que al otorgarse la medida cautelar a la parte quejosa, no actualiza alguno de los supuestos comprendidos de manera enunciativa -más no limitativa- en el artículo 129 de la Ley de Amparo. Con independencia de los supuestos en mención, debe tenerse en cuenta que, el interés social o el orden público se consideran afectados cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Por tanto, corresponde al juez de amparo, en cada caso, realizar un estudio respecto de la disposición o acto que se reclame para determinar si la suspensión es procedente conforme al artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo. Además, como lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, la apreciación de que con tal otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, depende del caso en concreto. Es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a folio 343, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1995, de contenido siguiente: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (Jurisprudencia Común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría." En este punto debe destacarse que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el concepto de orden público en ocasiones es confuso y podría servir para sustentar dos intereses en conflicto, por lo que debe ser cuidadosa su interpretación, que debe ceñirse a las "justas exigencias" de "una sociedad democrática" que tenga en cuenta el equilibrio entre los distintos intereses en juego y la necesidad de preservar el objeto y fin de la Convención. Y estimó que en el marco de dicho tratado, debe entenderse como las condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y normal de las instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores y principios, pero que no pueden ser considerados como medios para suprimir un derecho garantizado por la Convención o para desnaturalizarlo o privarlo de contenido. Por esa razón se estima que no basta con que se considere que debe negarse la suspensión porque se pueden causar perjuicios a la colectividad, sino que deben ponderarse éstos a fin de verificar si ameritan que se lesione, aun de manera provisional, la esfera jurídica de los gobernados, en cuya salvaguarda también está interesada la sociedad. De acuerdo con lo anterior, para decidir acerca de la medida cautelar, la persona juzgadora debe estudiar el acto reclamado y realizar una ponderación en la que sopese por una parte, el daño que podría causarse a la colectividad con la paralización del acto reclamado y, por otro, la verosimilitud del derecho de la parte quejosa y los daños posibles que podría causarle la ejecución del acto reclamado. En el entendido de que tal ponderación debe realizarse caso por caso, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada uno de ellos. Lo anterior, pues en estos casos estamos ante la colisión de principios constitucionalmente válidos, que deben salvaguardarse en la mayor medida posible. De esta manera, su utilización debe ser cuidadosa, en tanto que no podrían justificar suprimir un derecho garantizado o privarlo de contenido, pues la sociedad también está interesada en el funcionamiento de las instituciones democráticas y en el respeto y realización de los derechos de la persona humana. Es posible que existan casos en los que se encuentren en conflicto dos cuestiones de interés público, que deberán ponderarse al momento de decidir acerca de la suspensión de los actos reclamados. Por esa razón, se insiste, no basta con que se considere que la colectividad está interesada en determinada cuestión, sino que deben ponderarse los daños sociales a fin de verificar si ameritan que se lesione, aun de manera provisional, la esfera jurídica de los gobernados, en cuya salvaguarda también está interesada la sociedad. En ese orden de ideas, el artículo 129 de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de conceder la suspensión en los casos que prevé expresamente, siempre que la persona juzgadora considere que, de negarla, se causarían mayores perjuicios a la colectividad. En ese sentido, la sola previsión respecto a la finalidad de que los recursos relativos sean posteriormente destinados a programas sociales, no hace de suyo que se estimen contravenidas las disposiciones de orden público e interés social; al encontrarse inmersa una probable transgresión de derechos fundamentales. A lo que debe sumarse, que conforme a lo previsto en la parte final del artículo 129 de la Ley de Amparo, el órgano de control constitucional debe considerar además, si a su juicio, con la negativa de la medida suspensional, puede causarse mayor afectación al interés social, lo cual se estima también es de tenerse en cuenta en el caso concreto; en tanto que, el respeto a la división de poderes y a la independencia judicial, así como el fortalecimiento del sistema de justicia existente, son principios constitucionales que también interesan a la colectividad, pues a través de ellos se garantiza el contar con tribunales que se encuentren expeditos para actuar en el marco de sus facultades constitucionales y legales, para la protección de los derechos fundamentales de todo ciudadano y persona residente o que se encuentre en tránsito en nuestro país, frente a los actos arbitrarios de autoridad. Es de tomarse en cuenta que, entre otros principios que aplican para los derechos fundamentales, cuya transgresión se avizora preliminarmente, es el de progresividad, el cual se relaciona no sólo con la prohibición de regresividad del disfrute de los derechos fundamentales, sino también con la obligación positiva de promoverlos de manera progresiva y gradual. En tales consideraciones, el principio de progresividad exige a todas las autoridades del Estado Mexicano, en el ámbito de su competencia, incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto protección y garantía de los derechos humanos y también les impide, en virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin plena justificación constitucional disminuyan el nivel de la protección a los derechos humanos. Debe decirse que el estudio profundo con relación de, hasta donde se encuentra inmerso el interés jurídico de la quejosa, relacionado de manera directa con los recursos de los instrumentos jurídicos en cita, o bien, relacionados con su derecho a contar con un sistema de justicia fuerte, habrá de ser materia de pronunciamiento en la sentencia que resuelva el fondo del reclamo constitucional de mérito. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 41/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 42, Mayo de 2017, tomo I, página 634, que establece: "PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI LA LIMITACIÓN AL EJERCICIO DE UN DERECHO HUMANO DERIVA EN LA VIOLACIÓN DE AQUEL PRINCIPIO. El principio de progresividad de los derechos humanos tutelado en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es indispensable para consolidar la garantía de protección de la dignidad humana, porque su observancia exige, por un lado, que todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de su competencia, incrementen gradualmente la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y, por otro, les impide, en virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que disminuyan su nivel de protección. Respecto de esta última expresión, debe puntualizarse que la limitación en el ejercicio de un derecho humano no necesariamente es sinónimo de vulneración al principio referido, pues para determinar si una medida lo respeta, es necesario analizar si: (I) dicha disminución tiene como finalidad esencial incrementar el grado de tutela de un derecho humano; y (II) genera un equilibrio razonable entre los derechos fundamentales en juego, sin afectar de manera desmedida la eficacia de alguno de ellos. En ese sentido, para determinar si la limitación al ejercicio de un derecho humano viola el principio de progresividad de los derechos humanos, el operador jurídico debe realizar un análisis conjunto de la afectación individual de un derecho en relación con las implicaciones colectivas de la medida, a efecto de establecer si se encuentra justificada." Se advierte pues, que la suspensión solicitada no contraviene el interés social ni disposiciones de orden público, porque la medida otorgada únicamente detiene de manera temporal los efectos de los actos reclamados, pero no impide en modo alguno, el desarrollo de las funciones del Estado; por tanto, no implica una afectación grave a la sociedad, en proporción mayor a los beneficios que pudieran obtener la solicitante del amparo hasta en tanto se decide sobre la suspensión definitiva que se dicte. Cabe destacar que, por el momento, no existen elementos suficientes para considerar que el numerario que contienen los fideicomisos que se extinguen, es el único recurso con el que cuenta el Estado para desarrollar los programas sociales o para la infraestructura nacional, pues es del conocimiento público, por ser un hecho notorio, que el Estado cuenta con recursos y partidas destinadas para esos efectos, sin que ello implique que necesariamente se deben disminuir, quitar, liquidar o suprimir, las partidas integrantes de los fideicomisos, del cual el Poder Judicial de la Federación, a través de sus servidores públicos, forma parte esencial en la conformación de aquellos. Tampoco pasa desapercibido que si bien, los recursos de los fideicomisos sujetos a extinción, pretenden ser destinados al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, el cual contempla la atención de desastres naturales; empero, atento a su contenido, al que puede acudirse como hecho notorio por haberse publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de julio de dos mil diecinueve, se puede apreciar que no se encuentra referencia alguna con relación a que, para la satisfacción de los fines que en él se comprenden, estuviera previsto desde entonces, disponer de los recursos de los fideicomisos de que se trata. Por lo que, entonces, es válido considerar que el citado programa gubernamental ya preveía desde el momento de su emisión, la manera y los recursos con base en los cuales pudieran hacerse viables los proyectos de desarrollo del Ejecutivo Federal a favor de los diversos sectores de la sociedad en general. No es obstáculo arribar a tal determinación, el hecho que las normas reclamadas sean disposiciones de orden público, pues ello de suyo no puede llevar a considerar que por esa razón deba negarse la suspensión solicitada, ya que todas las disposiciones de carácter general participan en mayor o menor medida de tales características; por lo que resulta imprescindible para la conservación de la materia del juicio de amparo, analizar los diversos grados de afectación al interés social y al orden público, la naturaleza del objeto específico de los ordenamientos, lo cual debe ponderarse simultáneamente como se ha dicho, con la apariencia del buen derecho. Así, con base en la apariencia del buen derecho, así como en lo atinente a que los recursos de los fideicomisos cuya extinción se ordena, no se encontraban siquiera contemplados al momento de emitirse el Plan Nacional de Desarrollo para el cual se pretenden destinar; siendo que, por otro lado, es de destacarse que dichos instrumentos jurídicos fueron creados a fin de salvaguardar también aspectos que son de interés social y orden público, se estima entonces que las consecuencias que el acto reclamado puede producir en la esfera de derechos de la quejosa son de mayor gravedad que las que pudiera resentir la sociedad, en tanto existe interés social en el debido cumplimiento de los derechos que protege la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre los que se encuentra la estabilidad laboral, la protección salarial y la autonomía presupuestal. La negativa a otorgar la medida cautelar implicaría una afectación mayor a bienes jurídicos de índole colectivo, pues la sociedad en su conjunto está interesada en el respeto a los principios que rigen la función pública y su óptimo desempeño, así como los principios de protección al salario, irreductibilidad salarial o menoscabo en su percepción con aportaciones, como se pretende hacer con la extinción de los fideicomisos que derivan del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera que al conceder la suspensión se pretende evitar un perjuicio a los bienes e intereses que integran la noción de orden público e interés social. Tampoco puede pasarse por alto que la sociedad está interesada en que se respeten los derechos laborales de los gobernados, entre ellos, el salario que incluye temas relacionados con aportaciones a programas para la jubilación, seguro de gastos médicos extraordinarios, seguro de retiro y aportaciones voluntarias, entre otros, constituyen en parte el salario del servidor público del Poder Judicial de la Federación, pues la protección salarial es un derecho humano y, por tanto, al ser el mismo un instrumento para la satisfacción y pleno desarrollo de la dignidad humana, es que tanto el orden público como el interés social están interesados en que éste no pueda ser objeto de posibles decisiones arbitrarias. Con base en lo expuesto, se considera que con la concesión de la medida suspensional, no se afecta a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener la parte promovente; por el contrario, de no otorgarse la suspensión solicitada, se afectarían irreparablemente los derechos fundamentales que se aducen como vulnerados la base trabajadora y jubilada del Consejo de la Judicatura Federal, ocasionando con ello daños irreversibles para los servidores públicos, así como una afectación a la sociedad al entorpecer el sistema federal de impartición de justicia. Si resulta necesario exigir alguna garantía para que surta efectos la suspensión porque existe un tercero interesado o se trata de contribuciones. La suspensión provisional, en el caso, no requiere fijar un requisito de efectividad dado que no existe tercero interesado en este juicio, aunado a que no se está en los supuestos del artículo 135 de la ley citada. Concesión de la suspensión. En este orden de ideas, con apoyo en los artículos 125, 128, 133, 136 y 147 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL a********************, para los efectos siguientes: a) Se suspendan todas las consecuencias del Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los artículos transitorios, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de octubre de dos mil veintitrés. b) Los órganos del Poder Judicial de la Federación que funjan como fideicomitentes se abstengan de coordinarse con las instituciones que funjan como fiduciarias para llevar a cabo los actos y procesos necesarios para extinguir los fideicomisos materia del Decreto reclamado y dar por terminados los mandatos correspondientes, así como de suscribir los convenios de extinción o terminación. c) No se haga entrega de fondos, recursos remanentes, así como los productos y aprovechamientos derivados de los fideicomisos a la Tesorería de la Federación en el término del plazo señalado en el artículo segundo transitorio del Decreto reclamado. d) No se concentren los aprovechamientos en la Tesorería de la Federación y no se destinen por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a ningún programa del Plan Nacional de Desarrollo. e) No se disponga de los recursos a que hace alusión el Decreto reclamado, en detrimento de los miembros del Poder Judicial de la Federación en materia de trabajo y seguridad social, ligados a sus Condiciones Generales de Trabajo y diversos acuerdos generales emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Es importante destacar que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a cumplir con la suspensión provisional otorgada, aún en el supuesto de que no hubieren sido llamadas como responsables, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 158 y 197 de la Ley de Amparo. La suspensión provisional decretada surte sus efectos desde luego, esto es, desde el dictado de este acuerdo, como se establece en el artículo 136 de la Ley de Amparo y estará vigente hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la determinación que se adopte sobre la suspensión definitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la referida legislación. Notifíquese.
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