Blanca Esther Pérez Ocegueda
Expediente 493/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 493/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Blanca Esther Pérez Ocegueda
Actuaciones
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese para que obre como corresponda el oficio firmado por la Juez Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, residente en Tuxtla Gutiérrez; mediante el cual acusa recibo del oficio con el cual se le remitieron los autos originales del juicio de amparo 493/2019-I, téngasele informando que no insiste en declinar la competencia y se avoca al conocimiento de la demanda que dio origen al cuaderno de antecedentes en que se actúa.-En tal virtud, , se ordena el archivo del presente cuaderno, por tratarse de un asunto concluido., relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito se provee lo siguiente:-a) Este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de seis meses, contado a partir de la emisión de este proveído, previa acta correspondiente, en razón de que no existen documentos originales.-b) Este asunto no se considera de relevancia documental.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese el oficio 13485/2019, signado por la Juez Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, residente en Tuxtla Gutiérrez, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo 211/2019, de su índice, promovido por Blanca Esther Pérez Ocegueda, con anexos. Fórmese el expediente correspondiente y regístrese con el número 493/2019-I, en el libro de gobierno respectivo. Rechazo de competencia para conocer del juicio de amparo- Para mejor comprensión del asunto, se narran los antecedentes siguientes: El veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, Jorge Alberto Vázquez Oropeza, por conducto de su endosataria en procuración Cecilia Ballinas Hernández, en la vía ejecutiva mercantil y en el ejercicio de la acción cambiaria demandó de Roberto Martínez Cepeda, entre otras prestaciones, el pago de $457,000.00 (cuatrocientos cincuenta y siete mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal amparada en el título de crédito base de la acción (pagaré). Asunto que tocó conocer al Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, residente en Tuxtla Gutiérrez, por lo que mediante auto de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, ordenó formar expediente y registrarlo como juicio ejecutivo mercantil 5/2018, y previno a la actora. Por auto de trece de febrero de dos mil dieciocho la parte actora dio cumplimiento a la prevención formulada en auto de veinticinco de enero del citado año, por lo que se admitió la demanda y ordenó requerir de pago de las prestaciones reclamadas a Roberto Martínez Cepeda y, en caso de no hacerlo, embargara bienes de su propiedad suficientes a garantizarlas, asimismo, corriera traslado y emplazara a juicio. Para tal efecto, se libró exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con sede en La Paz. El dos de abril de dos mil dieciocho, el Juez Tercero de Distrito de Baja California Sur, residente en La Paz, registró el exhorto bajo el número 67/2018, número de orden 67/2018, y giró despacho al Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Guerrero Negro, Baja California Sur e instruyó al actuario de dicha adscripción realizar la diligencia encomendada. El trece de abril del año próximo pasado, el Juez Mixto de Primera Instancia del Partido Judicial de Mulegé, con residencia en Guerrero Negro, Baja California Sur, radicó el despacho bajo el número 80/2018 y el dieciocho posterior, la actuaria adscrita a dicho juzgado efectúo la diligencia solicitada. En lo que interesa, la actuaria adscrita a dicho juzgado entendió directamente la diligencia con el demandado Roberto Martínez Cepeda, el cual manifestó reconocer la deuda y no señaló bienes para embargo, por lo que, la actora señaló para tal efecto, el bien inmueble ubicado en calle Estanque, Fraccionamiento Jardines de San Antonio, lote 17, manzana 11, de esta ciudad, entre otras cosas. El veintinueve de junio de dos mil dieciocho se dictó sentencia en el juicio ejecutivo mercantil 5/2018, donde se condenó a Roberto Martínez Cepeda a pagar $457,000.00 (cuatrocientos cincuenta y siete mil pesos 00/100 moneda nacional), como suerte principal, así como al pago de los intereses moratorios. El trece de julio de dos mil dieciocho, la parte actora interpuso recurso de apelación en ambos efectos contra la sentencia dictada en autos. Por auto de veinte de agosto del año próximo pasado, se agregó el oficio remitido por la Secretaria del Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Circuito, por medio del cual informó que causó estado el recurso de apelación interpuesto por la parte actora. El veintidós de enero del año que transcurre se dictó resolución en el incidente de liquidación de intereses moratorios. Por auto de trece de febrero del actual la quejosa promovió demanda de amparo directo, que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Civil de Vigésimo Circuito residente en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, bajo el número 139/2019, determinó carecer de competencia legal para conocer el asunto y remitió al Juez de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en turno, con sede en esa ciudad. El veintiséis de febrero siguiente, el Juez Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, residente en Tuxtla Gutiérrez, aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento de la misma, la cual registró bajo el número 211/2019 y desechó al estimar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los artículos 6o. y 5o. (falta de interés jurídico). El ocho de marzo del año que transcurre, la quejosa interpuso recurso de queja contra el auto de desechamiento, la que fue declarada fundada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Civil del Vigésimo Circuito, al resolver el recurso de queja 59/2019 y ordenó la reposición del procedimiento para que se previniera a la quejosa indicara sí señalaba como acto reclamado el embargo practicado en el juicio ejecutivo mercantil 5/2018 del índice del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas y como autoridad responsable al actuario adscrito que lo llevó a cabo. Por auto de ocho de mayo del año en curso, el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, recibió el testimonio de la superioridad y realizó el requerimiento ordenado. El veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, la quejosa desahogó el requerimiento y señaló como acto reclamado el embargo practicado dentro del juicio ejecutivo mercantil citado, respecto del inmueble ubicado en calle Estanque, número 245, Fraccionamiento Jardines de San Antonio de esta ciudad, el cual atribuye al actuario judicial adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Partido Judicial de Mulegé, con residencia en Guerrero Negro, Baja California Sur. El juzgado oficiante sostuvo carecer de competencia legal para conocer del asunto y remitió la demanda de amparo al Juez de Distrito del Estado de Guanajuato en turno, residente en Irapuato, por estimar que el inmueble embargado, el cual se localiza en esta ciudad, finca la competencia. Respetuosamente, no se comparten las consideraciones de la Juez declinante. El primer párrafo del artículo 16 constitucional prevé los requisitos que debe cumplir todo acto de autoridad, uno de ellos consiste en que sea expedido por autoridad competente, lo cual implica que previo a cualquier estudio, la competencia debe ser clara para la autoridad, pues constituye un presupuesto procesal de orden público, que debe analizarse preferentemente al fondo de la cuestión planteada. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De acuerdo con el precepto anterior es competente para conocer de la demanda de amparo: a) El Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado (párrafo primero). b) El Juez de Distrito ante el cual se presente la demanda, cuando la ejecución del acto reclamado se lleve a cabo en jurisdicciones diferentes (párrafo segundo). Se estima que dicho párrafo debe interpretarse de forma sistemática con el anterior, en el sentido de que es competente cualquiera de los jueces, a elección del quejoso, que ejerza jurisdicción en los lugares de materialización del acto reclamado. c) El Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda, si el acto reclamado no requiere ejecución material (párrafo tercero). Al resolver la contradicción de tesis 58/2003-PS, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la competencia del órgano jurisdiccional que deba conocer de la demanda de amparo que, en su caso, se promueva contra la orden de embargo contenida en el auto de exequendo, cuya diligenciación es solicitada por medio de exhorto, debe decidirse a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción tenga o deba tener ejecución dicho exhorto. En el caso, para llevar a cabo el embargo reclamado, el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, residente en Tuxtla Gutiérrez, giró exhorto a su similar en el Estado de Baja California Sur, con sede en La Paz y, éste a su vez, libró despacho al Juez Mixto de Primera Instancia del Partido Judicial de Mulegé, con residencia en Guerrero Negro, Baja California Sur, donde a través del actuario de su adscripción se llevó a cabo el embargo reclamado. En tales condiciones, es evidente que el acto reclamado no se ejecutó en la jurisdicción de este juzgado de distrito. Es así, pues el competente para conocer de dicha demanda es el Juez de Distrito que corresponda a la jurisdicción donde se diligenció la comunicación oficial correspondiente. Ello en atención a que la autoridad exhortada desempeña una función fundamental, pues se encarga de llevar hasta sus últimas consecuencias la ejecución ordenada y, en esa condición es quien enfrenta directamente al particular afectado.
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