Blanca Esthela Velázquez Mendoza

Expediente 103/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 27 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
103/2022
Año
2022
Actuaciones
27
Última actuación
04/10/2023

Partes del expediente

  • Blanca Esthela Velázquez Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados y página electrónica a la parte quejosa. Culiacán, Sinaloa, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, así como el estado que guardan los autos, este tribunal resolverá si la sentencia está cumplida, si existe exceso o defecto o imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. En resolución de nueve de febrero del año en curso, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Blanca Esthela Velázquez Mendoza para los efectos siguientes: SÉPTIMO. Efectos del amparo. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 74, fracción IV, y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo a Blanca Esthela Velázquez Mendoza, para el efecto de que la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado, en el ámbito de su competencia, realice lo siguiente: 1. Desincorpore de la esfera jurídica del quejoso el artículo 91, fracción II, inciso b), de la Ley que crea el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa. 2. Asimismo, de ser el caso, calcule y pague las diferencias generadas entre lo que se dejó de pagar y debió pagarse a la parte quejosa, con motivo de la aplicación de la norma declarada inconstitucional; salvo las que legalmente estén prescritas En cumplimiento a lo anterior, la responsable remitió el oficio sin número de treinta y uno de agosto pasado (foja 191) que contiene anexo recibo de pago en favor de la quejosa correspondiente primera quincena de junio de dos mil veintitrés y el correspondiente a la primera de julio pasado, con el que acredita la desincorporación del quejoso del artículo 91, fracción II, inciso b), de la Ley que crea el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa, al ser declarada inconstitucional. Igualmente remitió el cálculo de las diferencias generadas entre lo que se dejó de pagar y debió pagarse a la parte quejosa y el pago respectivo a dicha operación aritmética. Documentales que tienen valor probatorio pleno, a la luz de lo dispuesto por los artículos 129 y 202, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, se determina que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, sin excesos ni defectos; por tanto, se ordena el archivo definitivo de este expediente como totalmente concluido, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En el entendido que hasta en tanto se encuentren debidamente notificadas las partes del presente acuerdo, se remitirá físicamente al archivo definitivo el juicio en que se actúa. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto, conforme a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado acuerdo; así entonces, hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva así como la relativa al archivo, en el entendido que este expediente es conservable. Una vez que trascurra el término de tres años, remítase el presente expediente al Área Coordinadora de Archivo. Finalmente, en atención a que obran en este expediente documentos originales allegados por la parte quejosa; por tanto, se hace de su conocimiento que cuenta con un plazo de noventa días legalmente computado para que acuda a recogerlos, apercibida que de no hacerlo dicho documento correrá la suerte del presente sumario constitucional, en términos de lo señalado en el punto décimo primero del referido acuerdo general conjunto. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, ante el licenciado Roberto Escobedo Sánchez, secretario que da fe.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados y página electrónica a la parte quejosa. Culiacán, Sinaloa, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio remitido por el Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa (ISSSTEESIN), al que en cumplimiento de la ejecutoria de amparo anexa constancia del cálculo de las diferencias generadas entre lo que se dejó de pagar y debió pagarse a la parte quejosa, con motivo de la aplicación de la norma declarada inconstitucional, correspondiente, así como el pago del mismo a la cuenta de la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el citado oficio y constancias dese vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efecto la notificación correspondiente, manifieste lo que a su interés legal convenga respecto dicho cumplimiento. Trascurrido el plazo concedido, con desahogo de la vista o sin ella, se emitirá pronunciamiento en torno el cumplimiento de la sentencia protectora. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido de Ramón Gustavo Grajeda Tello, Secretario que da fe.

  3. Principal

    En Culiacán, Sinaloa, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente del que se advierte que mediante el auto que antecede se tuvo al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa (ISSSTEESIN), informando los tramites tendentes a dar cumplimiento a la sentencia de amparo. No obstante, en atención al contenido del informe, se advierte que si bien la responsable realizó una transferencia a la cuenta bancaria de la parte quejosa, lo cierto es que ha sido omisa en remitir constancia con la que acredite la desincorporación de la esfera jurídica de la quejosa el artículo 91, fracción II, inciso b), de la Ley que crea el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa, así como en remitir el cálculo de las diferencias generadas entre lo que se dejó de pagar y debió pagarse a la parte quejosa, con motivo de la aplicación de la norma declarada inconstitucional. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días posteriores a la notificación del presente proveído remita en copia certificada lo siguiente: Constancia con la que acredite la desincorporación de la esfera jurídica de la quejosa el artículo 91, fracción II, inciso b), de la Ley que crea el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa; y El cálculo de las diferencias generadas entre lo que se dejó de pagar y debió pagarse a la parte quejosa, con motivo de la aplicación de la norma declarada inconstitucional. Se le apercibe que en caso de desacato sin causa justificada, con sustento en los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización en términos del decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de sus puestos y su respectiva consignación. Notifíquese.

  4. Principal

    En Culiacán, Sinaloa, trece de julio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio que remite el Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa (ISSSTEESIN), mediante el cual informa los tramites tendentes a dar cumplimiento a la sentencia de amparo. En atención al contenido del informe de cuenta, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días posteriores a la notificación del presente proveído remita en copia certificada lo siguiente: Constancia con la que acredite la desincorporación de la esfera jurídica de la quejosa el artículo 91, fracción II, inciso b), de la Ley que crea el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa; y El cálculo de las diferencias generadas entre lo que se dejó de pagar y debió pagarse a la parte quejosa, con motivo de la aplicación de la norma declarada inconstitucional. Lo anterior, virtud que si bien la responsable realizó un pago a la cuenta bancaria de la parte quejosa, fue omisa en precisar si dicha cantidad corresponde al cálculo referido. Se le apercibe que en caso de desacato sin causa justificada, con sustento en los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización en términos del decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de sus puestos y su respectiva consignación. Notifíquese.

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