Blanca Esthela Urrea Moreno
Expediente 25/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 25/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Blanca Esthela Urrea Moreno
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 párrafo primero, de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa se inconformara contra el acuerdo de dos de febrero de dos mil veintitrés, en el que se desechó la presente demanda; en consecuencia, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales consiguientes. se ordena archivar definitivamente el presente asunto como concluido. se procede a determinar la clasificación documental de este expediente.
- Principal
RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Fórmese expediente con el escrito de cuenta; regístrese con el número ****, en el libro de gobierno respectivo de este órgano jurisdiccional. CONSIDERACIONES PREVIAS. Previo acordar sobre la admisión, prevención o desechamiento de la demanda de amparo, es obligación de este órgano jurisdiccional examinarla y si hubiere alguna irregularidad, deficiencia o improcedencia en ésta, se acordara lo conducente; en ese orden, es menester señalar que los artículos 62 y 113, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 62. Las causales de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los preceptos de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, agosto de 1994, Octava Época, página 64, con número de registro 210751, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." De lo anterior, se advierte que es obligación de esta juzgadora, ante la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, se adentre al estudio y desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Luego, es ineludible precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, sea advertido en forma patente y absolutamente claro de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran aportar las partes. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, de sus anexos o de su ampliación, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. Es aplicable la tesis de jurisprudencia I.6°.C.J/19, con número de registro 193379, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Septiembre de 1999, página 730, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las fracciones I y II del numeral 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se advierta claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causal de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, página 898, Materia Constitucional, Novena Época, con registro 196923, que establece: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia de la controversia constitucional que permita desechar de plano la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable; es decir, debe advertirse del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido". Además, con la diversa jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Octubre de 2001, página 803, Materia Constitucional, Novena Época, con registro 188643, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA' PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por 'manifiesto' debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo 'indudable' resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa". DESECHAMIENTO. Como punto de partida, resulta oportuno señalar que las causales de improcedencia en un juicio de amparo son de orden público, lo que quiere decir que la sociedad encuentra interés en que los mismos sean tramitados únicamente respecto de aquellos actos que la ley autoriza, y como consecuencia, ante la actualización de alguna de ellas en cualquiera que sea la instancia procesal, su estudio debe ser preferente lo aleguen o no las partes. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte lo siguiente: "1. AUTORIDADES RESPONSABLES.- Comisión Federal de Electricidad de la Ciudad de Canana, Sonora, quien tiene su domicilio en calle A numero 16 esquina con calle 6 FRACCION ESTE DE LA FRACCION (sic) DE TERRENO DE LA MANZANA 16 de la Colonia Valle Grande y/o Colonia Industrial de esta ciudad de Cananea, Sonora quien tiene el carácter de AUTORIDADES ORDENADORAS Y EJECUTORAS. IV.- ACTOS RECLAMADOS.- De las autoridades señaladas como responsables ordenadoras y ejecutoras, se reclama, el ilegal Auto de Ejecución QUE EMITIERON Y EJECUTARON FUERA DE TODO PROCEDIMIENTO JUDICIAL Y/O ADMINISTRATIVO QUE CONSISTE EN LA ORDEN DE CORTE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA y/o corte de suministro y/o actos fundatórios (sic) que dieron origen al acto reclamado del cual la suscrita soy usuaria tal y como se acredita del recibo anexo a la presente demanda de garantías y que se desprende del contrato de servicio 556990600650. acto que se llevara a cabo en mí domicilio ubicado en calle Chapultepec numero 47 esquina con calle Melchor Ocampo de la Colonia CAMPESTRE ORIENTE de esta ciudad de Cananea, Sonora y respecto del servicio que la suscrita tiene contratado con la Autoridad Responsable; SIN QUE HAYA MEDIADO PROCEDIMEINTO (sic) LEGALMENTE VÁLIDO PARA ELLO EL CUAL SE EJECUTO EN MI CONTRA; SIN QUE HAYA MEDIADO PROCEDIMEINTO (sic) LEGALMENTE VÁLIDO PARA ELLO, ya que ignoro por no habérseme llamado a juicio y/o a formar parte del procedimiento que se haya dictado en mi contra sin haber cometido Acto u Omisión que amerite dicha medida vulnerando de esta forma mis Derechos Humanos y garantías consagradas en los artículos 1, 14, 16 y 20 constitucional y a las que más adelante procederé a referirme." Al respecto, este órgano constitucional considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, por ser un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas Generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídica. (.)" Los diversos prevén que el juicio de amparo procede contra toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, se considera autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o la que omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. La definición del concepto "autoridad responsable" a que se refiere el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, ha sido delimitada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 2a./J. 164/2011, con número registro digital 161133, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado" De lo anterior, es dable concluir que una autoridad para efectos del juicio de amparo es la que teniendo las características de órgano público otorgadas por la norma jurídica, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales, a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Dicho de otro modo, es autoridad aquella persona física o moral que con facultades de facto o de jure, en uso del poder público de decisión o ejecución, o bien, de ambas, de manera unilateral y obligatoria, crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas de hecho o jurídicas en perjuicio del gobernado. Ahora, para que un acto realizado por un particular pueda ser considerado como de autoridad, debe reunir las características de unilateralidad, imperio y coercitividad, además de derivar de una relación de supra a subordinación; por exclusión, la realización de actos entre particulares en un plano de igualdad, que no impliquen una relación en los términos apuntados, impide que pueda atribuírsele a cualquiera de ellos el carácter de autoridad responsable. Aclarado el tema, en la especie, el acto reclamado por la parte quejosa, únicamente se ubica dentro de los denominados de coordinación. Para entenderlo, conviene explicar la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes, generalmente particulares, se encuentran en un mismo nivel, teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias; de tal manera que dentro de este tipo de relaciones se encuentran, verbigracia, las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público, el cual establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado; entre ellos, destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad, por lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, instituye una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se instauran entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. De lo anteriormente expuesto, se advierte como notas que distinguen a una autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa y jurisdiccional, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Es decir, el acto de autoridad es unilateral, imperativo y coercitivo. Por tanto, podemos establecer que, para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que exista un acto de autoridad que viole las prerrogativas de la parte quejosa en un plano de supra a subordinación. Siendo pertinente aclarar que para que un ente de hecho o de derecho (o un particular) sea considerado como autoridad, debe establecerse, como ya se dijo, una relación de supra a subordinación con un particular; además, que esa relación debe tener su nacimiento en la ley, la que dota al ente de una facultad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad. En este orden de ideas, se determina que el acto que se atribuye a la Comisión Federal de Electricidad, consistente en el corte del suministrito de energía en el domicilio de quejosa, es una relación de coordinación, con la dependencia paraestatal. Se asevera lo anterior, dado que de los antecedentes que narró la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, y de las constancias que anexa al escrito de demanda, se advierte que la quejosa tiene el carácter de usuaria del servicio de energía eléctrica, por lo que deriva de una relación meramente comercial, con motivo de la contratación del servicio de suministro de energía eléctrica, la cual se ubica como ya se dijo, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación con el mismo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 198/2017, señaló que de la interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela la actividad de suministro de energía de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste en un sistema de libre competencia, por lo que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa. Asimismo; ha emitido sendas jurisprudencias que resuelven los tópicos que propone, en primer lugar, en el sentido de que la Comisión Federación de Electricidad tratándose de actos derivados del contrato de suministro de energía eléctrica, no es autoridad para efectos del juicio de amparo; y, por otro, que al existir jurisprudencia que define la naturaleza de los actos de la citada empresa, constituye una causa manifiesta e indudable de improcedencia para desechar la demanda de amparo. Las jurisprudencias mencionadas son las siguientes: 2ª./J. 30/2018, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, página 532, Decima Época, con número de registro 2016656, que dice: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo. Y la diversa, 2ª./J. 2/2019, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página 1008, Decima Época, con número de registro 2019230, que establece: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional." En ese orden de ideas, si el acto reclamado consiste en el corte del suministrito de energía en el domicilio de **********, es inconcuso que la afectación que refiere la quejosa emana de una relación comercial de coordinación y, por tanto, no se está frente a un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. No es óbice a lo anterior el que la quejosa alegue vulneración a sus derechos humanos; sin embargo, tal situación no exime a la promovente de cumplir con las exigencias de procedencia del juicio de amparo; pues como ya se dijo, el acto reclamado es el corte del suministro de energía; no así la negativa de la Comisión Federal de Electricidad a suministrarle ese servicio, por lo que a efecto de que reciba el servicio de energía eléctrica tiene expedito su derecho a demandar lo que estime pertinente conforme a derecho en la vía correspondiente. Lo anterior encuentra justificación en la Jurisprudencia 2a./J. 156/2017, emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 50, Enero de 2018, Tomo I, página 336, Decima Época, con número de registro 2015944, que a la letra dice: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil." En consecuencia, por ser un motivo manifiesto e indudable de improcedencia en términos de la fracción XXIII del artículo numeral 61, en relación con los diversos ordinales 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el precepto 113 de la norma en cita. Asimismo, debe decirse que sería ocioso dar trámite a una demanda de amparo, de la cual resulta evidente su sobreseimiento; además, de que crearía falsas exceptivas a la peticionaria de amparo, coartando su derecho de acudir a una diversa instancia que pudiera dar solución a los actos que considera violatorios de sus derecho, dado que es claro que el acto que impugna carece de las características de un acto de autoridad que haga procedente el análisis de su constitucionalidad o inconstitucionalidad a través del presente juicio de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención al derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17, Constitucional. Sirve de apoyo la tesis sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página dos mil novecientos cincuenta y tres, del Semanario Judicial de la Federación. Tomo XCI, registro digital 347382, Quinta Época, que dice así: "DEMANDA DE AMPARO, IMPROCEDENCIA DE LA. Conforme al artículo 145 de la Ley de Amparo, el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, para desechar de plano la demanda de amparo, por su notoria improcedencia debe desprenderse de la propia demanda de amparo." DOMICILIO. Del contenido de la demanda se advierte que la parte quejosa, señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados del Juzgado, por tanto, con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, notifíquesele a la parte quejosa este acuerdo y los subsecuentes, por lista, hasta en tanto señale domicilio particular en esta ciudad, para tales efectos. AUTORIZADOS. Como lo solicita la promovente, se tiene por autorizados en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********, en razón de que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y únicamente se faculta a Claudia Orduño Cejudo, para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, en términos del párrafo segundo de dicho numeral. De igual forma, como lo solicita la quejosa, se tiene como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a ***********. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, habilítense días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen, así como las diligencias correspondientes, para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA CONTINUAR LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO MEDIANTE EL USO DE SU FIREL O E.FIRMA (ANTES FIEL). Exhórtese a las partes para que continúen con la tramitación de este juicio de amparo en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); lo anterior, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Al respecto, se invoca la tesis I.1o.P.36 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 2362, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice en su rubro: "EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. EL HECHO DE QUE ALGUNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO DE AMPARO ELIJA UNA VÍA DE NOTIFICACIÓN DISTINTA A LA ELECTRÓNICA, NO IMPIDE QUE ÉSTA O SUS AUTORIZADOS PUEDAN PROMOVER ESCRITOS O INTERPONER RECURSOS MEDIANTE DICHO SISTEMA, SIEMPRE QUE SATISFAGAN LOS REQUISITOS CONDUCENTES." Por otra parte, infórmese a las partes que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña, o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben realizar lo siguiente: registrarse en el sitio de internet http://serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir esos pasos: 1). Llenar el formulario, proporcionando su nombre, correo electrónico, Registro Federal de Contribuyente, Clave Única del Registro de Población, crear un "Nombre de Usuario y Contraseña" y vincular al registro su firma electrónica (el registro de cada usuario es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo en nombre de otra). 2). Una vez que los usuarios cuenten con su usuario y contraseña podrán solicitar al Juzgado, la consulta del expediente electrónico proporcionando el nombre de usuario y esperar que la solicitud se acuerde favorablemente. 3). Una vez acordada favorablemente la solicitud, el usuario podrá entrar al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación a través de su Nombre de "Usuario y Contraseña", o bien, a través de su firma electrónica reconocida por la Unidad de Certificaciones del Poder Judicial Federal, y que se encuentre vigente. 4). Una vez que el usuario acceda, podrá notificarse electrónicamente al ingresar al Juzgado de Distrito, ya sea en las opciones de Estrados o Expediente Electrónico, o bien, a través de un listado condensado que contendrá las resoluciones electrónicas pendientes de notificarse. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obran en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 3°, párrafo penúltimo, de la Ley de Amparo, se instruye al oficial de partes, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presente las partes físicamente, mismas que deberán ser integradas al expediente electrónico, así como al cuaderno de antecedentes derivado del mismo y que obre en físico. MEDIOS ELECTRÓNICOS. Conforme a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de medios electrónicos en el presente juicio de amparo. COPIAS. Autorícese a las partes la expedición de un tanto de copias de las constancias que obren en el presente asunto sin previa solicitud por escrito, con la salvedad de que si llegase a ser necesario más de uno, su otorgamiento estará condicionada a la solicitud correspondiente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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- Bibiana Esther Contreras Ramírez70/2021
- Bladinieres, sociedad civil155/2018
- Blanca Aide Rodríguez Fragoso124/2019
- Blanca Delia Hermosillo716/2017
- Blanca Estela Gómez Vital874/2018
- Blanca Flores Esquivel1230/2017
- Blanca Lilia Gallegos Ortiz1505/2018
- Blanca Magdalena Casariego Vazquez1664/2018
- Blanca Margarita Cortez Silva1082/2017
- Blanca Osbelia Hernández Jiménez533/2018
- Bonifacio Reyes Hernández851/2018