Blanca Esthela Alcántara Labra

Expediente 1718/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1718/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
08/02/2016

Partes del expediente

  • Blanca Esthela Alcántara Labra

Actuaciones

  1. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS

  2. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se colige que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la nueva Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el proveído de diecisiete de noviembre actual, en el que se tuvo por no presentada la demanda de garantías; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto, QUEDA FIRME para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa; así mismo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, este expediente no tiene relevancia documental, ni trascendencia jurídica, política, social, ni económica; por lo que, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el capítulo quinto, considerando vigésimo primero, fracción I, contenido en dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda de garantías.

  3. Principal

    SE NOTIFICA AL QUEJOSO EL PROVEÍDO DE VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE: "Vista la certificación secretarial que antecede, de la cual se colige que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes recurriera la sentencia dictada en el sumario en que se actúa, mediante la cual se concedió el amparo y protección de la justicia federal a Evaristo Quijada Barreto; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora, atendiendo a que se concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán-Texcoco, con residencia en Tlalnepantla, Estado de Morelos, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la ejecutoria, lo que deberán acreditar en el mismo lapso con las constancias respectivas, la cual se otorgó en los siguiente términos: "En tales circunstancias, y por lo anteriormente narrado, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal a Evaristo Quijada Barreto, para el efecto de que la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán-Texcoco, con residencia en Tlalnepantla, Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, tome las medidas necesarias tendentes a lograr el la notificación de todas las partes, en el juicio laboral J3/145/2014, con la finalidad de que se efectúe la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, en la fecha señalada para tal efecto, debiendo proveer lo conducente para que ello acontezca, para que, una vez hecho lo anterior, esté en condiciones de continuar con la secuela procesal correspondiente. Sin que los efectos para los que se concede la protección constitucional a la parte quejosa lleve a suplir el impulso que atañe como carga procesal a las partes, ni tampoco direccionar el procedimiento natural, pues ello atañe al tribunal laboral responsable; de modo que cualquier omisión o acto que durante el procedimiento natural acontezca pero no guarde relación directa e inmediata con la omisión reclamada, no conllevaría a la inobservancia de la ejecutoria de amparo. En el entendido que con efectos del amparo concedido en el presente controvertido, no se soslaya el contenido de la tesis de jurisprudencia por contradicción 2a./J. 45/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES". Lo anterior es así, porque el juicio ordinario laboral se conforma por etapas y actos concatenados entre sí, desarrollados de forma lógica y sistemática, para obtener generalmente un laudo -porque no necesariamente dicho trámite ordinario concluye con el dictado del laudo-. En ese contexto, es inconcuso que dados los efectos para los que se concedió la protección constitucional, la autoridad responsable va a restituir al quejoso en el goce de la garantía constitucional violada, pues tales efectos harán cesar el estado de inactividad del procedimiento de origen derivado del acto específico que se reclama en este juicio de amparo, permitiendo que la junta continúe el procedimiento natural conforme los plazos y términos fijados por la Ley Federal del Trabajo, para que en su oportunidad, si así fuere el caso, se encuentre en aptitud de dictar el laudo correspondiente. Afirmación que se sustenta sobre las bases de una perspectiva funcional y sistemática del criterio jurisprudencial antes invocado con la conformación seccional del juicio laboral y lo sustentado por la propia Segunda Sala del Máximo Tribunal, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 44/2007, derivada de la contradicción de tesis 219/2006-SS, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito y Segundo en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de la que igualmente derivó la primera tesis invocada (2a./J. 45/2007), en el sentido de que si en el amparo en que se reclama la dilación u omisión en el trámite del juicio laboral, como acontece en el caso, y durante la substanciación de aquel juicio de garantías, la autoridad responsable no agota cabalmente el procedimiento y dicta el laudo, sino que esa condición de retaso u omisión persiste, también respecto a los actos subsecuentes a los reclamados y que se proyectan a etapas posteriores del proceso, es procedente un nuevo juicio de amparo; lo que permite concluir que nada impide que si esa persistencia de retraso u omisión se presenta después del dictado de la sentencia del primer juicio de amparo, la parte quejosa puede instar un nuevo juicio de garantías, porque de entender que en este juicio que se resuelve, los efectos necesariamente tuvieran el alcance hasta el dictado del laudo, cuál sería entonces la materia de los efectos de la protección constitucional del nuevo juicio. Entonces, es sustentable que el efecto recaiga únicamente sobre la etapa específica donde se incurrió en la dilación u omisión reclamada. De modo que los efectos del presente amparo se estiman incluso congruentes con los principios de dirección del proceso e igualdad procesal de las partes que rigen el juicio natural, lo que indudablemente tiene que ser observado, así como con la operatividad de la caducidad de la instancia o el desistimiento tácito, figuras que guardan relación directa con el impulso procesal." Se apercibe a la citada responsable que de no hacerlo en el tiempo concedido, se le impondrá multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, la cual podrá llegar hasta mil días de salario, en caso de su inobservancia, conforme a lo dispuesto en los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo aplicable al caso. A su vez, se recuerda que de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que la autoridad antes señalada. Hecho lo anterior, se dará vista a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, este órgano de control constitucional dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Si no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de ley de la materia, para la continuación del procedimiento de inejecución de la sentencia. Ahora, con independencia de lo anterior, se informa a la citada autoridad que de constituirse en actitud omisiva, también puede hacerse acreedora a las sanciones previstas en el artículo 267 de la Ley de Amparo, así como que en caso de eludir el acatamiento del fallo protector, con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, con apoyo en el precepto invocado y en armonía con el Acuerdo General número 5/2001, del veintiuno de junio de dos mil uno, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal en turno, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, esto es, para que el Máximo Tribunal determine lo conducente sobre la separación del cargo de la autoridad contumaz y la consigne al Juez de Distrito que corresponda, por el delito de abuso de autoridad, en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo. Además, entérese a las autoridades requeridas, que aun cuando deje su puesto, seguirá siendo responsable del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL, durante el tiempo que duró su encargo y que por esa razón, también podrá ser consignada en términos de la fracción XVI, del artículo 107 constitucional. Tiene aplicación la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 10ª Época, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, visible en la página 5, cuyo rubro dice: CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Así como la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). [10ª Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I; Pág. 7]." POR MEDIO DE LISTA (AVISO)

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