Blanca Estela Zamora Amador

Expediente 590/2017 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 18 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
590/2017
Año
2017
Actuaciones
18
Última actuación
24/03/2021

Partes del expediente

  • José Luis Raymundo Ruiz Vázquez
  • Blanca Estela Zamora Amador
  • Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación Y Arbitraje

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previsto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de este numeral. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, a quince de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 96), realizando manifestaciones la primera de las mencionadas (fojas 106 a 109). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de doce de diciembre de dos mil diecinueve, este Órgano Colegiado resolvió conceder a Blanca Estela Zamora Amador, la protección constitucional para los efectos siguientes (foja 70 vuelta): ".I. Deje insubsistente el laudo reclamado. II. Emita otro en el cual prescinda de considerar que la relación laboral quedó acreditada entre la actora y la demandada Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, por lo cual procede absolver de toda responsabilidad a la "Coordinación Estatal de Concurso Nacional para el Otorgamiento de Plazas Docentes". III. Asimismo, prescinda de considerar que recae en la parte actora la carga procesal de exhibir en el juicio laboral el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública y el Reglamento de Escalafón de los Trabajadores al Servicio de la Secretaría de Educación Pública. IV. Con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda respecto de la acción de reconocimiento de plaza de Supervisor Escolar de Educación Primaria; lo anterior, con base en las pruebas desahogadas en autos." Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se advierte que mediante acuerdo de dieciséis de enero de dos mil veinte, dejó insubsistente el laudo reclamado y ordenó turnar los autos a su auxiliar para formular el proyecto de resolución correspondiente (foja 81). El cuatro de febrero de dos mil veinte dictó un nuevo laudo, en el que realizó lo siguiente: I. Prescindió de considerar que como la relación laboral quedó acreditada entre la actora y la demandada Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, procedía absolver de toda responsabilidad a la "Coordinación Estatal de Concurso Nacional para el Otorgamiento de Plazas Docentes" (foja 89). II. Asimismo, prescindió de considerar que recae en la parte actora la carga procesal de exhibir en el juicio laboral el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública y el Reglamento de Escalafón de los Trabajadores al Servicio de la Secretaría de Educación Pública (fojas 91 a 94). III. Haciendo uso de la libertad de jurisdicción que se le otorgó en el fallo protector, se pronunció respecto de la acción de reconocimiento de plaza de Supervisor Escolar de Educación Primaria, pues al respecto determinó lo siguiente: a) La actora demanda el reconocimiento de plaza de Supervisor Escolar de Educación Primaria, así como la nulidad del nombramiento expedido a favor de Ma. Esperanza Moreno Fernández (foja 91). b) Es obligación de la parte actora demostrar que cubre los requisitos necesarios para ocupar la plaza indicada y que tiene mejor derecho que a quien se le asignó (foja 91 vuelta). c) Para que se otorgue una plaza respecto de alguna vacante, ya sea nueva, temporal o definitiva en la Secretaría de Educación Pública, se debe agotar el procedimiento de escalafón ante la Comisión Mixta de Escalafón conforme al Reglamento de Escalafón de los Trabajadores al Servicio de la Secretaría de Educación Pública, debiéndose cubrir los requisitos señalados tanto en el artículo 81 como en el boletín que emita la Comisión Estatal Mixta de Escalafón y la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala (foja 92 vuelta). d) El procedimiento escalafonario prescrito en el Reglamento de Escalafón de los Trabajadores al Servicio de la Secretaría de Educación Pública no se llevó a cabo, por lo cual la Junta se encuentra impedida para determinar si la actora cubrió los requisitos que se necesitan para que ahora se le reconozca un mejor derecho para ocupar la plaza de Supervisor Escolar de Educación Primaria clave 07941200.0E0201000004, lo que trae como consecuencia que no tenga la totalidad de requisitos a cubrir para ocupar esa plaza, ya que, como se mencionó con anterioridad, para ocupar una plaza no sólo se deben de cubrir los requisitos señalados en el artículo 81, sino que también se deben de cumplir los requisitos que se establezcan en los boletines que se emitan para concursar las plazas vacantes (artículo 79 del Reglamento de Escalafón de los Trabajadores del Servicio de la Secretaría de Educación Pública) [foja 93]. e) La Junta es competente para conocer de la acción de nulidad de nombramiento expedido a nombre de Ma. Esperanza Moreno Fernández, por lo cual se declara la nulidad de dicho nombramiento, toda vez que no se dio a la actora la oportunidad de concursar para la asignación de la referida plaza de Supervisor Escolar de Educación Primaria (foja 93 vuelta). f) A efecto de no dejar a la actora en estado de indefensión, se condena a la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, para que a través de la Comisión Nacional Mixta de Escalafón del Estado de Tlaxcala, llevara a cabo el procedimiento escalafonario conforme lo prevé el Reglamento de Escalafón de los Trabajadores al Servicio de la Secretaría de Educación Pública y el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública, en la que la actora podrá demostrar su mejor derecho que dice le asiste para ocupar la plaza de Supervisor Escolar de Educación Primaria con número de clave 07941200.0E0201000004 (foja 93 vuelta). IV. Enseguida se analizan las manifestaciones vertidas por la parte quejosa en su escrito presentado el dos de marzo de dos mil veinte, mismas que expuso en los siguientes términos: a) La responsable no cumplió el fallo protector aun cuando se le otorgó libertad de jurisdicción. b) En el nuevo laudo determinó: "Situación por la cual podemos concluir que esta junta se encuentra impedida para determinar si la actora cubrió o cumplió con los requisitos que se necesitan para que ahora se le reconozca un mejor derecho para ocupar la plaza de supervisor de educación primaria clave 07941200.0E0201000004, pues como se ha evidenciado el procedimiento escalafonario prescrito en el Reglamento de Escalafón de los Trabajadores al Servicio de la Secretaría de Educación Pública para designar la plaza vacante antes mencionada nunca se llevó a cabo, lo que trae como consecuencia que esta autoridad no tenga la totalidad de requisitos a cubrir para ocupar esa plaza, ya que, como se mencionó con anterioridad, para ocupar una plaza no sólo se deben de cubrir los requisitos señalados en el artículo 81, sino que también se deben de cumplir los requisitos que se establezcan en los boletines que se emitan para concursar las plazas vacantes (artículo 79 del Reglamento de Escalafón de los Trabajadores del Servicio de la Secretaría de Educación Pública)." c) La responsable debió resolver lo que en derecho procedía respecto de la acción de reconocimiento de plaza de Supervisor Escolar de Educación Primaria, esto con base en las pruebas desahogadas en autos. d) Al haberse declarado competente para resolver el asunto, la Junta no podía dejar a salvo los derechos de la trabajadora para que, una vez que la demandada llevara a cabo el procedimiento escalafonario, demostrara que cumplía con todos y cada uno de los requisitos que prevé el Reglamento de Escalafón de los Trabajadores al Servicio de la Secretaría de Educación Pública. En relación a los anteriores planteamientos, es oportuno citar la parte considerativa de la ejecutoria de amparo en donde se determinó que la responsable incurrió en una violación formal por incongruencia, la cual es del texto siguiente: "En suplencia de la queja deficiente en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, se determina lo siguiente. El texto del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal, en términos generales se conceptualiza como una exigencia esencial para establecer, sobre bases objetivas, la racionalidad y legalidad de los actos de la autoridad que permitan al afectado conocer las causas y motivos de la decisión a efecto de que esté en aptitud de impugnarla, y al órgano encargado de resolver el análisis de la cuestión discutida; esto es, la garantía de legalidad. En tanto que del diverso 17 de la misma Carta Magna, se desprende la obligación de las autoridades de dictar sus resoluciones de manera completa, lo que implica, por una parte, que los órganos jurisdiccionales no pueden dejar de resolver las cuestiones que se someten a su consideración y, por otra, que no están en aptitud de decidir cuestiones ajenas a las efectivamente planteadas. Asimismo, el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo dispone: "ARTÍCULO 842. Los laudos deben ser claros, precisos y congruentes con la demanda, contestación, y demás pretensiones deducidas en el juicio oportunamente." En términos de este último precepto, es obligación de la Junta, al momento de dictar el laudo, respetar el principio de congruencia externa, es decir, debe analizar el asunto conforme a lo planteado en la demanda, contestación y demás pretensiones deducidas en juicio, sin omitir el estudio de planteamientos formulados por las partes, pues de no proceder así sería contrario a los derechos fundamentales de legalidad y completitud, previsto en los ya citados artículos 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso, la Junta responsable inobservó los citados principios. En efecto, lo anterior pone de manifiesto que es incongruente el pronunciamiento de la responsable en el sentido de que, como la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala aceptó las actividades laborales que desempeñaba la actora como docente, con ello admite tácitamente la existencia de la relación laboral entre la enjuiciante y dicho organismo descentralizado del Gobierno del Estado. Ello es así, pues la litis del juicio laboral no consiste en determinar cuál de las demandadas es la responsable de la relación de trabajo, sino que, como lo aduce la quejosa la acción que hizo valer tiene como finalidad que se le reconozca el derecho a ocupar la plaza de Supervisor Escolar de Educación Primaria, por encontrarse en el onceavo lugar de escalafón, comprobable en el catálogo escalafonario 2011-2012, emitido por la demandada Comisión Estatal Mixta de Escalafón U.S.E.T. S.N.T.E. o Comisión Nacional Mixta de Escalafón S.E.P. S.N.T.E. Tan es así que dicha acción también se entabló en contra de la referida Comisión de Escalafón; de la Sección XXXI del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; y de la tercera interesada Ma. Esperanza Moreno Fernández, quien ocupa la plaza pretendida por la actora. De la propia manera, es incongruente la determinación de la responsable de absolver de toda responsabilidad a la "Coordinación Estatal de Concurso Nacional para el Otorgamiento de Plazas Docentes", noobstante de que se le tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo, pues es evidente que dicho ente no es parte demandada en el juicio de origen, pues la actora no entabló la acción en su contra. Por tanto, la responsable transgredió el principio de congruencia que debe regir en todas las determinaciones que emite, de conformidad con el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo. Tienen aplicación al respecto, las tesis sustentadas por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomos 55 y 60 Quinta Parte, páginas 27 y 47, respectivamente, que dicen: "LAUDO INCONGRUENTE. Cuando las Juntas de Conciliación y Arbitraje no analizan correctamente la litis planteada, violan el principio de congruencia que exige el artículo 776 de la Ley Federal del Trabajo y, por ende, las garantías individuales contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales." "LAUDO INCONGRUENTE. Si una Junta, al pronunciar el laudo respectivo, omite resolver sobre todos los puntos de la controversia, con ello falta al principio de congruencia que exige el artículo 776 de la Ley Federal del Trabajo, lo que se traduce en violación de las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales." Consecuentemente, es fundado el anterior concepto de violación." Como se puede advertir, en el fallo protector se determinó que es incongruente el pronunciamiento de la responsable en el sentido de que, como la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala aceptó las actividades laborales que desempeñaba la actora como docente, con ello admite tácitamente la existencia de la relación laboral entre la enjuiciante y dicho organismo descentralizado del Gobierno del Estado. Lo anterior porque la litis del juicio laboral no consistió en determinar cuál de las demandadas es la responsable de la relación de trabajo, sino que la acción propuesta tiene como finalidad que se reconozca a la actora el derecho a ocupar la plaza de Supervisor Escolar de Educación Primaria, por encontrarse en el onceavo lugar de escalafón, comprobable en el catálogo escalafonario 2011-2012, emitido por la demandada Comisión Estatal Mixta de Escalafón U.S.E.T. S.N.T.E. o Comisión Nacional Mixta de Escalafón S.E.P. S.N.T.E. Por tal motivo, el amparo se concedió para que la responsable subsanara la violación formal por incongruencia en que incurrió, esto es, con libertad de jurisdicción, resolviera lo que en derecho procediera respecto de la acción de reconocimiento de plaza de Supervisor Escolar de Educación Primaria, con base en las pruebas desahogadas en autos. En ese contexto, los argumentos expuestos por la quejosa en el sentido de que la Junta no podía dejar a salvo los derechos de la trabajadora para que, una vez que la demandada llevara a cabo el procedimiento escalafonario, demuestre que cumple con todos y cada uno de los requisitos que prevé el Reglamento de Escalafón de los Trabajadores al Servicio de la Secretaría de Educación Pública, son tendentes a controvertir aspectos de fondo, mismos que no fueron materia de análisis en la ejecutoria de amparo, por virtud de la cual la responsable sólo quedó constreñida a subsanar la incongruencia en que incurrió; por tanto, no pueden ser analizados en esta resolución, en la que únicamente es dable examinar el correcto cumplimiento de la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. De ahí que los planteamientos de la impetrante resultan novedosos y sólo pueden ser materia de examen en un diverso juicio de amparo. En apoyo a esta decisión se cita la tesis de jurisprudencia 1a./J. 76/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, página 605, que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO. El artículo 107, fracción XVI, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que la sentencia relativa quede enteramente cumplida; por ello, el análisis que se emprenda en el recurso de inconformidad para determinar si fue correcta o no la determinación que la tuvo por cumplida, no debe limitarse a los argumentos planteados por el recurrente, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con facultades amplias para analizar oficiosamente si la ejecutoria de amparo fue o no acatada. Ahora, si bien es cierto que en la legislación de amparo abrogada, para dicho análisis bastaba con realizar un estudio comparativo general o básico entre lo ordenado en la ejecutoria y lo ejecutado por la autoridad responsable, también lo es que ello obedecía a que en esa legislación se contemplaba al recurso de queja como un medio para combatir el exceso o defecto en el cumplimiento; de ahí que para tener por cumplida la sentencia protectora, era suficiente con que la autoridad acreditara haber realizado lo ordenado, sin que al respecto debiera analizarse si había incurrido en exceso o defecto pues, de ser así, las partes podían interponer el recurso de queja; no obstante, éste ya no se contempla para ese fin en la Ley de Amparo vigente, en tanto que ahora el exceso o defecto puede combatirse a través del recurso de inconformidad. En efecto, aunque el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, sólo señala que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, sin especificar que en él puedan combatirse los excesos o defectos en que incurra la responsable en el cumplimiento, de una interpretación armónica de ese numeral con los artículos 192, párrafo primero, 196 y 197 de la propia ley, se concluye que en este medio de impugnación pueden combatirse esos vicios, pues para que una ejecutoria pueda declararse cumplida es preciso que la responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir en exceso o defecto. Atento a ello, si la materia del recurso de inconformidad, vista en relación con la anterior Ley de Amparo, ha sido ampliada, entonces para resolver este recurso ya no basta con realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable, pues ahora, en adición a ese examen, también debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya habido exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; sin embargo, al hacer ese análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable, pues a pesar de la ampliación en su materia, no es factible que a través de este medio se analice la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable, ni mucho menos introducir aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo." Asimismo, es oportuno citar la tesis de jurisprudencia 2a./J. 14/2016 (10a.), que sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 27, febrero de 2016, tomo I, Décima Época, página 717, de rubro y contenido siguientes: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de la sentencia protectora o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de ese medio de impugnación, la satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades responsables, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; de ahí que los agravios formulados para impugnar dichos argumentos resulten ineficaces." De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Acuerdo que se lista por segunda ocasión en términos del articulo 27, fracción I, inciso c) de la Ley Amparo. Apizaco, Tlaxcala, a quince de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 96), realizando manifestaciones la primera de las mencionadas (fojas 106 a 109). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de doce de diciembre de dos mil diecinueve, este Órgano Colegiado resolvió conceder a Blanca Estela Zamora Amador, la protección constitucional para los efectos siguientes (foja 70 vuelta): ".I. Deje insubsistente el laudo reclamado. II. Emita otro en el cual prescinda de considerar que la relación laboral quedó acreditada entre la actora y la demandada Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, por lo cual procede absolver de toda responsabilidad a la "Coordinación Estatal de Concurso Nacional para el Otorgamiento de Plazas Docentes". III. Asimismo, prescinda de considerar que recae en la parte actora la carga procesal de exhibir en el juicio laboral el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública y el Reglamento de Escalafón de los Trabajadores al Servicio de la Secretaría de Educación Pública. IV. Con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda respecto de la acción de reconocimiento de plaza de Supervisor Escolar de Educación Primaria; lo anterior, con base en las pruebas desahogadas en autos." Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se advierte que mediante acuerdo de dieciséis de enero de dos mil veinte, dejó insubsistente el laudo reclamado y ordenó turnar los autos a su auxiliar para formular el proyecto de resolución correspondiente (foja 81). El cuatro de febrero de dos mil veinte dictó un nuevo laudo, en el que realizó lo siguiente: I. Prescindió de considerar que como la relación laboral quedó acreditada entre la actora y la demandada Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, procedía absolver de toda responsabilidad a la "Coordinación Estatal de Concurso Nacional para el Otorgamiento de Plazas Docentes" (foja 89). II. Asimismo, prescindió de considerar que recae en la parte actora la carga procesal de exhibir en el juicio laboral el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública y el Reglamento de Escalafón de los Trabajadores al Servicio de la Secretaría de Educación Pública (fojas 91 a 94). III. Haciendo uso de la libertad de jurisdicción que se le otorgó en el fallo protector, se pronunció respecto de la acción de reconocimiento de plaza de Supervisor Escolar de Educación Primaria, pues al respecto determinó lo siguiente: a) La actora demanda el reconocimiento de plaza de Supervisor Escolar de Educación Primaria, así como la nulidad del nombramiento expedido a favor de Ma. Esperanza Moreno Fernández (foja 91). b) Es obligación de la parte actora demostrar que cubre los requisitos necesarios para ocupar la plaza indicada y que tiene mejor derecho que a quien se le asignó (foja 91 vuelta). c) Para que se otorgue una plaza respecto de alguna vacante, ya sea nueva, temporal o definitiva en la Secretaría de Educación Pública, se debe agotar el procedimiento de escalafón ante la Comisión Mixta de Escalafón conforme al Reglamento de Escalafón de los Trabajadores al Servicio de la Secretaría de Educación Pública, debiéndose cubrir los requisitos señalados tanto en el artículo 81 como en el boletín que emita la Comisión Estatal Mixta de Escalafón y la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala (foja 92 vuelta). d) El procedimiento escalafonario prescrito en el Reglamento de Escalafón de los Trabajadores al Servicio de la Secretaría de Educación Pública no se llevó a cabo, por lo cual la Junta se encuentra impedida para determinar si la actora cubrió los requisitos que se necesitan para que ahora se le reconozca un mejor derecho para ocupar la plaza de Supervisor Escolar de Educación Primaria clave 07941200.0E0201000004, lo que trae como consecuencia que no tenga la totalidad de requisitos a cubrir para ocupar esa plaza, ya que, como se mencionó con anterioridad, para ocupar una plaza no sólo se deben de cubrir los requisitos señalados en el artículo 81, sino que también se deben de cumplir los requisitos que se establezcan en los boletines que se emitan para concursar las plazas vacantes (artículo 79 del Reglamento de Escalafón de los Trabajadores del Servicio de la Secretaría de Educación Pública) [foja 93]. e) La Junta es competente para conocer de la acción de nulidad de nombramiento expedido a nombre de Ma. Esperanza Moreno Fernández, por lo cual se declara la nulidad de dicho nombramiento, toda vez que no se dio a la actora la oportunidad de concursar para la asignación de la referida plaza de Supervisor Escolar de Educación Primaria (foja 93 vuelta). f) A efecto de no dejar a la actora en estado de indefensión, se condena a la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, para que a través de la Comisión Nacional Mixta de Escalafón del Estado de Tlaxcala, llevara a cabo el procedimiento escalafonario conforme lo prevé el Reglamento de Escalafón de los Trabajadores al Servicio de la Secretaría de Educación Pública y el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública, en la que la actora podrá demostrar su mejor derecho que dice le asiste para ocupar la plaza de Supervisor Escolar de Educación Primaria con número de clave 07941200.0E0201000004 (foja 93 vuelta). IV. Enseguida se analizan las manifestaciones vertidas por la parte quejosa en su escrito presentado el dos de marzo de dos mil veinte, mismas que expuso en los siguientes términos: a) La responsable no cumplió el fallo protector aun cuando se le otorgó libertad de jurisdicción. b) En el nuevo laudo determinó: "Situación por la cual podemos concluir que esta junta se encuentra impedida para determinar si la actora cubrió o cumplió con los requisitos que se necesitan para que ahora se le reconozca un mejor derecho para ocupar la plaza de supervisor de educación primaria clave 07941200.0E0201000004, pues como se ha evidenciado el procedimiento escalafonario prescrito en el Reglamento de Escalafón de los Trabajadores al Servicio de la Secretaría de Educación Pública para designar la plaza vacante antes mencionada nunca se llevó a cabo, lo que trae como consecuencia que esta autoridad no tenga la totalidad de requisitos a cubrir para ocupar esa plaza, ya que, como se mencionó con anterioridad, para ocupar una plaza no sólo se deben de cubrir los requisitos señalados en el artículo 81, sino que también se deben de cumplir los requisitos que se establezcan en los boletines que se emitan para concursar las plazas vacantes (artículo 79 del Reglamento de Escalafón de los Trabajadores del Servicio de la Secretaría de Educación Pública)." c) La responsable debió resolver lo que en derecho procedía respecto de la acción de reconocimiento de plaza de Supervisor Escolar de Educación Primaria, esto con base en las pruebas desahogadas en autos. d) Al haberse declarado competente para resolver el asunto, la Junta no podía dejar a salvo los derechos de la trabajadora para que, una vez que la demandada llevara a cabo el procedimiento escalafonario, demostrara que cumplía con todos y cada uno de los requisitos que prevé el Reglamento de Escalafón de los Trabajadores al Servicio de la Secretaría de Educación Pública. En relación a los anteriores planteamientos, es oportuno citar la parte considerativa de la ejecutoria de amparo en donde se determinó que la responsable incurrió en una violación formal por incongruencia, la cual es del texto siguiente: "En suplencia de la queja deficiente en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, se determina lo siguiente. El texto del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal, en términos generales se conceptualiza como una exigencia esencial para establecer, sobre bases objetivas, la racionalidad y legalidad de los actos de la autoridad que permitan al afectado conocer las causas y motivos de la decisión a efecto de que esté en aptitud de impugnarla, y al órgano encargado de resolver el análisis de la cuestión discutida; esto es, la garantía de legalidad. En tanto que del diverso 17 de la misma Carta Magna, se desprende la obligación de las autoridades de dictar sus resoluciones de manera completa, lo que implica, por una parte, que los órganos jurisdiccionales no pueden dejar de resolver las cuestiones que se someten a su consideración y, por otra, que no están en aptitud de decidir cuestiones ajenas a las efectivamente planteadas. Asimismo, el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo dispone: "ARTÍCULO 842. Los laudos deben ser claros, precisos y congruentes con la demanda, contestación, y demás pretensiones deducidas en el juicio oportunamente." En términos de este último precepto, es obligación de la Junta, al momento de dictar el laudo, respetar el principio de congruencia externa, es decir, debe analizar el asunto conforme a lo planteado en la demanda, contestación y demás pretensiones deducidas en juicio, sin omitir el estudio de planteamientos formulados por las partes, pues de no proceder así sería contrario a los derechos fundamentales de legalidad y completitud, previsto en los ya citados artículos 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso, la Junta responsable inobservó los citados principios. En efecto, lo anterior pone de manifiesto que es incongruente el pronunciamiento de la responsable en el sentido de que, como la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala aceptó las actividades laborales que desempeñaba la actora como docente, con ello admite tácitamente la existencia de la relación laboral entre la enjuiciante y dicho organismo descentralizado del Gobierno del Estado. Ello es así, pues la litis del juicio laboral no consiste en determinar cuál de las demandadas es la responsable de la relación de trabajo, sino que, como lo aduce la quejosa la acción que hizo valer tiene como finalidad que se le reconozca el derecho a ocupar la plaza de Supervisor Escolar de Educación Primaria, por encontrarse en el onceavo lugar de escalafón, comprobable en el catálogo escalafonario 2011-2012, emitido por la demandada Comisión Estatal Mixta de Escalafón U.S.E.T. S.N.T.E. o Comisión Nacional Mixta de Escalafón S.E.P. S.N.T.E. Tan es así que dicha acción también se entabló en contra de la referida Comisión de Escalafón; de la Sección XXXI del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; y de la tercera interesada Ma. Esperanza Moreno Fernández, quien ocupa la plaza pretendida por la actora. De la propia manera, es incongruente la determinación de la responsable de absolver de toda responsabilidad a la "Coordinación Estatal de Concurso Nacional para el Otorgamiento de Plazas Docentes", noobstante de que se le tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo, pues es evidente que dicho ente no es parte demandada en el juicio de origen, pues la actora no entabló la acción en su contra. Por tanto, la responsable transgredió el principio de congruencia que debe regir en todas las determinaciones que emite, de conformidad con el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo. Tienen aplicación al respecto, las tesis sustentadas por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomos 55 y 60 Quinta Parte, páginas 27 y 47, respectivamente, que dicen: "LAUDO INCONGRUENTE. Cuando las Juntas de Conciliación y Arbitraje no analizan correctamente la litis planteada, violan el principio de congruencia que exige el artículo 776 de la Ley Federal del Trabajo y, por ende, las garantías individuales contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales." "LAUDO INCONGRUENTE. Si una Junta, al pronunciar el laudo respectivo, omite resolver sobre todos los puntos de la controversia, con ello falta al principio de congruencia que exige el artículo 776 de la Ley Federal del Trabajo, lo que se traduce en violación de las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales." Consecuentemente, es fundado el anterior concepto de violación." Como se puede advertir, en el fallo protector se determinó que es incongruente el pronunciamiento de la responsable en el sentido de que, como la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala aceptó las actividades laborales que desempeñaba la actora como docente, con ello admite tácitamente la existencia de la relación laboral entre la enjuiciante y dicho organismo descentralizado del Gobierno del Estado. Lo anterior porque la litis del juicio laboral no consistió en determinar cuál de las demandadas es la responsable de la relación de trabajo, sino que la acción propuesta tiene como finalidad que se reconozca a la actora el derecho a ocupar la plaza de Supervisor Escolar de Educación Primaria, por encontrarse en el onceavo lugar de escalafón, comprobable en el catálogo escalafonario 2011-2012, emitido por la demandada Comisión Estatal Mixta de Escalafón U.S.E.T. S.N.T.E. o Comisión Nacional Mixta de Escalafón S.E.P. S.N.T.E. Por tal motivo, el amparo se concedió para que la responsable subsanara la violación formal por incongruencia en que incurrió, esto es, con libertad de jurisdicción, resolviera lo que en derecho procediera respecto de la acción de reconocimiento de plaza de Supervisor Escolar de Educación Primaria, con base en las pruebas desahogadas en autos.En ese contexto, los argumentos expuestos por la quejosa en el sentido de que la Junta no podía dejar a salvo los derechos de la trabajadora para que, una vez que la demandada llevara a cabo el procedimiento escalafonario, demuestre que cumple con todos y cada uno de los requisitos que prevé el Reglamento de Escalafón de los Trabajadores al Servicio de la Secretaría de Educación Pública, son tendentes a controvertir aspectos de fondo, mismos que no fueron materia de análisis en la ejecutoria de amparo, por virtud de la cual la responsable sólo quedó constreñida a subsanar la incongruencia en que incurrió; por tanto, no pueden ser analizados en esta resolución, en la que únicamente es dable examinar el correcto cumplimiento de la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. De ahí que los planteamientos de la impetrante resultan novedosos y sólo pueden ser materia de examen en un diverso juicio de amparo. En apoyo a esta decisión se cita la tesis de jurisprudencia 1a./J. 76/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, página 605, que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO. El artículo 107, fracción XVI, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que la sentencia relativa quede enteramente cumplida; por ello, el análisis que se emprenda en el recurso de inconformidad para determinar si fue correcta o no la determinación que la tuvo por cumplida, no debe limitarse a los argumentos planteados por el recurrente, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con facultades amplias para analizar oficiosamente si la ejecutoria de amparo fue o no acatada. Ahora, si bien es cierto que en la legislación de amparo abrogada, para dicho análisis bastaba con realizar un estudio comparativo general o básico entre lo ordenado en la ejecutoria y lo ejecutado por la autoridad responsable, también lo es que ello obedecía a que en esa legislación se contemplaba al recurso de queja como un medio para combatir el exceso o defecto en el cumplimiento; de ahí que para tener por cumplida la sentencia protectora, era suficiente con que la autoridad acreditara haber realizado lo ordenado, sin que al respecto debiera analizarse si había incurrido en exceso o defecto pues, de ser así, las partes podían interponer el recurso de queja; no obstante, éste ya no se contempla para ese fin en la Ley de Amparo vigente, en tanto que ahora el exceso o defecto puede combatirse a través del recurso de inconformidad. En efecto, aunque el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, sólo señala que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, sin especificar que en él puedan combatirse los excesos o defectos en que incurra la responsable en el cumplimiento, de una interpretación armónica de ese numeral con los artículos 192, párrafo primero, 196 y 197 de la propia ley, se concluye que en este medio de impugnación pueden combatirse esos vicios, pues para que una ejecutoria pueda declararse cumplida es preciso que la responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir en exceso o defecto. Atento a ello, si la materia del recurso de inconformidad, vista en relación con la anterior Ley de Amparo, ha sido ampliada, entonces para resolver este recurso ya no basta con realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable, pues ahora, en adición a ese examen, también debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya habido exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; sin embargo, al hacer ese análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable, pues a pesar de la ampliación en su materia, no es factible que a través de este medio se analice la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable, ni mucho menos introducir aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo." Asimismo, es oportuno citar la tesis de jurisprudencia 2a./J. 14/2016 (10a.), que sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 27, febrero de 2016, tomo I, Décima Época, página 717, de rubro y contenido siguientes: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de la sentencia protectora o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de ese medio de impugnación, la satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades responsables, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; de ahí que los agravios formulados para impugnar dichos argumentos resulten ineficaces." De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Acuerdo que se lista por segunda ocasión en términos del articulo 27, fracción I, inciso c) de la Ley Amparo. Apizaco, Tlaxcala, a quince de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 96), realizando manifestaciones la primera de las mencionadas (fojas 106 a 109). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de doce de diciembre de dos mil diecinueve, este Órgano Colegiado resolvió conceder a Blanca Estela Zamora Amador, la protección constitucional para los efectos siguientes (foja 70 vuelta): ".I. Deje insubsistente el laudo reclamado. II. Emita otro en el cual prescinda de considerar que la relación laboral quedó acreditada entre la actora y la demandada Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, por lo cual procede absolver de toda responsabilidad a la "Coordinación Estatal de Concurso Nacional para el Otorgamiento de Plazas Docentes". III. Asimismo, prescinda de considerar que recae en la parte actora la carga procesal de exhibir en el juicio laboral el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública y el Reglamento de Escalafón de los Trabajadores al Servicio de la Secretaría de Educación Pública. IV. Con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda respecto de la acción de reconocimiento de plaza de Supervisor Escolar de Educación Primaria; lo anterior, con base en las pruebas desahogadas en autos." Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se advierte que mediante acuerdo de dieciséis de enero de dos mil veinte, dejó insubsistente el laudo reclamado y ordenó turnar los autos a su auxiliar para formular el proyecto de resolución correspondiente (foja 81). El cuatro de febrero de dos mil veinte dictó un nuevo laudo, en el que realizó lo siguiente: I. Prescindió de considerar que como la relación laboral quedó acreditada entre la actora y la demandada Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, procedía absolver de toda responsabilidad a la "Coordinación Estatal de Concurso Nacional para el Otorgamiento de Plazas Docentes" (foja 89). II. Asimismo, prescindió de considerar que recae en la parte actora la carga procesal de exhibir en el juicio laboral el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública y el Reglamento de Escalafón de los Trabajadores al Servicio de la Secretaría de Educación Pública (fojas 91 a 94). III. Haciendo uso de la libertad de jurisdicción que se le otorgó en el fallo protector, se pronunció respecto de la acción de reconocimiento de plaza de Supervisor Escolar de Educación Primaria, pues al respecto determinó lo siguiente: a) La actora demanda el reconocimiento de plaza de Supervisor Escolar de Educación Primaria, así como la nulidad del nombramiento expedido a favor de Ma. Esperanza Moreno Fernández (foja 91). b) Es obligación de la parte actora demostrar que cubre los requisitos necesarios para ocupar la plaza indicada y que tiene mejor derecho que a quien se le asignó (foja 91 vuelta). c) Para que se otorgue una plaza respecto de alguna vacante, ya sea nueva, temporal o definitiva en la Secretaría de Educación Pública, se debe agotar el procedimiento de escalafón ante la Comisión Mixta de Escalafón conforme al Reglamento de Escalafón de los Trabajadores al Servicio de la Secretaría de Educación Pública, debiéndose cubrir los requisitos señalados tanto en el artículo 81 como en el boletín que emita la Comisión Estatal Mixta de Escalafón y la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala (foja 92 vuelta). d) El procedimiento escalafonario prescrito en el Reglamento de Escalafón de los Trabajadores al Servicio de la Secretaría de Educación Pública no se llevó a cabo, por lo cual la Junta se encuentra impedida para determinar si la actora cubrió los requisitos que se necesitan para que ahora se le reconozca un mejor derecho para ocupar la plaza de Supervisor Escolar de Educación Primaria clave 07941200.0E0201000004, lo que trae como consecuencia que no tenga la totalidad de requisitos a cubrir para ocupar esa plaza, ya que, como se mencionó con anterioridad, para ocupar una plaza no sólo se deben de cubrir los requisitos señalados en el artículo 81, sino que también se deben de cumplir los requisitos que se establezcan en los boletines que se emitan para concursar las plazas vacantes (artículo 79 del Reglamento de Escalafón de los Trabajadores del Servicio de la Secretaría de Educación Pública) [foja 93]. e) La Junta es competente para conocer de la acción de nulidad de nombramiento expedido a nombre de Ma. Esperanza Moreno Fernández, por lo cual se declara la nulidad de dicho nombramiento, toda vez que no se dio a la actora la oportunidad de concursar para la asignación de la referida plaza de Supervisor Escolar de Educación Primaria (foja 93 vuelta). f) A efecto de no dejar a la actora en estado de indefensión, se condena a la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, para que a través de la Comisión Nacional Mixta de Escalafón del Estado de Tlaxcala, llevara a cabo el procedimiento escalafonario conforme lo prevé el Reglamento de Escalafón de los Trabajadores al Servicio de la Secretaría de Educación Pública y el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública, en la que la actora podrá demostrar su mejor derecho que dice le asiste para ocupar la plaza de Supervisor Escolar de Educación Primaria con número de clave 07941200.0E0201000004 (foja 93 vuelta). IV. Enseguida se analizan las manifestaciones vertidas por la parte quejosa en su escrito presentado el dos de marzo de dos mil veinte, mismas que expuso en los siguientes términos: a) La responsable no cumplió el fallo protector aun cuando se le otorgó libertad de jurisdicción. b) En el nuevo laudo determinó: "Situación por la cual podemos concluir que esta junta se encuentra impedida para determinar si la actora cubrió o cumplió con los requisitos que se necesitan para que ahora se le reconozca un mejor derecho para ocupar la plaza de supervisor de educación primaria clave 07941200.0E0201000004, pues como se ha evidenciado el procedimiento escalafonario prescrito en el Reglamento de Escalafón de los Trabajadores al Servicio de la Secretaría de Educación Pública para designar la plaza vacante antes mencionada nunca se llevó a cabo, lo que trae como consecuencia que esta autoridad no tenga la totalidad de requisitos a cubrir para ocupar esa plaza, ya que, como se mencionó con anterioridad, para ocupar una plaza no sólo se deben de cubrir los requisitos señalados en el artículo 81, sino que también se deben de cumplir los requisitos que se establezcan en los boletines que se emitan para concursar las plazas vacantes (artículo 79 del Reglamento de Escalafón de los Trabajadores del Servicio de la Secretaría de Educación Pública)." c) La responsable debió resolver lo que en derecho procedía respecto de la acción de reconocimiento de plaza de Supervisor Escolar de Educación Primaria, esto con base en las pruebas desahogadas en autos. d) Al haberse declarado competente para resolver el asunto, la Junta no podía dejar a salvo los derechos de la trabajadora para que, una vez que la demandada llevara a cabo el procedimiento escalafonario, demostrara que cumplía con todos y cada uno de los requisitos que prevé el Reglamento de Escalafón de los Trabajadores al Servicio de la Secretaría de Educación Pública. En relación a los anteriores planteamientos, es oportuno citar la parte considerativa de la ejecutoria de amparo en donde se determinó que la responsable incurrió en una violación formal por incongruencia, la cual es del texto siguiente: "En suplencia de la queja deficiente en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, se determina lo siguiente. El texto del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal, en términos generales se conceptualiza como una exigencia esencial para establecer, sobre bases objetivas, la racionalidad y legalidad de los actos de la autoridad que permitan al afectado conocer las causas y motivos de la decisión a efecto de que esté en aptitud de impugnarla, y al órgano encargado de resolver el análisis de la cuestión discutida; esto es, la garantía de legalidad. En tanto que del diverso 17 de la misma Carta Magna, se desprende la obligación de las autoridades de dictar sus resoluciones de manera completa, lo que implica, por una parte, que los órganos jurisdiccionales no pueden dejar de resolver las cuestiones que se someten a su consideración y, por otra, que no están en aptitud de decidir cuestiones ajenas a las efectivamente planteadas. Asimismo, el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo dispone: "ARTÍCULO 842. Los laudos deben ser claros, precisos y congruentes con la demanda, contestación, y demás pretensiones deducidas en el juicio oportunamente." En términos de este último precepto, es obligación de la Junta, al momento de dictar el laudo, respetar el principio de congruencia externa, es decir, debe analizar el asunto conforme a lo planteado en la demanda, contestación y demás pretensiones deducidas en juicio, sin omitir el estudio de planteamientos formulados por las partes, pues de no proceder así sería contrario a los derechos fundamentales de legalidad y completitud, previsto en los ya citados artículos 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso, la Junta responsable inobservó los citados principios. En efecto, lo anterior pone de manifiesto que es incongruente el pronunciamiento de la responsable en el sentido de que, como la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala aceptó las actividades laborales que desempeñaba la actora como docente, con ello admite tácitamente la existencia de la relación laboral entre la enjuiciante y dicho organismo descentralizado del Gobierno del Estado. Ello es así, pues la litis del juicio laboral no consiste en determinar cuál de las demandadas es la responsable de la relación de trabajo, sino que, como lo aduce la quejosa la acción que hizo valer tiene como finalidad que se le reconozca el derecho a ocupar la plaza de Supervisor Escolar de Educación Primaria, por encontrarse en el onceavo lugar de escalafón, comprobable en el catálogo escalafonario 2011-2012, emitido por la demandada Comisión Estatal Mixta de Escalafón U.S.E.T. S.N.T.E. o Comisión Nacional Mixta de Escalafón S.E.P. S.N.T.E. Tan es así que dicha acción también se entabló en contra de la referida Comisión de Escalafón; de la Sección XXXI del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; y de la tercera interesada Ma. Esperanza Moreno Fernández, quien ocupa la plaza pretendida por la actora. De la propia manera, es incongruente la determinación de la responsable de absolver de toda responsabilidad a la "Coordinación Estatal de Concurso Nacional para el Otorgamiento de Plazas Docentes", noobstante de que se le tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo, pues es evidente que dicho ente no es parte demandada en el juicio de origen, pues la actora no entabló la acción en su contra. Por tanto, la responsable transgredió el principio de congruencia que debe regir en todas las determinaciones que emite, de conformidad con el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo. Tienen aplicación al respecto, las tesis sustentadas por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomos 55 y 60 Quinta Parte, páginas 27 y 47, respectivamente, que dicen: "LAUDO INCONGRUENTE. Cuando las Juntas de Conciliación y Arbitraje no analizan correctamente la litis planteada, violan el principio de congruencia que exige el artículo 776 de la Ley Federal del Trabajo y, por ende, las garantías individuales contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales." "LAUDO INCONGRUENTE. Si una Junta, al pronunciar el laudo respectivo, omite resolver sobre todos los puntos de la controversia, con ello falta al principio de congruencia que exige el artículo 776 de la Ley Federal del Trabajo, lo que se traduce en violación de las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales." Consecuentemente, es fundado el anterior concepto de violación." Como se puede advertir, en el fallo protector se determinó que es incongruente el pronunciamiento de la responsable en el sentido de que, como la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala aceptó las actividades laborales que desempeñaba la actora como docente, con ello admite tácitamente la existencia de la relación laboral entre la enjuiciante y dicho organismo descentralizado del Gobierno del Estado. Lo anterior porque la litis del juicio laboral no consistió en determinar cuál de las demandadas es la responsable de la relación de trabajo, sino que la acción propuesta tiene como finalidad que se reconozca a la actora el derecho a ocupar la plaza de Supervisor Escolar de Educación Primaria, por encontrarse en el onceavo lugar de escalafón, comprobable en el catálogo escalafonario 2011-2012, emitido por la demandada Comisión Estatal Mixta de Escalafón U.S.E.T. S.N.T.E. o Comisión Nacional Mixta de Escalafón S.E.P. S.N.T.E. Por tal motivo, el amparo se concedió para que la responsable subsanara la violación formal por incongruencia en que incurrió, esto es, con libertad de jurisdicción, resolviera lo que en derecho procediera respecto de la acción de reconocimiento de plaza de Supervisor Escolar de Educación Primaria, con base en las pruebas desahogadas en autos.En ese contexto, los argumentos expuestos por la quejosa en el sentido de que la Junta no podía dejar a salvo los derechos de la trabajadora para que, una vez que la demandada llevara a cabo el procedimiento escalafonario, demuestre que cumple con todos y cada uno de los requisitos que prevé el Reglamento de Escalafón de los Trabajadores al Servicio de la Secretaría de Educación Pública, son tendentes a controvertir aspectos de fondo, mismos que no fueron materia de análisis en la ejecutoria de amparo, por virtud de la cual la responsable sólo quedó constreñida a subsanar la incongruencia en que incurrió; por tanto, no pueden ser analizados en esta resolución, en la que únicamente es dable examinar el correcto cumplimiento de la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. De ahí que los planteamientos de la impetrante resultan novedosos y sólo pueden ser materia de examen en un diverso juicio de amparo. En apoyo a esta decisión se cita la tesis de jurisprudencia 1a./J. 76/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, página 605, que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO. El artículo 107, fracción XVI, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que la sentencia relativa quede enteramente cumplida; por ello, el análisis que se emprenda en el recurso de inconformidad para determinar si fue correcta o no la determinación que la tuvo por cumplida, no debe limitarse a los argumentos planteados por el recurrente, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con facultades amplias para analizar oficiosamente si la ejecutoria de amparo fue o no acatada. Ahora, si bien es cierto que en la legislación de amparo abrogada, para dicho análisis bastaba con realizar un estudio comparativo general o básico entre lo ordenado en la ejecutoria y lo ejecutado por la autoridad responsable, también lo es que ello obedecía a que en esa legislación se contemplaba al recurso de queja como un medio para combatir el exceso o defecto en el cumplimiento; de ahí que para tener por cumplida la sentencia protectora, era suficiente con que la autoridad acreditara haber realizado lo ordenado, sin que al respecto debiera analizarse si había incurrido en exceso o defecto pues, de ser así, las partes podían interponer el recurso de queja; no obstante, éste ya no se contempla para ese fin en la Ley de Amparo vigente, en tanto que ahora el exceso o defecto puede combatirse a través del recurso de inconformidad. En efecto, aunque el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, sólo señala que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, sin especificar que en él puedan combatirse los excesos o defectos en que incurra la responsable en el cumplimiento, de una interpretación armónica de ese numeral con los artículos 192, párrafo primero, 196 y 197 de la propia ley, se concluye que en este medio de impugnación pueden combatirse esos vicios, pues para que una ejecutoria pueda declararse cumplida es preciso que la responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir en exceso o defecto. Atento a ello, si la materia del recurso de inconformidad, vista en relación con la anterior Ley de Amparo, ha sido ampliada, entonces para resolver este recurso ya no basta con realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable, pues ahora, en adición a ese examen, también debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya habido exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; sin embargo, al hacer ese análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable, pues a pesar de la ampliación en su materia, no es factible que a través de este medio se analice la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable, ni mucho menos introducir aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo." Asimismo, es oportuno citar la tesis de jurisprudencia 2a./J. 14/2016 (10a.), que sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 27, febrero de 2016, tomo I, Décima Época, página 717, de rubro y contenido siguientes: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de la sentencia protectora o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de ese medio de impugnación, la satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades responsables, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; de ahí que los agravios formulados para impugnar dichos argumentos resulten ineficaces." De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.

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