Blanca Estela Vergara Romano
Expediente 644/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 10 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 644/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 05/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Blanca Estela Vergara Romano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Visto el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo; por ende, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 constitucionales, según su arábigo 2°, se declara que dicha sentencia que sobresee en el juicio de amparo ha causado ejecutoria...en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido...
- Principal
En Acapulco de Juárez, Guerrero, a las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, en audiencia pública Benjamín Galván Chávez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, en funciones de juez, por licencia del Titular, en términos del artículo 43, párrafo segundo, en relación con el 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión ordinaria celebrada el tres de febrero de dos mil veintiuno, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, notificada mediante oficio SEPLE./GEN./001/325/2021, asistido de Sergio Pita Romero, secretario que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional sin la asistencia de las partes. Abierta dicha audiencia, el secretario hace relación de las constancias de autos, entre las que se encuentran el escrito inicial de demanda, acuerdo de prevención de tres de diciembre de dos mil veinte; escrito de desahogo de prevención, auto admisorio de diez de diciembre de la anualidad pasada, informe justificado de la autoridad responsable, constancia de emplazamiento realizada al tercero interesado y demás constancias que obran en el sumario. El secretario en funciones de juez, acuerda: con fundamento en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos legales a que haya lugar. PERIODO PROBATORIO. Abierto el período probatorio, el secretario da cuenta con la documental que la quejosa adjuntó a su escrito de desahogo; así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, que ofreció en su escrito inicial de demanda. Asimismo, las que acompañó a su informe justificado la Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad. El secretario en funciones de juez, acuerda: en términos del artículo 119 de la citada ley, se admiten y se desahogan por su propia y especial naturaleza las pruebas de mérito que serán tomadas en consideración al momento de resolver este asunto; por lo que se cierra este período. PERIODO DE ALEGATOS. Enseguida se apertura la etapa de alegatos y el secretario hace constar: que las partes no hicieron uso de tal derecho, ni el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito formuló pedimento. El secretario en funciones de juez, acuerda: toda vez que las partes no hicieron uso del derecho de formular alegatos, ni el Fiscal Federal adscrito, exhibió pedimento legal alguno, se declara cerrada la etapa. Con lo anterior, se tienen por realizadas las etapas de la audiencia constitucional y se procede al estudio de las constancias para dictar la sentencia que en derecho proceda. Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo 644/2020, promovido por ***, en representación de su menor hijo de identidad reservada J.M.C.V., contra actos de la Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito recibido el dos de diciembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, turnado ese día a este Juzgado Segundo de Distrito, ***, en representación de su menor hijo de identidad reservada J.M.C.V., solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y actos siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: a).- EL C. JUEZ TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES (señala domicilio). IV.- ACTO RECLAMADO. El auto de fecha dieciocho de noviembre del año dos mil veinte, emitido por la Autoridad Responsable en el expediente ordinario familiar número ***, al decretar el 20% (veinte por ciento), de pensión alimenticia para mi menor hijo de nombre ***." SEGUNDO. Trámite. Previo desahogo de la prevención ordenada en el sumario, en proveído de diez de diciembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se dio intervención al fiscal Federal de la adscripción; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco de Juárez, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en por los ordinales 33, fracción IV, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 03/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, el cual entró en vigor el día de su aprobación, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como, el Acuerdo General 36/2020, que modificó aquél, en virtud de que, se reclaman actos a autoridades ubicadas dentro del ámbito territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el numeral 74, fracción I, de la ley de mérito, se hace la indicación que el acto reclamado en esta instancia es: El auto de dieciocho de noviembre del año dos mil veinte, emitido por la Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, en el expediente número ***, al decretar el 20% (veinte por ciento), de pensión alimenticia a favor del menor de identidad reservada J.M.C.V. Se hace la precisión anterior, en atención a la lectura íntegra del ocurso constitucional y su desahogo, pues este juzgador de amparo determina tomar en consideración los datos de dichos escritos, en un sentido congruente con todos sus elementos, así como la totalidad de la información del expediente del presente juicio, lo que incluye la intencionalidad de la parte quejosa, es decir, lo que quiso decir, porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Al caso, se estima aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad, al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto reclamado que se le atribuyó, que se hizo consistir en el auto de dieciocho de noviembre del año dos mil veinte, emitido en el juicio especial de alimentos número ***, de su índice, en el que decretó el 20% (veinte por ciento), de pensión alimenticia a favor del menor de identidad reservada J.M.C.V. La existencia del citado acto se encuentra demostrada con las copias certificadas que remitió con su informe justificado, a las que se otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°; por tanto, se tiene plenamente probado el acto reclamado a dicha autoridad. Es aplicable, la jurisprudencia doscientos veintiséis, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del tomo VI, atinente a la materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que establece: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. No obstante la certeza de los actos reclamados, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, quien ahora resuelve se encuentra compelido a analizar las causales de improcedencia que puedan actualizarse en el presente juicio, con independencia de que las partes viertan o no manifestación al respecto. En el caso concreto, respecto del acto reclamado por la quejosa, que se hizo consistir en el proveído mediante el cual la Juez natural, fijó el veinte por ciento (20%), por concepto de pensión alimenticia provisional a favor del referido menor, en el juicio especial de alimentos ***, de su índice, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; Inciso reformado DOF 17-06-2016 c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" La porción normativa transcrita regula uno de los principios rectores del juicio de amparo: el de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio constitucional contra actos recurribles, salvo los casos excepcionales establecidos por la ley y la jurisprudencia. Sin embargo, de conformidad con el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guerrero, que es el ordenamiento legal que rige el acto reclamado, contra esa determinaciones -pensión alimenticia provisional-, procede el recurso de apelación y, al no haberse agotado ese medio de impugnación previo a acudir a la presente instancia extraordinaria, torna improcedente el juicio de amparo. Para apoyar esta conclusión, en principio conviene precisar que en el artículo 140 del Código Procesal Civil local, se clasifican las resoluciones judiciales en decretos, autos, sentencias interlocutorias y sentencias definitivas; definiendo, para lo que a este estudio interesa, que los autos son aquellas determinaciones que deciden cualquier punto dentro del negocio, en contraste con los decretos, que sólo se refieren a simples cuestiones de trámite. En ese contexto, es claro que la resolución que fija alimentos provisionales, se trata de un auto, en virtud de que decide el derecho a recibir una prestación de manera provisional, en la que debe verificarse su procedencia, por lo que no podría considerase una de simple trámite. Ahora bien, los artículos 375, 381, 386, 393, fracción III y 566 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, disponen lo siguiente: "Artículo 375. Recursos admisibles. Para impugnar las resoluciones judiciales se conceden los siguientes recursos: I. Reconsideración; II. Apelación; y III. Queja." "Artículo 381. Procedencia. Las sentencias no pueden ser reconsideradas por el juzgador que las dicte. Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser reconsiderados por el juzgador que los dicte o por el que lo sustituya en el conocimiento del negocio, salvo que la Ley expresamente disponga que no son recurribles." "Artículo 386. Resoluciones apelables. Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: I. Las sentencias en toda clase de juicios, excepto cuando la Ley declare expresamente que no son apelables; II. Los autos, cuando expresamente lo disponga este Código; y III. Las sentencias que se dicten con el carácter de provisionales en procedimientos precautorios, sin perjuicio de que en los casos en que proceda, se reclame la providencia ante el mismo juzgador o se levante por éste. No serán apelables las sentencias que declaren la disolución del vínculo matrimonial. Tampoco lo serán las sentencias y demás resoluciones que se dicten en juicio cuya cuantía no exceda de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo." "Artículo 393. Apelaciones admitidas en el efecto suspensivo. La admisión de la apelación en el efecto suspensivo se sujetará a las siguientes reglas: (...) III. No obstante la admisión de la apelación en el efecto suspensivo, el que obtuvo sentencia favorable de condena puede pedir que se efectúe embargo provisional para el aseguramiento de lo sentenciado y de las medidas que puedan garantizar la ejecución. Estas medidas provisionales sólo se llevarán a cabo si se otorga caución para responder de los perjuicios que llegaren a ocasionarse a la contraparte, pero sin que se requiera prueba para acreditar su necesidad. Si la resolución contiene una parte que se refiera a alimentos, en esta parte se ejecutará sin necesidad de caución. El remate o adjudicación no podrán llevarse adelante, pero si podrán tener verificativo las diligencias previas como avalúo, incidentes de liquidación de sentencia y otras similares. En caso de que a petición de alguna parte se lleven a cabo estas medidas de aseguramiento, y posteriormente se revocare la sentencia, la parte que las pidió indemnizará a la otra de los daños y perjuicios que le hubiere ocasionado con el embargo o medidas provisionales, haciéndose en su caso efectiva la caución;" "Artículo 566. Sentencia. La sentencia se pronunciará de manera breve y concisa, en el mismo momento de la audiencia de ser así posible o dentro de los cinco días siguientes. Las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin fianza." De los numerales antes transcritos, se desprende que, en el procedimiento civil del Estado de Guerrero, existen tres recursos: reconsideración, apelación y queja. Ahora, tratándose del recurso de reconsideración, se advierte que existe disposición expresa que establece que las sentencias, no pueden ser reconsideradas; mientras que los autos que no fueren apelables y los decretos, sí pueden ser reconsiderados, a menos de que la ley señale que no son impugnables. Por su lado, los normativos que prevén lo relativo al recurso de apelación, establecen que entre las resoluciones que pueden ser apeladas, se encuentran los autos, cuando de forma expresa lo señale el código. En relación con dicho recurso de apelación y en específico a la disposición que se refiere a su admisión en el efecto suspensivo, se dispone que, si la resolución se refiere a alimentos, ésta será ejecutable sin necesidad de caución. Asimismo, se advierte que lo anterior se reitera precisamente en los normativos que en un apartado especial de la codificación en cita, regulan las disposiciones relativas al juicio de alimentos, ya que también se establece que las resoluciones sobre alimentos que fueran apeladas, son ejecutables sin fianza. Bajo el marco normativo de referencia, es posible efectuar las puntualizaciones siguientes: 1. Procede el recurso de reconsideración para combatir autos, siempre y cuando éstos no sean apelables. 2. El recurso de apelación procede para impugnar autos, cuando así lo señale el código de la materia. 3. Las resoluciones sobre alimentos que fueran apeladas, se ejecutarán sin necesidad de fianza. En esa tesitura, resulta evidente que procede el recurso de apelación para combatir el auto que fija alimentos provisionales, habida cuenta que de los artículos antes referidos, es posible desprender que es precisamente ese recurso, el que la propia ley señala de forma expresa para impugnar las resoluciones que versen sobre dicho tema, al establecer que las resoluciones sobre alimentos que fuesen apeladas, serán ejecutables sin necesidad de fianza. En efecto, es la propia legislación en estudio, que en sus artículos 393, fracción III y 566, la que de manea expresa determina la procedencia del recurso de apelación tratándose de las resoluciones de alimentos, como lo es el auto que los fija en forma provisional, razón por la cual, es posible establecer que el recurso de reconsideración no es el medio idóneo para impugnar la citada providencia, ya que, como se apuntó, éste excluye su procedencia de los autos que se puedan apelar. Luego, no obstante que procede el citado medio de impugnación en contra del acto ahora controvertido, la quejosa omitió hacerlo valer ante la potestad ordinaria, lo que torna improcedente el amparo indirecto. El criterio que se sostiene, se encuentra robustecido por el contenido del artículo 238, fracción V, del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, que dispone: "Artículo 238. Admisión de la demanda y prevención. El juzgador examinará el escrito de demanda y los documentos anexos, para resolver de oficio: I. V. Si la vía intentada es la procedente. Si el juzgador encontrare que la demanda fue oscura, irregular, debe por una sola vez, prevenir al actor que la aclare, corrija o complete dentro del término de tres días, con el apercibimiento que de no hacerlo, no se le dará curso a la misma. Para tal efecto, se le señalará en forma concreta el defecto o irregularidad que se encuentre. Si encontrare que está arreglada a derecho, la admitirá, mandando correr traslado a la persona o personas contra quienes se proponga; y se les emplace para que la contesten dentro del plazo de nueve días. En el mismo auto se resolverá sobre la exhibición de documentos en poder del demandado y sobre las medidas de conservación del bien litigioso solicitadas por el actor. El auto que de entrada a la demanda es apelable en el efecto devolutivo. El que la deseche es recurrible en queja." Del anterior normativo se desprende que, explícitamente se prevé que procede el recurso de apelación en el efecto devolutivo contra el auto que de entrada a la demanda; luego, si es ese el momento procesal en el que se provee sobre la concesión de alimentos provisionales, resulta inconcuso que, como se indicó previamente, el recurso de apelación es el procedente para impugnar la determinación de mérito; con independencia de que el referido numeral se refiera a los juicios ordinarios, porque además de que no encuentra contradicción con aquella disposición relativa al juicio de alimentos, el artículo 524 de ese mismo cuerpo legal, relativo a la aplicación de las reglas generales en estos juicios, establece que en todo lo no previsto y en cuanto no se opongan a lo ordenado en el título relativo, se aplicarán las reglas generales del propio código. Con base en lo hasta aquí expuesto, el presente juicio de ampro resulta improcedente, porque el principio de definitividad en materia de amparo, consiste en la obligación del particular de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo, que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa. Respecto de los actos de tribunales judiciales, dicho principio se encuentra contenido en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio constitucional en aquellos casos, en los que el particular promueve el juicio constitucional impugnando un acto emanado de algún tribunal, sin haber agotado previamente el recurso o medio de defensa ordinario que proceda. Así, atendiendo al principio de definitividad que rige al juicio constitucional, cuando en la ley exista un recurso ordinario o medio de defensa por el que pueda modificarse, revocarse o anularse el acto reclamado, el inconforme está obligado a agotarlo antes de acudir al juicio de amparo. Principio que debe observarse incluso tratándose de actos de imposible reparación, tal como lo impone la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la página setecientos sesenta y cinco, tomo decimoctavo, noviembre de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. DEBE AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PARA PROMOVER AMPARO EN SU CONTRA. El hecho de que un acto de autoridad tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación que afecte directa e inmediatamente derechos sustantivos del gobernado, de ninguna manera constituye una excepción al principio de definitividad que rige en materia de amparo, consistente en agotar los medios de defensa o recursos ordinarios previstos en la ley que rige el acto, antes de acudir a la acción constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 73, fracción XIII, de la ley de la materia y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En el mismo sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), visible en la página setecientos veintinueve, Libro X, Julio de dos mil doce, Tomo 1, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Además, tiene aplicación la jurisprudencia I.6o.C. J/37, publicada en la página novecientos dos, del Tomo XV, mayo de dos mil dos, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías.". En consecuencia, si en la especie, conforme a lo establecido por los artículos 393, fracción III y 566 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guerrero, contra el acto reclamado en el caso concreto (auto de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, en el que se decretaron alimentos provisionales), procede el recurso de apelación, el cual debe hacerse valer dentro del término de cinco días siguientes a su notificación, es evidente que, en atención a que existe disposición expresa en la legislación adjetiva acerca de la procedencia del citado medio de impugnación (apelación) contra el auto en el que se fijaron los alimentos provisionales decretados en el juicio natural, debió agotarse antes de promover el juicio constitucional. Por consiguiente, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, al no haberse interpuesto previamente el citado medio de impugnación, lo que a más de indudable es manifiesta y, por ende, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, respecto del referido acto. Es aplicable la jurisprudencia PC.XXI. J/5 C (10a.), del Pleno del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página mil cuatrocientos veintiocho, Libro 24, Noviembre de dos mil quince, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ALIMENTOS PROVISIONALES. CONTRA EL AUTO QUE LOS FIJA PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). De la interpretación de los artículos 140, 375, 381, 386, 393, fracción III y 566 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, deriva que el auto que fija alimentos provisionales es impugnable mediante el recurso de apelación, y no a través del de reconsideración, en virtud de que este último excluye su procedencia respecto de aquellas determinaciones impugnables en apelación. Al respecto, de los citados artículos 393, fracción III, y 566, se colige que las resoluciones sobre alimentos que fueran apeladas (entre éstas, las que fijan alimentos provisionales) serán ejecutables sin necesidad de caución, lo cual revela la procedencia de dicho recurso en su contra; lo anterior, aunado a que la fracción V del numeral 238 del citado código señala que el auto de entrada a la demanda es apelable en el efecto devolutivo, momento procesal en que precisamente se fijan los alimentos provisionales, sin que trascienda que tal regla esté dirigida a los juicios ordinarios, en virtud de que, conforme al diverso artículo 524 de ese mismo ordenamiento legal, en todo lo no previsto y en cuanto no se oponga a lo ordenado en el título relativo, se aplicarán las reglas generales del propio código." De ahí que, si la quejosa no recurrió el acto reclamado con el medio de impugnación idóneo, cuando era su obligación, debe concluirse que no cumplió con el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, porque como ya se dijo, resultaba indispensable que la inconforme elevara su inconformidad a la potestad jurisdiccional común en la causa de pedir a través del recurso idóneo correspondiente, porque la suplencia de la queja no debe llegar al extremo de aceptar que quien sufra un agravio en un procedimiento en que es parte, no se inconforme aunque sea de manera deficiente. Es aplicable por las razones que la informan la tesis aislada I.3o.C.835 C, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página mil cuatrocientos cincuenta y cinco, tomo XXXII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, septiembre de dos mil diez, que establece: "SUPLENCIA DE LA QUEJA. SU PROCEDENCIA Y ALCANCE EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El artículo 107, fracción II, párrafo segundo, constitucional, reproducidos, a su vez, en los artículos 76 Bis, fracción V y 91, fracción VI, de la Ley de Amparo, han sido interpretados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido que es deber a cargo de los tribunales federales que conozcan del juicio constitucional y de la instancia revisora, de suplir la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios en las materias y respecto de las categorías de personas que ahí se especifican, uno de cuyos supuestos, contemplado en la fracción V del artículo 76 Bis y en la fracción VI del artículo 91 de la Ley de Amparo, prevé la suplencia de la deficiencia de la queja a favor de los menores o incapacitados, sin que para determinar lo contrario sea relevante el carácter de quienes promuevan la demanda de garantías o el recurso de revisión, ni la naturaleza de los derechos que se estén cuestionando, puesto que la institución de que se trata fue estructurada por el legislador no sólo para proteger los derechos familiares, sino también el bienestar de los menores de edad y de los incapacitados. Bajo esa tesitura, los órganos federales tienen el deber de suplir la deficiencia de los conceptos de violación o de los agravios respectivos, siempre que esté de por medio, directa o indirectamente, el bienestar de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quienes promuevan el juicio de amparo o el recurso de revisión, toda vez que el interés jurídico en las cuestiones que pueden afectar a la familia y principalmente en las concernientes a los menores y a los incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, ya que su voluntad no es suficiente para determinar la situación de los hijos menores; por el contrario, es la sociedad, en su conjunto, la que tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Esa regla general de suplir la deficiencia de la queja en la demanda y en los agravios constitucionalmente opera en el juicio de amparo, pero no es una institución que exente a la parte quejosa de agotar el principio de definitividad. Ciertamente, aun y cuando se trate de una controversia de orden familiar, es necesario que oportunamente interponga los recursos o medios ordinarios de defensa procedentes de acuerdo a los preceptos legales aplicables, antes de acudir al juicio de amparo, ya que dicha institución opera respecto a violaciones procesales anteriores al dictado de la sentencia definitiva. Entonces, en relación a actos derivados de controversias del estado civil, que pudieran afectar al orden y estabilidad de la familia o a menores o incapaces, solamente opera en vía de amparo directo, resultando necesario que se eleve a la potestad jurisdiccional común la causa de pedir a través del recurso idóneo correspondiente, porque la suplencia de la queja no debe llegar al extremo de aceptar que quien sufra un agravio en un procedimiento en que es parte, no se inconforme aunque sea de manera deficiente.". Asimismo, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página cuatrocientos cincuenta y cinco, del Semanario Judicial de la Federación, tomo X, octubre de mil novecientos noventa y dos, cuyos rubro y texto es: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. ELLA NO AUTORIZA A DEJAR DE PROMOVER EL MEDIO DE DEFENSA QUE PROCEDA CONFORME A LA LEY. Si bien es cierto que en determinadas materias debe suplirse la queja deficiente en los términos que señala la Ley de Amparo, dicha institución no puede llegar al extremo de eximir a quienes beneficia de intentar precisamente los recursos que esa propia ley establece, de manera que es inadmisible que en su nombre se promuevan, tramiten y resuelvan, medios de defensa que no sean los idóneos para hacer valer las violaciones de que se trate." Máxime si se tiene en cuenta que la quejosa no se ubica en alguno de los supuestos de excepción que enumera la propia fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que no se reclama un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; no consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso; resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute; resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos; orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, no se trata de persona extraña al procedimiento. Pues en la especie, la procedencia del recurso ordinario que prevé la ley que rige el acto reclamado no se sujeta a interpretación adicional, por lo que no es optativo para la parte quejosa interponer dicho medio de impugnación o acudir al juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 902, del Tomo XV, Materia Común, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del contenido siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En las relatadas consideraciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio promovido por ***, en representación de su menor hijo de identidad reservada J.M.C.V. Conviene dejar en claro que la actualización de la hipótesis de improcedencia analizada no implica una denegación al derecho de acceso para el quejoso a la impartición de la justicia prevista en los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud de que el reconocimiento de tales prerrogativas no genera el alcance de soslayar o inobservar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia del amparo, como lo es el que la acción constitucional se inste agotando el principio de definitividad, dado que al estimarse el juicio de amparo como un medio extraordinario de defensa; el promovente del amparo debe someterse a las condiciones de procedencia, lo cual no implica que se le está negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se le permite al gobernado acudir al juicio de amparo bajo tal condición y de lo contrario, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como el generar un retardo generalizado en la administración de justicia a causa de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende la causa de improcedencia analizada, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, por ende, no configura una denegación de justicia. Además, sostener lo contrario, implicaría que los órganos jurisdiccionales dejen de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función, lo que provoca un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, porque se desconocería la forma de actuación de tales órganos, además de que se afectarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables, máxime que, debe recordarse que al firmarse la Convención Americana sobre Derechos Humanos, México se comprometió a observar tales disposiciones en armonía con todo su sistema jurídico compuesto con todas y cada una de las leyes que lo conforman, y así tenemos que en la propia legislación mexicana se encuentra el medio de defensa sencillo y rápido a que nos hemos referido en líneas anteriores. Sirve de apoyo la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, Noviembre de dos mil doce, tomo 2, página mil quinientos ochenta y siete, que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables." También es aplicable a lo considerado, el criterio que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito plasmó en la tesis número 15 K (10a.), editada en la página 2274 del Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que establece: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A DICHO DERECHO HUMANO. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha sostenido que el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la obligación de los Estados de garantizar un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales, lo cual no se reduce simplemente a la mera existencia de órganos jurisdiccionales o procedimientos formales, ni a la posibilidad de recurrir a los tribunales, sino que los recursos deben tener efectividad real. Asimismo, ha determinado que por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole; de tal manera que si bien dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, lo cierto es que no siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deben resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado. En esas condiciones, aun cuando la improcedencia del juicio de amparo constituye un impedimento legal para resolver en el fondo sobre la existencia o no de alguna violación a los derechos fundamentales de quien se dice agraviado por algún acto de autoridad, tenemos que las causas de improcedencia previstas en la Ley de Amparo no son violatorias del derecho humano del recurso judicial efectivo, porque encuentran su razonabilidad en la medida de que se justifican en el derecho a recibir justicia pronta y expedita, tutelado por el artículo 17 constitucional, al evitar que los juicios de amparo proliferen de manera desmedida, haciendo nugatorio, precisamente, el referido derecho fundamental, debido a la demora en la solución de los conflictos, por lo que es válido sostener que la norma interna tiene un propósito legítimo, esto es, el condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin méritos y, por ende, se insiste, no es incompatible con el derecho humano de trato." Por tal motivo, al actualizarse la causal de improcedencia ante referida, y por la que procede decretar el sobreseimiento del juicio, el suscrito juzgador se ve impedido a entrar al estudio del fondo del asunto. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia II.3o. J/58, octava época, Tomo 70, Octubre de mil novecientos noventa y tres, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que aparece en la página cincuenta y siete, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Se hace la precisión que de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. En mérito de lo expuesto, fundado y motivado, y con apoyo, además, en los preceptos 73, 74, 75, 76, 119, 123 y 124 de la invocada ley; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por ***, en representación de su menor hijo de identidad reservada J.M.C.V., en contra del acto que reclamó de la autoridad responsable, precisados ésta y aquél en el último considerando de esta sentencia. SEGUNDO. Incorpórese al Sistema de Integración de Seguimiento de Expedientes la versión pública de la presente sentencia, así como lo datos de registro que se requieren para garantizar el derecho de acceso a la información.
- Principal
Visto el estado procesal que guarda el expediente, se advierte que a la fecha transcurre el término de ocho días que el ordinal 117 de la Ley de Amparo, otorga al tercero interesado, ***, para que se imponga del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable; en consecuencia, a efecto de no dejarlo en estado de indefensión, la audiencia constitucional señalada el día de hoy se difiere, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO para su verificativo.
- Principal
Agréguese un escrito de la quejosa en representación de su menor hijo de identidad reservada J.M.C.V., mediante el cual desahoga el requerimiento que se le hizo en proveído de ocho de enero del año en curso y reitera el domicilio en el que puede ser emplazada el tercero interesado...y en consecuencia, se ordena al actuario judicial adscrito a este órgano constitucional que con copia de la demanda de amparo, auto admisorio de diez de diciembre de dos mil veinte, proveído de dieciséis de diciembre de la referida anualidad y la presente determinación, se constituya en compañía de la promovente, en el domicilio ubicado... Además, deberá requerirlo para que en el momento de la diligencia o dentro del término de tres días, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibido que de no hacerlo, sin previo acuerdo, las siguientes notificaciones, aún las de carácter personal, se practicarán por lista, de conformidad a lo dispuesto por el precepto 26, fracción III, en relación con el ordinal 27, fracción II, de la ley de la materia. Finalmente, se le hace saber al mencionado tercero que la audiencia constitucional se encuentra programada para las nueve horas con treinta minutos del veintiocho de enero de dos mil veintiuno.
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