Blanca Estela Sánchez Ayala

Expediente 131/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
131/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
23/06/2022

Partes del expediente

  • Blanca Estela Sánchez Ayala
  • Todas las Partes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de tres de junio de dos mil veintidós; en consecuencia: con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que la resolución que SOBRESEYÓ fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por Blanca Estela Sánchez Ayala, por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales C.A.S.S., ha CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Tania Ramos Loera 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d6.c0 13/11/22 13:19:08 2 JUZGADO OCTAVO EXPEDIENTE 131/2022 Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Integración del expediente, anotaciones y archivo. Glósese a los presentes autos, el incidente de suspensión derivado del presente juicio, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido. Transferencia. Ahora bien, de conformidad con el capítulo segundo, punto cuarto, en relación con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Depuración o destrucción del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente y el incidente de suspensión son destruibles, toda vez que se sobreseyó, se negó la suspensión Tania Ramos Loera 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d6.c0 13/11/22 13:19:08 3 JUZGADO OCTAVO EXPEDIENTE 131/2022 Amparo indirecto 131/2022 provisional y la definitiva quedó sin materia; por ende, se ubican en las hipótesis previstas en los artículos 21 incisos a) y c) del Acuerdo General citado, respectivamente. Devolución de constancias. Ahora bien, toda vez que el presente juicio de amparo ha causado estado, devuélvase a la autoridad responsable Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México las documentales que acompañó a su informe; sin que sea necesario acusar de recibo, en virtud que el sello de oficialía que obre en la constancia de notificación respectiva, hará las veces del mismo. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de junio de dos mil veintidós. Ténganse recibidos los oficios suscritos por la Juez y Notificadora Judicial, ambas adscritas al Juzgado Cuarto del Distrito Judicial de Cuautitlán, México, por medio de los cuales rinden su informe justificado. Asimismo, remiten diversas constancias certificadas que integran el expediente 2190/2021, de su índice, relativo al juicio controversia sobre el estado civil de las personas y derecho familiar (pensión alimenticia, guarda y custodia), promovido por Blanca Estela Sánchez Ayala, por propio derecho y en representación del menor de iniciales C.A.S.S., en contra de Erick Ricardo Saucedo Rangel; documentales que este juzgado federal les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora bien, de dichas constancias, así como de los informes de cuenta, se advierte que el siete de abril de dos mil veintidós, la parte actora en el citado juicio de origen, Blanca Estela Sánchez Ayala y la parte demandada Erick Ricardo Saucedo Rangel celebraron convenio, el cual fue elevado a categoría de cosa juzgada; ordenándose el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, en el presente asunto procede analizar si en el caso se actualiza alguna de las hipótesis que hacen improcedente el juicio de garantías, por ser su estudio preferente y de orden público, atento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia número 940, consultable a fojas 1538 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, salas y tesis comunes, bajo el rubro: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes lo aleguen o no debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Así, quien aquí juzga, considera que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la ley de la materia, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Así, de conformidad con el precepto legal citado en términos generales el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el acto no agravie a la parte quejosa. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, que establece lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." El anterior criterio, determina que la cesación de los efectos del acto reclamado, significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del gobernado, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de éste, que pueden verse acompañados o no de su insubsistencia, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de imperio, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de uno que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la norma exija. Del artículo referido se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hayan cesado; luego, en caso de actualizarse la cesación de los efectos tildados de transgredir los derechos de la parte quejosa, lo procedente es sobreseer el juicio constitucional. En ese tenor, es importante establecer que la pretensión constitucional que en este apartado se analiza, versa en la emisión del acuerdo de trece de enero de dos mil veintidós, mediante la cual el Juez Cuarto de lo Familiar de Cuautitlán, Estado de México, decretó la medida provisional de visitas y convivencias paterno-filial entre el menor de edad de iniciales C.A.S.S. con su progenitor de nombre Erick Ricardo Saucedo Rangel. Ahora bien, en el presente asunto, se advierte que las citadas autoridades al rendir su informe justificado, informaron que el siete de abril de dos mil veintidós la parte actora en el juicio de origen 2190/2021 Blanca Estela Sánchez Ayala y la parte demandada Erick Ricardo Saucedo Rangel, celebraron convenio que fue elevado a categoría de cosa juzgada; motivo por el cual, la autoridad responsable, ordenó archivar el mencionado expediente como asunto total y definitivamente concluido; como se advierte de las constancias que adjuntaron a los aludidos informes. De ahí que se estime que la acción reclamada ha cesado en sus efectos, dado que si bien el acto que reclamó la quejosa existió, al haberse celebrado convenio entre la parte actora y demandada en el juicio de origen, el mismo ha cesado en sus efectos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P. CL/97, asentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, Tomo VI, Noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Por ende, resulta incuestionable que el acto reclamado cesó en todos sus efectos, en virtud que si bien, la autoridad responsable emitió en su momento el acuerdo de trece de enero de dos mil veintidós, en el que decretó la medida provisional de visitas y convivencias paterno-filial entre el menor de edad de iniciales C.A.S.S. con su progenitor de nombre Erick Ricardo Saucedo Rangel, al haberse celebrado convenio entre las partes contendientes en el juicio de origen, cesaron los actos que reclamó la peticionaria de amparo; por tanto, lógico es, como se dijo anteriormente, se actualiza en la especie la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo; en consecuencia, procede decretar el sobreseimiento del presente asunto, respecto de los actos reclamados. En conclusión, y toda vez que se actualiza la causal de improcedencia precisada, en relación con el artículo 63, fracción V, ambos de la ley de la materia, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Blanca Estela Sánchez Ayala, por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales C.A.S.S. Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para las doce horas con un minuto del veintisiete de junio de dos mil veintidós. Comuníquese lo anterior a las partes. Notifíquese.

  3. Incidental

    R E S U E L V E: ÚNICO. Se declara sin materia el presente incidente de suspensión, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando tercero de la presente resolución incidental. Notifíquese.

  4. Incidental

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el informe previo que rinde la autoridad responsable, hágase relación de éste al celebrarse la audiencia incidental; lo anterior, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo. Con base en el ordinal 144 de la ley de la materia, se tienen como prueba de la autoridad responsable, las copias certificadas que acompaña a su oficio de cuenta, las cuales se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza; sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas al momento de la celebración de la audiencia incidental. Dado el volumen de las constancias allegadas, fórmese un anexo por separado. Ahora, respecto de la dirección de correo electrónico Jdo4familiar.cuautitlan@pjedomex.gob.mx y número telefónico 55 58 70 83 96, el cual es atendido por Teresa Martínez Martínez, se le tienen como medios alternativos de contacto, atendiendo al estado de emergencia sanitaria por causa mayor de la epidemia de enfermedad generada por el virus SARSCOV2(COVID-19), y conforme al Acuerdo 8/2020 del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Tania Ramos Loera 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d6.c0 13/11/22 13:19:08 2 JUZGADO OCTAVO INCIDENTE 131/2022 Por otro lado, se tiene por realizada la aclaración respecto del número de expediente del cual deriva el acto reclamado, siendo el correcto 2190/2021 y no el indicado por la parte quejosa como 1290/2021. Finalmente, se toma conocimiento que el siete de abril de dos mil veintidós, la parte actora en el juicio de origen 2190/2021 Blanca Estela Sánchez Ayala y la parte demandada Erick Ricardo Saucedo Rangel, celebraron convenio el cual fue elevado a categoría de cosa juzgada; ordenándose archivar el citado expediente como asunto total y definitivamente concluido. Consecuentemente, acuérdese lo que en derecho corresponda en el cuaderno principal del cual deriva esta incidencia. Notifíquese.

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