Blanca Estela Martínez Reyes
Expediente 1172/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1172/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Blanca Estela Martínez Reyes
Actuaciones
- Principal
1. Promoción. Agréguese a los autos el escrito signado electrónicamente por **************, mediante el cual dan cumplimiento a la prevención contenida en el acuerdo de dieciséis de noviembre del año en curso. 1.1. Cumple prevención. Téngase a la parte quejosa cumpliendo con lo requerido en el acuerdo relativo a la aclaración de la demanda. 2. Admisión. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se ADMITE A TRÁMITE la demanda de amparo que promueve **********, contra el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Río Grande, en esta ciudad y otra autoridad. 3. Incidente de suspensión. La Secretaría debe formar por separado el incidente de suspensión en virtud de haber sido solicitado. 4. Ministerio Público. En términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, se corre traslado con copia de la demanda al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. 5. Señalamiento de autoridad. Se tiene como autoridad responsable al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Río Grande, en esta ciudad y Actuario de su adscripción. 6. Informe justificado. Con fundamento en los principios constitucionales de impartición pronta y expedita de la justicia en los plazos ordenados por la normativa, los cuales son aplicables supletoriamente a este juicio sobre la base de lo establecido en el artículo 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la autoridad responsable deberá rendir su informe justificado dentro del plazo de QUINCE DÍAS, contado a partir del momento en que reciban la notificación del presente proveído, con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; y en el supuesto de que el acto reclamado, sea cierto, remita copia certificada, legible y completa de las constancias relacionadas, exclusivamente, con la materia de su resolución específica. En caso de que el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional asiente la razón en sentido de no poder entregar el oficio de emplazamiento respectivo, se ordenará que el peticionario de amparo manifieste la correcta denominación normativa de las correspondientes autoridades, en la inteligencia de que, en el caso de incumplir, no se le tendrá como parte en el juicio. 6.1 Correo electrónico oficial. Ahora bien, a fin de respetar los principios constitucionales de impartición pronta y expedita de la justicia, en relación con el artículo 28, fracción lll, de la Ley de Amparo, se solicita a la autoridad responsable se sirva a proporcionar correo electrónico oficial al rendir su informe justificado, con la finalidad de establecer comunicación entre la dependencia que representa y este órgano jurisdiccional, haciendo uso de las herramientas tecnológicas, simplificando y agilizando los juicios en beneficio de las personas justiciables. 7. Pruebas. La parte quejosa ofrece las pruebas documentales que anexa a sus escritos de demanda y aclaratorio. La Secretaría deberá hacer relación de la misma en la audiencia constitucional conforme lo previsto en el artículo 124 de la Ley de Amparo. 8. Terceros interesados. Se reserva proveer en relación a la parte tercera interesada, hasta en tanto obren en autos los informes justificados solicitados a las autoridades responsables. 9. Fecha y hora de audiencia constitucional. La audiencia constitucional tendrá verificativo a las NUEVE HORAS CON TREINTA Y OCHO MINUTOS DEL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS (HORARIO DE LA FRONTERA NORTE). No habrá necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendría la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) número de registro 2002576].
- Incidental
1. Formación de incidente y actos reclamados. Como está ordenado en el juicio principal se forma por separado el incidente de suspensión solicitado por la quejosa ***********, contra los actos reclamados consistentes en todo lo actuado dentro del juicio ejecutivo mercantil 213/2023 y en específico la orden de desposesión de nueve de octubre de dos mil veintitrés, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 213/2023, respecto del vehículo marca **********************; procedimiento al que es tercera extraña. 2. Requisitos para otorgamiento de medida cautelar. El artículo 128 de la Ley de Amparo establece los requisitos para conceder la suspensión: i) solicitud del quejoso y ii) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, como los supuestos contenidos en el precepto 129 de ese ordenamiento legal. El objeto de la suspensión de los actos reclamados es preservar la materia del juicio y evitar que se consuma de manera irreparable la conculcación de derechos humanos. Inclusive, en términos del artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, de ser jurídica y materialmente posible, se puede ordenar restablecer de manera provisional y en tanto se dicta sentencia ejecutoriada, el derecho que se estima afectado. La medida cautelar procede a partir del análisis de la naturaleza de los actos, para determinar si es actualizable la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. 3. Derecho subjetivo tutelado. Además, cuando exista la titularidad jurídica de un bien o de un derecho a favor de la parte quejosa, se entiende que hay interés para obtener la medida suspensional y merece ser protegida la situación jurídica que guardan las cosas al momento de decretar la paralización del acto, pues a través de la suspensión no es válido constituir, modificar o restringir un derecho del que no se gozaba antes de la presentación de la demanda, porque dicha circunstancia se encuentra impedida por el artículo 131 del invocado ordenamiento legal. 4. Efectos solicitados. Se pide la suspensión de los actos reclamados para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que se encuentran dentro del juicio ejecutivo mercantil 213/2023 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Río Grande, y no se ejecute el acuerdo de nueve de octubre de dos mil veintitrés, a efecto de que las autoridades señaladas como responsables no realicen la desposesión, solicitud de entrega y ejecución forzosa del bien mueble que defiende. 5. Pruebas. Para acreditar su interés suspensional la parte quejosa exhibió las pruebas documentales siguientes: ***** Documentales a las que se les concede valor probatorio conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. 6. Interés suspensional. La parte quejosa demuestra su interés suspensional a través de las pruebas documentales descritas y valoradas previamente, que la acreditan como propietaria del bien mueble tipo vehículo automotor que acude a defender en el juicio de amparo del cual deriva este incidente. 7. Apariencia del buen derecho. La apariencia del buen derecho como requisito para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, establece como condición previa la posibilidad de impedir que la actuación de la autoridad se siga llevando a cabo en tanto se decida sobre su constitucionalidad. Del análisis preliminar de las manifestaciones vertidas en el escrito de demanda, así como de los elementos que hasta el momento obran en autos, puede afirmarse válidamente que se advierte un derecho de la parte quejosa a que sean respetadas sus prerrogativas fundamentales respecto de los derechos de propiedad del vehículo que defiende; sin perjuicio de lo que se resuelva en cuanto al fondo del asunto, atendiendo a los elementos de juicio que se alleguen en el procedimiento. 8. Peligro en la demora. El peligro en la demora involucra una estimación de mera probabilidad que de no suspenderse el acto, las violaciones aducidas quedarán consumadas, de forma que sea difícil o imposible su reparación, y desaparecerá la materia del amparo, como consecuencia adjetiva del retardo en la paralización del acto. Por ello, cuando pueda darse el efecto restaurativo excepcional, provisional y anticipado a la suspensión del acto, debe involucrarse el tema de si existe verdadero peligro que de no darse a la suspensión el efecto referido y las violaciones aducidas se consumen, se tornaría difícil o incluso imposible repararlas en la sentencia de amparo, con lo que se perdería la materia de fondo del juicio principal. En ese orden de ideas, se encuentra justificado el peligro en la demora, en virtud de que, de no concederse la medida cautelar solicitada, se pudieran vulnerar los derechos de propiedad de la quejosa, si haber sido oída y vencida en un juicio, ocasionándole daños de difícil reparación, lo que afectaría de manera directa e inmediata derechos sustantivos. 9. Afectación al interés social. Cabe enfatizar que en principio la concesión de la medida cautelar no conlleva la actualización de alguna de las hipótesis contenidas en el artículo 129 de la Ley de Amparo, ni configuraría algún supuesto similar a los previstos en dicho precepto, por lo que puede afirmarse válidamente que la suspensión no ocasionaría perjuicios al interés social al involucrarse derechos privados entre particulares. Además, como se señaló, la parte quejosa se ostenta tercera extraña en sentido estricto al procedimiento del que emanan los actos reclamados. De ahí que, con la concesión de la medida cautelar, no se ocasionaría daño alguno en la colectividad. 10. Inobservancia de normas de orden público. En los artículos 128 y 129, de la Ley de Amparo se señala como requisito de procedencia de la suspensión, entre otros, que no se contravengan disposiciones de orden público, y se señala una serie de supuestos frente a los cuales no se debe conceder dicha medida cautelar. Por consiguiente, es posible conceder la medida cautelar, toda vez que no se le priva a la colectividad de alguna la satisfacción de necesidades o beneficio, contenidas en dichas normas, al estar involucrado únicamente un bien mueble del que la parte quejosa se ostenta propietaria. 11. Concesión de la suspensión provisional. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 128, 129, 136 y 138 de la Ley de Amparo, toda vez que media solicitud de la parte quejosa, no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones del orden público; además, se advierte que se actualiza la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora en favor de la parte quejosa, se concede la suspensión provisional de los actos reclamados para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran dentro del juicio ejecutivo mercantil 213/2023, esto es, para que no se ejecute la orden de desposesión del bien mueble propiedad de la quejosa **************, ordenada en ese procedimiento por auto de nueve de octubre de dos mil veintitrés, por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Piedras Negras, consistente en: 1) Vehículo marca *********************. Esto es, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva. 11.1 Jurisprudencia. Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia 1053, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 11.2 Requisitos de efectividad. La suspensión provisional concedida surte sus efectos de inmediato, pero dejará de tenerlos si dentro del plazo de cinco días, contado a partir de que se encuentre legalmente notificado, la parte quejosa no cumple con el siguiente requisito: a) Exhiba garantía por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), en billete de depósito expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo; en la inteligencia de que si opta por póliza de fianza, en ésta, la afianzadora deberá señalar domicilio en esta ciudad, e insertar además, que se somete a la jurisdicción de los tribunales residentes en esta localidad, para en caso de litigio, tal como lo previene el artículo 2802 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, acorde a su numeral 183; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 132 de la Ley de Amparo, importe que se fija en forma discrecional, a fin de garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudiese ocasionar al tercero interesado, con motivo de la suspensión, en caso de no obtener sentencia favorable en cuanto al fondo, sin perjuicio de que dicha garantía sea modificada en base a mayores datos de convicción que se aporten a estos autos. 12. Determinación provisional. En atención a lo manifestado por la parte quejosa, lo procedente conforme a derecho es conceder la suspensión provisional solicitada, hasta que una vez que se rinda el informe previo se cuente con mayores elementos para mejor proveer. 13. Requerimiento de informe. En conformidad con lo dispuesto en los artículos 138, fracción III, y 140 de la Ley de Amparo, se requiere informe previo a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas rinda su informe previo. Se apercibe que en caso de incumplir este requerimiento, se aplicará multa consistente en cien Unidades de Medida y Actualización vigente, equivalentes a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, 238, párrafo primero, y 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto se ordena al Actuario Judicial adscrito adjunte copia simple de la demanda y anexos pertinentes en cada oficio. 14. Audiencia incidental. La audiencia incidental se llevará a cabo a las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y NUEVE MINUTOS DEL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS (HORARIO DE LA FRONTERA NORTE). No habrá necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendría la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia incidental, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, la podrá consultar en la página de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) número de registro 2002576]. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
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