Blanca Estela Macias Perez

Expediente 220/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
220/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
12/03/2018

Partes del expediente

  • Blanca Estela Macias Perez

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, doce de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho en el que se desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho proveído. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. De los autos del presente expediente no se advierte que existan documentos originales en los términos que señala el párrafo tercero del punto décimo primero del referido acuerdo. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no tiene especial trascendencia jurídica, política, histórica, ni documental, ni se encuentra dentro de los supuestos a que alude el segundo párrafo de la fracción V del artículo vigésimo primero del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE DICE: "Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintitrés de febrero de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Blanca Estela Macías Pérez, contra actos de la autoridad señalada como: Actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 220/2018-4-B. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a.LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene por rubro "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.". Ahora, de un análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: La omisión de la notificación a las partes en conflicto, del acuerdo de fecha treinta de enero de dos mil dieciocho, que señala la fecha y hgra ********************. En ese sentido, se actualiza de forma inducable y manifiesta la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, a contrario sensu. El primer precepto prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando tal consecuencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo. El segundo numeral establece la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta contra actos judiciales emitidos dentro de juicio (intraprocesales), que tengan sobre los derechos de la parte quejosa una ejecución que sea de imposible reparación, en el entendido de que se considerarán de imposible reparación aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, que sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica formal o adjetiva. De ahí que, de la interpretación de ambos artículos, el segundo en sentido contrario, se deduce que el juicio de amparo será improcedente cuando se promueva contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre los derechos de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación. En la especie, la parte quejosa reclama de la Primera Sala del Tribunal de Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con residencia Tuxtla Gutiérrez, la dilación de acordar el escrito presentado el seis de febrero de dos mil dieciocho, mediante el cual solicitó se prosiguiera con la ejecución del laudo dictado en el expediente burocrático ********************, esto es, que se emita un nuevo requerimiento de pago contra la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas. Ahora, quien resuelve considera que el acto reclamado no causa sobre los derechos sustantivos de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, aun cuando se alegue violación al derecho de impartición de justicia pronta, completa e imparcial, pues, únicamente representan violaciones procesales de carácter adjetivo, ya que no constituyen una "omisión" autónoma al procedimiento de ejecución de laudo, sino que se presenta justamente dentro de éste, como es la falta de acuerdo dentro de breve término de la promoción presentada el seis de febrero de dos mil dieciocho; resultando improcedente el juicio de amparo en su contra. En efecto, el acto reclamado únicamente produce efectos intraprocesales, mas no causa un perjuicio ni afecta directa e inmediatamente los derechos sustantivos de la parte quejosa, en virtud de que la dilación procesal reclamada no necesariamente llegará a trascender al procedimiento de ejecución. No pasa desapercibido para esta juzgadora el hecho de que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 17 constitucional; sin embargo, como se dijo anteriormente, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte; por lo que resulta inconcuso que en el presente asunto no se actualiza caso de excepción alguno para acudir al juicio de amparo indirecto. En ese orden de ideas, es evidente que los actos que en esta vía se impugnan, no tienen una ejecución de imposible reparación, por los motivos que se expresan a continuación: El artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios del Estado de Chiapas, establece: "Artículo 735. Cuando la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho, no tengan fijado un término, éste será el de tres días hábiles". El artículo en cita, señala el término genérico con el que cuentan las autoridades laborales para dictar determinaciones en los asuntos en que no exista un plazo establecido, como lo es el caso, en dónde la responsable contaba con dicho lapso de tiempo para acordar el escrito presentado por el ahora quejoso. En la especie, la parte quejosa manifiesta que presentó su escrito ante la autoridad señalada como responsable el seis de febrero del año en curso, lo que se corrobora con el acuse de recibo del memorial, el cual contiene sello correspondiente. De ahí que, si la demanda por la que ocurre en esta instancia, la presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, residente en esta ciudad, el doce de febrero del actual, según el sello estampado que obra en el mismo, se advierte que únicamente han transcurrido tres días hábiles, como se desprende del siguiente cuadro dinámico: Febrero 2018 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 2 3 4 5 6 Presenta Escrito 7 Día 1 8 Día 2 9 Día 3 10 Inhábil 11 Inhábil 12 Presenta demanda de amparo Por lo antes expuesto, la suscrita juzgadora considera que a la fecha de la presentación del escrito inicial de demanda, no media tiempo suficiente para afirmar que exista una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. Sirve de aplicación, por identidad de razón, la jurisprudencia VI.2o.T. J/4, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia De Trabajo del Sexto Circuito, que tiene por rubro "PROCEDIMIENTO LABORAL (ABIERTA DILACIÓN O SU PARALIZACIÓN TOTAL). PARÁMETROS QUE DEBEN CONSIDERARSE EN CADA CASO PARA DETERMINAR SU CONFIGURACIÓN.", misma que se estima aplicable al caso particular, dado que la denegación que se atribuye al Tribunal burocrático, se aduce cometida en el procedimiento de ejecución del laudo, la cual, como ha quedado expuesta no tiene el carácter de abierta, dado el lapso transcurrido entre la fecha de la presentación de la promoción y aquélla en que se instó el juicio de derechos fundamentales. En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Asimismo, se tienen como autorizados para oír y recibir notificaciones a ********************, ********************, ********************y a ********************, por así haberlo expresado la parte quejosa en su escrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que estos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese."

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