Blanca Estela Gutiérrez Sánchez

Expediente 2327/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 8 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2327/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
09/05/2023

Partes del expediente

  • Blanca Estela Gutiérrez Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    [...} En consecuencia, debe decirse que la autoridad responsable, cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, se declara cumplida de conformidad con lo dispuesto en los artículos 196, párrafos segundo, tercero y cuarto, así como 214 de la Ley de Amparo. En el entendido de que este órgano jurisdiccional no advierte que exista exceso o defecto en el cumplimiento llevado a cabo por la autoridad responsable. En ese sentido, resulta aplicable la tesis: 2ª/J.22/2021 (10a.), consultable en la página 1891, del libro 1, tomo II, Mayo de 2021, Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE. Hechos: Uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si el pronunciamiento sobre el cumplimiento de una sentencia de amparo puede estimarse como un auto de trámite o una resolución de carácter urgente y, en consecuencia, si el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones de su titular está facultado para decidir sobre el particular, sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dicho secretario está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, habida cuenta que de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo se desprende que el juzgador debe dictar las medidas necesarias para que tales ejecutorias se cumplimenten a la brevedad para resarcir el quebranto al orden público derivado de los actos declarados inconstitucionales, de lo que se sigue que el pronunciamiento sobre su debido acatamiento constituye una resolución de carácter urgente; en cambio, el otro tribunal contendiente determinó que atendiendo a lo previsto en los preceptos legales en cita, la declaratoria de cumplimiento o incumplimiento de una ejecutoria de amparo no puede estimarse como un acuerdo de trámite, dado que puede derivar en la imposición de una multa a las autoridades responsables e incluso en su destitución y consignación, ni tampoco como una resolución urgente, tan es así que es legalmente factible ampliar el plazo concedido inicialmente a las responsables para acreditar su acatamiento, de lo que se sigue que el secretario encargado del juzgado por vacaciones del titular carece de atribuciones para resolver al respecto. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones del titular está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, en tanto es menester que al concluir el plazo concedido a las autoridades responsables para demostrar su acatamiento o al fenecer el plazo de la vista otorgada a la parte quejosa y a la parte tercero interesada con las constancias relativas, se determine si los deberes impuestos en el fallo protector se encuentran satisfechos para, en su caso, dictar las medidas necesarias para conseguirlo, máxime que la urgencia de la decisión no radica exclusivamente en los posibles daños que se podrían ocasionar al agraviado en caso de que la sentencia no se ejecute de inmediato, sino también en lograr el objetivo del juicio de amparo, el cual estriba en restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado a la brevedad posible, a fin de evitar que el retraso en la ejecución de la decisión torne nugatoria la protección de la Justicia Federal. Justificación: En el dictamen a la iniciativa de la Ley de Amparo en vigor, se precisó que la ejecución de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal constituye una parte toral del juicio de amparo, en tanto que su objetivo es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho vulnerado con el acto declarado inconstitucional; por tal razón se estimó necesario implementar medidas que permitan lograr su eficaz y oportuno cumplimiento, habida cuenta que las dilaciones o fallas en su ejecución podrían anular sus efectos restitutorios. Lo que se corrobora al tener en cuenta que el derecho de acceso a la justicia que se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos y los medios de defensa, lo que de suyo implica asegurar la debida ejecución de sus decisiones sin dilaciones indebidas o innecesarias. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que de acuerdo con el principio de efectividad de los recursos o medios de defensa previsto en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios, lo que puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión, o en la ejecución de la misma. Incluso, el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención establece la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso, lo que significa que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia porque se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. Luego, es claro que en tratándose del juicio de amparo, es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas, pues de lo contrario se tornaría ilusorio y lo dotaría de ineficacia, en detrimento del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva.". - Archivo. Ahora bien, una vez que transcurra el plazo de quince días al que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del presente auto, sin que se promueva dicho medio de defensa, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se dictó sentencia en la que, se concedió el amparo a la parte quejosa, este expediente es susceptible de DEPURACIÓN, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto del Acuerdo General, lo cual deberá realizarse dentro de los noventa días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Hecho lo anterior, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Atendiendo a lo dispuesto por el referido Acuerdo General, hágase saber a la parte quejosa que cuenta con noventa días hábiles a partir de la notificación personal que del presente proveído se le realice, para acudir a este órgano jurisdiccional a recuperar el documento original que exhibió como prueba en el presente asunto; bajo el apercibimiento que de no hacerlo, dicho documento será sucesptible de ser depurado. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara la sentencia dictada en este juicio, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que dicha sentencia que sobresee en el presente juicio constitucional, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales; comuníquese a las autoridades responsables esta determinación, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En ese tenor, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente.

  3. Principal

    Agréguese a los autos, el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por medio del cual, remite testimonio de la ejecutoria emitida el treinta y uno de enero de dos mil veintitre´s, dentro del recurso de revisio´n 478/2022; en el que resolvio´ lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma la resolución recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo 2345/2021, promovido por ********************, en contra de la omisión y autoridades precisados en la resolución recurrida". Acu´sese recibo, glo´sese el citado testimonio y hágase del conocimiento de las partes lo resuelto en e´ste, para los efectos legales a que haya lugar. En ese sentido, el auto aludido ha quedado firme para todos los efectos de ley; y por ende, se ordena realizar la anotación en el libro correspondiente, archivando el presente juicio como asunto totalmente concluido, asi´ como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Toda vez que la parte quejosa, exhibió en el presente asunto, un documento que por sus características debe ser devuelto, por tanto, con fundamento en el artículo 20 del acuerdo aludido, requiérasele para que dentro del término de noventa días contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger tales documentos, previa razón de recibo que se deje en autos, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, dichas documentales serán destruidas. Notifíquese, por oficio al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL SE RESUELVE PRIMERO Se sobresee en el juicio de amparo promovido por , por el acto precisado en el considerando segundo de este fallo, reclamado de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a , respecto de los diversos actos reclamados, precisados en el considerando segundo de este fallo, reclamados del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, por los motivos y fundamentos expuestos en el diverso séptimo, para los efectos señalados en el octavo de la presente sentencia. Notifíquese

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