Blanca Estela Granados Bocanegra
Expediente 703/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 14 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 703/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Blanca Estela Granados Bocanegra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que, por acuerdo de veintiocho de septiembre del año en curso, se dio trámite al recurso de revisión interpuesto por ********************, autorizado de la parte quejosa, en contra de la sentencia definitiva dictada el seis de septiembre del presente año. De lo anterior, sin mayor demora remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, el escrito de agravios en original y copia del mismo y tres anexos, así como el oficio que contenga inserto el presente acuerdo. Asimismo, desde este momento, se pone a disposición del Tribunal Colegiado de Circuito, el expediente electrónico del presente juicio de amparo, en el cual se puede apreciar que los escritos originales de expresión de agravios fueron recibidos físicamente por este juzgado federal. Debido a la habilitación de la consulta del expediente electrónico para la Superioridad, se estima innecesaria la formación de un cuaderno de antecedentes, ya que este juzgado de distrito tendrá a su resguardo el expediente en que se actúa. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito de cuenta, firmado por ********************, apoderado legal de la tercera interesada ********************, quien se apersona en el presente juicio y solicita el acceso al expediente electrónico, se le realicen notificaciones electrónicas por medio del usuario que refiere, señala correo electrónico, domicilio para oír y recibir notificaciones, y designa personas. En atención a sus peticiones, se tiene por apersonada la moral de referencia por conducto de su apoderado y a quien se le reconoce personalidad en el presente juicio con el instrumento notarial que adjunta. Autorizados Se tiene por autorizado a las personas que precisa en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia. Por cuanto a las demás personas que refiere se les tiene por autorizado en términos de la última parte del referido precepto legal Consulta de expediente electrónico y notificaciones electrónicas Por otra parte, de conformidad con lo establecido por el Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramitación del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico, así como las notificaciones electrónicas, a través del usuario que refiere, siempre y cuando se encuentre registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Tomando en consideración que el promovente eligió como vía de notificación de los autos o resoluciones que se emitan en este expediente, el de "notificaciones electrónicas", lo que ya ha sido acordado favorablemente en el párrafo que antecede, no ha lugar a tener el domicilio que propone para oír y recibir notificaciones. Correo electrónico Por cuanto al correo electrónico que proporciona, se tiene como medio de comunicación en lo referente a este asunto, y sólo en su caso, para agilizar alguna notificación relacionada con el mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, once de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, firmado por Juan Mayolo Acosta Hernández, quien dice contar con la figura de tercero interesado dentro del presente juicio, designa autorizados e informa bajo protesta de decir verdad que fue concubino de la quejosa Blanca Estela Granados Bocanegra y que la misma falleció el veintiséis de septiembre del año en curso, para acreditar su dicho adjunta copia certificada digital del acta de defunción. Atento a lo anterior, dígase a la parte promovente que no ha lugar a tener por reconocida la personalidad con la que se ostenta porque no tiene la calidad con la que se ostenta dentro del presente juicio. Por cuanto a la designación de autorizados y demás manifestaciones, deberá estarse a lo establecido en el párrafo que antecede. Ahora, una vez que se encuentre integrado el recurso de revisión interpuesto por conducto del autorizado de la parte quejosa, se remitirá copia del escrito de cuenta y su adjunto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, firmado por ********************, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada dentro del presente juicio de amparo. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto en los preceptos 81, fracción I, inciso e), 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el juicio que nos ocupa. Se ordena distribuir entre las partes, las copias del escrito de expresión de agravios y dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, infórmese al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, sobre la interposición del presente medio de impugnación y póngase a su disposición el expediente electrónico de este juicio, en el cual se encuentra agregado el escrito de expresión de agravios presentado físicamente, para lo que tenga a bien determinar. Debido a la habilitación de la consulta del expediente electrónico para la Superioridad, se estima innecesaria la formación de un cuaderno de antecedentes, ya que este juzgado de distrito tendrá a su resguardo el expediente en que se actúa. Por otra parte, notifíquese personalmente la presente determinación al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado de distrito, corriéndole traslado con el escrito de expresión de agravios, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; y personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Hago constar que notifico la determinación de fecha veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, a la parte tercero interesada, la moral Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, por conducto de su representante legal, por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional; así como en la lista electrónica publicada en el portal de internet del Poder Judicial de La Federación; lo anterior, con fundamento en la fracción III inciso a) del artículo 27 y 29 de la Ley de Amparo: Cuernavaca, Morelos, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, firmado por ********************, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada dentro del presente juicio de amparo. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto en los preceptos 81, fracción I, inciso e), 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el juicio que nos ocupa. Se ordena distribuir entre las partes, las copias del escrito de expresión de agravios y dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, infórmese al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, sobre la interposición del presente medio de impugnación y póngase a su disposición el expediente electrónico de este juicio, en el cual se encuentra agregado el escrito de expresión de agravios presentado físicamente, para lo que tenga a bien determinar. Debido a la habilitación de la consulta del expediente electrónico para la Superioridad, se estima innecesaria la formación de un cuaderno de antecedentes, ya que este juzgado de distrito tendrá a su resguardo el expediente en que se actúa. Por otra parte, notifíquese personalmente la presente determinación al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado de distrito, corriéndole traslado con el escrito de expresión de agravios, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; y personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 703/2023, promovido por ******************** contra actos del Juez Sexto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, y otra autoridad, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintidós de mayo de dos mil veintitrés, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, ******************** solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLESACTOS RECLAMADOSJuez Sexto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos Actuario adscrito al Juzgado Sexto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos"La orden de desposesión material del inmueble ubicado en calle Francisco González Bocanegra número siete, colonia el Porvenir, Jiutepec, Morelos, emitida en el juicio de origen ********************. La ejecución de la orden decretada en el recuadro anterior." SEGUNDO. El veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 703/2023, requirió a las responsables sus informes justificados, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; la competencia de un Juzgado proviene de la ejecución del acto, no de la residencia de las autoridades. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables la orden de desposesión material del inmueble ubicado en calle Francisco González Bocanegra, número siete, colonia el Porvenir, Jiutepec, Morelos, emitida en el juicio de origen ********************, su ejecución, y la falta de llamamiento a dicha controversia. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables, al rendir su informe justificado negaron la existencia del acto reclamado. Empero, dicha negativa se desvirtúa con las propias manifestaciones que emite la autoridad al rendir su informe con justificación, y las constancias que acompañó al mismo; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a esto último, el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con registro digital 211004, de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." De ahí que se tengan por ciertos los actos reclamados a dichas autoridades. CUARTO. Causales de improcedencia fundadas. Con apoyo en el artículo 62 de la Ley de Amparo, previamente al estudio de fondo del asunto, se analizarán las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes, o de oficio se advierta su actualización, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente. Ahora, este órgano de control constitucional advierte, que respecto de los actos reclamados, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 5º, fracción I y 6º, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XII.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley" Al respecto, debe decirse que el interés jurídico, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos reconocidos, tanto en la Constitución como en los tratados internacionales en los que México es parte, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, que se ve afectado por un acto de autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o menoscabo en los derechos o intereses del particular. Por su parte, el interés legítimo se traduce en una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple. En ese tenor, el interés legítimo puede definirse, como aquél interés personal - individual o colectivo-, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor de la parte quejosa. Dicho interés legítimo deberá estar garantizado por un derecho objetivo, debe haber una afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa pero en sentido amplio -difuso-, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra índole. Apoya lo anterior, la jurisprudencia XXVII.1o.(VIII Región) J/4 (10a.), con número de Registro 2003293, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa." De igual forma ilustra lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2019456, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Ahora bien, tratándose de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, la parte quejosa deberá ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Conviene puntualizar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que la calidad de tercero extraño le resulta a quienes materialmente no han figurado en un juicio como partes, pero sufren un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones ahí dictadas, sin haber tenido la oportunidad de ser oídas en su defensa, por desconocer las actuaciones relativas (tercero extraño en estricto sentido); concepto en el que se ha incluido a aquellos sujetos que en una controversia judicial no fueron emplazados; o bien, fueron defectuosamente llamados al mismo, dado que tal omisión les impide conocer datos necesarios para defenderse (tercero extraño por equiparación). Lo anterior fue expuesto así en la jurisprudencia P./J. 7/98, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 196932, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." En el presente juicio, la parte quejosa se duele de que se violan en su perjuicio los derechos de legalidad y garantía de audiencia, consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Refiere que dicho acto le agravia por habitar el bien inmueble materia de controversia; en lo que interesa se reproduce lo aducido por la parte quejosa: Ahora bien, se trascribe el artículo 14 Constitucional, segundo párrafo, que establece: "Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." El interés jurídico que la quejosa alega tener, deriva de que el artículo 14 constitucional, párrafo segundo, mismo que protege la propiedad y la posesión como un derecho humano del que los gobernados pueden ser privados, siempre que se agote un juicio en el que sean oídos, seguido ante los Tribunales previamente establecidos, en los que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Lo que a su vez constituye el derecho humano a la seguridad jurídica. Ahora bien, de las constancias que obran en autos, se advierten como antecedentes del acto reclamado, los siguientes: Por otra parte, la aquí quejosa exhibió como pruebas las siguientes: Contrato de arrendamiento de catorce de enero de dos mil diecisiete, mismo que celebró por una parte Eleazar Rojano López, en su carácter de apoderado legal del C. José Luis Uribe García y por otra, ********************, sobre el bien inmueble ubicado en C. ********************, Copia simple de la credencial de elector de Eleazar Rojano López, José Luis Uribe García, y de ********************. Copia simple del testimonio que contiene el poder general limitado que otorga el señor José Luis Uribe García, a favor del señor Eleazar Rojano López. Copia simple del Registro Nacional de Población de José Luis Uribe García. Copia simple del acuse de registro de poder en el Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales. No obstante lo anterior, si bien los actos de ejecución de la sentencia emitida en el juicio de origen se ordenaron sobre el domicilio que aduce habita la parte quejosa, no exhibió prueba idónea a fin de acreditar su interés jurídico, esto es, no acreditó ser propietaria o poseedora del bien inmueble precitado. Lo anterior, es así, toda vez que la primer documental que adjunta consistente en contrato de arrendamiento de catorce de enero de dos mil diecisiete, del bien inmueble ubicado en ********************, no es prueba idónea para acreditar la titularidad del bien inmueble de referencia, toda vez que se trata de un documento privado de fecha incierta, por lo cual existe la incertidumbre por parte de este juzgador de la fecha exacta en que fue celebrado dicho contrato; motivo por el cual a dicho documento no se le puede otorgar valor probatorio, porque no reúne las características que exige el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo. Asimismo, debe indicarse que tanto la ley como la jurisprudencia, han determinado que los documentos privados por sí mismos no son suficientes para acreditar que el derecho de que se trata exista, a menos que sean de "fecha cierta", esto es, que exista certeza respecto de la fecha de su emisión y, por ende, de la celebración del acto jurídico que contienen; pues de lo contrario, no podrán ser suficientes para tener por acreditado el interés jurídico en el juicio de amparo, como así lo ha sustentado en reiteradas ocasiones la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas ejecutorias que integran jurisprudencia. Ahora bien, nuestro máximo Tribunal ha indicado que la fecha cierta de un documento privado, es aquella que se tiene a partir del día en que se incorpore o se inscriba en un registro público de la propiedad, o bien en el particular, desde la fecha en que el documento se presente ante un funcionario público por razón de su oficio. Ello es así, pues tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta. Por tanto, si la ley adjetiva federal no confiere valor alguno a la fecha que se contenga en un documento privado, es inconcuso que éste es de fecha incierta, por lo que resulta ineficaz para acreditar el extremo que pretende la parte quejosa en este juicio de amparo; es decir, acreditar que el catorce de enero de dos mil diecisiete celebró contrato de arrendamiento respecto del bien inmueble ubicado en calle ********************. Lo anterior, en virtud que de la documental aportada por la parte quejosa no fue ratificada ante notario, más aún no aportó elemento de convicción alguno que detalle que dicho contrato de arrendamiento se inscribió en el Registro Público de la Propiedad y por tal motivo hubiera adquirido fecha cierta. Es observable en el caso, la jurisprudencia 1a./J. 44/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 178201, rubro y texto: "DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA CIERTA. PARA CONSIDERARLO COMO TAL ES SUFICIENTE QUE SE PRESENTE ANTE NOTARIO PÚBLICO Y QUE ÉSTE CERTIFIQUE LAS FIRMAS PLASMADAS EN ÉL. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, y a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse estos supuestos, no puede otorgársele valor probatorio al instrumento privado con relación a terceros, pues tales acontecimientos tienen como finalidad dar eficacia probatoria a la fecha que consta en él y con ello certeza jurídica. Esto es, las hipótesis citadas tienen en común la misma consecuencia que es dar certeza a la materialidad del acto contenido en el instrumento privado a través de su fecha, para tener una precisión o un conocimiento indudable de que existió, con lo que se evita la realización de actos fraudulentos o dolosos, como sería que se asentara una fecha falsa. Por tanto, el solo hecho de que se presente un instrumento privado ante un fedatario público y que éste certifique las firmas plasmadas en él, es suficiente para que produzca certeza sobre la fecha en la que se realizó su cotejo, ya que tal evento atiende a la materialidad del acto jurídico a través de su fecha y no de sus formalidades." Finalmente, no debe pasar inadvertido que aun y cuando la legislación secundaria no exija que los contratos como el presentado sean fedatados por notario o mediante inscripción registral, no implica la eficacia del documento privado frente a terceros, por tanto también la exigencia a contratos traslativos de dominio debe hacerse extensiva a los contratos traslativos de uso. Por su aplicación se cita la jurisprudencia 1a./J. 24/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 169963, del rubro y texto siguientes: "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito." Apoya a lo anterior la jurisprudencia VI.2° C.J/308, con número de registro 167466, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. EL DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA INCIERTA ES INSUFICIENTE PARA DEMOSTRARLO. Si quien se queja en el amparo indirecto de haber sido afectado en sus derechos de propiedad y posesión de un bien inmueble, y exhibe un contrato privado de compraventa, con tal documento no puede tenerse por demostrado, de manera fehaciente, su interés jurídico pues, para que ello ocurra, resulta necesario que el referido título sea de fecha cierta, lo que acontece a partir del día en que un documento de tal naturaleza se inscribe en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente, desde la muerte de cualquiera de los firmantes, o bien desde la fecha en que el documento se entrega a un funcionario público por razón de su oficio pues, en caso contrario, tal documento sólo produce efectos jurídicos entre las partes que originalmente intervinieron en la operación contractual, mas no frente a terceros, dado que la circunstancia de no tener fecha cierta, imposibilita determinar si el embargo y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de que se duele el quejoso, fueron actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso. Y ello es así por resultar claro, que la fuerza convictiva de un título privado, que contiene un acto traslativo de dominio no abarca la fecha en que aparezca realizada la enajenación cuando éste es de fecha incierta, por no reunir ninguno de los apuntados requisitos." Asimismo, es aplicable al particular la jurisprudencia 1ª/J. 33/2010, con número de registro 164080, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTO PRIVADO. LA COPIA CERTIFICADA POR FEDATARIO PÚBLICO LO HACE DE FECHA CIERTA A PARTIR DE QUE LO TUVO A LA VISTA PARA SU REPRODUCCIÓN Y, ÚNICAMENTE, PARA EL EFECTO DE HACER CONSTAR QUE EXISTÍA EN ESE MOMENTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad; desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse alguno de esos supuestos, no puede considerarse que un documento es de fecha cierta, y por ende, no puede tenerse certeza de la realización de los actos que consten en tales documentos. Ahora bien, cuando ante un fedatario público se presenta un instrumento privado para su reproducción y certificación, la fe pública y facultades de que está investido permiten considerar que el instrumento reproducido existía en la fecha en que se realizó tal reproducción y cotejo. Por lo que la fecha cierta se adquiere a partir de dicha certificación y no a partir de la fecha que está asentada en el documento. Asimismo, tal certificación notarial no debe equipararse con los efectos jurídicos de una certificación notarial de la autenticidad de las firmas ni califica la legalidad del documento o de lo expresado en él." Respecto de las diversas documentales en copia simple, debe indicarse no son prueba idónea para acreditar la propiedad o posesión del bien inmueble en controversia, pues tales documentales comprueban únicamente la personería con que se ostentan las partes de referencia. De igual forma, apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 1/2002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con Registro 187733, que dice: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." De igual forma, sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 16/94 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 206338, que establece: "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Así, se advierte que los actos reclamados emitidos en el juicio ********************, no causan perjuicio a la parte quejosa, toda vez que: No es parte demandada en el juicio de origen; Los actos reclamados no están dirigidos en su contra, por lo que por sí solos no lesionan su interese jurídico. Apoya a lo anterior, la tesis aislada VI.2o.C.297 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, con Registro 167493, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO, CUANDO EL AUTO DE EXEQUENDO NO FUE DICTADO CONTRA EL QUEJOSO. Aun cuando sea verdad que el auto de exequendum haya servido de antecedente para el embargo que el quejoso reclame, ostentándose como tercero extraño al juicio, si también es cierto que ese auto no fue dictado en contra del peticionario del amparo, sino que ahí se ordenó embargar bienes de quien figuraba como demandado en el juicio del que emanan los actos combatidos, es indudable, por lo mismo, que el auto de referencia, por sí solo no lesiona los intereses jurídicos del quejoso y debe al respecto sobreseerse en el amparo, por estarse en la hipótesis que contempla el artículo 73, fracción V, en relación con el 74, fracción III, ambos de la Ley de Amparo." Consecuentemente, como se anticipó, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, en relación con el diverso 5, fracción I y 6, todos de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el juicio, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la propia Ley. Además el sobreseimiento se hace extensivo al acto de ejecución señalado por la quejosa, en virtud de que éste no fue reclamado por vicios propios, sino como consecuencia de lo ordenado en el juicio ********************. Sobre el particular, resulta aplicable la jurisprudencia Volumen 91-96, Sexta Parte, página 286, materia común, que es del tenor literal siguiente: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." En virtud del sentido del presente fallo, resulta inadmisible jurídicamente estudiar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, respecto de tales actos reclamados, pues frente al análisis del fondo del asunto se presentó una razón de mayor peso como lo es el sobreseimiento por actualizarse una causal de improcedencia; por tanto, al actualizarse un impedimento procesal para conocer de este asunto, este órgano jurisdiccional se encuentra legalmente imposibilitado para analizar el tema debatido, sin que ello pueda ser considerado como una negación de justicia, pues así lo obliga la ley y jurisprudencia aplicable al caso. Sustenta lo anterior, la tesis con registro 239006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, fracción I, 61 a 63, 73 a 79 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, respecto de las autoridades y actos precisados en el considerando segundo, por los razonamientos en el último considerando de este fallo. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de la secretaria con quien actúa Karina Vanessa Corona Alday. Doy fe.
Quedan 10 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,253 expedientes
- Blanca Estela Acosta Cueto47/2018
- Blanca Estela Aguilera Salinas1904/2016
- Blanca Estela Albavera Hernandez471/2019
- Blanca Estela Aldana Alejandre394/2015
- Blanca Estela Cortes González1492/2022
- Blanca Estela Delgado Castañeda1790/2016
- Blanca Estela Granados Bocanegra1283/2021
- Blanca Estela Granados Bocanegra855/2023
- Blanca Estela Granados Bocanegra1090/2023
- Blanca Estela Ochoa Delgado467/2022
- Blanca Estela Ochoa Delgado733/2022
- Blanca Estela Ortiz Becerril1538/2023