BLANCA ESTELA GOMEZ QUINTERO y Otros.
Expediente 1983/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1983/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 27/11/2023
Partes del expediente
- BLANCA ESTELA GOMEZ QUINTERO y Otros.
- Blanca Estela Gomez Quintero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Se recibe resolución. Se tiene por recibido el oficio signado por la Secretaria de Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, por el cual remite el testimonio de la resolución pronunciada en sesión de dieciséis de noviembre del año en curso, en la queja ********************, en que se resolvió: "ÚNICO. Es fundado el recurso de queja promovido por ******************** por sí y en representación de sus hijos ******************** y ******************** Acúsese recibo y háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno. Admisión. En atención a lo resuelto en la precitada resolución, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 33, 35, 37, 107, 108 y 112 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo promovida por ********************, por sí y en representación de sus menores hijos ******************** y ********************, contra los actos que reclama del Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Vigésimo Noveno Partido Judicial del Estado de Jalisco, con residencia en Cihuatlán, el Secretario de Educación Pública del Estado de Jalisco y el Delegado Regional de la Secretaría de Educación Pública de la Costa Sur, por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los preceptos constitucionales que menciona. Audiencia constitucional. Se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y OCHO MINUTOS DEL ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, como el momento en que se llevará a cabo la audiencia prevista en el artículo 115 de la Ley de Amparo. La intervención de las partes en la audiencia constitucional se realizará por escrito en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, mediante promoción presentada físicamente o preferentemente a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, previamente a que se le dé inicio. Intervención a las partes en el juicio de amparo. 1. Parte quejosa. a) Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que exhibe, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. Sin que se le tenga anunciando como pruebas las constancias que integran el expediente de origen, toda vez que no exhibió documental alguna; además, resulta innecesario requerirlas en términos de artículo 121 de la Ley de Amparo, debido a que las mismas serán solicitadas a la responsable en apoyo a su informe justificado. 2. Autoridades responsables. a) Informe justificado. Con fundamento en el artículo 115 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades señaladas como responsables para que en el plazo de quince días rindan su informe con justificación. Dicho informe puede ser presentado físicamente o través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como los puentes de interconexión entablados con las autoridades; bajo apercibimiento que de no cumplir, se le impondrá a la omisa una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización, equivale a $103.74 (ciento y tres pesos 74/100 moneda nacional). Además, dicho informe justificado deberá de ser rendido con copias certificadas de las constancias que integran el expediente generador de los actos reclamados, toda vez que resultan necesarias para resolver el presente juicio de amparo; bajo apercibimiento que de no hacerlo o de no informar las causas legales o materiales que les impidan cumplir con ello, la omisa será acreedora de la multa referida en el párrafo que precede. En el entendido de que si no se encontraren materialmente los autos de génesis en el local de su adscripción, están facultadas para recabarlos en la instancia correspondiente. b) Requerimiento por informe de causas de sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que en caso de que tengan conocimiento o con su conducta provoquen la actualización de alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este juzgado de Distrito en cualquier estado procesal en que se encuentre el juicio de amparo, haciendo de su conocimiento que si no cumplen con ello, se le impondrá a la omisa una multa de treinta unidades de medida y actualización, esto es, $3,112.20 (tres mil ciento doce pesos 20/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 251 de la Ley de Amparo. c) Consideraciones respecto de las notificaciones. De conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29 y 31 del mismo ordenamiento legal, las notificaciones a las autoridades que tengan el carácter de responsables o terceras interesadas en el presente juicio de amparo indirecto, o recursos que llegaren a interponerse, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir les serán notificados por lista, salvo aquellas que, se estime, deban efectuarse en forma personal, las cuales se notificarán por medio de oficio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página mil doscientos cincuenta y tres, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, que por rubro señala: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." En otro sentido, se hace saber de forma general a toda autoridad que resulte señalada como responsable que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, está obligada a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, ya sea en forma física o de manera electrónica, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación y si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; y, en su caso, será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; y se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 245, de la Ley de Amparo. 3. Tercero interesado. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de tercero interesado a: ********************. Por tanto, tomando en consideración que el domicilio del tercero interesado se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, a efecto de emplazarlo, gírese atento despacho con los insertos necesarios al Juez de lo Civil de Autlán de Navarro, Jalisco, en turno, para que en auxilio de este juzgado se sirva realizar la diligencia mencionada, en la ********************. Para cuyo caso el funcionario que practique la diligencia, buscará, al tercero interesado precitado, le hará saber el órgano jurisdiccional que ordena el emplazamiento y el número de expediente y le entregará copia autorizada de la demanda de amparo, escrito aclaratorio y del proveído de esta fecha; si la persona se niega a recibir o firmar la notificación, la negativa se asentará en autos y aquélla se tendrá por hecha. Si no se encuentra el tercero interesado, el funcionario que practique la diligencia se cerciorará de que es el domicilio y le dejará citatorio para que, dentro de los dos días hábiles siguientes, acuda al órgano jurisdiccional a notificarse, especificándose el mismo y el número de expediente; el citatorio se dejará con la persona que se encuentre en el domicilio; si el tercero interesado por emplazar no acude a la cita, la notificación se hará por lista en términos de lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Amparo. Y si el funcionario que practique la diligencia encuentra el domicilio cerrado y ninguna persona acude a su llamado, se cerciorará de que es el domicilio correcto, lo hará constar y fijará aviso en la puerta a fin de que, dentro de los dos días hábiles siguientes, el tercero interesado acuda al órgano jurisdiccional a notificarse; si no se presenta se notificará por lista, pudiendo, el referido órgano, tomar las medidas necesarias para lograr la notificación personal si lo estima pertinente. De todo lo que ocurra se deberá asentar acta circunstanciada. De igual manera, les haga saber la fecha en que tendrá verificativo la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y OCHO MINUTOS DEL ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS; requiriéndolo, además, para que, en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación, señale domicilio para recibir notificaciones en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, apercibiéndole que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista conforme a los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de la autoridad jurisdiccional aludida, que deberá llevar a cabo la diligencia aun cuando la recepción de la comunicación en comento sea recibida con posterioridad a la fecha señalada para la audiencia constitucional, dado que este juzgado tendrá en cuenta la fecha en que se lleve a cabo el emplazamiento encomendado. En el entendido de que deberá remitir las constancias originales relativas al emplazamiento encomendado dentro de las veinticuatro horas siguientes de su diligenciación, o en su defecto manifestar el impedimento legal que tenga para ello, apercibido que de no hacerlo, se le impondrá como medida de apremio, multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en el artículo 244 de la Ley de Amparo. Asimismo, se autoriza efectuar la diligencia encomendada en días y horas inhábiles y en caso de que en el momento de que pretenda llevar a cabo las diligencias de mérito, tenga conocimiento de un domicilio diverso al aportado, podrá practicar en éste los emplazamientos en comento, sin necesidad de acuerdo previo. 4. Gestiones para designar representante especial. Tomando en consideración que el acto reclamado repercute sobre los menores de edad ******************** y ********************, en términos del artículo 8º de la Ley de Amparo, se dictan las providencias necesarias para designarles un representante especial. Por tanto, requiérase a la Delegada Regional en Jalisco, del Instituto Federal de Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación, para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente proveído se le realice, proporcione la lista de los asesores jurídicos que pueden fungir como representante especial de las personas que se citan como menores. Se le apercibe que de no hacerlo, dentro del plazo indicado, se le impondrá una multa equivalente a la cantidad de cincuenta unidades de medida y actualización, esto es, $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), conforme a los artículos 237, de la Ley de Amparo. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización, equivale a $103.74 (ciento y tres pesos 74/100 moneda nacional). 5. Representación social. Notifíquese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, con copia de la demanda de amparo, escrito aclaratorio y del presente acuerdo; para lo cual, se comisiona al actuario de la adscripción a que haga entrega de los mismos, debiendo asentarse en la notificación correspondiente. Incidente de suspensión. Con copia de la demanda, tramítese por cuerda separada, el incidente de suspensión de los actos reclamados. Transición a juicio en línea. De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Además, conforme a lo dispuesto en el artículo 257 del citado Acuerdo General, se hace del conocimiento de las partes que podrán proporcionar un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales y, sólo excepcionalmente, cuando no tengan acceso a actuar desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se podrán llevar a cabo comunicaciones procesales. Asimismo, se les informa que tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias que requieran de su presencia física, podrán realizarse mediante el uso de medios tecnológicos y soluciones digitales como las videoconferencias, en cuyo caso, si así lo desean, deberán manifestarlo a este órgano jurisdiccional y proporcionar una cuenta de correo electrónico a la cual puedan remitirse los respectivos datos de conexión. Copias y reproducción de constancias. a) Información relativa a la expedición de copias. Se hace del conocimiento de las partes que las actuaciones que integren el expediente físico, corresponderán únicamente a las presentadas y elaboradas en esa vía, de conformidad con lo previsto en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tanto, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico en términos del diverso numeral 36 del ordenamiento en cita, podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, mismas que se considerarán como copias certificadas electrónicamente, cuando incluyan la evidencia criptográfica respectiva. b) Reproducción electrónica de constancias. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de los medios electrónicos, es decir, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos.
- Incidental
Zapopan, Jalisco, a veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Radicación y formación de los cuadernos incidentales. Visto lo de cuenta, como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con copia simple de la demanda y con fundamento en los artículos 115, 125, 128, 129, 131 y 138 de la Ley de Amparo, tramítese por cuerda separada el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1983/2023 promovido por ****, por sí y en representación de sus menores hijos J.E.C.G. y L.F.C.G., contra los actos que reclama del Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Vigésimo Noveno Partido Judicial del Estado de Jalisco, con residencia en Cihuatlán, el Secretario de Educación Pública del Estado de Jalisco y el Delegado Regional de la Secretaría de Educación Pública de la Costa Sur, por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los preceptos constitucionales que menciona. En la inteligencia de que la formación del cuaderno duplicado de carácter físico, es sustituido por una versión electrónica del presente incidente, de conformidad con lo previsto en los artículos 264 y 265 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Datos de los menores de edad. Conforme con lo dispuesto en la Convención de los Derechos de los Niños, artículo 40, punto 2 fracción VIII, de la Convención Americana de los Derechos de los Niños, así como en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, específicamente en sus cánones 13 fracción XVII, 76, 77 y 79, este órgano jurisdiccional ordena que se omita la publicación de los datos del menor de edad; sin embargo, al momento de hacer referencia a él, únicamente se insertarán sus iniciales respectivamente (J.E.C.G. y L.F.C.G.,). Intervención de las partes del incidente de suspensión. 1. Parte quejosa. a) Autorizado. Téngasele designando como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Gustavo Gálvez Díaz, debido a que, de la certificación de cuenta se advierte que están inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales; y, en términos restringidos del precepto legal en cita, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a las diversas personas que señala expresamente con dichas facultades. b) Notificaciones electrónicas. Debido a su solicitud expresa, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción II y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, así como en los en los diversos numerales 55 y 57 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autorizan las notificaciones vía electrónica, inclusive las que de carácter personal le resulten, a través del usuario "NADYR". c) Consulta de expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como con los numerales 35, 36, 37 y 38 del citado Acuerdo General, se ordena autorizar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al usuario "NADYR", a fin de que cuente con acceso al expediente electrónico del presente juicio. d) Comunicaciones no procesales. Se le tiene proporcionando el correo electrónico que indica, como medio de contacto para entablar comunicaciones no procesales, de conformidad con el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. e) Pruebas. Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que acompañó a su escrito aclaratorio, sin perjuicio de hacer nueva relación de las mismas en la audiencia incidental; con lo anterior, dese vista a las partes para el uso de su derecho. Autoridades responsables. a) Informe previo. Con fundamento en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo, el que deberán rendir dentro del lapso de cuarenta y ocho horas, para lo cual remítaseles copia autorizada de la demanda de amparo y escrito aclaratorio; bajo apercibimiento que de no cumplir, se le impondrá a la omisa una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización, equivale a $103.74 (ciento y tres pesos 74/100 moneda nacional). Consideraciones respecto a las notificaciones a las autoridades responsables. De conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29 y 31 del mismo ordenamiento legal, las notificaciones a las autoridades que tengan el carácter de responsables o terceras interesadas en el presente incidente de suspensión, o recursos que llegaren a interponerse, el auto que tenga por recibido el informe previo, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir les serán notificados por lista, salvo aquellas que, se estime, deban efectuarse en forma personal, las cuales se notificarán por medio de oficio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página mil doscientos cincuenta y tres, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, que por rubro señala: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." En otro sentido, se hace saber a las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se les dirijan, ya sea en forma física o de manera electrónica, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación y si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; y, en su caso, serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; y se les impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos de lo establecido en el artículo 245 de la Ley de Amparo. 3. Tercera interesada. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de tercero interesado a *****. 4. Gestiones para designar representante especial. Tomando en consideración que el acto reclamado repercute sobre los menores de edad J.E.C.G. y L.F.C.G., en términos del artículo 8º de la Ley de Amparo, se dictan las providencias necesarias para designarles un representante especial. Por tanto, requiérase a la Delegada Regional en Jalisco, del Instituto Federal de Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación, para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente proveído se le realice, proporcione la lista de los asesores jurídicos que pueden fungir como representante especial de las personas que se citan como menores. Se le apercibe que de no hacerlo, dentro del plazo indicado, se le impondrá una multa equivalente a la cantidad de cincuenta unidades de medida y actualización, esto es, $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), conforme a los artículos 237, de la Ley de Amparo. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización, equivale a $103.74 (ciento y tres pesos 74/100 moneda nacional). 5. Representación social. Dese al Fiscal de la Federación adscrito a este Juzgado la intervención que legalmente le corresponde. Audiencia incidental. Se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Fijación del acto reclamado. De la demanda de amparo y escrito aclaratorio se advierte que el acto reclamado consiste, en síntesis, en: La resolución interlocutoria de uno de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el juicio civil ordinario *****, del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Vigésimo Noveno Partido Judicial del Estado de Jalisco, con residencia en Cihuatlán, en la que se declaró procedente el incidente de reducción de pensión alimenticia promovido por el aquí tercero interesado. Asimismo, se aprecia que la parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado, para el efecto de que se suspenda la ejecución y cumplimiento de la sentencia interlocutoria dictada y se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran, hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo. Pronunciamiento sobre la suspensión provisional. a) Fundamento constitucional de las medidas cautelares de la Ley de Amparo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos pronunciamientos, ha considerado que la eficacia de cualquier sistema jurisdiccional depende, en gran medida, de la posibilidad de emitir medidas cautelares que permitan mantener viva la materia del proceso. En ese orden, ha determinado que especialmente en los juicios de protección de derechos fundamentales, la importancia del sistema de medidas cautelares radica en que tienen por objetivo evitar, en gran medida, que aquellos actos posiblemente transgresores de derechos humanos no consumen sus efectos durante la tramitación del proceso y afecten la esfera jurídica del particular de manera irreversible o difícilmente reparable, ocasionando que el propio proceso instituido para su defensa terminara por resultar inútil a esos efectos. En tal virtud, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que, el derecho a la vida, a la igualdad (no discriminación), a la salud, a las libertades (trabajo, expresión, personales), los derechos de la personalidad, el derecho a la integridad física de las personas, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho de alimentos, por ejemplo, serían letra muerta sin la existencia de un proceso adecuado y capaz de garantizar que no sean transgredidos, lo que debe necesariamente incluir, en cuanto debido proceso (artículo 14 constitucional), un sistema de medidas cautelares apto para la protección efectiva y completa (artículo 17 constitucional) de los intereses jurídicos involucrados, tomando en cuenta que la demora del procedimiento para obtener la salvaguarda de aquéllos no es un factor que justifique su lesión irreversible o grave. En suma, el Más Alto Tribunal del País ha considerado que de la prohibición prevista en el artículo 17 constitucional en el sentido de que "ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho", y de la exigencia constitucional a la administración de justicia "pronta, completa e imparcial", deriva el derecho a la tutela judicial efectiva, que comprende, como una de sus manifestaciones, el derecho a un sistema de medidas cautelares apto para la adecuada y oportuna protección de los intereses jurídicos controvertidos, tomando en cuenta que sólo a través de ellas se evita que la demora en la substanciación del juicio de amparo hasta el dictado de la sentencia consume las violaciones alegadas de manera irreparable, y se impida, consecuentemente, que resulte inútil el proceso principal instituido para la defensa y eficacia de los derechos defendidos. Sobre esa relevancia constitucional será interpretado el sistema de medidas cautelares previsto en la Ley de Amparo a efecto de proveer sobre la suspensión solicitada. b) Presupuestos procesales para la válida paralización de los actos reclamados. Análisis del caso concreto. La interpretación sistemática de los artículos 125 a 158 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107 constitucional, fracción X, permite arribar a la conclusión de que fuera de los casos previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo, la válida paralización de los actos reclamados en el juicio de amparo se encuentra condicionada a la configuración de cinco presupuestos jurídicos: i) Solicitud de parte (salvo suspensión de oficio); ii) Interés suspensional; iii) Certeza de los actos reclamados; iv) Existencia de materia para la suspensión (análisis de la naturaleza de los actos reclamados); v) Análisis simultáneo de peligro en la demora, apariencia del buen derecho, orden público e interés social. Es preciso mencionar que la ausencia de cualquiera de tales condiciones amerita negar el otorgamiento de la medida cautelar. i) Solicitud de la suspensión (artículo 128, fracción I de la Ley de Amparo), salvo supuestos de artículos 126 (violaciones graves) y 127 (extradición y violaciones irreparables). Cabe precisar que como se aprecia de la demanda de amparo, la parte quejosa fue expresa en solicitar la medida cautelar de mérito; por tanto, se tiene por cumplido el primer presupuesto jurídico para el otorgamiento de la medida cautelar. ii) Interés suspensional. De conformidad con la Ley de Amparo, sólo se concederá la medida cautelar cuando la parte quejosa acredite el interés jurídico o legítimo que justifique su otorgamiento, es decir, cuando el acto reclamado, sus efectos o consecuencias, causen daños de imposible o difícil reparación en la esfera jurídica del quejoso. En ese tenor, de la propia narración de la demanda, se pone de manifiesto que la quejosa es parte en el juicio civil de origen. Todo lo cual crea indicio para que la suscrita juzgadora, en este momento procesal, considere que la parte quejosa acredita el interés suspensional, como segundo presupuesto jurídico necesario para otorgar la medida cautelar. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis de jurisprudencia que a continuación se transcribe: "Octava Época Registro: 215158 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 68, Agosto de 1993 Materia(s): Administrativa Tesis: I.2o.A. J/36 Página: 37 INTERÉS JURÍDICO. PARTES EN UN PROCEDIMIENTO. Basta con que una persona intervenga como parte en un procedimiento, para estimar que tiene interés jurídico para impugnar las resoluciones que le sean adversas." iii) Certeza de los actos reclamados. Desde una perspectiva lógica, se interpreta que la inexistencia de los actos reclamados produce que las medidas cautelares deban, en consecuencia, negarse ante la ausencia de materia para que produzcan efectos. Para resolver sobre la suspensión provisional se debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Por ende, para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional solicitada este órgano jurisdiccional atiende a las manifestaciones que la parte quejosa formuló en la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, así como las documentales que exhibió, pues son los únicos elementos con que se cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar. Sirve de fundamento a lo anterior, por analogía la tesis de jurisprudencia 2a./J. 5/93, del siguiente rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO.". Por tanto, se tiene por acreditado el tercer presupuesto jurídico necesario para otorgar la medida cautelar, en los términos expuestos en este apartado. iv) Valoración de la existencia de materia para la concesión de la medida cautelar. Análisis de la naturaleza de los actos reclamados (artículos 131 y 147 Ley de Amparo). Los actos reclamados, sus efectos o consecuencias, deberán ser paralizables y no haberse consumado irreparablemente en lo jurídico y material; o bien, aquéllos deberán, en el momento de resolverse la suspensión, contener efectos vigentes que perjudiquen a la parte quejosa en forma actual y presente, de manera que las violaciones permanezcan vivas y exista materia para la medida cautelar. Al respecto, este Juzgado de Distrito advierte que si bien el artículo 131 de la Ley de Amparo señala que tales medidas no tendrán por efecto constituir derechos que no haya tenido la parte promovente antes de la presentación de la demanda, sin embargo, el propio legislador también estableció en el artículo 147 de la Ley de Amparo facultades para que el juzgador: "(.) Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo (.)"; siendo que estas últimas facultades son acordes a la finalidad constitucional ya expuesta de las medidas cautelares y las que, en todo caso, deben atenderse por resultar más favorables para la protección de la persona, a la luz del artículo 1° Constitucional, en caso de posibles conflictos interpretativos. Sobre tales bases, partiendo de la premisa de que, según lo expone la parte quejosa, una de las consecuencias reclamadas que derivan de la interlocutoria que declara fundado el incidente de reducción de pensión alimenticia, es inconcuso que constituye un acto positivo que conlleva ejecución, y por tanto, susceptible de paralizarse a través de la presente medida cautelar; por tanto, se surte el cuarto presupuesto jurídico analizado. v) Análisis simultáneo de peligro en la demora, apariencia de buen derecho, orden público e interés social. El Máximo Tribunal del País ha considerado que pese a que la mayor parte de la actuación pública y de las leyes emitidas por el Congreso persiguen fines de carácter público y social, la eficacia de los derechos fundamentales defendidos frente a ese tipo de actos impone al juez de amparo realizar un juicio de ponderación y de equilibrio de los intereses fundamentales involucrados, al resolver los asuntos sobre medidas cautelares en dicho proceso. De ahí la importancia de realizar una ponderación de todos los intereses en conflicto al resolver los asuntos sobre medidas cautelares, destacado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Contradicción de Tesis 115/2003-SS, de la siguiente manera: "(.) Es decir, aun cuando se reclame un acto cuyo fundamento es una ley de orden público, para decidir sobre la suspensión el juzgador debe examinar el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, debido a que no basta la sola circunstancia de que se pida la paralización de los efectos del acto fundamentado en un ordenamiento de orden público para negar la suspensión bajo el argumento del carácter de éste y de que responde al interés general, ya que todas las leyes (en sentido amplio) participan en mayor o menor medida de esas características, sino que resulta imprescindible, incluso para la conservación de la materia del juicio, analizar los diversos grados de afectación al interés social y al orden público, la distinta naturaleza del objeto específico de los ordenamientos y la causación al quejoso de daños y perjuicios de difícil reparación (.)". En esos términos, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País apuntó que son los Jueces de Distrito y Tribunales de Circuito a los que les corresponde realizar la ponderación de los intereses en conflicto en los casos relativos a medidas cautelares, debido a que tienen acceso directo e inmediato al material probatorio del asunto concreto. En ese orden, los siguientes elementos: i) peligro en la demora, ii) apariencia del buen derecho; iii) orden público; e iv) interés social, serán analizados simultáneamente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO." Por tanto, al no existir indicio de que con su concesión se contravengan normas de orden público o se irrogue perjuicio al interés social, se tiene por acreditado el presupuesto procesal en trato. Al respecto, cabe destacar que la apariencia de buen derecho, que en el presente caso se hace consistir en el derecho fundamental de legalidad y seguridad jurídica que asiste a la parte quejosa, de forma previa a la privación de sus bienes, se encuentra presuntivamente acreditada con las manifestaciones que vierte en el sentido de que fue carente de sustento legal la interlocutoria reclamada. Efectos de la medida. En consecuencia, al haber sido colmados la totalidad de presupuestos procesales, con fundamento en los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, se concede a la medida cautelar de trato, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente se encuentran, esto es, para que no se ejecute la interlocutoria de uno de agosto de dos mil veintitrés, dictada dentro del expediente 107/2016, del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Vigésimo Noveno Partido Judicial del Estado de Jalisco, con residencia en Cihuatlán; o bien, en caso de que ya se haya ejecutado en una parte, no se ejecute en su totalidad -porque la suspensión no tiene efectos restitutorios-, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva. De la garantía. Sin que en el caso proceda fijar garantía al tratarse de interés superior de los menores, concepto que en abstracto dificulta su aplicación, no obstante, debe tenerse en cuenta que dicho principio rector, como lo definió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, requiere de satisfacer algunos factores como son: las necesidades materiales básicas o vitales de los menores. En apoyo a la anotada consideración, es de citarse las siguientes jurisprudencias: "Novena Época Registro: 177784 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXII, Julio de 2005 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 53/2005 Página: 354 SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LA REDUCCIÓN DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. EL JUEZ DEBE VALORAR EN CADA CASO SI PROCEDE OTORGAR LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE, A FIN DE SALVAGUARDAR LA SUBSISTENCIA TANTO DEL ACREEDOR COMO DEL DEUDOR ALIMENTARIO. El artículo 125 de la Ley de Amparo dispone que en los casos en que la suspensión del acto reclamado pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, dicha medida se concederá si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con ella pudieran causarse si no se obtiene sentencia favorable en el juicio de garantías. Ahora bien, cuando el acto reclamado consiste en la resolución que decide reducir la pensión alimenticia provisional, para determinar si procede el otorgamiento de alguna garantía, el juzgador debe valorar cada situación particular, ya que debe verificar que con su resolución no se ponga en riesgo la subsistencia del acreedor -de acuerdo a sus necesidades- ni tampoco la del deudor alimentario -según sus posibilidades reales." "Décima Época Registro: 2006593 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 7, Junio de 2014, Tomo I Materia(s): Constitucional Tesis: 1a./J. 44/2014 (10a.) Página: 270 "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS. Resulta ya un lugar común señalar que la configuración del interés superior del menor, como concepto jurídico indeterminado, dificulta notablemente su aplicación. Así, a juicio de esta Primera Sala, es necesario encontrar criterios para averiguar, racionalmente, en qué consiste el interés del menor y paralelamente determinarlo en concreto en los casos correspondientes. Es posible señalar que todo concepto indeterminado cabe estructurarlo en varias zonas. Una primera zona de certeza positiva, que contiene el presupuesto necesario o la condición inicial mínima. Una segunda zona de certeza negativa, a partir de la cual nos hallamos fuera del concepto indeterminado. En tercer y último lugar la denominada zona intermedia, más amplia por su ambigüedad e incertidumbre, donde cabe tomar varias decisiones. En la zona intermedia, para determinar cuál es el interés del menor y obtener un juicio de valor, es necesario precisar los hechos y las circunstancias que lo envuelven. En esta zona podemos observar cómo el interés del menor no es siempre el mismo, ni siquiera con carácter general para todos los hijos, pues éste varía en función de las circunstancias personales y familiares. Además, dicha zona se amplía cuando pasamos -en la indeterminación del concepto- del plano jurídico al cultural. Por lo anterior, es claro que el derecho positivo no puede precisar con exactitud los límites del interés superior del menor para cada supuesto de hecho planteado. Son los tribunales quienes han de determinarlo moviéndose en esa "zona intermedia", haciendo uso de valores o criterios racionales. En este sentido, es posible señalar como criterios relevantes para la determinación en concreto del interés del menor en todos aquellos casos en que esté de por medio la situación familiar de un menor, los siguientes: a) se deben satisfacer, por el medio más idóneo, las necesidades materiales básicas o vitales del menor, y las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; b) se deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; y c) se debe mantener, si es posible, el statu quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. Asimismo, es necesario advertir que para valorar el interés del menor, muchas veces se impone un estudio comparativo y en ocasiones beligerante entre varios intereses en conflicto, por lo que el juez tendrá que examinar las circunstancias específicas de cada caso para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa especialmente para el menor, cuyos intereses deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea de favorecer al menor, principio consagrado en el artículo 4o. constitucional.". Notificación al tercero interesado. En vista de lo anterior, notifíquese personalmente el presente proveído al tercero interesado ****. Por tanto, tomando en consideración que el domicilio del tercero interesado se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, a efecto de notificarlo, gírese atento despacho con los insertos necesarios al Juez de lo Civil de Autlán de Navarro, Jalisco, en turno, para que en auxilio de este juzgado se sirva realizar la diligencia mencionada, en la *****. Para cuyo caso el funcionario que practique la diligencia, buscará, al tercero interesado precitado, le hará saber el órgano jurisdiccional que ordena la notificación y el número de expediente y le entregará copia autorizada del proveído de esta fecha; si la persona se niega a recibir o firmar la notificación, la negativa se asentará en autos y aquélla se tendrá por hecha. Si no se encuentra el tercero interesado, el funcionario que practique la diligencia se cerciorará de que es el domicilio y le dejará citatorio para que, dentro de los dos días hábiles siguientes, acuda al órgano jurisdiccional a notificarse, especificándose el mismo y el número de expediente; el citatorio se dejará con la persona que se encuentre en el domicilio; si el tercero interesado por emplazar no acude a la cita, la notificación se hará por lista en términos de lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Amparo. Y si el funcionario que practique la diligencia encuentra el domicilio cerrado y ninguna persona acude a su llamado, se cerciorará de que es el domicilio correcto, lo hará constar y fijará aviso en la puerta a fin de que, dentro de los dos días hábiles siguientes, el tercero interesado acuda al órgano jurisdiccional a notificarse; si no se presenta se notificará por lista, pudiendo, el referido órgano, tomar las medidas necesarias para lograr la notificación personal si lo estima pertinente. De todo lo que ocurra se deberá asentar acta circunstanciada. De igual manera, le requiera, para que, en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación, señale domicilio para recibir notificaciones en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, apercibiéndole que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista conforme a los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de la autoridad jurisdiccional aludida, que deberá llevar a cabo la diligencia aun cuando la recepción de la comunicación en comento sea recibida con posterioridad a la fecha señalada para la audiencia incidental, dado que este juzgado tendrá en cuenta la fecha en que se lleve a cabo la notificación encomendada. En el entendido de que deberá remitir las constancias originales relativas a la notificación encomendada dentro de las veinticuatro horas siguientes de su diligenciación, o en su defecto manifestar el impedimento legal que tenga para ello, apercibido que de no hacerlo, se le impondrá como medida de apremio, multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en el artículo 244 de la Ley de Amparo. Asimismo, se autoriza efectuar la diligencia encomendada en días y horas inhábiles y en caso de que en el momento de que pretenda llevar a cabo las diligencias de mérito, tenga conocimiento de un domicilio diverso al aportado, podrá practicar en éste los emplazamientos en comento, sin necesidad de acuerdo previo. Transición a juicio en línea. De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Además, conforme a lo dispuesto en el artículo 257 del citado Acuerdo General, se hace del conocimiento de las partes que podrán proporcionar un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales y, sólo excepcionalmente, cuando no tengan acceso a actuar desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se podrán llevar a cabo comunicaciones procesales. Asimismo, se les informa que tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias que requieran de su presencia física, podrán realizarse mediante el uso de medios tecnológicos y soluciones digitales como las videoconferencias, en cuyo caso, si así lo desean, deberán manifestarlo a este órgano jurisdiccional y proporcionar una cuenta de correo electrónico a la cual puedan remitirse los respectivos datos de conexión. Copias y reproducción de constancias. a) Información relativa a la expedición de copias. Se hace del conocimiento de las partes que las actuaciones que integren el expediente físico, corresponderán únicamente a las presentadas y elaboradas en esa vía, de conformidad con lo previsto en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tanto, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico en términos del diverso numeral 36 del ordenamiento en cita, podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, mismas que se considerarán como copias certificadas electrónicamente, cuando incluyan la evidencia criptográfica respectiva. b) Reproducción electrónica de constancias. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de los medios electrónicos, es decir, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan desde ahora días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a la parte promovente que puede manifestar si está de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se le hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, puede manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada.
- Principal
Zapopan, Jalisco, once de octubre de dos mil veintitrés. Tribunal Colegiado admite recurso. Visto el oficio signado electrónicamente por la Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, se le tiene informando que dicho órgano jurisdiccional admitió el recurso de queja interpuesto en autos por la quejosa ****. Nota de registro del recurso. Se toma nota que se registró como queja 431/2023; lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Informa gestiones para cobro de multa. Visto el oficio y anexos remitidos por el Administrador Desconcentrado de Recaudación adscrito a la Administración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal "3", se le tiene informando que con fecha dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, se emitió mandamiento de ejecución de requerimiento de pago y embargo al domicilio de ****, Directora General de Zona Federal, Marítimo. Terrestre y Ambientes Costeros de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del que se obtuvo como resultado la no localización de la sancionada. Requerimiento. En tal sentido, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se requiere nuevamente al Subadministrador Desconcentrado de Recaudación adscrito a la Administración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal "3", para que en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al en que reciba la comunicación respectiva, informe el estatus que guarda la multa impuesta en proveído de veintisiete de enero de dos mil veintitrés a ****, Directora General de Zona Federal, Marítimo. Terrestre y Ambientes Costeros de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y en su caso, de lo que proveyó en relación al resultado de la diligencia de ejecución de requerimiento de pago y embargo realizada el doce de septiembre de dos mil veintitrés. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, que equivale a la cantidad de $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cincuenta el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional).
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