Blanca Estela García Chávez
Expediente 1266/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 15 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1266/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 29/11/2022
Partes del expediente
- Blanca Estela García Chávez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Del estado procesal que guardan los autos, así como de la certificación de cuenta, se advierte que ninguna de las partes recurrió el auto de sobreseimiento fuera de audiencia de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, dictado en este juicio; con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, se declara que el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. De ...
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San Andrés Cholula, Puebla, ocho de noviembre de dos mil veintidós. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante oficio SEADS/690/2022 de veintiséis de octubre del año en curso, el secretario ejecutivo de adscripción informó a la licenciada Edna Matus Ulloa, que en sesión ordinaria de esa misma fecha el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó su primera adscripción como Jueza en este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, lo que se notifica a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio de cuenta del Presidente por Ministerio de Ley de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado en Puebla, por medio del cual remite copia certificada de diversas constancias deducidas del juicio laboral 298/2019, de su índice. En atención a su contenido, intégrese sin realizar mayor proveído, toda vez que mediante acuerdo de veintiocho de octubre del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Bertha Patricia Ramírez Calderón, Secretaria del Juzgado ...
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San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, mediante el cual rinde su informe justificado correspondiente. Atento a lo anterior, se tiene a la autoridad oficiante rindiendo el informe justificado respectivo de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Sin que se tenga al Actuario adscrito a la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, rindiendo el informe justificado correspondiente, en razón de que no se tuvo por señalada como autoridad responsable. Con fundamento en el artículo 9º del ordenamiento de la materia, se le tiene designando como delegado a la persona que menciona en el oficio de cuenta. Asimismo, se tienen por recibidas las constancias que acompaña al oficio de cuenta, mismas que serán tomadas en consideración al momento de dictarse la sentencia que en derecho corresponda. Ahora bien, de las copias certificadas que remite la autoridad responsable oficiante -mismas que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, se advierte que en resolución de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, se declaró fundado el incidente de reposición de autos, en la que se destacó la audiencia de ofrecimiento admisión de pruebas, y el desahogo de diversas pruebas, y se señaló diversas fechas para el desahogo de las pruebas ofrecidas en el juicio laboral D-2/536/2012, de su índice. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la quejosa en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Del análisis integral de la demanda se advierte que la quejosa Blanca Estela García Chávez, hizo consistir el acto reclamado en la omisión de la autoridad responsable en señalar fecha para el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, dentro del expediente laboral número D-2/536/2012, del índice de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, y la autoridad responsable en resolución de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, declaró fundado el incidente de reposición de autos, en la que se destacó la audiencia de ofrecimiento admisión de pruebas, y el desahogo de diversas pruebas, y señaló fecha y hora para su desahogo, dentro del citado expediente laboral. Por tanto, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado, pues al haberse emitido la resolución de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, en la que se declaró fundado el incidente de reposición de autos, y en la que se destacó la audiencia de ofrecimiento admisión de pruebas, y el desahogo de diversas pruebas, y señaló fecha y hora para su desahogo en el juicio laboral D-2/536/2012, del índice de la referida Junta, con posterioridad a la presentación de la demanda -seis de julio actual- las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si tal omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Norma el criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, las causas por las que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con treinta y nueve minutos del ocho de noviembre de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). En otro orden, con fundamento en los artículos 107 a 191 de la Ley de Amparo, se instruye a la secretaria, para que: verifique si existen diligencias pendientes de realizar en el presente expediente y de ser así, las realice o proceda a dar cuenta de ello para que se acuerde lo que corresponda; asimismo, si el expediente se encuentra suspenso o sin actuación, proceda a requerir la información que sea necesaria para verificar el estado de autos; igualmente, si hay recursos pendientes de enviar, los integre debidamente y los remita inmediatamente a la superioridad; en caso de existir constancias pendientes de agregar en este expediente, se agreguen como correspondan; si debe regularizarse el procedimiento, proceda a dar cuenta de ello; si es necesario realizar actuaciones, proceda a efectuarlas o a dar cuenta de ello; de igual forma, si el expediente se encuentra en ejecución de sentencia o concluido, dé cuenta, de ser necesario, o realice la actuación que en derecho corresponda, con el objeto de que el expediente se encauce hacia el destino legal que proceda. Finalmente, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente proveído se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma María Guadalupe Cruz Arellano, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Bertha Patricia Ramírez Calderón, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, mediante el cual rinde su informe justificado correspondiente. Atento a lo anterior, se tiene a la autoridad oficiante rindiendo el informe justificado respectivo de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Sin que se tenga al Actuario adscrito a la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, rindiendo el informe justificado correspondiente, en razón de que no se tuvo por señalada como autoridad responsable. Con fundamento en el artículo 9º del ordenamiento de la materia, se le tiene designando como delegado a la persona que menciona en el oficio de cuenta. Asimismo, se tienen por recibidas las constancias que acompaña al oficio de cuenta, mismas que serán tomadas en consideración al momento de dictarse la sentencia que en derecho corresponda. Ahora bien, de las copias certificadas que remite la autoridad responsable oficiante -mismas que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, se advierte que en resolución de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, se declaró fundado el incidente de reposición de autos, en la que se destacó la audiencia de ofrecimiento admisión de pruebas, y el desahogo de diversas pruebas, y se señaló diversas fechas para el desahogo de las pruebas ofrecidas en el juicio laboral D-2/536/2012, de su índice. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la quejosa en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Del análisis integral de la demanda se advierte que la quejosa Blanca Estela García Chávez, hizo consistir el acto reclamado en la omisión de la autoridad responsable en señalar fecha para el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, dentro del expediente laboral número D-2/536/2012, del índice de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, y la autoridad responsable en resolución de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, declaró fundado el incidente de reposición de autos, en la que se destacó la audiencia de ofrecimiento admisión de pruebas, y el desahogo de diversas pruebas, y señaló fecha y hora para su desahogo, dentro del citado expediente laboral. Por tanto, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado, pues al haberse emitido la resolución de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, en la que se declaró fundado el incidente de reposición de autos, y en la que se destacó la audiencia de ofrecimiento admisión de pruebas, y el desahogo de diversas pruebas, y señaló fecha y hora para su desahogo en el juicio laboral D-2/536/2012, del índice de la referida Junta, con posterioridad a la presentación de la demanda -seis de julio actual- las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si tal omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Norma el criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, las causas por las que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con treinta y nueve minutos del ocho de noviembre de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). En otro orden, con fundamento en los artículos 107 a 191 de la Ley de Amparo, se instruye a la secretaria, para que: verifique si existen diligencias pendientes de realizar en el presente expediente y de ser así, las realice o proceda a dar cuenta de ello para que se acuerde lo que corresponda; asimismo, si el expediente se encuentra suspenso o sin actuación, proceda a requerir la información que sea necesaria para verificar el estado de autos; igualmente, si hay recursos pendientes de enviar, los integre debidamente y los remita inmediatamente a la superioridad; en caso de existir constancias pendientes de agregar en este expediente, se agreguen como correspondan; si debe regularizarse el procedimiento, proceda a dar cuenta de ello; si es necesario realizar actuaciones, proceda a efectuarlas o a dar cuenta de ello; de igual forma, si el expediente se encuentra en ejecución de sentencia o concluido, dé cuenta, de ser necesario, o realice la actuación que en derecho corresponda, con el objeto de que el expediente se encauce hacia el destino legal que proceda. Finalmente, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente proveído se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma María Guadalupe Cruz Arellano, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Bertha Patricia Ramírez Calderón, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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