Blanca Estela Frías Armenta
Expediente 405/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 405/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Blanca Estela Frías Armenta y Otros.
- Blanca Estela Frías Armenta
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto por el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de diecisiete de abril del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese para que obre como corresponda el oficio suscrito por la juez Segundo Menor Mixto, con residencia en Salamanca, Guanajuato; en atención a su contenido y anexo, se tiene notificado al quejoso del auto de diecisiete de abril del año en curso.-
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve Blanca Estela Frías Armenta, quien se ostenta como administrador General Único de la persona moral Proveisa Sociedad Anónima de Capital Variable, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Irapuato, Guanajuato; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 405/2023-III. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito debe examinar el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; toda vez que en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento, para lo cual deben tomarse en consideración los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Una vez hecho un análisis integral de la demanda de amparo, se observa que el acto reclamado es la ejecución del laudo de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, emitido dentro del procedimiento ordinario laboral 873/2021/L1/CC/IND del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Irapuato, Guanajuato. Asimismo se advierte que la quejosa es parte demandada en el juicio laboral de origen, en el cual compareció a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, celebrada el once de junio de dos mil veintiuno, y ofreció pruebas en ulterior audiencia, esto es, tuvo una participación activa durante el trámite del sumario primigenio. Sentado lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, en armonía con el arábigo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos dos últimos interpretados a contrario sensu, que establecen: De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]." De la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]." [Énfasis añadido] Los artículos 107 fracción III, inciso b) constitucional, y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, prevén la procedencia de la acción constitucional contra los actos dictados fuera de juicio o después de concluido, para lo cual distinguen los siguientes supuestos: Un supuesto general referido a los actos realizados fuera del juicio o después de concluido. Supuestos específicos: Actos en ejecución de sentencia, en este caso, el juicio de amparo biinstancial únicamente procede contra la resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o la que ordena el archivo definitivo del expediente, a través del cual en los conceptos de violación pueden reclamarse las violaciones cometidas durante esta fase. Actos de remate; la acción constitucional sólo podrá reclamarse contra la resolución que ordena de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, donde también podrán combatirse las violaciones que se hubieran cometido durante este procedimiento. Con esto, la intención del legislador fue la de evitar el abuso del juicio de amparo en esta fase y el entorpecimiento del cumplimiento de las sentencias, trasladando el supuesto de procedencia hasta la resolución que aquel consideró constituye la última en la ejecución del fallo definitivo. En la especie, el juicio de origen se encuentra en etapa de ejecución de sentencia y aún no se ha dictado la última resolución, por lo que el presente juicio de amparo es improcedente. Es así, ya que por regla general la etapa de ejecución de sentencia no debe paralizarse y la procedencia del amparo se encuentra reservada a la última determinación que se dicte en esa etapa, entendiéndose ésta como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o la que ordena el archivo definitivo del expediente. En el caso, no se observa que se haya reconocido el cumplimiento total del laudo dictado en el juicio laboral de origen, ni declarado la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento y tampoco que haya ordenado el archivo definitivo de dicho expediente. Ahora, cuando la parte quejosa se ostenta como tercera extraña o cuando los actos reclamados afecten de manera directa los derechos sustantivos del promovente ajenos a la cosa juzgada, es procedente el ejercicio de la acción constitucional, independientemente de que constituya o no la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución. Sin embargo, la quejosa es parte demandada en el juicio del que deriva el acto reclamado, donde compareció y ofreció pruebas. En tal virtud, dado el estado procesal en que se encuentra el juicio del cual emanan los actos reclamados, será hasta que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o que se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o se ordene el archivo definitivo del expediente, cuando se esté ante última resolución pronunciada en el procedimiento de ejecución y pueda entablarse la acción constitucional en su contra, donde se podrán hacer valer las violaciones procesales que estime pertinentes. No se soslaya que el amparo indirecto procede excepcionalmente contra actos dictados en etapa de ejecución de sentencia cuando se afecte de manera directa derechos sustantivos del promovente ajenos a la cosa juzgada. Así lo establece la jurisprudencia del Pleno publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIII, enero de 2011, página 6 de texto y rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". Sin embargo, al margen de las violaciones procedimentales que aduce la quejosa, las actuaciones reclamadas no infringen de manera actual y directa derechos sustantivos de la promovente ajenos a la cosa juzgada, pues lo que se pretende es ejecutar la condena decretada en su contra de la quejosa con motivo del laudo dictado en el sumario de origen. Por tanto, al actualizarse de forma manifiesta e indudable las causas de improcedencia analizada; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones IV y V, aplicadas en sentido contrario y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. No se soslaya que la quejosa narre diversas violaciones procesales que asevera se cometieron antes del dictado del laudo; empero, aunado a que ello no constituye el acto reclamado en esta instancia, esas cuestiones deben hacerse valer vía amparo uniinstancial en términos de lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Amparo. Despacho. Toda vez que este acuerdo debe notificarse de manera personal y que la quejosa tiene su domicilio particular ubicado en ********************, esto es, fuera de la residencia de este juzgado, a efecto de no dejarla en estado de indefensión, con fundamento en los artículos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, líbrese atento despacho al Juez Menor Mixto, en turno, con sede en aquella ciudad, para que en auxilio de las labores de este juzgado, notifique personalmente a la promovente el presente auto en el domicilio precisado. Asimismo, deberá requerirla, para que durante la diligencia o dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Irapuato, Guanajuato, ante este órgano jurisdiccional; apercibida que de no hacerlo en el término indicado para ello, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes aun las de carácter personal, se le harán por lista que se fije en los estrados de este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, de conformidad con el numeral 27, fracción lII, inciso a) de la Ley de Amparo. En caso de no encontrar a la persona buscada y si se enterara de domicilio diverso donde pueda ser localizada, el actuario podrá constituirse en el lugar que le fuera informado y llevar a cabo la diligencia de que se trata. Correo electrónico y autorizados. Téngase como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************en virtud de que tiene registrada su cédula profesional ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos del citado numeral a ********************, por no contar con el registro.
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