Blanca Estela Fernández Lira
Expediente 143/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 143/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Blanca Estela Fernández Lira
Actuaciones
- Principal
CUMPLASE
- Principal
CERTIFICACIÓN
- Principal
NOTIFÍQUESE VÍA EXHORTO A LA PARTE QUEJOSA. Agréguese a los autos el oficio 5076/2022 mediante el cual la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, el cual contiene el acuerdo de nueve de febrero del año en curso, donde dicho órgano se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo, por lo que se acuerda: RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS. Por recibido el oficio 5076/2022 y el expediente formado con motivo del trámite del juicio de amparo 135/2022-G, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco. Acúsese recibo a la autoridad federal remitente. CONOCIMIENTO DEL JUICIO. Del expediente que se recibe se aprecia que en el proveído de nueve de febrero del año en curso, la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, se declaró incompetente para conocer del juicio de amparo promovido por Blanca Estela Fernández Lira, por si y en representación de los menores de edad cuya identidad se protege y se identifican con las iniciales A.M.H, y E.M.H., ordenó enviarlo al Juez de Distrito en el Estado en turno, con sede en esta ciudad. Con fundamento en lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo y toda vez que se comparten las consideraciones expuestas por el juzgador declinante, se acepta la competencia para conocer del juicio de amparo que se recibe. Hágase lo anterior del conocimiento de la autoridad federal declinante. REGISTRO DEL EXPEDIENTE. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno con el número de orden 143/2022-I y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia que prevé la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo que se impone el desechamiento de plano de la demanda. Ello es así, pues la parte quejosa señala la omisión de trasladar a Adrián Montes Fernández del Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", con residencia en Ocampo, Guanajuato al Centro de Reinserción Social ubicado en Tlaxcala. Actos que atribuyó al Tribunal de Enjuiciamiento del Estado de Zacatecas, Juez de Ejecución adscrito al Estado de Guanajuato y al Director del Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", con residencia en Ocampo, Guanajuato. Ahora bien, de los artículos 50, 51, 52, 117, fracción III, y 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, Ley Nacional de Ejecución Penal, se desprende que existen los siguientes tipos de traslados: a) voluntarios; b) involuntarios; y, c) urgentes. Los primeros se actualizan cuando existe el interés de la persona recluida -con la asistencia de un defensor- de ser trasladado a un centro de reclusión diverso, siempre que exista un acuerdo entre la entidad de origen y la de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación. La petición la resolverá la autoridad jurisdiccional, quien verificara que se cumplan los requisitos legales y constitucionales para su autorización. Los traslados involuntarios son instaurados previamente por la autoridad penitenciaria ante un juez de ejecución o de control, según sea el caso, con el fin de que en audiencia pública se decida sobre la legalidad del traslado. En tanto que el traslado urgente o excepcional se emite por medio de resolución administrativa, cuando se trate de los casos específicamente señalados en la ley, sin autorización judicial previa. Ahora bien, en contra de la orden de traslado proceden dos medios de defensa legal con los que puede ser combatida; el recurso de apelación y la controversia judicial; cuya procedencia depende del actuar del Juez de Control o de Ejecución, ya que una vez que esa autoridad ha sido notificada de la orden de traslado urgente o excepcional, cuenta con cuarenta y ocho horas para emitir la resolución en la que calificará la legalidad de la orden de traslado, en contra de la cual procede el recurso de apelación. En cambio, si la autoridad judicial es omisa en pronunciarse sobre la legalidad de la determinación administrativa que ordenó el traslado dentro del término fijado, procedería la controversia judicial. En los casos en que la persona privada de su libertad reclama una orden de traslado respecto a la cual no se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad haya emitido la autoridad jurisdiccional correspondiente, en tanto que la presumible determinación administrativa se comunicó al quejoso por la propia autoridad administrativa, incluso, de forma verbal, lo procedente será que el afectado promueva una "controversia judicial", a fin de que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva respecto de sus derechos implicados. Ello es así, porque conforme al artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad podrán accionar la controversia judicial respecto de cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados, que podrá ejercerse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiera sido notificada previamente. El último párrafo del citado artículo prevé que los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad, o bien, por cuestiones de seguridad del centro penitenciario, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y, en su caso, confirmada o revocada, a través de los medios legales de defensa referidos. En ese contexto, en contra la orden de traslado procede la controversia judicial, prevista en los artículos 52, último párrafo y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, o la apelación, en términos del artículo 132, fracción VII, de la aludida legislación, según la clase de traslado de que se trate. Lo que revela que una orden de traslado no constituye una violación directa a la Constitución Federal, al no afectar la libertad personal fuera de procedimiento judicial, pues se emite dentro de procedimiento y existe un medio ordinario de defensa con el cual puede ser combatida. Lo anterior tiene sustento en las resoluciones emitidas en los recursos de queja 36/2020 y 46/2020, emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión virtual de trece de enero de dos mil veintiuno. En tales condiciones, se desecha de plano la demanda de amparo. COPIAS. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Finalmente, para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto). EXHORTACIÓN PARA TRANSITAR AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA Y PROPONER FORMAS ESPECIALES Y EXPEDITAS DE CONTACTO. Finalmente, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: De igual forma las partes podrán enviar sus promociones debidamente firmadas en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), directamente al correo electrónico oficial de este juzgado, debiendo señalar para tal efecto un medio de notificación electrónico para todas aquellas que se realicen en lo subsecuente. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del juzgado, podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda, de lo contrario dicha promoción no se tendrá por presentada y tendrá que realizarla a través el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Lo anterior no es aplicable tratándose de recursos queja, revisión o inconformidad, incidentes o promociones de término, los cuales deben presentarse por escrito, o bien, a través de su firma electrónica. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. NOTIFICACIÓN PRIORITARIA POR OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS. Sin perjuicio de lo anterior (mientras las partes solicitan su intervención en el juicio mediante cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, o bien llevan a cabo las gestiones necesarias para obtenerlas), en tanto este juzgado no ordene que alguna notificación deba practicarse de manera estrictamente personal, lo que se determinará en su momento y atendiendo al caso particular, con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28 fracción III, de la Ley de Amparo, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se les requiere para que rindan informes, reciban toda clase de notificaciones y acusen recibo de las que sean remitidas por este juzgado, a través del siguiente medio electrónico: 4jdo16cto@correo.cjf.gob.mx. Del mismo modo, se requiere a las autoridades para que se incorporen al Directorio de Correos Electrónicos Institucionales o, en su caso, actualicen su registro. Para tal efecto, está disponible el siguiente correo electrónico casesoresp@correo.cjf.gob.mx, para que puedan hacer la solicitud correspondiente. Hecho lo anterior, se les solicita autorizar dicho correo electrónico para recibir las subsecuentes notificaciones mediante la promoción respectiva. EXHORTO AL JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TLAXCALA EN TURNO, CON RESIDENCIA EN APIZACO. Toda vez que la quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Capulín número 50, en segunda sección, vecinos de La Trinidad Tepehitec, Tlaxcala, Tlaxcala , con apoyo en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se ordena girar exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Tlaxcala en turno, con residencia en Apizaco, para que en auxilio de las labores de este tribunal, le notifique de forma personal este proveído y, además, la requiera para que en el acto de la notificación o dentro de un plazo de tres días, señale domicilio en esta ciudad de León, Guanajuato, para oír y recibir notificaciones, apercibida de que en caso de no hacerlo, las subsecuentes se realizarán por lista. Para que se cumpla con lo ordenado, se faculta al juez exhortado para que en caso de ser necesario habilite días y horas inhábiles para la práctica de la diligencia que se ordena, en términos de lo dispuesto por el tercer párrafo del numeral 21 de la Ley de Amparo. Se ordena remitir el exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en el rubro correspondiente utilizando las firmas electrónicas para tal efecto, de conformidad con el artículo 107 del Acuerdo General 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo y las comunicaciones oficiales; en razón de lo anterior, se faculta a la Secretaría, para que a la brevedad posible remita el exhorto de referencia con las firmas electrónicas reconocidas por el Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, pídase atentamente a la autoridad exhortada que en cuanto la comunicación oficial correspondiente conste en su poder, la mande diligenciar en sus términos, asimismo, la devuelva a la brevedad con las constancias relativas a su diligenciación, por la misma vía a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
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