Blanca Estela Durán Pérez

Expediente 901/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 39 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
901/2022
Año
2022
Actuaciones
39
Última actuación
19/07/2023

Partes del expediente

  • Blanca Estela Durán Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 39.

  1. Principal

    VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Téngase al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, acusando recibo e informando que admitió el recurso de revisión interpuesto por el Director General de Amparos Contra Leyes, en suplencia por ausencia de la Subprocuradora Fiscal de Amparo, ésta en representación del Presidente de la República, el cual registró con el número 360/2023. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a este asunto el oficio del Director General de Amparos Contra Leyes, en ausencia de la Subprocuradora Fiscal Federal de Amparos, quien actúa en representación del Presidente de la República, por medio del cual interpone recurso de revisión contra la sentencia emitida el treinta de mayo del año en curso. Con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88, 89 y 93 de la Ley de Amparo, se da trámite al citado recurso, por lo que una vez que se encuentren agregadas la totalidad de constancias de notificación a las partes, remítase mediante correo electrónico institucional a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito el oficio que contenga los datos de identificación de este expediente a efecto de que realice el turno correspondiente. Por lo anterior, una vez que se cuente con la boleta de turno expedida por la referida oficina, de la que se advierta el órgano jurisdiccional al que fue turnado el asunto, en obvio de mayores dilaciones remítasele vía interconexión las constancias que integran este juicio, así como el escrito de agravios, para su substanciación. Distribúyanse entre las partes las copias del escrito por el que se formulan agravios. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    VI. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del treinta de mayo de dos mil veintitrés, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 901/2022-VI, promovido por **********, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, ante la presencia de Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Abierta la audiencia, el Secretario hace relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en el presente expediente. Acto continuo se acuerda: téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, por rendidos los informes justificados que obran en autos. Periodo de pruebas. Abierto el periodo probatorio, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas las diversas documentales ofrecidas por las partes. Periodo de alegatos. Abierto el periodo de alegatos, se tienen por formulados los hechos valer por las partes. Se cierra este periodo. Sin diligencias pendientes por practicar, se da por concluida la presente audiencia constitucional, de la que se levanta el acta para constancia legal. A continuación se procede a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo 901/2022-VI y; R E S U L T A N D O: I. *************, por derecho propio, ocurrió a demandar el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. II. Mediante proveído del veintitrés de agosto de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo con el número 901/2022-VI, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables y dio la intervención correspondiente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento alguno. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37 de la Ley de Amparo; 48 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la Litis. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la quejosa reclamó: a) La promulgación del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, específicamente su artículo 12. b) La reducción de pensión por viudez, fundados en el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. TERCERO. El Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en representación del Subdelegado y del Encargado ambos de la Unidad de Prestaciones Económicas de la Delegación Estado de México del Instituto antes citado, así como la Directora General de Amparos Contra Leyes, en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos al rendir su informe justificado aceptaron los actos que se les reclaman. Circunstancias por las que se desvirtúa la causa de improcedencia por inexistencia de los actos reclamados. CUARTO. El análisis de las causas de improcedencia es de orden público y estudio preferente, independientemente que lo aleguen o no las partes, como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo. Se estima aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia número 814, que se aprecia en la página 553, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Así también, la diversa jurisprudencia número 158, consultable en la página 262, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1985, Parte VIII, Materia Común, Quinta Época, que textualmente dispone: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes lo aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Ahora, el Presidente de la República menciona que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, al afirmar que el juicio es improcedente pues no se demuestra un perjuicio jurídico a la quejosa, sino económico. El artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." No se actualiza la causa de improcedencia referida, por así estimarlo, en principio debe señalarse que en la especie, la quejosa reclama la inconstitucionalidad del artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que en esencia establece que la suma de las pensiones que resulten compatibles no podrán exceder de la cantidad fijada como cuota máxima -diez veces el salario mínimo-, con motivo de un acto concreto de aplicación, consistente en la reducción de pensión por viudez, orfandad y jubilación, bajo los conceptos "048" (compatibilidad de pensión) y/o "054" (cobro indebido de pensión), sustentando esa decisión por parte de la autoridad ejecutora, entre otros, en el citado artículo 12. Luego, es evidente que el artículo tildado de inconstitucional ha trascendido en la esfera de derechos de la quejosa, impactándola de manera negativa, pues con base en dicho precepto legal se le descuenta o reduce la pensión por viudez que le correspondería, lo que implica no solo una afectación de tipo económico, sino además, afecta de manera directa su esfera jurídica. Por otra parte, tampoco se concretiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por no agotarse el principio de definitividad respecto del acto reclamado; pues al efecto la quejosa no está obligada a acatar tal principio, dado que el artículo 107 de la Ley de Amparo, establece que el amparo indirecto procede contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación causen perjuicio a la parte quejosa, lo que en el caso concreto acontece, tal como se dilucidó en párrafos anteriores respecto del acto de aplicación del reglamento que el amparista reclama como inconstitucional. Además, el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, establece que cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. Por lo argumentado, resulta evidente que ninguna de las causas de improcedencia invocadas por las responsables se actualiza, motivo por el cual se desestiman sus argumentos. QUINTO. Sin diversa causa de improcedencia por analizar, ni advertirse alguna de oficio, se procede a analizar los actos reclamados, pues como se ha establecido en el considerando tercero de esta sentencia, son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables. En virtud de lo analizado, cabe establecer que cuando los actos reclamados se funden en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme al artículo 79, fracción I, de la Ley de Amparo, como en el caso acontece, procede suplir la deficiencia de la queja en la expresión de los conceptos de violación y, considerar que el acto reclamado que se apoye en dichas leyes está viciado, toda vez que la ilegalidad del acto deriva de los efectos ultractivos, a situaciones jurídicas futuras idénticas, con base en la jurisprudencia, dada su obligatoriedad prevista en la ley, que impone su acatamiento para la nulidad de ese acto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis publicada con la clave IV.2°.A.8K, en la página 869 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de 2002, Tomo XV, Materia Común, que a la letra dice: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. SU CONSENTIMIENTO TÁCITO POR FALTA DE IMPUGNACIÓN DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN NO IMPIDE QUE LOS ULTERIORES SEAN CONSIDERADOS ILEGALES EN SUPLENCIA DE LA QUEJA, SI LA LEY YA FUE DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Conforme a los artículos 73, fracción XII y 21 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente en contra de una ley heteroaplicativa cuando no se haya impugnado dentro del término de quince días siguientes al primer acto de aplicación, por operar en tal caso el consentimiento tácito. En esta virtud, cuando se reclame la inconstitucionalidad de una ley, con motivo del segundo o ulteriores actos de aplicación, debe sobreseerse en el juicio de amparo por lo que corresponde a la inconstitucionalidad de la disposición impugnada, por haber sido consentida tácitamente, sin perjuicio del análisis del acto de aplicación por los vicios propios que se le imputen; sin embargo, cuando los ulteriores actos de aplicación en perjuicio del quejoso, reclamados, se funden en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme al artículo 76 bis, fracción I, de la Ley de Amparo, procede suplir la deficiencia de la queja en la expresión de los conceptos de violación y, en consecuencia, debe considerarse que el acto reclamado que se apoye en dichas leyes está viciado, puesto que la ilegalidad del acto deriva de los efectos ultractivos, a situaciones jurídicas futuras idénticas, con base en la jurisprudencia, dada su obligatoriedad prevista en la ley, que impone su acatamiento para la nulidad del acto de aplicación. Por lo que respecto del acto concreto de aplicación, dable es conceder la protección constitucional, sin que para lo anterior sea obstáculo el haber consentido la ley tácitamente." Máxime que en el presente asunto el interés jurídico de la quejosa se encuentra acreditado en forma fehaciente y dicha figura jurídica representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo y, así, la peticionaria del amparo debe acreditar en forma fehaciente que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, lo que se prueba con el informe justificado del Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en representación del Subdelegado y del Encargado ambos de la Unidad de Prestaciones Económicas de la Delegación Estado de México del Instituto antes citado, al rendir su informe previo aceptaron los actos que se le reclaman, en que realiza diversas manifestaciones respecto de la constitucionalidad del acto reclamado. Así, es pertinente exponer que sobre el caso particular existe criterio jurisprudencial de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de observancia obligatoria para este órgano jurisdiccional en términos del artículo 217, de la Ley de Amparo, y que se sustenta en las consideraciones siguientes: El artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la seguridad social se organizará conforme a bases mínimas, cubriendo los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte. En el precepto constitucional de mérito quedaron instituidas las bases mínimas de previsión social que aseguran, en lo posible, la tranquilidad y bienestar personal de los trabajadores al servicio del Estado y de sus familiares; asimismo, se previó a nivel constitucional la protección para dichos trabajadores y sus familiares en caso de invalidez, vejez y muerte; se elevaron a rango constitucional las disposiciones orientadas a procurar el mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores y sus familiares, y se adoptaron bases mínimas de seguridad social con igual propósito; debiendo considerarse que tales derechos sociales podrán ampliarse, pero nunca restringirse. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria recaída en el amparo en revisión 509/2007, explicó de forma esencial, que constitucionalmente se estableció como derecho fundamental a la seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, cuya protección abarca a sus familiares y dependientes económicos, dejando libertad a la legislación secundaria para reglamentar los términos en que tales beneficios deban otorgarse, pero de ninguna forma tiene la potestad de reducir o restringir dichos beneficios, pues ello contravendría directamente al orden constitucional -como en el caso acontece-, pues si la norma fundamental señala que un grupo social y su familia tienen ciertos derechos, como lo es el de recibir una pensión por viudez para la esposa supérstite, ello no puede ser proscrito por la norma secundaria que debe reglamentarlo. De conformidad con los artículos 1º, fracción I; 3º, fracción VIII; 5º, fracción V; 16, párrafos primero y segundo, fracciones III y IV; 21, fracciones III y V; 48, 73, 74, 75 y 76, de la anterior Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se concluye que: a) Los derechos derivados de la ley en comento corresponden a los trabajadores en activo y a los pensionados al servicio del Estado, así como a los familiares derechohabientes de unos y de otros. b) El seguro por causa de muerte es obligatorio. c) Son familiares del trabajador o del pensionista: la esposa, a falta de ésta, la mujer con quien aquéllos hubieren vivido como si tuviera aquél carácter o con la cual hubieren tenido hijos, siempre y cuando ambos hayan permanecido libres de matrimonio, los hijos y ascendientes que se encuentren en los supuestos señalados en la fracción V del artículo 5º relacionado con anterioridad. d) El trabajador incorporado al régimen obligatorio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cubrirá una cuota fija del ocho por ciento del sueldo básico, que se aplicará, entre otras cosas, para cubrir el pago de las pensiones. e) Las dependencias y entidades públicas sujetas al régimen de la ley de la materia aportarán el diecisiete punto setenta y cinco por ciento del sueldo básico de cotización de los trabajadores, parte que se aplicará para cubrir los servicios de atención para el bienestar de los pensionistas e incluso se destinará para pagar a éstos la pensión relativa. f) Para tener derecho a la pensión por viudez se requiere que el trabajador o trabajadora que estuviere en activo haya cotizado al Instituto por más de quince años, independientemente de la edad de aquéllos, o que, cuando haya acaecido la muerte de los mismos, hayan cumplido sesenta o más años de edad y diez años de cotización. g) El derecho a recibir las pensiones por causa de muerte del trabajador por causas ajenas al servicio, nace en el momento de ocurrir el fallecimiento relativo y su pago se iniciará a partir del día siguiente de la muerte de la persona que haya originado el derecho a la pensión; esto es, la pensión por viudez surge a la muerte del esposo o esposa trabajadores y la obligación de pagarla inicia al día siguiente de su muerte. h) Tienen derecho al pago de la pensión por viudez, entre otros, la esposa supérstite y la concubina, siempre que se ubiquen en los supuestos previstos en las fracciones I y II del artículo 75 aludido. i) Las beneficiarias citadas en el inciso anterior tienen derecho a la pensión por viudez del cien por ciento, de la que legalmente hubiere correspondido al trabajador fallecido. Ahora, señala el Alto Tribunal, que del análisis del artículo 51, fracción II, de la anterior Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al estar ampliamente relacionado con el artículo 12 del reglamento reclamo, se advierte que establece la restricción del derecho de la esposa o concubina, esposo o concubinario, a recibir la pensión por viudez, derivada de la muerte del trabajador o trabajadora, por el tiempo que desempeñe un trabajo remunerado y que por esta relación laboral sea incorporado al régimen obligatorio de dicho organismo asegurador, por lo que, conforme a lo expuesto, contraviene el derecho fundamental de seguridad social contemplado en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), constitucional. Es así, en virtud de que al establecer que es incompatible con el sueldo que reciba el beneficiario que labore para el Estado y cotice para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se excluye de tal beneficio a una persona que se encuentra protegida por aquella norma fundamental, resultando así incorrecto que se estime excluyente el derecho de recibir una pensión y el de contar con un trabajo remunerado o un pensión personal que en virtud de tal relación laboral conduzca a su inscripción en el régimen de dicho organismo asegurador, en atención a que tienen orígenes diferentes, pues el de la pensión de viudez surge por la muerte del trabajador, naciendo una protección hacia su beneficiario en atención a los años de servicio que prestó para el Estado, mientras que el segundo implica una retribución por un servicio personal subordinado que se genera día a día por la labor que presta o prestó el trabajador (esposa beneficiaria) de ahí que nulificar una pretextando el trabajo útil que socialmente se presta atenta el espíritu protector del derecho de seguridad social invocado. Cabe mencionar que en la ejecutoria que sustenta el criterio jurisprudencial a que se ha hecho referencia, nuestro máximo Tribunal explicó que, el hecho que un trabajador haya sufrido la pérdida de su cónyuge y por ello adquiera el derecho a percibir una pensión y, no obstante ello, decida continuar desempeñando un cargo que conlleve la incorporación al régimen obligatorio citado, no debe generar ipso jure la exclusión del pago de la pensión por viudez, ya que toda persona, por voluntad, por vocación, por aptitud normal o intelectual, o por otras razones, tiene la facultad de disponer la elección de su actividad ocupacional u optar por suspenderla cuando así lo determine, ya que el derecho a trabajar significa la elección voluntaria y libre de elegir su actividad o profesión siempre y cuando sean lícitas. La Corte destacó que la pensión de viudez no es una concesión gratuita o generosa, sino que ese derecho se va gestando durante la vida del trabajador con las aportaciones que hace a lo largo de su vida productiva y una de las finalidades de tales aportaciones es garantizar, aunque sea en una parte, la subsistencia de sus beneficiarios después de su muerte. Por lo contrario, la percepción de un salario por el empleo o cargo desempeñado por una pensionada y su consecuente inscripción al régimen obligatorio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, son contraprestaciones recibidas por el trabajo personal que desempeña para el Gobierno Federal, sin que ambas prestaciones se opongan o excluyan entre sí; luego, bajo ninguna óptica se pueden considerar incompatibles. A mayor abundamiento, debe resaltarse que de acuerdo con lo dispuesto en los numerales tildados de inconstitucionales, se establece que la pensión por viudez sólo es compatible con el desempeño de un trabajo remunerado que no implique la incorporación al régimen obligatorio de dicha ley, sin que se establezca una razón lógica-jurídica para el trato desigual a los gobernados que se encuentren incorporados a tal régimen, pues se restringe indebidamente el derecho fundamental de seguridad social previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Carta Magna. Las consideraciones expuestas derivaron en la jurisprudencia 1a./J. 66/2009, publicada en la página 333, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Julio de 2009, Materia Laboral, Novena Época, de contenido siguiente: "PENSIÓN POR VIUDEZ. EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN II, INCISO C), DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, AL RESTRINGIR EL DERECHO A RECIBIRLA, VIOLA LA GARANTÍA SOCIAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007). El artículo 51, fracción II, inciso c), de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, abrogada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 31 de marzo de 2007, al restringir el derecho de la esposa o concubina, esposo o concubinario a recibir la pensión por viudez derivada de la muerte del trabajador o trabajadora, durante el lapso que desempeñe un trabajo remunerado que implique la incorporación al régimen obligatorio de dicha Ley, viola la garantía social prevista en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el derecho aludido no es incompatible o antagónico con el de desempeñar un cargo, empleo o comisión remunerados en cualquier dependencia o entidad que implique su incorporación al régimen obligatorio previsto en la Ley de la materia. Así, resulta inconcuso que recibir un salario por un empleo o cargo desempeñado por un pensionado y su inscripción al régimen obligatorio del aludido instituto son contraprestaciones que no se oponen al derecho de recibir diversas pensiones, entre ellas, la de viudez; máxime que del proceso legislativo que originó el apartado B del indicado precepto constitucional, se advierte que el poder reformador de la Carta Magna dispuso que las garantías sociales en ningún caso pueden restringirse. Ello es así, en primer lugar, porque ambos derechos tienen orígenes diferentes, pues el de la pensión por viudez surge por la muerte del trabajador, es decir, es una prestación establecida en favor de la esposa o concubina, esposo o concubinario y no del extinto trabajador, aun cuando su fuente es la relación laboral existente entre éste y la entidad gubernamental respectiva; en segundo lugar, porque el hecho de que los viudos pensionados desempeñen un cargo que conlleve la incorporación al régimen obligatorio citado y, por ende, el acceso -por cuenta propia- a los beneficios de seguridad social derivados de ese régimen no excluye al derecho de seguir recibiendo el pago de la pensión por viudez sino que, por el contrario, la conjugación de los derechos derivados del nuevo empleo y de la referida pensión coadyuva a hacer efectiva la garantía social de mérito, orientada a garantizar el bienestar de los familiares del trabajador fallecido. Además, la pensión mencionada no es una concesión gratuita o generosa, sino un derecho gestado con las aportaciones efectuadas por el trabajador durante su vida productiva con el objeto de garantizar, aunque sea en parte, la subsistencia de sus beneficiarios". En ese sentido, resulta fundado el argumento de la quejosa cuando sostiene que la incompatibilidad invocada por la responsable no existe, pues tratándose del supuesto de compatibilidad establecido en el artículo 12, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículos Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado reclamado, le resulta aplicación concomitante e inexorable al precepto 51 de la ley general reclamada, por tanto es violatorio del artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Federal, al establecer que para el pago de la pensión se deberá tomar en cuenta la cantidad fijada como cuota máxima en términos del primero de dichos preceptos. Al respecto, conviene citar el texto del artículo 12, segundo párrafo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículos Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al tenor de la transcripción siguiente: "Artículo 12. Las pensiones son compatibles con el disfrute de otras pensiones, o con el desempeño de trabajos remunerados, de acuerdo con lo siguiente: (.) En el caso de compatibilidad de las pensiones señaladas en las fracciones anteriores, la suma de las mismas no podrá exceder el monto equivalente a diez veces el salario mínimo.". De lo anterior, se advierte que el numeral descrito, en cuanto limita el monto de la pensión compatible de la quejosa con motivo de viudez y sus percepciones como trabajadora en activo, no se apega al texto constitucional pues restringe el derecho del quejoso a recibir los enteros de la pensión referida, conculcando en consecuencia el derecho social contemplado en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, conforme a lo dispuesto en el numeral constitucional citado, los cónyuges de las y los trabajadores del Estado tienen derecho a recibir una pensión por muerte de éstos, es decir, a una pensión por viudez, la cual es regulada en los numerales 73 a 79 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada. Así, del contenido del artículo 73, del ordenamiento citado, resulta que la muerte de un o una trabajadora, por causas ajenas al servicio, dará origen a diversas pensiones, entre otras, a la de viudez, esto es, el derecho a recibir ésta, surge con la muerte del trabajador y el pago del derecho de esa pensión iniciará a partir del día siguiente al de la muerte de la persona que haya originado tal pensión (artículo 74 de la ley de la materia). Facultad que no es excluyente de las prestaciones que el beneficiario de dicho derecho social goza con motivo de la pensión otorgada por el trabajo remunerado que prestó, pues ambos derechos tienen orígenes diferentes, ya que la pensión por viudez surge por la muerte del trabajador y protege la seguridad y bienestar de la familia ante el riesgo de la muerte del trabajador o trabajadora, en tanto que los emolumentos y prestaciones que percibe como trabajador pensionado, propician el sustento y seguridad económica del trabajador, a más de que ambos constituyen derechos que se gestan para la subsistencia del propio trabajador o de los beneficiarios de éste con motivo de su deceso, entre los cuales se encuentra el esposo o concubino. Lo expuesto se encuentra respaldado, por analogía, con el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 2ª/J.97/2012, en el cual determinó que el artículo reclamado, entre otros de la ley general de la que emana, son inconstitucionales al restringir el derecho a percibir íntegramente las pensiones de viudez y de jubilación, cuando la suma de ambas rebase diez veces el salario mínimo previsto como cuota máxima de cotización en el artículo 15 de la propia Ley, pues violan los derechos fundamentales de seguridad social y el principio de previsión social citados, ya que desatiende las siguientes diferencias sustanciales: 1. Dichas pensiones tienen orígenes distintos, pues la primera surge con la muerte del trabajador y la segunda se genera día a día con motivo de los servicios prestados por el trabajador o trabajadora; 2. Cubren riesgos diferentes, dado que la pensión por viudez protege la seguridad y bienestar de la familia ante el riesgo de la muerte del trabajador o trabajadora y la pensión por jubilación protege su dignidad en la etapa de retiro, y 3. Tienen autonomía financiera, ya que la pensión por viudez se genera con las aportaciones hechas por el trabajador o pensionado fallecido y la pensión por jubilación se genera con las aportaciones hechas por el trabajador o pensionado, motivo por el cual no se pone en riesgo la viabilidad financiera de las pensiones conjuntas. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J. 97/2012 (10a.), publicada en la página 553, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 2, Materia Constitucional, Décima Época, de contenido siguiente: "ISSSTE. EL ARTÍCULO 51, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A), CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007). El citado precepto constitucional no sólo contiene las bases mínimas de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, sino que también de él deriva el principio de previsión social, sustentado en la obligación de establecer un sistema íntegro que otorgue tranquilidad y bienestar personal a los trabajadores y a sus familias ante los riesgos a que están expuestos, orientados a procurar el mejoramiento del nivel de vida. De ahí que el artículo 51, segundo párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el 31 de marzo de 2007, al restringir el derecho a percibir íntegramente las pensiones de viudez y de jubilación, cuando la suma de ambas rebase 10 veces el salario mínimo previsto como cuota máxima de cotización en el artículo 15 de la propia ley, transgrede los principios de seguridad y previsión social citados, al desatender las siguientes diferencias sustanciales: 1. Dichas pensiones tienen orígenes distintos, pues la primera surge por la muerte del trabajador y la segunda se genera día a día con motivo de los servicios prestados por el trabajador o trabajadora; 2. Cubren riesgos diferentes, dado que la pensión por viudez protege la seguridad y bienestar de la familia ante el riesgo de la muerte del trabajador o trabajadora y la pensión por jubilación protege su dignidad en la etapa de retiro; y, 3. Tienen autonomía financiera, ya que la pensión por viudez se genera con las aportaciones hechas por el trabajador o pensionado fallecido y la pensión por jubilación se origina con las aportaciones hechas por el trabajador o pensionado, motivo por el cual no se pone en riesgo la viabilidad financiera de las pensiones conjuntas." Por tanto, el artículo 12, párrafo segundo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se Expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cuya aplicación en el caso se realizó al restringir el derecho a recibir el monto de la pensión a que tiene derecho el quejoso por concepto de viudez, en razón de tener la calidad de pensionado con motivo del trabajo personal subordinado ejercido durante su vida laboral, es inconstitucional, pues violenta el principio constitucional de la previsión social, sustentado en la obligación de establecer un sistema íntegro que otorgue tranquilidad y bienestar personal a los trabajadores y a su familia ante los riesgos a que están expuestos, orientados necesariamente a procurar el mejoramiento del nivel de vida. Es aplicable la tesis 2a. CXII/2014 (10a.), publicada en la página 1191, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia Constitucional, Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "ISSSTE. EL ARTÍCULO 12 DEL REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES SUJETOS AL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY RELATIVA, VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL PRINCIPIO DE PREVISIÓN SOCIAL. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sólo contiene las bases mínimas de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, sino que también de él deriva el principio constitucional de previsión social, sustentado en la obligación de establecer un sistema íntegro que otorgue tranquilidad y bienestar personal a los trabajadores y a su familia ante los riesgos a que están expuestos, orientados a procurar el mejoramiento del nivel de vida; de ahí que el artículo 12 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al restringir el derecho a percibir de manera íntegra las pensiones de viudez y de jubilación cuando la suma de ambas rebase el monto equivalente a 10 veces el salario mínimo, viola el derecho a la seguridad social y el principio de la previsión social, al desatender las siguientes diferencias sustanciales: 1. Dichas pensiones tienen orígenes distintos, pues la primera surge con la muerte del trabajador y la segunda se genera día a día con motivo de los servicios prestados por el trabajador; 2. Cubren riesgos diferentes, toda vez que la pensión por viudez protege la seguridad y el bienestar de la familia ante el riesgo de la muerte del trabajador y la pensión por jubilación protege su dignidad en la etapa de retiro; y, 3. Tienen autonomía financiera, ya que la pensión por viudez se genera con las aportaciones hechas por el trabajador o pensionado fallecido y la pensión por jubilación se genera con las aportaciones hechas por el trabajador o pensionado, motivo por el cual no se pone en riesgo la viabilidad financiera de las pensiones conjuntas". En ese sentido, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, respecto del artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se Expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para el efecto de que se deje insubsistente la reducción de pensión por viudez, y ordene el pago a la quejosa relativo a la pensión por viudez que le corresponde; pago que deberá cubrirse a partir del día siguiente de la defunción del servidor público fallecido, a fin de restituirla en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. Resulta aplicable al caso el criterio contenido en la jurisprudencia P./J. 112/99, publicada en la página 10, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expresa: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro". Por lo expuesto, fundado y motivado, con apoyo, además, en los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo en vigor, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, por las razones expuestas en el quinto considerando de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien da fe. Doy fe.

  4. Principal

    VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de mayo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito del autorizado de la parte quejosa; atento a su contenido, se acuerda: Se tienen por hechas las manifestaciones que vierte en el ocurso de mérito, las cuales se tomarán en consideración al momento de resolver el presente expediente. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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