Blanca Estela Cirne Oropeza

Expediente 958/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
958/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
21/09/2022

Partes del expediente

  • Blanca Estela Cirne Oropeza

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación que antecede, se advierte que el auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós en el que se desechó de plano la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa, no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, causa estado dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y en virtud de que la información de este asunto no se ha determinado como reservada en términos del artículo 19 del acuerdo general citado, este órgano jurisdiccional califica: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. Es destruible de conformidad con el diverso 21, incisos d) y j) del acuerdo general citado porque la demanda se desechó en parte y el suscrito se declaró legalmente incompetente respecto de otros actos; por ende, se conservará durante un plazo de tres años y se destruirá dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de éste, sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo porque no los acompañó. CARÁTULA. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico coincida en su totalidad como el impreso. DATOS PERSONALES Finalmente, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta del Secretario del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, mediante el cual transcribe el acuerdo dictado el siete de septiembre de dos mil veintidós, en el juicio de amparo 1597/2022, en el que el titular del Juzgado de su adscripción se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Blanca Estela Cirne Oropeza, contra actos del Titular del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Puebla, y otras autoridades; al respecto, se tiene por hechas las manifestaciones contenidas en el oficio de cuenta.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo instada por ******************** por su propio derecho, contra actos del agente del Ministerio Público Especializado en Violencia Familiar de la Fiscalía General del Estado de Puebla, y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 958/2022. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda se advierte que la quejosa ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal respecto de los actos y autoridades mencionados a continuación: AUTORIDADES RESPONSABLES 1.- Titular del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Puebla. 2.- Presidente Municipal de la ciudad de Puebla. 3.- Personal Actuante del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). ACTOS RECLAMADOS Lo constituye el hecho de haber sido sustraído de mi domicilio mi menor hijo de nombre por su progenitor de nombre ********************, sin que existiera orden judicial que así lo determinara, que a su dicho, este acto lo realizó bajo amenazas que recibió de manera directa de personal de DIF ESTATAL (DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA), por conducto de las autoridades que he dejado previamente señaladas en su calidad de AUTORIDADES RESPONSABLES Y EJECUTORAS, cabe hacer mención que para tal acto no medió juicio alguno para que dicho organismo procediera actuar de manera unilateral y desde luego violatoria de mis garantías Constitucionales y sobre todo en agravio de mi menor hijo de nombre ********************, hechos ocurridos la semana pasada en específico el día MIERCOLES 17 DE AGOSTO DEL 2022, que me enteré por conducto de mi hija mayor, de nombre ******************** al llegar a mi domicilio, dándome algunos pormenores de lo ocurrido, toda vez que el progenitor señor ********************, lo estaba realizando porque así se lo habían ordenado, que de lo contrario lo meterían a la cárcel, para después llevarla a mi menor hijo y desde luego mi mayor hija ya mencionada con antelación, al DIF ESTATAL (SISTEMA ESTATAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA), y que desde luego fueron entregados por esta persona ante dicha Institución, hechos y situación que resulta por demás violatorio a mis garantías constitucionales y desde luego en perjuicio de mi menor hijo en mención, actuaciones originadas por el DIF ESTATAL pues como lo he dejado fundamentado en el presente libelo, transgreden, los dispositivos legales de nuestra carta magna siendo estos el 14 Y 16, que ha dado como consecuencia que me han dejado en total estado de indefensión, lo que resulta inadmisible, poniendo en riesgo la integridad de la suscrita así como de mi hijo ********************, que ya no está en mi domicilio sin alguna orden judicial que así lo determine, pues el DIF ESTATAL (DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS), no es una autoridad para tomar ese tipo de decisiones y actuaciones, siendo ésta atribución a un Juzgador plenamente investidos y facultados conforme a la LEY, dando como resultado una alteración y afectación tanto emocional, económica y psicológica de toda mi familia, al no tener a mi menor hijo en mención. Enterándome, porque así me lo hizo saber el progenitor de mi menor hijo, que el DIF (SISTEMA ESTATAL DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA) LE ENTREGÓ EN PRESUNTA CUSTODIA A mi hijo de nombre ********************, pero como él no tiene espacio porque vive con su mujer e hijos, aunado al hecho que lo que gana no le alcanza para mantener una boca más, así que decidió de manera unilateral llevarlo con el abuelo de nombre ********************con domicilio en ********************, desde luego sin darle conocimiento al DIF ESTATAL, lo cual también viole el estado de derecho y garantías de mi menor hijo, acto emanado por una Institución que sin tener las facultades legales violenta nuestras garantías y desde luego en perjuicio de mi menor hijo, lo que hace evidente la atrocidad de los derechos humanos y de los niños, con que está conduciendo dicha Institución (DIF ESTATAL). Además, en el capítulo de autoridades responsables, la quejosa reclama de la Agente del Ministerio Público Especializado en Violencia Familiar: ". INTEGRAR CARPETA DE INVESTIGACIÓN SIN SIQUIERA DARME A CONOCER EL NÚMERO DE CARPETA O BIEN CITARME A DECLARAR." En ese sentido, se hace patente que en el caso la quejosa reclama actos autónomos e independientes uno de otro, atribuidos a autoridades de naturaleza administrativa, y autoridades de naturaleza penal administrativa. Por ende, de conformidad con las reglas que rigen el juicio de amparo, al existir actos desvinculados y autónomos entre sí en el presente asunto, resulta manifiesto que en una sola demanda no pueden examinarse la totalidad de los actos reclamados; lo anterior, al no advertirse la actualización de la hipótesis que amerite la acumulación de acciones. En consecuencia, a fin de evitar mayores dilaciones en la tramitación de la demanda de amparo que se provee, este Juzgado de Distrito determinar realizar de manera oficiosa la separación de juicios, debiendo tramitarse por separado lo relativo los actos reclamados al Titular y personal adscritos al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Puebla; y, Presidente Municipal de la ciudad de Puebla, el cual quedó transcrito en párrafos precedentes. SE REMITEN CONSTANCIAS A LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA Por lo tanto, con copia certificada de la demanda de amparo de cuenta, remítanse a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en Turno en el Estado de Puebla, a efecto de que sea registrado y se le asigne el número que le corresponda en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Lo anterior, en razón de que el suscrito considera que este órgano jurisdiccional carece de competencia por razón de la materia para conocer del juicio de amparo, respecto a los actos reclamados al Titular y personal adscritos al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Puebla; y, Presidente Municipal de la ciudad de Puebla, en virtud de que no son de materia penal. En efecto, en términos de los artículos 10 y 12 del acuerdo general 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se determina que este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla conocerá de los asuntos a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, cuyo texto es el siguiente: Artículo 56. Las y los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promueven conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o imputados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del numeral transcrito se puede observar que los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal conocerán de los asuntos siguientes: a) Contra resoluciones judiciales del orden penal, lo que implica que el caso debe ser materialmente jurisdiccional y que la autoridad debe ser específicamente judicial. b) Contra actos que afecten la libertad personal, con independencia de la naturaleza de la autoridad que emita el acto reclamado si éste tiene como consecuencia la afectación de la libertad personal de la parte quejosa, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medidas de apremio impuestas fuera del procedimiento penal. c) Contra actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. d) Contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito. e) Contra leyes o incumplimiento de declaratorias de inconstitucional emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionadas con normas generales en materia penal. En el caso, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado se advierte que el mismo no se ajusta a alguno de los supuestos establecidos en el numeral antes citado, ya que el acto reclamado no lo constituye una resolución judicial del orden penal, no atenta contra la libertad personal con motivo de una corrección disciplinaria o medida de apremio dentro de un procedimiento penal, no se vincula con la reparación del daño, ni se reclama una ley o incumplimiento de declaratorias de inconstitucional emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionadas con normas generales en materia penal. Pues como se dijo, el promovente de amparo comparece ante esta instancia constitucional a reclamar del Titular y personal adscritos al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Puebla; y, Presidente Municipal de la ciudad de Puebla, el ya transcrito. De ahí que el acto que reclama ******************** no puede ser considerado de naturaleza penal conforme lo previsto en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues el mismo deriva de un procedimiento administrativo. Por tanto, se estima que se reclama un acto que no es competencia de un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, si no que corresponde el conocimiento a un Juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en conformidad con lo establecido en el diverso numeral 57 de la citada Ley, razón por la cual este juzgado declara carecer de competencia para conocer de la presente demanda de amparo, únicamente respecto de tales actos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase el original del juicio de amparo formado con la demanda de amparo al Juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en Turno en el Estado de Puebla, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común correspondiente, para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes al en que reciba el oficio deducido de este acuerdo, manifieste si acepta o no la competencia en términos del numeral en cita. Así mismo, solicítese se sirva acusar, en su oportunidad, el recibo de estilo correspondiente. SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO Por otra parte, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de garantías, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En ese sentido, dado que en párrafos precedentes se decretó de manera oficiosa la separación de juicios, por lo que correspondió continuar con el conocimiento de la demanda de amparo promovida por ******************** únicamente respecto del acto reclamado al Agente del Ministerio Público Especializado en Violencia Familiar, consistente en ". INTEGRAR CARPETA DE INVESTIGACIÓN SIN SIQUIERA DARME A CONOCER EL NÚMERO DE CARPETA O BIEN CITARME A DECLARAR.". Sin embargo, respecto de tal acto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 21, párrafo primero, constitucional. Ahora bien, conforme al primero de tales preceptos, el juicio de amparo es improcedente: "En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". El diverso precepto constitucional, establece: "La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función." De lo transcrito se advierte que el Ministerio Público es una institución pública del Estado que realiza una función de protección social, es decir, tiene el deber de la tutela jurídica de los intereses del Estado y de la Sociedad. A tal institución le corresponde ejercitar la acción penal si procediere, siempre que existan elementos para ello, iniciar y llevar a cabo la investigación, a petición de parte o de oficio y allegarse en este período de investigación de los datos de prueba sobre hechos que pueden constituir un delito, para que, en su caso, esté en posibilidad legal de solicitar la acción penal. En tal virtud, las actuaciones del Ministerio Público en el ejercicio de su facultad investigadora de hechos con apariencia de delitos conferida en el artículo 21 constitucional, así como su facultad de ejercer la acción penal, no transgreden los derechos sustantivos de la gobernada de un modo directo e inmediato, a menos que en dicha actuación la autoridad ministerial ordene la privación de la libertad, posesiones o derechos. Abundando, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 constitucional, la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, de tal manera que los actos desplegados en la integración de la carpeta de investigación, son en ejercicio del interés social, para la persecución de los delitos; por tanto, las actuaciones realizadas en el ejercicio de esa facultad, no pueden considerarse conculcatorias de derechos fundamentales, partiendo de la base de que se trata de un derecho social, y no privado, que lo hace no ser susceptible de entrar a la esfera jurídica de los particulares, aun cuando se trate de los mismos a quienes se dirige la investigación; habida cuenta que de no ser así, se verían restringidas sus facultades exclusivas, de las que fue dotado para actuar en representación de la sociedad; a menos que en ellas como ha quedado asentando, se ordenara que se prive a la quejosa de su libertad, de sus posesiones o derechos, o cuando acuda ante el órgano de control judicial, en cuyo caso al decidir el Juez del conocimiento sobre la procedencia de la acción ejercitada, sería en todo caso el momento en que se pudiera ver afectada la esfera jurídica de la accionante de amparo. En estas condiciones, es evidente que el acto que reclama la parte quejosa al Agente del Ministerio Público Especializado en Violencia Familiar consistente en la integración de una carpeta de investigación instruida en su contra, no está contenido entre los supuestos para la procedencia del juicio de amparo, sino que constituye una facultad concedida al Ministerio Público como representante social prevista en el precepto 21 de la Carta Maga, en protección a la garantía social y no a las individuales y, por ende, el amparo enderezado en su contra es improcedente. En consecuencia, con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 21, párrafo primero, constitucional, se desecha la demanda de mérito únicamente respecto de los actos reclamados al Agente del Ministerio Público Especializado en Violencia Familiar, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y por autorizadas a las personas que cita en la misma para tal efecto. No ha lugar a tener para oír y recibir notificaciones personales el correo electrónico personal que refiere en su demanda de amparo, en virtud que el Acuerdo General 1/2015, de la Suprema Corte de justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, autoriza a las partes a tener acceso al expediente electrónico a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, asimismo, otorga el permiso para que se notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en los asuntos a las partes, no así para notificar por vía electrónica a través de sistemas tecnológicos que no sean del Consejo de la Judicatura Federal. Además, conforme a lo dispuesto en la fracción I del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la designación de correo electrónico como medio de comunicación entre el órgano jurisdiccional y las personas justiciables es válida únicamente tratándose de comunicaciones no procesales, por ello, se tiene por señalado el correo electrónico juridico3m@hotmail.com, con números telefónicos móviles ********************, ********************y fijo ********************, únicamente para ese fin, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente.

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