Blanca Estela Chan Salas

Expediente 663/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
663/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
28/07/2023

Partes del expediente

  • Blanca Estela Chan Salas
  • Blanca Estela Chan Salas y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra del auto de cinco de julio del año actual, en el que se sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia; con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquél auto ha causado estado para todos los efectos legales pertinentes. No es obstáculo a lo anterior que no obre constancia del emplazamiento y notificación del auto de cinco de julio de dos mil veintitrés a la tercero interesada, pues dado el sentido del referido auto, no se le causa perjuicio alguno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en el aludido acuerdo se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 20 fracción I del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizado mediante oficio CCJ/ST/1003/2023 de trece de mayo de dos mil veintitrés, ante la secretaria licenciada Karen Azalia Mendoza Sánchez, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, cinco de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado rendido por la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, autoridad señalada como responsable en el presente asunto, al que acompaña en apoyo al citado informe las constancias relativas a la inscripción de embargo a favor de la aquí quejosa Blanca Estela Chan Salas. Ahora bien, se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo aplicable, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En efecto, en el presente caso se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir el acto reclamado en la omisión de la autoridad responsable de realizar el embargo ordenado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, sobre el predio número cuatrocientos setenta y uno, de la calle diecinueve, fraccionamiento Altabrisa, propiedad de la demandada Mariana Cotera Regalado, en el juicio laboral 1006/2016 del índice de la citada junta; el cual fue requerido a la responsable mediante oficio 454/2023. Sin embargo, de las copias certificadas que la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, remitió en apoyo a su informe justificado, a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte la inscripción relativa al embargo trabado en el juicio laboral 1006/2016 del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, conforme al oficio 454/2023, sobre el predio número cuatrocientos setenta y uno, de la calle diecinueve, fraccionamiento Altabrisa, propiedad de la demandada Mariana Cotera Regalado, inscrito bajo el número de inscripción 1201976 con la observación que la toma de razón de embargo se ordenó en oficio confirmatorio de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés a fin de dar cumplimiento al referido oficio 454/2023. Esto, con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda que lo fue el veinte de abril del año que transcurre, por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. En virtud de lo anterior, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas con treinta minutos del veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Karen Azalia Mendoza Sánchez, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    VIII.-Mérida, Yucatán, cinco de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado rendido por la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, autoridad señalada como responsable en el presente asunto, al que acompaña en apoyo al citado informe las constancias relativas a la inscripción de embargo a favor de la aquí quejosa Blanca Estela Chan Salas. Ahora bien, se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo aplicable, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En efecto, en el presente caso se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir el acto reclamado en la omisión de la autoridad responsable de realizar el embargo ordenado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, sobre el predio número cuatrocientos setenta y uno, de la calle diecinueve, fraccionamiento Altabrisa, propiedad de la demandada Mariana Cotera Regalado, en el juicio laboral 1006/2016 del índice de la citada junta; el cual fue requerido a la responsable mediante oficio 454/2023. Sin embargo, de las copias certificadas que la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, remitió en apoyo a su informe justificado, a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte la inscripción relativa al embargo trabado en el juicio laboral 1006/2016 del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, conforme al oficio 454/2023, sobre el predio número cuatrocientos setenta y uno, de la calle diecinueve, fraccionamiento Altabrisa, propiedad de la demandada Mariana Cotera Regalado, inscrito bajo el número de inscripción 1201976 con la observación que la toma de razón de embargo se ordenó en oficio confirmatorio de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés a fin de dar cumplimiento al referido oficio 454/2023. Esto, con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda que lo fue el veinte de abril del año que transcurre, por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. En virtud de lo anterior, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas con treinta minutos del veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Karen Azalia Mendoza Sánchez, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, en representación del Titular de la Secretaría de la Función Pública en la Ciudad de México, mediante el cual solicita se le informe el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo. En atención a lo solicitado, comuníquese a dicha autoridad, que mediante acuerdo de treinta de agosto de dos mil veintidós, se declaró que causó estado el proveído de ocho de agosto del mismo año, en el que se sobreseyó en el presente juicio y como consecuencia, se ordenó el archivo de este asunto como totalmente concluido. Por último, en atención a la solicitud planteada por la autoridad oficiante, adjúntese al oficio que al efecto se gire, copia de la determinación de fecha treinta de agosto de dos mil veintidós antes referida, para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.

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