BLANCA ESTELA BUCIO MELGAREJO y Otros.
Expediente 313/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 313/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 10/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- BLANCA ESTELA BUCIO MELGAREJO y Otros.
- Blanca Estela Bucio Melgarejo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta este momento se haya hecho valer contra la sentencia en la que se sobreseyó el juicio; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, SE DECLARA QUE LA CITADA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Por otro lado, tomando en consideración que la autoridad responsable remitió diversas constancias en justificación de sus actos; se ordena su devolución a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. Archívese el asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Tomando en consideración que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el artículo 20 del Acuerdo General mencionado, se hace la observación de que el expediente es destruible, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó el juicio. El cuaderno del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso b) del Acuerdo General mencionado, se hace la observación de que el expediente es conservable, en razón de que se concedió la medida cautelar. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XX, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE
- Principal
En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con diez minutos del veinte de junio de dos mil veintitrés, día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 313/2023; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación la Secretaria hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficios por los que las responsables rindieron su informe justificado; C) Emplazamiento de la moral tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que la quejosa ofreció la documental, instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto, legal y humano. Al efecto se acuerda: Se admiten y desahogan las probanzas aludidas atento a su propia y especial naturaleza. Al no haber más elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que la tercera interesada los formuló e invocó la improcedencia del juicio y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con la Secretaria que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la siguiente resolución: V I S T O S para resolver el juicio de amparo 313/2023, promovido por ... y ...., contra actos del Juez Vigésimo Noveno Civil de la Ciudad de México, Juez y Ejecutor adscritos al Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México; y, RESULTANDO Primero. Demanda. La parte quejosa demandó el amparo contra actos de las autoridades en cita, al estimarlos violatorios de los derechos humanos reconocidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 27, 103 y 107 constitucionales. Segundo. Admisión de la demanda y trámite. El veintiuno de abril de dos mil veintitrés, previa aclaración, se admitió la demanda; se dio intervención a la representación social adscrita, se requirieron los informes justificados; y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional. La representante social de la Federación adscrita no formuló intervención, se tuvieron por rendidos los informes justificados; y la audiencia constitucional tuvo lugar acorde al acta previa; y CONSIDERANDO Primero. Competencia. Este Juzgador es legalmente competente para resolver, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 37 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza civil, seguido ante un juzgado del orden común residente dentro del ámbito territorial donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Precisión del acto reclamado conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Los accionantes se ostentan terceros extraños auténticos al juicio especial hipotecario 1064/1996, del índice del Juzgado Vigésimo Noveno Civil de la Ciudad de México; y reclaman todo lo actuado, particularmente, la falta de emplazamiento y los actos tendentes a desposeerlos del inmueble denominado como: ..., del que afirman ser propietarios. Tercero. Certeza del acto reclamado. El Juez responsable ordenador aceptó implícitamente el acto reclamado al rendir su informe justificado; certeza corroborada con las constancias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno acorde a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la ley de la materia, por disposición del segundo párrafo de su artículo 2. Por su parte, las autoridades señaladas como ejecutoras aceptaron la existencia de los actos reclamados, de ahí que se tengan por ciertos. Cuarto. Improcedencia. La procedencia del juicio es un presupuesto procesal que debe analizar el juzgador, previo al estudio del fondo, lo aleguen o no las partes, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. El juicio es improcedente por falta de interés jurídico de la peticionaria, acorde al artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo. De acuerdo a ese precepto, para la procedencia del juicio de amparo proveniente de tribunales judiciales, se requiere como presupuesto procesal, que el peticionario acredite el interés perjuicio o afectación que resienta en su esfera jurídica, de manera personal y directa, con la ejecución de los actos reclamados, para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a demandar su tutela, lo cual se traduce como el interés jurídico que la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna, considera para determinar la procedencia o improcedencia de la controversia constitucional planteada. Esto es, la acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio que afecte a la persona o los derechos de la parte quejosa. Además, el juicio de amparo procede siempre a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de una persona, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se haga a los derechos o intereses de un particular. Ilustra la consideración anterior, la jurisprudencia 854, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE." Cabe destacar que el interés jurídico debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, acorde a la jurisprudencia 2a./J.16/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE." En el particular, los accionantes se ostentan terceros extraños auténticos al juicio especial hipotecario ..., del índice del Juzgado Vigésimo Noveno Civil de la Ciudad de México; y reclaman todo lo actuado, particularmente, la falta de emplazamiento y los actos tendentes a desposeerlos del inmueble denominado como: ..., del que afirman ser propietarios. Por tanto debieron demostrar fehacientemente ser titulares del derecho que afirman fue infringido con el acto reclamado. Para solventar esa carga procesal, manifestaron que son poseedores del inmueble litigioso, lo cual puede ser materia de protección constitucional siempre y cuando derive de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto de la ley que genere ese derecho de posesión. Debe tener una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de ese derecho. En efecto, quien ejercita la acción de amparo debe ser titular de un interés necesario para justificar esa afectación o perjuicio que se demuestre que el derecho del inmueble que defiende deriva de un título de posesión objetivo, como lo es una escritura pública o un contrato. Resulta aplicable, por sus consideraciones, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis 1/2002; de titulo: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS." No obstante, la parte accionante de amparo omitió allegar elementos de convicción idóneos con los que acredite de forma fehaciente tener el derecho de posesión sobre el inmueble materia de la litis, por lo cual se afirma que no existe afectación a su interés jurídico. En efecto, la parte peticionaria exhibió el contrato original de compraventa, el cual es un documento privado, constancia que para tener eficacia plena, debió tener fecha cierta, y ello acontece: a) A partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado; b) A partir del día en que se incorpore o inscriba en un registro público; y c) Desde la muerte de los que firmaron. De manera que, si no se actualiza alguno de estos supuestos, no se le puede dar ningún valor jurídico al documento ante terceros, por carecer de certeza de la fecha que se celebró. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. La certeza de fecha de un documento privado, depende de su presentación a un registro público, o ante un funcionario público en razón de su oficio, o de la muerte de cualquiera de los firmantes." Luego, con la documental exhibida por la parte quejosa, no es dable tener por acreditada la causa generadora de la posesión que ostenta sobre el inmueble litigioso, pues el contrato no reúne las características referidas en párrafos previos por ser el original del pacto privado; de tal modo, que sólo produce efectos jurídicos entre quienes intervinieron en su celebración, mas no frente a terceros. Sirve de fundamento la jurisprudencia VI.2o.C. J/308, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. EL DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA INCIERTA ES INSUFICIENTE PARA DEMOSTRARLO." La exhibición de un contrato privado de compraventa original que carece de fecha cierta, es insuficiente para acreditar el interés de la parte quejosa cuando ostenta la calidad de tercera extraña al juicio, pues ello imposibilita determinar con certeza si el contrato es anterior o posterior al reclamo de que se duele, además de que con ese documento sólo acreditaría la existencia de un acuerdo de voluntades entre dos particulares respecto de un inmueble, pero no así la fecha cierta, lo cual garantiza la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evita que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales. Además, en el supuesto no concedido de que efectivamente la parte quejosa tuviera la posesión material del inmueble, este sólo hecho no es suficiente para considerar procedente el estudio de la constitucionalidad de los actos de autoridad, pues tratándose de casos en que el agraviado se ostenta como tercero extraño a juicio, aduciendo tener la posesión de un bien por virtud de un contrato, es indispensable la plena comprobación de que dicho título tiene fecha cierta; lo anterior es así, ya que la posesión sin derecho sólo puede tenerse como simple detentación, y por tanto no protegida a través del juicio constitucional. Al respecto se cita la tesis de jurisprudencia P./J. 1/2002 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es: "TERCERO EXTRAÑO. INTERES JURIDICO. NO LO ACREDITA LA DETENTACION MATERIAL DEL INMUEBLE. De acuerdo con el artículo 790 del Código Civil del Distrito Federal, es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho. Sin embargo, tal poder de hecho necesariamente debe tener una causa u origen según se advierte de los propios términos del artículo 791 del referido código, pues si dicha causa, por su naturaleza jurídica, faculta al poseedor a usar, disfrutar y disponer de la cosa, se trata de la posesión originaria o en concepto de dueño; en cambio, si la causa de la posesión faculta al titular del derecho, únicamente a usar y disfrutar del bien, se trata de la posesión derivada, en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario, u otro título análogo. Ahora bien, si cualquiera de las dos clases de posesión, originaria o derivada, debe reconocer una causa jurídicamente suficiente para atribuir al sujeto que la ejerce alguno o algunos de los derechos o atributos de la propiedad (usar, disfrutar, disponer), o aquellos que son característicos y exclusivos de la posesión derivada (usar y disfrutar del bien, pero no disponer de él), es inconcuso que la simple tenencia material de un bien, faltando dicha causa, no es la posesión jurídica a que alude la legislación civil común y, por ende, no puede ser tutelada por la garantía de audiencia del artículo 14 constitucional, el cual protege la posesión jurídica, sea ésta originaria o derivada. De lo anterior, resulta inconcuso que el agraviado necesariamente debe hacer mención en su demanda de amparo a la causa u origen de ese poder de hecho, y demostrarla en el juicio, a fin de proporcionar al Juez del amparo los elementos objetivos necesarios para apreciar si ese poder de hecho constituye o no la posesión jurídica protegida por el derecho, a través de la garantía de seguridad contenida en el aludido artículo 14 constitucional. Consecuentemente, si en el amparo indirecto el inconforme se reduce a manifestar que tiene el carácter de propietario del inmueble, del que dice que la autoridad responsable trata de desposeerlo sin haber sido oído y vencido en un juicio previo; pero no alude a la causa de esa posesión originaria, ni la demuestra en el juicio de garantías; resulta inconcuso que aun en el supuesto de que se hubiera acreditado con las pruebas que aportó, que ejerce un poder de hecho sobre el inmueble relacionado, debe concluirse que se trata de la simple detentación material que no constituye la posesión jurídica, en los términos de la legislación civil común; y, por ende, el Juez de Distrito estuvo en lo correcto al sobreseer en el juicio de amparo, toda vez que lo actuado en el juicio natural respecto del que el recurrente afirma ser tercero extraño, jurídicamente tiene que pararle perjuicio, porque sólo la posesión jurídica es protegible, mas no la simple tenencia; por lo que si se está en este último caso, ello no implica la existencia de un interés jurídico, sino de un interés simple, que no autoriza al quejoso para reclamar en la vía constitucional." Por tanto, se reitera, para que un gobernado pueda resultar beneficiado con la protección federal cuando es tercero extraño a un procedimiento donde se ordenó la desposesión de un inmueble, es necesario que acredite un derecho subjetivo derivado de la ley o un acto jurídico que reúna los requisitos legales para tal efecto, es decir, que por sus características sea oponible a terceros, ya que sólo así, se estimaría lesionada su esfera jurídica de derechos y obligaciones que conforman su patrimonio; lo que en la especie no ocurre, pues como se precisó, la documental ofrecida por la parte quejosa es insuficiente para demostrar la posesión que defiende. Asimismo, la copia simple de la solicitud de servicio de energía eléctrica de diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y cinco es insuficiente para acreditar la afectación al interés jurídico de los quejosos, dado que dichas documentales no gozan de valor probatorio, al tratarse de simples reproducciones, en términos de la Jurisprudencia 1/89, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 379, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo: III, Primera Parte, Enero a Junio de 1989, cuyo rubro y texto dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer." Además, aunque la narración de antecedentes del acto reclamado y fundamento de los conceptos de violación se haga bajo protesta de decir verdad, dichas manifestaciones no llegan al extremo de acreditar el interés jurídico de la promovente, ya que esto, necesariamente, debe ser acreditado en forma indefectible y no con base en meras afirmaciones, que en todo caso vienen a constituir presunciones. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés." Tampoco es obstáculo para lo considerado, que se haya probado la existencia del juicio del que se ostenta tercera extraña con las constancias remitidas por la autoridad responsable ordenadora en su informe justificado, pues ello no releva a la parte quejosa de la obligación de acreditar su interés jurídico. Sustenta lo considerado, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto es: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estime violatorio de sus garantías individuales, y lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así tenemos que para acudir al juicio de amparo, es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política. Ahora bien, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de garantías, sino que es necesario que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Lo anterior es así ya que, entre otros requisitos de procedencia del juicio de garantías, el artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentada por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto autoritario exista, sino que es necesario, para efectos de procedencia del juicio de amparo, que transgreda un derecho subjetivo que le otorgue nuestra Carta Fundamental al quejoso." Consecuentemente, al no acreditarse el interés jurídico, se actualiza la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia y con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio de amparo. El sobreseimiento decretado, se hace extensivo a los actos de ejecución que se reclaman, dado que no se combaten por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS." Tampoco pasa inadvertido que en el presente asunto se invocara la improcedencia de la acción de amparo por la tercera interesada, sin embargo, no existe necesidad de emprender un análisis diverso respecto de las alegaciones de las partes, cuando ya existe probada causa suficiente para decretar el sobreseimiento, en los términos que en este fallo se hace. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 54/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 a 79 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se SOBRESEE el juicio promovido por ... y ..., contra actos del Juez Vigésimo Noveno Civil de la Ciudad de México, Juez y Ejecutor adscritos al Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, por los motivos precisados en esta sentencia. Notifíquese. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ...z, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, el día en que tiene verificativo la audiencia constitucional. Doy fe.
- Principal
Agréguese el ocurso de *** apoderado de ..., personalidad que se le reconoce en términos del ordinal 11 de la Ley de Amparo, pues así la tiene reconocida ante la autoridad responsable; en atención a su contenido, se le tiene apersonándose al presente juicio, por señalado el domicilio y autorizadas a las personas que refiere, para los efectos precisados. Los profesionistas que señala conforme a lo dispuesto por el artículo 12 de la ley de la materia, sólo gozarán de las facultades amplias que prevé dicho numeral, si tienen registradas sus cédulas profesionales en el sistema correspondiente; ya que de no ser así, únicamente se tendrán por autorizados para oír y recibir notificaciones. Se tiene por invocada la improcedencia del juicio y hechas sus manifestaciones en vía de alegatos, con las que se ordena hacer relación en la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Visto el estado procesal de autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por el motivo asentado en la certificación de cuenta; en consecuencia, se difiere y se fijan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Considerando que esta determinación no contiene requerimiento con apercibimiento o petición para las autoridades responsables, ni actualiza algún supuesto del artículo 26 de la Ley de Amparo, no es necesario enviarles oficio, y con fundamento en la fracción III del citado numeral, se ordena notificarles por lista este auto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, Décima Época, Materias(s): Común, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." NOTIFÍQUESE.
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