Blanca Estela Aubry García
Expediente 1134/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1134/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 30/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Blanca Estela Aubry García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
México, Ciudad de México, a treinta de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, proveniente del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual acusa recibo del recurso de queja interpuesto en contra del auto que desechó la demanda de amparo, del que deriva el presente cuaderno e informa que admitió dicho medio de impugnación, el que registró con número Q.C. ****. Notifíquese por lista a la parte quejosa.
- Principal
México, Ciudad de México, a diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta presentado por *****, quien se ostenta como apoderado de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de seis de noviembre de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), 100 y 101 de la Ley de Amparo; y con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, de inmediato vincúlese al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno, el expediente electrónico en que se actúa para la substanciación del recurso de referencia. Asimismo, remítase por separado y de forma física, el informe justificado, e infórmese al Tribunal Colegiado que conozca del citado recurso, que es cierto el acto que se reclama, sin embargo el mismo fue dictado conforme a las disposiciones legales de la Ley de Amparo; y que el expediente electrónico en que se actúa, se encuentra vinculado para la substanciación del recurso en que se actúa. Notifíquese por oficio al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en Turno y por lista a la parte quejosa.
- Principal
México, Ciudad de México, a seis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese para que obre como corresponda el oficio de mérito, obtenido del módulo de promociones electrónicas del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), mediante el cual el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, devuelve diligenciado el exhorto con número de origen 353/2023- IV, y con número de orden 354/2023, del índice de este Juzgado, que le fue remitido a fin de notificar a los quejosos **** y ****. En esas condiciones, dese de baja en el libro de exhortos de este juzgado, resulta innecesario acusar recibo de dicho exhorto, ya que, al haber sido remitido vía interconexión, el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, genera automáticamente el acuse de recepción ante el órgano jurisdiccional oficiante. Por otra parte, tomando en consideración que la notificación ordenada, se practicó por medio de lista el doce de octubre del año en curso, debido a que los quejosos no acudieron dentro del término concedido al local del juzgado exhortado, con motivo del citatorio gestionado por el actuario adscrito al juzgado exhortado; en tales condiciones, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto admisorio, y con fundamento en la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo, hágansele las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal por medio de lista que se fije en este Juzgado Federal, hasta en tanto señalen domicilio para oír y recibir notificaciones, lo anterior para los efectos legales conducentes. DESAHOGO Por otra parte, visto el escrito presentado por la quejosa **** y ****, por medio del cual desahogan la prevención formulada en autos; por tal motivo, se procede a proveer respecto de la demanda de amparo en los siguientes términos: ACTOS RECLAMADOS De la lectura del escrito de demanda, se advierte que el promovente acude a la presente instancia constitucional, en su carácter tercera extraña por equiparación, reclamando la falta de notificación a la etapa de ejecución del juicio especial hipotecario, expediente 1061/2016, seguido por ****, en contra de **** y ****, del índice del Juzgado Quincuagésimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México, en el que se le requirió a la parte demandada la entrega del inmueble ubicado en ****, Ciudad de México. ANTECEDENTES DE LOS ACTOS RECLAMADOS. HECHO NOTORIO Ahora bien, de la demanda de amparo, se desprenden los siguientes antecedentes, relacionados con el diverso juicio de amparo 1081/2019-I, del índice de este juzgado, que se invoca como hecho notorio, resultando aplicable por identidad de razón la jurisprudencia número XXII.J/12, registro 199531, sustentada por el entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, consultable en la página 295, del Tomo V, enero 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN." 1. Los actos reclamados derivan del juicio especial hipotecario expediente 1061/2016, seguido por ****, en contra de **** y ****, del índice del Juzgado Quincuagésimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México. 2. El veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, se dictó sentencia en el juicio especial hipotecario de origen, en el que se condenó a la parte demandada al pago de diversas prestaciones. En auto de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, causó ejecutoria la sentencia mencionada. 3. Mediante escrito presentado el cuatro de julio de dos mil diecinueve, la parte actora exhibió certificado de gravámenes y solicitó proceder al remate. En auto de diez de julio de dos mil diecinueve, no se acordó de conformidad lo solicitado por la parte actora, porque no existía identidad del inmueble materia del remate con el certificado exhibido. 4. Inconforme con lo anterior, la parte actora interpuso recurso de apelación, el que resolvió la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el dos de octubre de dos mil diecinueve, en el Toca 705/2019/1, y revocó el auto impugnado. 5. Mediante ocurso presentado el cinco de agosto de dos mil diecinueve, la parte quejosa, en atención al acuerdo de diez de julio de dos mil diecinueve, manifestó que el inmueble materia del juicio era el mismo que se describía en los documentos que obraban en autos, por lo que solicitó se preparara la diligencia respectiva. En auto de seis de agosto de dos mil diecinueve, no se acordó de conformidad lo solicitado, y se indicó que debía estarse al contenido del acuerdo de diez de julio de dos mil diecinueve. 6. Inconforme con lo anterior, la parte actora interpuso recurso de apelación, el que se resolvió en la resolución dictada el dos de octubre de dos mil diecinueve, en el Toca 705/2019/2, en la que se confirmó el auto impugnado. 7. Frente a dicha determinación ****, promovió demanda de amparo, la que correspondió conocer a este juzgado con el número de expediente 1081/2019-I, en el que se tuvo como terceros interesados a **** y ****. 8. En dicho juicio constitucional, se emplazó a ****, por medio de citatorio de siete de noviembre de dos mil diecinueve, el que se dejó en poder de ****. Por su parte, el siete de noviembre de dos mil diecinueve, se emplazó de manera personal en el recinto de este órgano jurisdiccional a ****. 9. Mediante escrito presentado el catorce de noviembre de dos mil diecinueve, **** y ****, se apersonaron a la instancia constitucional, expediente 1081/2019-I, en el que señalaron domicilio y autorizados. Como datos relevantes al hecho notorio, se hace del conocimiento que en el escrito en el que se apersonaron **** y ****, como terceros interesados al juicio 1081/2019-I, autorizaron en su momento a diversas personas, entre las que también autorizaron en la demanda de amparo que se acuerda. 10. El veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve comparece ****, autorizada de **** y ****, en el juicio de amparo 1081/2019-I, compareció para recibir escrito de la demanda de amparo y auto admisorio. 11. El dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, se dio vista a **** y ****, con el informe justificado que obraba en el juicio de amparo 1081/2019-I. 12. El veintidós de mayo de dos mil veinte, se dictó sentencia en el juicio de amparo 1081/2019, en la que sobreseyó en dicha instancia constitucional. Así, en auto de veintiuno de agosto de dos mil veinte, se ordenó notificar por medio de lista a **** y ****, dicha resolución. 13. Por escrito recibido el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, **** y ****, en el juicio de amparo 1081/2019-I, revocaron a las personas que habían autorizado y señalaron nuevos autorizados, entre los que también se encuentran algunos que señalaron en la demanda de amparo que se acuerda. De las actuaciones realizadas en el diverso juicio de amparo 1081/2019-I, se ordena obtener copia certificada para que obren en el presente asunto. FUNDAMENTO DEL DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE SE ACTUALIZA De la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado es extemporáneo y por tanto, en la especie SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con relación a los numerales 17 y 18 del ordenamiento jurídico invocado, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.) Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Así, el plazo para promover el juicio de garantías se computará desde el día siguiente al en que: a) Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; b) Haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo reclamado o de su ejecución; o, c) Se hubiese ostentado sabedor de la resolución o acuerdo reclamado o de su ejecución. Ahora bien, en primer término es necesario establecer que todo gobernado cuenta con un término de quince días hábiles para la presentación de su demanda de amparo, y si durante el mismo no lo hace aquél resulta improcedente, al considerarse el acto tácitamente consentido, lo anterior es así ya que dicho término fue establecido por el legislador para otorgar seguridad jurídica con relación a los actos de autoridad, de lo contrario podría pensarse válidamente que la presentación del libelo constitucional puede hacerse en cualquier momento con lo cual se generaría incertidumbre a la autoridad responsable así como a quienes se hubiesen visto beneficiados con la actuación de referencia. De igual forma, puede advertirse que se entienden por días hábiles para la presentación de la demanda todos aquellos en que se encuentren en funciones los Tribunales de la Federación, excluyendo únicamente los que en forma expresa contiene el citado artículo 19 de la Ley de Amparo, sin establecer mayores excepciones que las ya mencionadas, esto es, tratándose de la entrada en vigor de una ley, actos que importen peligro a la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, extradición o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional; en ese mismo sentido, se establece como caso de excepción aquellos supuestos en que se combate una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin a juicio, siempre que el agraviado no hubiese sido citado legalmente y resida fuera del lugar del juicio pero dentro de la república, o bien, fuera de esta. Así, de una sana interpretación armónica y sistemática de los preceptos legales antes citados, se establece la hipótesis jurídica de que es improcedente el juicio de amparo, cuando éste se promueva contra actos consentidos tácitamente, debiéndose entender por aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo indirecto en los términos previstos en los preceptos 17 y 19 de la Ley de la materia. Luego, el término que debe prevalecer en la especie es el contemplado en el referido artículo 17, es decir el de quince días, partiéndose de la premisa de que la promovente es parte en el juicio. Ahora bien, como se expuso, al realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte la existencia del diverso juicio de amparo 1081/2019-I del índice de este juzgado, promovido por ****, en el que se señaló como terceros interesados a **** y ****, quienes fueron emplazados y se apersonaron a dicha instancia constitucional. Por tanto, de los antecedentes, resulta que la parte quejosa, al menos desde el día siguiente hábil al en que surtió efectos la notificación del auto de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, esto es VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, tuvo conocimiento del procedimiento de origen, en el que reclama el emplazamiento al juicio especial hipotecario, así como todas las actuaciones que obran en tal asunto. Se cita en apoyo, por identidad de razón jurídica la tesis P./J. 27/96, número de registro 200094, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, junio de 1996, página 57, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." Así las cosas, si el quejoso tuvo conocimiento de la existencia de los actos del juicio de origen desde los diversos juicios de amparo 1081/2019-I; entonces, es indiscutible que la presentación de la demanda de amparo se realizó fuera del término a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues dicho término transcurrió en exceso, ya que se debe computar a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento de los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 14, visible en la página once del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE.- Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." De igual manera, es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia visible en la página 105 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, cuyo texto es el siguiente: "ACTOS "CONSENTIDOS.- Se entiende que un acto que puede vulnerar las garantías individuales, ha sido consentido, cuando no se interpone dentro del término de quince días, el amparo contra la resolución respectiva, exceptuándose sólo de esa regla los actos clasificados en los incisos a), b) y c) de la fracción V del artículo 43 de la Ley Reglamentaria del Amparo (hoy artículo 22)." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis: (IV Región) 2o.7 K (10a.), de la Décima Época, con número de registro 2007883, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo IV, Materia Constitucional, consultable en la página 2926, la cual establece: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO GENÉRICO DE 15 DÍAS PARA SU PRESENTACIÓN RESPETA EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, al establecer que la demanda deberá presentarse dentro de los 15 días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, conforme a la ley del acto, o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, respetan el derecho humano a la tutela judicial efectiva, en la medida en que el plazo referido es razonablemente extenso para permitir a los gobernados preparar una adecuada impugnación de los actos de autoridad que consideren lesivos de su esfera jurídica; situación que resulta congruente con los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente. En efecto, la fijación de dicho plazo no significa un obstáculo para el acceso a la jurisdicción constitucional, pues su extensión permite que desde la notificación del acto reclamado hasta la resolución del juicio de amparo en que se controvierta, sea pronta; además de que tal temporalidad es apta para que los particulares afectados estén en aptitud material de preparar su defensa, porque al referirse a días hábiles (numeral 19 de la citada ley) se traduce, aproximadamente, a tres semanas naturales, lapso en el cual el quejoso puede allegarse de las constancias necesarias para sustentar su pretensión, o bien, solicitar las que no estén a su disposición, así como efectuar las reflexiones sobre qué otros medios probatorios puede ofrecer y los estudios jurídicos necesarios para argumentar en favor de la inconstitucionalidad, inconvencionalidad o ilegalidad del acto de autoridad. Consiguientemente, la previsión en la Ley de Amparo de un plazo genérico de quince días para ejercer la acción constitucional, es congruente con el referido derecho a la tutela judicial efectiva y, por ende, con los principios de justicia pronta y expedita. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y por el 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por **** y ****. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Además, cabe precisar que la anterior determinación no implica transgresión a los derechos humanos del promovente o denegación de justicia, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional no tiene la obligación de resolver de manera favorable a los intereses de la solicitante de amparo, por lo que al haberse actualizado una causal de improcedencia prevista en la ley de amparo y por tal motivo desecharse de la demanda de amparo, es una forma de impartir justicia por este órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921 de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Notifíquese por lista a la parte quejosa.
- Principal
México, Ciudad de México, a trece de octubre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuenta presentados por la Juez Interino Quincuagésimo Octavo de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual desahoga el requerimiento que le fue formulado en veintiséis de septiembre del año en curso. En tales condiciones se tiene a la autoridad desahogando el requerimiento señalado en auto, por lo que se deja sin efectos el apercibimiento señalado en su contra. Notifíquese por lista a la parte quejosa.
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