Blanca Estela Alarcón Vélez y Otros.
Expediente 697/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 14 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 697/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 05/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Blanca Estela Alarcón Vélez
- Blanca Estela Alarcón Vélez y Otros.
- Isabel Altamirano Ruiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta, signado por ********************, autorizado en términos amplios de la parte quejosa; atento a su contenido, se le tiene desahogada la vista dada en proveído de quince de junio del año en curso, asimismo, hecha sus manifestaciones que vierte en relación al cumplimiento manifestado por la autoridad responsable, el cual será tomado en consideración al momento de que este órgano jurisdiccional se pronuncie respecto si se encuentra o no cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese por lista.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, quince de junio de dos mil veintitrés. Vistos los oficios recibidos vía correo electrónico y vía ordinaria, signados por el Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de la materia, dese vista a la parte quejosa, corriéndole traslado con copias autorizadas de los oficios de cuenta, para que en el término de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo así, este Juzgado, se pronunciará respecto si se encuentra o no cumplida dicha ejecutoria. Por otra parte, solicita que por conducto de este órgano jurisdiccional se requiera a los quejosos ******************** e ********************, a efecto de cumplir con la ejecutoria de amparo; dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad su petición. Sin embargo, a fin de no retardar el proceso y en atención a lo anterior, se considera procedente requerir por única ocasión a los directos quejosos para que dentro del término de tres días contados a partir de que tengan conocimiento del presente proveído, comparezcan ante la responsable obligada a cumplir el amparo; asimismo se apercibe a los quejosos ******************** e ********************, que en caso de no comparecer en el término establecido este juzgado acordará lo que en derecho corresponda.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presente autos, de los cuales se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que CONCEDIÓ EL AMPARO y protección de la justicia federal a la parte quejosa, ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, se sirva informar a este Juzgado de Distrito sobre las medidas que está tomando para dar cumplimiento a la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, respecto de los efectos siguientes: "Atendiendo la necesidad del sustitutivo de la función renal por medio de sesiones de hemodiálisis que tienen prescritas médicamente los impetrantes, deberá realizar a cabalidad las gestiones pertinentes para que sean atendidos en las clínicas subrogadas, a la brevedad, y les sea proporcionado el aludido servicio médico; para ello, deberán tomar en consideración lo siguiente: a) El lugar de residencia de la parte quejosa, en el caso, que la clínica subrogada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sea la más cercana a su domicilio; b) Se adopten las medidas sanitarias, a efecto de que, el servicio médico que les sea proporcionado a los quejosos atinente a la insuficiencia renal crónica, se realice en un lugar exento de riesgos a la salud, entre otros, los efectos de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19. Cabe precisar, que para efecto de dar cumplimiento a lo anterior, será obligación de la parte quejosa acudir a la clínica subrogada a la que sean referenciados por la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en la fecha y hora en las que se generen las citas para que les sea proporcionado el servicio médico de hemodiálisis." Para lo cual, deberá informar los actos que haya realizado para ese efecto y remita las constancias que así lo acrediten, apercibida que, de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización en su valor vigente para el año actual, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; además, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda para los efectos a que alude el artículo 193 de la Ley de la materia. Es de precisarse, que el término otorgado a la responsable para el cumplimiento al fallo protector, es el que este órgano jurisdiccional estima prudente para lograr tal fin, mismo que se concede atendiendo a la naturaleza de la violación transgredida, lo anterior, con fundamento en el numeral 192, párrafo cuarto del ordenamiento legal invocado. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior o bien informe gestiones ineficaces o evasivas de conformidad con el artículo 193 de la ley de Amparo, así como con el punto segundo del Acuerdo General Numero 12/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativo a las atribuciones de los Tribunales Colegiados de Circuito al ejercer la competencia delegada para conocer de los incidentes de Inejecución de Sentencia no se realizará un requerimiento subsecuente; puesto que al no dar cumplimiento al fallo protector en el plazo razonable estipulado, lo procedente es remitir el expediente al órgano colegiado correspondiente, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional. Finalmente, visto el escrito signado por Jorge Alberto González Vélez, quien se ostenta como representante legal de la Clínica de Hemodiálisis Chilpancingo subrogadora de servicio de hemodiálisis al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), mediante el cual solicita la intervención de este Juzgado para que el citado Instituto libere los pagos correspondientes a los servicios prestados y devengados, por la suspensión de plano decretada en el presente asunto. Atento a su contenido, dígase al promovente que conforme los efectos del fallo protector es improcedente, requerir al multicitado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en los términos en que lo solicita, por lo que tiene expedito sus derechos para hacerlos valer en la vía y forma que corresponda.
- Principal
R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el cinco de julio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad y turnado al día siguiente a este Juzgado Séptimo de Distrito, ********************y********************, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que a continuación se especifican: AUTORIDAD RESPONSABLE: 1. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 2. Delegación Estatal Guerrero, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 3. Subdelegación de Administración del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 4. Subdelegada de Administración de la Delegación de Administración del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 5. Subdelegado Médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. ACTO RECLAMADO: "1.- El cambio de la clínica de hemodiálisis en la que nos otorgan el servicio como derechohabientes del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, a una diversa que no reúne los requisitos para realizar dicho padecimiento. 2.- La tarjeta informativa de fecha 2 de junio de 2022, la cual al ostentarse autoridad competente y viola mis derechos humanos, ya que no se encuentra adecuadamente fundada y motivada, de conformidad con los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3.- Incumplimiento de determinaciones de la reunión del 14 de abril de 2022. 4.- La orden de conclusión de prestación de servicios de fecha 31 de mayo de 2022, la cual no se encuentra adecuadamente fundada y motivada, de conformidad con los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actos que no fueron notificados". Acto que el impetrante de amparo estimó que se violan las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los Artículos 1, 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se expusieron los antecedentes y los conceptos de violación que se consideraron pertinentes. SEGUNDO. Admisión y Trámite. El diecinueve de julio de dos mil veintidós, se admitió a trámite el presente asunto; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención que legalmente le compete, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo, quien no formuló alegatos; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y se concluye con el dictado de esta sentencia, bajo los siguientes. En el mismo proveído de diecinueve de julio de dos mil veintidós se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa, para el siguiente efecto: ".Para que se les restituyan a los quejosos ********************y********************, el servicio médico, es decir, para que sean atendidos en la clínica de hemodiálisis en la que se les había otorgado el servicio como derechohabiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con la infraestructura adecuada para ello." (Sic). C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual fue reformado y adicionado por el diverso 51/2015, publicado en el medio de difusión citado, el veintisiete de noviembre de dos mil quince, toda vez que los actos reclamados tienen ejecución en la jurisdicción que tiene este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia3, en principio deben precisarse los actos reclamados en el presente juicio. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J.40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como de las constancias integran el presente asunto, se advierte que la parte impetrante se duele que los servicios médicos -hemodiálisis- atinentes para sus padecimientos renales se hayan concluido en la Clínica de la Institución médica en la que son derechohabientes -ISSSTE-; asimismo, que actualmente no se encuentran recibiendo dicho tratamiento, pues como se advierte de los informes rendidos por la autoridad responsable que se encuentran realizando las gestiones pertinentes para referenciar a los quejosos as las clínicas subrogadas. En ese tenor, se tiene que el acto reclamado consiste en: La continuación de la atención médica (hemodiálisis) para la enfermedad renal crónica que padecen. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Por razón de método debe en principio analizarse si en realidad los actos reclamados existen, es decir, resolver respecto de su certeza; lo anterior, porque de no ser así, resultaría ocioso, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia o, en su caso del propio análisis de fondo del acto reclamado; en otras palabras, el examen de alguna causa de improcedencia del amparo o de la materia de fondo sometida a la consideración implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ello, el juicio de amparo sea procedente. Es aplicable al caso la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". Previo a determinas la existencia o no del acto reclamado, se especifica que en auto de ocho de agosto de dos mil veintidós se tuvo recibido oficio sin número en el que se tuvo a Beatriz Elvia Cisneros Cortes, en su carácter de Subdelegada de Administración de la Delegación Guerrero y en representación de las autoridades responsables señaladas en el resultando primero del presente fallo. En ese tenor, en lo subsecuente se hará hincapié de manera singular a la autoridad responsable. Ahora, al rendir su informe justificado la autoridad responsable manifestó que no es cierto el acto que se le atribuye; pues adujo que jamás se les ha restringido el servicio médico. Por otra parte, indica que es cierto el acto de autoridad puesto que el treinta y uno de marzo de este año se concluyó del servicio médico de hemodiálisis en la Clínica Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con sede en esta ciudad; asimismo se les hizo del conocimiento que dicho servicio no se vería interrumpido, toda vez que la Subdelegación de Administración llevó a cabo el proceso de contratación de los servicios para que se continuara de manera subrogada el servicio de hemodiálisis en las siguientes unidades: 1. Centro de Especialidades Renales de Chilpancingo; y, 2. Cuidados Paliativos y Ginecología Oncológica Sociedad Anónima de Capital Variable. Por lo que exhibió los contratos celebrados el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós con dichas unidades médicas con la finalidad de subrogar el servicio médico que se le proporcionará a los derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En ese tenor, reiterando que en el juicio que nos ocupa se concedió la suspensión de plano para el efecto de que se les restituyan a los quejosos el servicio médico, es decir, para que fueran atendidos en la clínica de hemodiálisis en la que se les había otorgado el servicio como derechohabiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con la infraestructura adecuada para ello, se aprecia que del informe correspondiente la autoridad responsable informó que mediante misiva UJ/5625/2022 de veintinueve de agosto de este año requirió al "Dr. Mustafá Cortes Rafael, Subdirector de la Clínica Hospital Chilpancingo" y a "Jairan Jackeline Bailon Méndez Subdirectora de Administración de la Clínica Hospital Chilpancingo", para que realizaran los trámites necesarios para que los quejosos ********************y******************** fueran referenciados a las clínicas subrogadas con especialización en hemodiálisis. Sin que exista mayor información tendente a demostrar si ya fueron atendidos o no los impetrantes en las clínicas subrogadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Por tanto, se tiene cierto el acto reclamado. Certeza que se corrobora con la documental allegada por la autoridad responsable adjunta al informe justificado, documental pública que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, tal como lo estipula el numeral 2 de la Ley de Amparo, por tratarse de actuaciones judiciales emitidas por autoridades en el ejercicio de su cargo. En ese sentido, se cita la jurisprudencia número 226, emitida por el Pleno del más Alto Tribunal de Justicia en el país, que aparece, bajo el rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Sin que en el particular resultara indispensable que los quejosos demostraran en forma específica que asistieron a clínicas, donde afirman que no se le proporcionó la atención médica necesaria, pues lo que importa en realidad es que se logre la atención de los problemas de salud que presentan actualmente, lo que es necesario, para que se cumplan con el contenido del artículo 1 y 4 de la Constitución en la vertiente de garantizar el derecho humano a la salud, de modo que si en este juicio, la autoridad responsable no demostró que los quejosos gozan del derecho para que les presten el servicio médico gratuito a través de diversa autoridad. Por tanto, es evidente que debe de considerarse adecuado que en el presente juicio de amparo se le garantice ese derecho y se considere que, la falta de atención médica a los quejosos antes de la promoción del amparo así como su gratuidad, justifica la existencia del acto reclamado. Esto, porque en el artículo 4, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece el derecho humano a la salud, y la Ley General de Salud impone de manera solidaria entre la Federación y la entidad federativa correspondiente, en el caso, el Estado de Guerrero, el cumplimiento de ese derecho, con los recursos necesarios para ello. Es por lo anterior, que se deben tener por ciertos los actos que a dicha autoridad se reclaman en esta instancia. CUARTO. Estudio de las causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 940, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "IMPROCEDENCIA. Siendo el Juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causa que la funde." En ese sentido, es de descartarse que las partes no hacen valer causas de improcedencia, sin que de oficio se advierta la actualización de alguna de esta naturaleza. QUINTO. Conceptos de violación. En ese tenor, se procede al examen de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa los que se tienen aquí reproducidos para todo efecto legal, sin que sea necesaria su transcripción, debido a que no existe en la Ley de Amparo precepto legal alguno que así lo exija. Sustentado lo anterior, en la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". En los conceptos de violación se aduce medularmente que la autoridad responsable viola el derecho fundamental a la salud de la parte quejosa establecido en los artículos 1° y 4 Constitucionales, al no proporcionarle la atención médica o servicio médico (hemodiálisis) requerido de acuerdo a su padecimiento, poniendo en riesgo su salud e incluso su vida. Es fundado el argumento anterior y suficiente para conceder la protección constitucional solicitada. En efecto, el derecho a la protección a la salud, establecido en el párrafo cuarto del artículo 4° de la Constitución Federal, prevé: "Artículo 4º. . Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.". Disposición constitucional cuyos artículos transitorios disponen: "Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.11 Segundo. El Congreso de la Unión deberá armonizar el marco jurídico en la materia para adecuarlo al contenido del presente Decreto en un plazo que no excederá de 365 días a partir de la entrada en vigor del mismo, debiendo incluir disposiciones que determinen los alcances y permitan dar cumplimiento gradual conforme a lo que se apruebe en los presupuestos de egresos correspondientes, así como la concurrencia de los tres órdenes de gobierno para garantizar los derechos derivados del presente Decreto. Tercero. El monto de los recursos asignados, en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en el presupuesto de las entidades federativas del ejercicio fiscal que corresponda, para los programas de atención médica y medicamentos gratuitos, de apoyo económico para personas que tengan discapacidad permanente, de pensiones para personas adultas mayores, y de becas para estudiantes que se encuentren en condición de pobreza, no podrá ser disminuido, en términos reales, respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior." Disposiciones que le son aplicables, en favor de la parte quejosa porque la demanda de amparo se presentó el cinco de julio de dos mil veintidós, es decir, ya en la vigencia de las normas constitucionales invocadas sustantivas, de las que se advierte: Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud; La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Así, la Ley General de Salud, reglamenta, el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona, en los términos del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, protección al derecho a la salud, que entre otras finalidades tiene, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población. Para ello, los Estados deberán aportar los recursos necesarios para tal efecto, así como la información que les sea requerida. ANÁLISIS NORMATIVO DE LA INSTITUCIÓN MÉDICA Por otra parte, se trae a consideración los numerales 7, 10 fracción II, 12 y 13 del Reglamento de Servicios Médicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, los cuales prevén: "ARTÍCULO 7.- Los servicios de salud serán proporcionados en las unidades médicas del Instituto, o en aquéllas a las que el Instituto les subrogue servicios médicos en los términos de la Ley y de este Reglamento. [.]..". "ARTÍCULO 10.- El Instituto podrá ordenar la suspensión temporal o definitiva de los servicios de alguna de sus unidades médicas cuando: [.].. II. Sea necesario ejecutar obras de reparación, ampliación, remodelación o reacondicionamiento del inmueble, durante las cuales sea imposible la prestación del servicio en condiciones normales para los derechohabientes o se ponga en riesgo su seguridad. En tanto estén suspendidos los servicios institucionales en la unidad médica de adscripción del derechohabiente, éste deberá acudir a la unidad que le señale el Instituto para recibir los seguros, servicios y prestaciones a que tenga derecho". (Énfasis añadido). "ARTÍCULO 12.- Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por servicios subrogados aquellos servicios médicos relativos a los seguros de riesgo de trabajo, de enfermedades, de maternidad y los servicios de medicina preventiva que proporciona el Instituto por medio de convenios celebrados con quienes tuviesen establecidos dichos servicios para complementar la prestación de la atención médica requerida por los derechohabientes". "ARTÍCULO 13.- En los casos en que el Instituto no cuente con la posibilidad de prestar los servicios de salud o aun contando con éstos, la demanda supere la capacidad instalada, se podrán celebrar contratos o convenios para subrogar los mismos, conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a las disposiciones que sobre la materia expida el Instituto. En ese tenor, no pasa inadvertido, que uno de los objetivos principales del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, es garantizar una adecuada y oportuna atención médica a sus derechohabientes. Bajo este enfoque, el instituto ha fomentado desde su creación, programas tendientes a aumentar su cobertura y a incrementar la calidad y gama de servicios que contribuyan a elevar el nivel de salud y calidad de vida de los trabajadores afiliados y sus familias. La falta de infraestructura propia y, con frecuencia, una demanda mayor a la capacidad instalada, ha originado la necesidad de realizar convenios con especialistas, organismos gubernamentales y particulares, a fin de contar los servicios médicos integrales que se requieren en cada uno de los diferentes niveles de atención médica, incluyendo el de tercer nivel, para la adecuada atención médica y preservación de salud de los asegurados. En ese tenor, se aprecia que la finalidad de las unidades médicas es garantizar la efectiva atención médica a sus derechohabientes. De lo anterior, se tiene que en el caso concreto la autoridad responsable se encuentra cumpliendo parcialmente dichos objetivos; pues, únicamente ha celebrado contrato con diversas clínicas particulares para la continuación de los tratamientos de hemodiálisis, sin embargo, no ha referenciado a los aquí impetrantes para que de manera cabal reciban dicho suministro. Así, para comprender con mayor precisión los alcances del derecho a la salud, el suscrito juez conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, considera oportuno tomar en cuenta, por las razones que las componen lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria del juicio de amparo en revisión 237/2008, en el que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 4o. constitucional, estableció que la protección de la salud es un objetivo que el Estado puede perseguir legítimamente, toda vez que se trata de un derecho fundamental, en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Señaló que, no hay que perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como una pública o social. Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, precisó que el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras. Criterio que integró la secuencia de ejecutorias que dieron origen a la jurisprudencia: "DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL. La protección de la salud es un objetivo que el Estado puede perseguir legítimamente, toda vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4o. constitucional, en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Al respecto, no hay que perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como una pública o social. Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físicopsicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras." Criterios que cobran vigencia, pese a que surgieran con anterioridad a la última reforma del artículo 4°, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque, la norma constitucional, vigente en la época de las ejecutorias, así como al dictado de esta sentencia, prevén el derecho de toda persona a la protección de la salud. De tal manera, la protección de la salud, en lo individual, es el derecho que se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica; de ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. Por tanto, ese derecho subjetivo implica un cúmulo de facultades de los órganos estatales cuyo ejercicio permite, entre otras cosas, garantizar las condiciones necesarias para que la salud de los gobernados esté protegida a través de la emisión y aplicación de reglas de carácter general. En ese sentido, el contenido de la norma constitucional y la interpretación que de ésta ha realizado esta Suprema Corte, son compatibles con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, tal y como se observa: Declaración Universal de Derechos Humanos "Artículo 25, párrafo 1o.- Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios." Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Artículo 12.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad". Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador" 1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. 2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados Partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: a. La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad. b. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos y familiares de la comunidad; [.] f. La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables." El citado marco normativo, permite identificar el derecho fundamental de la parte quejosa, respecto a la protección a su salud, ello es así, porque, en esta instancia se reclama en esencia, la restitución de la atención médica a la parte quejosa, para atender la insuficiencia renal crónica diagnosticada que padecen y cercana a su domicilio en esta localidad de Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero. Ahora, de los certificados médicos allegados por la autoridad responsable se evidencia que los impetrantes tienen como diagnóstico enfermedad renal crónica y con tratamiento sustitutivo de la función renal con hemodiálisis. Medios de convicción cuyo valor queda a la libre apreciación del suscrito juez, y de los que se aprecia que la falta de atención médica que se reclama a las autoridades responsables consistente en practicar a la parte quejosa las sesiones de hemodiálisis que necesita para la enfermedad renal crónica que padecen, prevalece. En tales condiciones, tal y como se adelantó, el hecho de que las autoridades responsables en su informe de suspensión de plano, afirmen haber requerido que se realizaran gestiones administrativas, para que los quejosos fueran referenciados a las clínicas subrogadas y se les proporcionara el tratamiento indicado por los médicos; sin embargo, ello no satisface, ni garantiza la protección a su derecho a la salud. Por lo que, es insuficiente para colmar el derecho a la protección de la salud de la quejosa, que dependa al cumplimiento de la medida adoptada por la autoridad, dado que la restitución de ese derecho, acontecerá, cuando se verifique una orden concreta de la autoridad, con la que se acredite que ya se encuentra recibiendo la adecuada atención médica para su padecimiento renal de manera continua y permanente, consolidando con ello formalmente, el tratamiento y servicios que requiere para tratar la insuficiencia renal, que inicialmente reclamaron al promover esta acción de amparo. Además, es importante señalar que, en el presente asunto, el acto reclamado, surge en el ámbito jurisdiccional a la luz del COVID-19, respecto de lo cual, diversas instituciones de índole internacional, se han pronunciado a efecto de que los Estados al adoptar medidas específicas para contrarrestar los efectos de la pandemia, prevengan y tomen atención a casos de violencia contra las mujeres y menores de edad así como de personas vulnerables. Tal es caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien emitió su declaración 1/20 y, respecto de aquellos grupos que son afectados de forma desproporcionada porque se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad en la pandemia e indicó: "Dada la naturaleza de la pandemia, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales deben ser garantizados sin discriminación a toda persona bajo la jurisdicción del Estado y, en especial, a aquellos grupos que son afectados de forma desproporcionada porque se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, como son las personas mayores, las niñas y los niños, las personas con discapacidad, las personas migrantes, los refugiados, los apátridas, las personas privadas de la libertad, las personas LGBTI, las mujeres embarazadas o en período de post parto, las comunidades indígenas, las personas afrodescendientes, las personas que viven del trabajo informal, la población de barrios o zonas de habitación precaria, las personas en situación de calle, las personas en situación de pobreza, y el personal de los servicios de salud que atienden esta emergencia." Por ello, al involucrarse en este procedimiento, a persona que pertenece a grupo vulnerable, en el caso, una persona enferma, respecto de los cuales, debe reforzarse su atención en los asuntos donde se encuentren inmersos, el suscrito juez considera tal y como opinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es obligación de las autoridades, en el ámbito de su competencia, advertirlo, a efecto de proteger sus derechos humanos que pudieran sufrir afectación; de ahí que la opción de protección al derecho a la salud que decante su decisión la autoridad responsable, deberá prever evitar colocar en riesgo la salud de los aquí quejosos ante los efectos de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19. De ahí que, es menester puntualizar que cualquier acto relacionado con la falta de los servicios de salud a la parte quejosa derivado de su padecimiento de insuficiencia renal, es de tracto sucesivo porque la violación al derecho a la salud se actualiza de momento a momento, por tratarse de hechos continuos que no se agotan sino en tanto cese la abstención reclamada. Y, en consecuencia, podría tener complicaciones graves que mermen su salud e incluso que le provoquen su muerte, por lo que sí se vería reflejada una afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior tiene sustento en que las autoridades responsables, como parte integrante del Estado Mexicano, tienen por un lado, la obligación de asegurar un nivel esencial del derecho al nivel más alto posible de salud y, por otra, realizar las acciones necesarias para lograr su pleno ejercicio hasta el máximo de los recursos de que disponga, y en el caso de que se aduzca una falta de recursos para lograrlo, se deberá demostrar esa situación, además de que realizaron todas las acciones posibles para utilizar los medios que estaban a su disposición. En el caso, como se concluyó en el considerando tercero, está acreditado que las autoridades responsables no han proporcionado la atención médica atinente a la hemodiálisis que requieren los quejosos dado la enfermedad renal que padecen, a pesar de ser derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), lo cual es violatorio del derecho humano a la salud. En efecto, de los certificados médicos remitidos por las responsables se aprecia que los impetrantes en calidad de derechohabientes presentan insuficiencia renal y requieren tres veces por semana el sustitutivo de la función renal -hemosiálisis-, además que actualmente cuentan entre los cincuenta y cuatro a los setenta y cuatro años de edad; sin embargo, el servicio que brinda la institución responsable se suspendió y se subrogó en unidades médicas particulares; por lo que en suspensión de plano se le requirió para que de inmediato les proporcionara dicho servicio médico lo cual a la data no ha acontecido, pues del informe rendido por dicha institución, indicó que se encontraba realizando las gestiones pertinentes para que fueran atendidos en las diversas unidades médicas. Ahora, la insuficiencia renal crónica (IRC) es una enfermedad que implica la pérdida gradual de la función de los riñones, ésta es progresiva y puede llegar a ser terminal cuando la capacidad renal se reduce a un diez por ciento. La IRC está asociada con factores infecciosos o fisiológicos tales como glomerulonefritis, enfermedades tubulares, infecciones renales, obstrucción de cálculos, anomalías congénitas, diabetes mellitus, hipertensión arterial, y lupus sistemático y puede ocasionar enfermedades cardiovasculares, neuropatías, descalcificación de los huesos y anemia, entre otros. De ahí que se consideren fundados los argumentos de los quejosos, pues es necesario que la autoridad responsable respete el derecho a la salud, lo que en la especie no ha acontecido, provocando con ello que no se le dé a la parte quejosa la atención respectiva y se ponga en peligro su vida ante la falta del servicio -hemodiálisis-. En tales condiciones, y considerando el padecimiento médico y tratamiento -hemodiálisis- que le fue indicado a los quejosos, se concluye que al no ser proporcionado las veces que se les recomendó la autoridad responsable vulnera el derecho previsto en el artículo 4 constitucional; pues con ello, se pone en riesgo su integridad física, lo cual podría repercutir incluso en el menoscabo de su salud y vida. Robusteciendo lo anterior, con lo previsto en el precepto constitucional 1, párrafo tercero que a la letra dice: Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. [.].. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley." En ese contexto, al ser fundado su concepto de violación, SE CONCEDE LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL SOLICITADA. SEXTO. Efectos de la concesión de amparo. Por lo que con fundamento en el precepto 77, fracción II de la Ley de Amparo, para restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho transgredido se CONCEDE EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable: Atendiendo la necesidad del sustitutivo de la función renal por medio de sesiones de hemodiálisis que tienen prescritas médicamente los impetrantes, deberá realizar a cabalidad las gestiones pertinentes para que sean atendidos en las clínicas subrogadas, a la brevedad, y les sea proporcionado el aludido servicio médico; para ello, deberán tomar en consideración lo siguiente: a) El lugar de residencia de la parte quejosa, en el caso, que la clínica subrogada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sea la más cercana a su domicilio; b) Se adopten las medidas sanitarias, a efecto de que, el servicio médico que les sea proporcionado a los quejosos atinente a la insuficiencia renal crónica, se realice en un lugar excento de riesgos a la salud, entre otros, los efectos de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19. Cabe precisar, que para efecto de dar cumplimiento a lo anterior, será obligación de la parte quejosa acudir a la clínica subrogada a la que sean referenciados por la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en la fecha y hora en las que se generen las citas para que les sea proporcionado el servicio médico de hemodiálisis. SÉPTIMO. Orden de publicación. En otro orden, atento a la inclusión del nombre y datos personales de las partes, por auto de diecinueve de julio de dos mil veintidós, se hizo del conocimiento lo establecido en los artículos 1°, 3°, 4°, 9° y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista de estrados publicada el veinte de julio siguiente, que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Por lo antes expuesto y fundado, y además con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo; se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se CONCEDE EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL promovido por ********************y********************, en términos de lo expresado en el considerando QUINTO y SEXTO del presente fallo. SEGUNDO. Se tiene hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial, en términos del considerando SÉPTIMO de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes; dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E.", y anótese en el libro de registro.
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