BLANCA EDITH ÁLVAREZ ARREOLA y Otros.

Expediente 237/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
237/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
19/10/2021

Partes del expediente

  • BLANCA EDITH ÁLVAREZ ARREOLA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad de México, a diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que se ordenó el archivo del presente asunto; empero, no se realizó su valoración conforme a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ni conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis de agosto siguiente. En tales condiciones, se ordena la inmediata regularización del procedimiento en términos del artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a efecto de que se realice la valoración documental conducente, en los términos de la citada normatividad. Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE SOBRESEYÓ en el juicio amparo; sin embargo, se concedió suspensión de plano. Ahora, si bien acorde a lo dispuesto en el artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, es susceptible de ser destruido; cabe destacar que en el capítulo 7, punto 7.4 del citado Manual, se establece que el presente expediente debe conservarse, por lo que el mismo es DEPURABLE, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 18 del Acuerdo de marras, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su depuración dentro de los noventa días siguientes. Asimismo, previo a la trasferencia correspondiente, se instruye al secretario, a efecto de que certifique que la versión electrónica del expediente coincida en su totalidad con la impresa. Notifíquese por lista a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero interesados; sobre el tema merece invocarse la jurisprudencia siguiente. "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar.". Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, ocho de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja en contra del proveído por el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, toda vez que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, se determina que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; consecuentemente, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no constan documentos originales. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Escrito de desahogo de prevención Glósese el escrito signado por la parte quejosa, por medio del cual da cumplimiento a la prevención de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, por lo que se provee: Desechamiento De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a examinar el escrito inicial de demanda así como el de desahogo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Improcedencia Como cuestión previa, es menester precisar que la parte promovente expresamente informó que tuvo conocimiento del acto reclamado el veintiocho de febrero de dos mil veintiuno. Bajo ese supuesto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. La aludida causal se origina, en la medida en que el numeral 17 de la Ley de Amparo, señala que por regla general, el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, con las excepciones que alude la fracción IV de aquel precepto, referente a que podrá ser en cualquier tiempo, si el acto reclamado implica lo siguiente: Peligro de privación de la vida. Ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. Incomunicación. Deportación o expulsión. Proscripción o destierro. Desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Área Nacionales. En ese sentido, la determinación reclamada, no se ubica en alguno de los supuestos de excepción referidos, lo que resultaba indispensable para sostener que este juicio constitucional podía ser promovido en cualquier tiempo, sin sujetarse al término genérico de quince días. En efecto, el acto reclamado que prohíbe a la parte quejosa realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima en la carpeta de investigación de origen, bajo apercibimiento, no se trata de un acto dictado fuera de procedimiento. Sobre el tema merece invocarse la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal.". Por su parte, el artículo 18 de la Ley de Amparo, establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio constitucional, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. Al en que el promovente haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución. Al en que el justiciable se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Dichas reglas son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación. De ahí que, con independencia de lo manifestado por las partes, este juzgador primero debe verificar en el expediente si existe algún medio por el que la parte quejosa hubiere tenido conocimiento del acto reclamado. En la especie, como se advierte de los antecedentes expresados en el escrito de demanda y de desahogo, los justiciables tuvieron conocimiento del acto reclamado el veintiocho de febrero de dos mil veintiuno. Dicho acto emana de un procedimiento del orden común o local; en consecuencia, por su naturaleza se rige por el Código de Procedimientos Penales para esta Ciudad, por lo que el cómputo del término correspondiente, debe realizarse con base en las reglas establecidas en ese ordenamiento. En ese sentido, el artículo 57 de tal codificación, establece que los plazos son improrrogables y que empezarán a correr desde el día siguiente al de la fecha de la notificación. Así, el término de quince días establecido en el numeral 18 de la Ley de Amparo, para la promoción del presente juicio biinstancial, transcurrió para los promoventes del dos al veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, sin contar los días seis, siete, trece, catorce, quince, veinte y veintiuno, por haber sido inhábiles, como su puede apreciar en el siguiente cuadro de resumen: Febrero de dos mil veintiuno. LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Notificación del acto Marzo de dos mil veintiuno. LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 1 Surte efectos 2 Día 1 3 Día 2 4 Día 3 5 Día 4 6 7 8 Día 5 9 Día 6 10 Día 7 11 Día 8 12 Día 9 13 14 15 16 Día 10 17 Día 11 18 Día 12 19 Día 13 20 21 22 Día 14 23 Día 15 Último día para presentar la demanda de amparo. 24 25 26 27 28 29 30 31 Así, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, esto es, el trece de abril de dos mil veintiuno (papeleta de turno y sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México), el término de quince días que alude el citado artículo 18, evidentemente ya había transcurrido y, por ende, la presentación de la demanda resulta notoriamente extemporánea. Por tanto, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA, por notoriamente improcedente de acuerdo con el artículo 113, relación con el diverso 61, fracción XIV, de la ley de la materia. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    (Cédula de notificación) con esta fecha se notifica por lista de acuerdos el proveído de 04 de mayo del 2021, a la parte quejosa, el cual en lo conducente dice: "Ciudad de México, cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Escrito de desahogo de prevención Glósese el escrito signado por la parte quejosa, por medio del cual da cumplimiento a la prevención de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, por lo que se provee: Desechamiento De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a examinar el escrito inicial de demanda así como el de desahogo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Improcedencia Como cuestión previa, es menester precisar que la parte promovente expresamente informó que tuvo conocimiento del acto reclamado el veintiocho de febrero de dos mil veintiuno. Bajo ese supuesto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. La aludida causal se origina, en la medida en que el numeral 17 de la Ley de Amparo, señala que por regla general, el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, con las excepciones que alude la fracción IV de aquel precepto, referente a que podrá ser en cualquier tiempo, si el acto reclamado implica lo siguiente: Peligro de privación de la vida. Ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. Incomunicación. Deportación o expulsión. Proscripción o destierro. Desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Área Nacionales. En ese sentido, la determinación reclamada, no se ubica en alguno de los supuestos de excepción referidos, lo que resultaba indispensable para sostener que este juicio constitucional podía ser promovido en cualquier tiempo, sin sujetarse al término genérico de quince días. En efecto, el acto reclamado que prohíbe a la parte quejosa realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima en la carpeta de investigación de origen, bajo apercibimiento, no se trata de un acto dictado fuera de procedimiento. Sobre el tema merece invocarse la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal.". Por su parte, el artículo 18 de la Ley de Amparo, establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio constitucional, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. Al en que el promovente haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución. Al en que el justiciable se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Dichas reglas son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación. De ahí que, con independencia de lo manifestado por las partes, este juzgador primero debe verificar en el expediente si existe algún medio por el que la parte quejosa hubiere tenido conocimiento del acto reclamado. En la especie, como se advierte de los antecedentes expresados en el escrito de demanda y de desahogo, los justiciables tuvieron conocimiento del acto reclamado el veintiocho de febrero de dos mil veintiuno. Dicho acto emana de un procedimiento del orden común o local; en consecuencia, por su naturaleza se rige por el Código de Procedimientos Penales para esta Ciudad, por lo que el cómputo del término correspondiente, debe realizarse con base en las reglas establecidas en ese ordenamiento. En ese sentido, el artículo 57 de tal codificación, establece que los plazos son improrrogables y que empezarán a correr desde el día siguiente al de la fecha de la notificación. Así, el término de quince días establecido en el numeral 18 de la Ley de Amparo, para la promoción del presente juicio biinstancial, transcurrió para los promoventes del dos al veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, sin contar los días seis, siete, trece, catorce, quince, veinte y veintiuno, por haber sido inhábiles, como su puede apreciar en el siguiente cuadro de resumen: Febrero de dos mil veintiuno. LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Notificación del acto Marzo de dos mil veintiuno. LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 1 Surte efectos 2 Día 1 3 Día 2 4 Día 3 5 Día 4 6 7 8 Día 5 9 Día 6 10 Día 7 11 Día 8 12 Día 9 13 14 15 16 Día 10 17 Día 11 18 Día 12 19 Día 13 20 21 22 Día 14 23 Día 15 Último día para presentar la demanda de amparo. 24 25 26 27 28 29 30 31 Así, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, esto es, el trece de abril de dos mil veintiuno (papeleta de turno y sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México), el término de quince días que alude el citado artículo 18, evidentemente ya había transcurrido y, por ende, la presentación de la demanda resulta notoriamente extemporánea. Por tanto, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA, por notoriamente improcedente de acuerdo con el artículo 113, relación con el diverso 61, fracción XIV, de la ley de la materia. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Notifíquese personalmente.".

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