Blanca Cesilia Tovar Reyna

Expediente 231/2020 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 7 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
231/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
25/03/2021

Partes del expediente

  • Blanca Cesilia Tovar Reyna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    H. Matamoros, Tamaulipas, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes en este juicio interpusieran recurso de revisión previsto por el numeral 81, fracción I, inciso d), de la citada ley reglamentaria, en contra del auto de sobreseimiento dictado el uno de marzo de dos mil veintiuno, en el juicio de amparo 231/2020-IX, promovido por Blanca Cesilia Tovar Reyna; con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho fallo ha causado estado. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    H. Matamoros, Tamaulipas, uno de marzo de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio número 444/2021 y anexos, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguense a los autos para que obren como corresponda. Ahora bien, del contenido del oficio que se recibe y de las constancias anexas al mismo, se desprende que la responsable adjuntó copia certificada del laudo emitido el treinta de enero de dos mil veinte, dentro del juicio ordinario laboral 545/E06/2019. En ese sentido, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, el sobreseimiento del juicio de amparo se debe decretar cuando sobrevenga una causa de improcedencia, lo cual se puede dar en cualquier momento del juicio; pues bien, en el presente caso, este Juzgado de Distrito estima que referente a los actos reclamados por la quejosa Blanca Cesilia Tovar Reyna, sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de ley de la materia, que a la letra dice: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Asimismo, por encontrarse íntimamente vinculado con la causal de improcedencia de que se trata, también es de utilidad transcribir la fracción I, del artículo 77, de la Ley de Amparo: Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y (.) La interpretación literal y sistemática de dichos preceptos conduce a determinar que, para que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que se derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo que antecede, encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo IX, Junio de 1999, página 38, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo sumario, a la letra, dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, el acto reclamado por la quejosa Blanca Cesilia Tovar Reyna, se hace consistir en esencia en la omisión de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, de dictar el laudo dentro del expediente administrativo laboral 545/E06/2019. Consecuentemente, se advierte de las constancias que en copia certificada anexó la responsable, que el treinta de enero de dos mil veinte, dictó el laudo en el citado expediente laboral. Constancias a las que, por ser expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones, se les atribuye el valor de prueba plena, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de conformidad con el numeral 2, de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado atribuido a la autoridad señalada como responsable, al haber sobrevenido la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de la materia, en relación con el 63, fracción V, del invocado ordenamiento. No constituye obstáculo para arribar a la conclusión que antecede, el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento de este juicio de garantías sin que preceda audiencia constitucional, pues la causal de improcedencia de que se habla es notoria, y a nada práctico conduciría esperar hasta el desahogo de la audiencia para tal determinación, si el resultado del fallo sería en el mismo sentido, lo cual es acorde con la garantía establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que la administración de justicia tiene que ser pronta y expedita. Tiene aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia, 2a./J. 10/2003, emitida por la Segundad Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, del mes de marzo de 2003, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Novena Época, que dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Finalmente, en virtud de lo antes expuesto, se ordena dejar sin efectos la celebración de la audiencia constitucional programada para las diez horas con veintitrés minutos del día de hoy. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    H. Matamoros, Tamaulipas, tres de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la celebración de la audiencia constitucional se encuentra señalada para el día de hoy; sin embargo, la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, no ha dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por este tribunal a través de los oficios 21396/2020, 25335/2020, 29009/2020 y 1304/2021, derivados de los proveídos de dieciséis de octubre, once de noviembre, diez de diciembre de dos mil veinte y quince de enero del presente año, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondría una multa por la cantidad de $4,344.00 (cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro pesos moneda nacional), y del cual quedó debidamente notificada desde el doce de octubre de dos mil veinte; en consecuencia, se hace efectiva dicha advertencia. En efecto, por cuanto al procedimiento para la imposición de una medida de apremio y tomando en consideración que el apercibimiento es una prevención especial de la autoridad hacia la persona a quien va dirigido el mandamiento, que especifica un hacer o dejar de hacer algo que debe cumplirse, que se concreta en una advertencia conminatoria respecto de una sanción que se puede aplicar en caso de incumplimiento, puede concluirse que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, que consagran los principios de legalidad y seguridad jurídica, para la aplicación de la medida, la autoridad debe emitir su mandamiento en términos y bajo las condiciones establecidas por dichos principios para que el gobernado tenga la certeza de que aquél está conforme con las disposiciones legales y sus atribuciones. Los requisitos mínimos que tal mandamiento debe contener son: a) La existencia de una determinación jurisdiccional debidamente fundada y motivada, que deba ser cumplida por las partes o por alguna de las personas involucradas en el litigio; y b) La comunicación oportuna, mediante notificación personal al obligado, con el apercibimiento de que, de no obedecerla, se le aplicará una medida de apremio precisa y concreta. En tales condiciones, en la especie se consideran actualizados los dos anteriores extremos, pues mediante oficio 21396/2020 de dieciséis de octubre de dos mil veinte, se requirió a la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, para que remitiera la totalidad de las constancias que forman el juicio sumario laboral 546/E06/2019, sin que a la fecha la mencionada responsable se haya pronunciado al respecto; no obstante diversos requerimientos realizados por este órgano jurisdiccional el once de noviembre y diez de diciembre de dos mil veinte y quince de enero del presente año, a través de los oficios, 25335/2020, 29009/2020 y 1304/2021, respectivamente (fojas 25, 28 y 32). Sobre estas bases, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 117 y 260, fracción II de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento con que fue conminada la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante comunicado 21396/2020, de dieciséis de octubre del año actual (foja 22), por lo que, se le impone una multa por la cantidad de $4,344.00 (cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cincuenta veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización. Por tanto, se ordena girar oficio al administrador Desconcentrado de Recaudación "4", en Reynosa, Tamaulipas, para que proceda al cobro de la referida sanción; en la inteligencia que se advierte como hecho notorio, que en este órgano jurisdiccional se llevó a cabo el juicio de amparo 650/2018-III, en el cual se multó a la referida autoridad y se solicitaron los datos necesarios para su ejecución, al Secretario del Trabajo del Gobierno del estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, por lo que a través del oficio DJYAIP/212/2018 proporcionó los siguientes datos: Licenciado José Manuel Gómez Porchini, en su calidad de Presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje Número Seis, con domicilio particular en calle Vidrios y Cristales Ote, Colonia Vidriera, código postal 64520, Monterrey, Nuevo León, y su registro federal de contribuyentes GOPM581030KR4. Se cita sobre el tema, la jurisprudencia del Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página doscientos noventa y cinco, del tomo V, Enero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." En consecuencia de lo anterior, se deberá hacer del conocimiento a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente Tamaulipas "4", con residencia en Reynosa, Tamaulipas, que el registro federal de contribuyentes del licenciado José Manuel Gómez Porchini, es GOPM581030KR4 y su domicilio particular está ubicado en calle Vidrios y Cristales Ote., número 855, colonia Vidriera, código postal 64520, en Monterrey, Nuevo León; asimismo, se le informa que el nombrado ocupa el cargo de Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, la cual está situada en avenida Álvaro Obregón, número 39, entre Gardenias y Claveles, colonia Jardín, en este municipio; lo anterior para que se encuentre en condiciones de hacer efectivo el cobro de la sanción impuesta al citado funcionario. Ahora bien, a fin de resolver el presente asunto, con fundamento en el numeral 75 de la Ley de Amparo en vigor, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, remita la totalidad de las constancias que forman el juicio sumario laboral 546/E06/2019; apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior, o de no manifestar el impedimento legal que tengan para ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, de la ley de la materia, se hará acreedora a una multa por la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos, moneda nacional), equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, en relación a la determinación publicada en relación a esa unidad, en la referida publicación de veintiocho del indicado mes y año. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan de nueva cuenta para su desahogo las diez horas con veintitrés minutos del uno de marzo de dos mil veintiuno. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    H. Matamoros, Tamaulipas, quince de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado actual que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se desprende que su trámite se suspendió del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, ello con motivo de la circular CAP/3/2020, emitida por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, al haberse aprobado por la Comisión Especial el punto de acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". En ese contexto, con fundamento en la fracción II, puntos 1 y 2 de la diversa Circular SECNO/1/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en relación al punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia COVID-19", se levanta la suspensión de plazos y términos decretada del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, por lo cual, se reanuda el procedimiento en el punto en el que quedó pausado, con efectos a partir del doce de enero del presente año. Por otra parte, del estado de autos se advierte que a la fecha la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, no ha dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por este tribunal mediante oficios 21396/2020, 25335/2020 y 29009/2020, no obstante de estar debidamente enterada de ellos, tal y como se desprende de las constancias de notificación que obran en autos (fojas 23, 26 y 29). Por tanto, y a efecto de recabar de oficio los medios de prueba que permitan a este Juzgador integrar debidamente la litis y con ello estar en condiciones de emitir el fallo estrictamente apegado a derecho, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo en vigor, requiérase nuevamente a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, remita a este tribunal copia certificada de la totalidad de las constancias que formal el juicio sumario laboral 545/E06/2019; apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior, se hará efectivo el apercibimiento con que se le conminó en auto de dieciséis de octubre de dos mil veinte. En consecuencia de lo expuesto, se cita a la audiencia constitucional, misma que tendrá verificativo a las diez horas con cincuenta minutos del tres de febrero de dos mil veintiuno; audiencia a la cual las partes podrán hacer llegar sus alegatos por escrito en términos del párrafo segundo del artículo 124 de la Ley de Amparo; lo anterior, sin perjuicio de que alguna de ellas considere indispensable intervenir oralmente, pues en ese supuesto deberá hacerlo saber a este Juzgado de Distrito para que se proceda, en su caso, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 y 29 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.

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