Blanca Celia Flores Madrigal
Expediente 136/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 51 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 136/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 51
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León · Nuevo León
Partes del expediente
- Blanca Celia Flores Madrigal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 51.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha trascurrido el término de tres días que se concedió a las partes mediante proveído de veintiséis de septiembre pasado, para que manifestaran lo que a su interés conviniera, respecto al cumplimiento de la sentencia de amparo dado por la Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado; por lo que este juzgado procede a su calificación de oficio, para lo cual se tiene en consideración que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público. ANTECEDENTES DEL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO A fin de determinar si se encuentra o no cumplida la ejecutoria de amparo resulta necesario hacer la relación de los antecedentes siguientes: Por resolución constitucional de dieciséis de enero de dos mil veinte, este órgano de control constitucional otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Blanca Celia Flores Madrigal, para los efectos siguientes: Posteriormente, procedió a convocar a las partes a una audiencia, a fin de resolver la situación jurídica de Flores Madrigal, por lo que se señalaron las ocho horas del veintidós de septiembre de año en curso, para que las partes comparecieran. Una vez en la citada audiencia, la Juez de Control reiteró el punto uno de la ejecutoria a cumplimentar; tomó en consideración que el Decreto Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, el once de diciembre de dos mil quince, mediante el cual el Gobernador del Estado, reformó el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, por adición de una fracción XII a su artículo 8°, así como de los diversos 46 Bis, 46 Bis 1 y 46 Bis 2; y modificó de la fracción I del artículo 10 y el primer párrafo del artículo 19, con el fin de crear la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción, resultaba inconstitucional. Y una vez analizados los datos de prueba obrantes en la carpeta de investigación, determinó cuáles de estos resultaban afectados de nulidad, al haber sido generados a través de la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción, esto es una entidad que no contaba con las facultades para tal efecto; así, que del análisis del resto de los datos de prueba que no se encontraban afectados bajo esa nulidad, estimó que los mismos resultaban insuficientes para sustentar la vinculación a proceso que la Fiscalía pretendía en oposición a Blanca Celia Flores Madrigal. Por lo que conforme a lo disponía el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el diverso 19 de la Constitución, resolvió que al momento se encontraban solo de manera parcialmente reunidos los requisitos que establecen dichos numerales, toda vez que la Fiscalía formuló imputación y la investigada se pronunció al respecto; sin embrago, de los datos de prueba que había reseñado la representación social, descartados aquellos que estaban afectados de nulidad, resultaban ser escasos e insuficientes para sustentar el hecho con las características del delito de contra el patrimonio del municipio, previsto y sancionado por los artículos 211, fracción IV y 212, fracción II del Código Penal para el Estado de Nuevo León, por lo que con libertad de jurisdicción, decretó auto de no vinculación a proceso. Bajo ese contexto, se advierte que la autoridad responsable, dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dado que se ajustó a los lineamientos establecidos dentro de la misma, toda vez que ordenó dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso de dieciséis de febrero de dos mil diecinueve, acto combatido en el sumario constitucional en que se actúa y consideró que en base a los datos de prueba no viciados de nulidad, resolvió la situación jurídica de la quejosa decretando auto de no vinculación a proceso; por lo que, de conformidad con lo previsto en el diverso artículo 196, tercer párrafo, de la propia ley, cabe declarar cumplida la ejecutoria de amparo. En ese sentido, con el fin de dar observancia a lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley Reglamentaria, que refiere al hecho de que si la autoridad responsable, en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, incurrió en exceso o defecto, a juicio de este Órgano Jurisdiccional, es claro que no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección federal (exceso de ejecución), ni existió omisión de las cuestiones que se le ordenó conforme a los términos y fundamentos legales de la propia ejecutoria con la que estaba vinculada (defecto de ejecución).
- Principal
Vista la razón de cuenta, se advierte, la fedatario adscrita expone los motivos por los cuales resultó imposible notificar a la quejosa el proveído de veintiséis de septiembre pasado, a través del cual se le dio vista con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por la autoridad responsable, en el domicilio proporcionado para ese efecto en la demanda; consecuentemente, con fundamento en el ordinal 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena realizar por lista la comunicación de dicho auto, así como las subsecuentes, hasta en tanto se designe nueva dirección para ello. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia número 1a. J.20/2008, publicada en la página 238, Tomo XXVII, Abril de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES."
- Principal
Visto lo de cuenta, se tienen recibidos los oficios firmados por la Secretario adscrita a Gestión Judicial Penal y el Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado, a través de los cuales, informan el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente sumario. En esas condiciones, dése vista a las partes con los sendos de mérito, por el plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin que manifiesten lo conveniente a sus intereses, en relación con la observancia dada por las potestades al fallo protector, en el entendido que de no expresar nada al respecto, este órgano jurisdiccional decretará con las instrumentales obrantes en autos, si se cumplió adecuadamente o no con dicha determinación, por ser una cuestión de orden público, al tenor de lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Tales documentos adquieren validez jurídica, en términos del numeral 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid -19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en la áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, dado que cuentan con firma electrónica, e.firma, por tanto se da certeza y validez jurídica a la integridad del expediente electrónico. Por otro lado, respecto a la unidad de almacenamiento en formato DVD remitida por el Juzgador responsable, la cual contiene la videograbación de la audiencia celebrada el veintidós de los actuales, en la carpeta judicial ********************, indíquese a las partes que si es su deseo imponerse del contenido de ella, queda a su disposición en el local de este órgano de control constitucional, a efecto de reproducirla en alguno de los equipos de cómputo con que cuenta este Juzgado.
- Principal
Visto lo de cuenta, se tiene recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, al cual acompaña copia certificada de la ejecutoria de veinticuatro de agosto del presente año, dictada en el amparo en revisión 136/2021 de su índice, así como los autos originales del juicio constitucional 136/2019-VIII, dos tomos de pruebas y dos discos versátiles digitales; en consecuencia, agréguese a los antecedentes para los efectos legales correspondientes y téngase a la superioridad resolviendo en los siguientes términos: "PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia constitucional recurrida. SEGUNDO. PARA LOS EFECTOS precisados en el considerando quinto de la resolución que se revisa la justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Blanca Celia Flores Madrigal, contra los actos y autoridades señalados en el resultando primero de esta resolución." En tal virtud, háganse las anotaciones conducentes en el libro electrónico, glósese a este expediente la resolución descrita anteriormente, asimismo, comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para su conocimiento y efectos legales conducentes; acúsese el recibo de estilo correspondiente. Cabe precisar que el cuaderno de antecedentes del presente juicio biistancial se formó con copia de las constancias que obran en el expediente original, por lo cual, a fin de evitar la duplicidad innecesaria, se ordena desglosar de dicho cuaderno las actuaciones subsecuentes al oficio de dieciséis de junio de dos mil veintiuno (en el que se remitió al tribunal de alzada el recurso de mérito), a efecto que sean agregadas al expediente principal; y, procédase a la destrucción de las restantes. En tal virtud, acorde al precepto 192, de la Ley de Amparo, requiérase a la potestad responsable Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado, para que en el plazo de tres días hábiles, siguiente al en que surta efecto la notificación respectiva, proceda a dar exacto y debido cumplimiento al fallo protector, con el apercibimiento que de no hacerlo en la temporalidad indicada, se le impondrá una multa de cien a mil unidades de medida y actualización, conforme a los dispositivos 238 y 258 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 Constitucionales; además, se proveerá lo estipulado en la parte final del segundo párrafo del citado ordinal 192 de la ley de la materia. No es el caso requerir a diversa potestad como superior jerárquico del Juez responsable, porque conforme al numeral 17 de la Constitución Política Nacional, el ejercicio de la función jurisdiccional se caracteriza por la autonomía e independencia judicial, así como en su imparcialidad en cuanto a la persona del Juez y en relación con sus sentencias, que sean dictadas en forma completa, pronta e imparcial, por lo cual no soslaya el contenido del artículo 192 de la Ley de Amparo, pues en virtud de los razonamientos anteriores, las autoridades judiciales son la excepción a tal requerimiento. Cobra vigencia, la jurisprudencia número 63/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, correspondiente a la Décima Época, que reza: "CONSEJOS DE LA JUDICATURA LOCALES. NO SON SUPERIORES JERÁRQUICOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES QUE INTEGRAN A LOS PODERES JUDICIALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 192 Y 194 DE LA LEY DE AMPARO). En aquellas entidades federativas en las que se haya establecido un órgano de administración del aparato judicial, éste deberá responder a la naturaleza prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el Consejo de la Judicatura Federal. Así, la conformación de Consejos de la Judicatura en los Estados es de servicio administrativo a la función jurisdiccional, debido a lo cual, aquéllos no pueden controlar o invadir la esfera jurisdiccional de los órganos que administran, por lo que dicha función, bajo ningún concepto, puede estar subordinada a la administrativa, organizacional, disciplinaria o de cualquier otra naturaleza, que ejerzan esos Consejos, pues sus competencias, en materia de inspección y vigilancia sobre los juzgados y tribunales, únicamente pueden referirse al examen de lo necesario para conocer el funcionamiento del órgano judicial y el cumplimiento de los deberes del personal judicial, pero no, y a riesgo de violentar la independencia judicial, pueden referirse a la interpretación y aplicación de las leyes por los juzgadores cuando administran justicia en su sentido más amplio, incluyendo el contenido, modo y forma del cumplimiento de una sentencia de un tribunal de amparo. Por tanto, más allá de una relación de jerarquía, las funciones de dichos Consejos se encuentran dirigidas a salvaguardar la autonomía e independencia judiciales, de forma que los órganos jurisdiccionales se enfoquen a la resolución de los asuntos sometidos a su consideración, permitiendo que un órgano especializado se encargue de la administración necesaria para que la impartición de justicia se realice en los términos establecidos en el artículo 17 constitucional. En consecuencia, para efectos del cumplimiento de sentencias de amparo, los Consejos de la Judicatura locales no son superiores jerárquicos de los órganos jurisdiccionales que integran a los Poderes Judiciales de los Estados, pues acorde a su naturaleza administrativa, no encuadran dentro de los supuestos establecidos en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ya que no podrían: (I) ejercer poder o mando sobre órganos jurisdiccionales para que emitan una determinación para cumplir con una sentencia de amparo; y (II) cumplir, por sí mismos, una sentencia de amparo dirigida a un órgano jurisdiccional, pues ello implicaría una invasión a su esfera competencial. Por lo anterior, en el supuesto de que la autoridad responsable sea un órgano jurisdiccional de un Poder Judicial local, la existencia de un Consejo de la Judicatura no actualiza el supuesto normativo contenido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, consistente en que se requiera al superior jerárquico para cumplir una sentencia de amparo." Finalmente, se informa a las partes que en atención a lo dispuesto por el artículo 3, fracción I y III del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, - publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte y reformado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós - todas las actuaciones del sumario constarán únicamente en el expediente electrónico sin que deban imprimirse ni agregarse al expediente impreso, con excepción de las presentadas de forma física; en el entendido que es el expediente electrónico el que tiene validez para todos los efectos legales conducentes.
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