Blanca Castillo Pérez
Expediente 262/2022 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 262/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 07/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Blanca Castillo Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Agréguense a los autos los oficios de cuenta, por medio de los cuales la sala y jueza responsables acusan recibo de las constancias que se les remitieron mediante oficios con números 28550/2022 y 28551/2022; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Se declara que la sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE). Se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido y con fundamento en los artículos 12 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, este expediente es susceptible de DEPURACIÓN, por lo que una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la notificación de este proveído se procederá a la depuración en los términos presentados en el citado Acuerdo General, sin necesidad de mandato previo, pues no constituye un asunto de relevancia documental. Procédase a realizar la anotación en la carátula como esta ordenado en referido acuerdo. Por otra parte, se tiene por hecha la constancia secretarial de cuenta, de la que se desprende, que en el presente asunto no se aperturó incidente de suspensión; que no obran documentos catalogados como originales; y, que las actuaciones del presente juicio de amparo concuerdan con las que obran en el expediente electrónico, para los efectos conducentes. Ahora bien, se ordena devolver a las autoridades responsables los documentos que adjuntaron en apoyo a sus informes justificados consistentes en el toca ***/2019/2 y dos cuaderno de constancias para la Segunda Sala, y un legajo certificado para el Juez Sexagésimo Primero, ambos de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en virtud de que los mismos ya no son necesarios en el presente asunto; solicitándoles el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos la razón de cuenta, signada por la Actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional, mediante la cual hace constar la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente al tercero interesado, sucesión a bienes de ** por conducto de su albacea, la sentencia dictada en el presente juicio constitucional, por los motivos que expone y como se advierte de autos que el mismo no dio cumplimiento a lo solicitado por auto admisorio, en virtud de que no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos, y se ordena notificar por medio de lista al tercero interesado, la sentencia dictada en el presente juicio de amparo y el presente proveído, en términos de la fracción III, inciso a) del artículo 27 de la Ley de Amparo, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto se sirva señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad. Notifíquese, y por medio de lista al tercero interesado. SE NOTIFICA POR LISTA AL TERCERO INTERESADO LA SENTENCIA DICTADA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, QUE DICE: "CIUDAD DE MÉXICO, VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 262/2022, promovido por ***, por derecho propio, contra los actos reclamados de la autoridad ordenadora, Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y de la autoridad ejecutora Juez Sexagésimo Primero de lo Civil de la Ciudad de México y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado electrónicamente el veintitrés de marzo de dos mil veintidós en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, turnado el siguiente día hábil al Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, Blanca Castillo Pérez, por derecho propio, promovió demanda de amparo, contra los actos reclamados de la autoridad ordenadora, Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y de la autoridad ejecutora Juez Sexagésimo Primero de lo Civil de la Ciudad de México, que estimó violatorios de los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (folios 2 a 13, en ambas fojas, expediente de amparo), que se hizo consistir en lo siguiente: "(.) V ACTOS RECLAMADOS:- - - AUTORIDAD ORDENADORA:- - - Del Magistrado ** integrante de la Segunda Sala Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México, se le reclama como ordenadora la resolución de fecha veintitrés de febrero de dos mil veintidós, dictada en los autos del Toca 748/2019/2, ÚNICAMENTE EN LO CONCERNIENTE A LOS CONSIDERANDOS III Y V POR LO QUE SE REFIERE A LOS CONCEPTOS DE GASTOS Y COSTAS.- - - La cual resulta inconstitucional, toda vez que la autoridad responsable en la sentencia controvertida, omite realizar el estudio pormenorizado de la institución jurídica de "gastos", debido a que la suscrita en el Contrato de Prestación de Servicios celebrado el quince de agosto de dos mil dieciocho, convine con mis abogados, una cantidad diferente como concepto de pago por la representación en juicio así como los gastos generados en el mismo, concepto que fue liquidado en el INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN Y EJECUCIÓN DE SENTENCIA, además de haber exhibido el mencionado acuerdo de voluntades celebrado entre los contratantes.- - - AUTORIDAD EJECUTORA:- - - De la MAESTRA **, Juez Sexagésimo Primero de lo Civil de la Ciudad de México, se le reclama la ejecución que se pretender dar a la resolución de fecha veintitrés de febrero de dos mil veintidós, dictada en el número de toca 748/2019/2 del índice de la Segundas Sala Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México, ÚNICAMENTE EN LO CONCERNIENTE A LOS CONSIDERANDOS III Y V POR LO QUE REFIERE A LOS CONCEPTOS DE GASTOS Y COSTAS (.)". SEGUNDO. Radicación y admisión de la demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de que se trata a este Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, quien en auto de veinticinco de marzo de dos mil veintidós la registró con el número 262/2022 y admitió la demanda de amparo a trámite respecto de los actos reclamados de la autoridad ordenadora, Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y de la autoridad ejecutora Juez Sexagésimo Primero de lo Civil de la Ciudad de México, a quienes le fue solicitado su informe justificado; se tuvo como tercero interesada a la sucesión de José Jesús Fraga Molina; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló alegatos (folios 23 a 26, expediente de amparo). Finalmente, se señaló fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, de la Constitución General de la República; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra un acto emitido por una autoridad jurisdiccional con residencia dentro del ámbito de competencia territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados en el presente juicio de amparo consisten en la emisión y ejecución de la interlocutoria de segundo grado dictada por la sala responsable en el toca 748/2019/2, que modificó la interlocutoria de primera instancia, en la que el juez natural en ejecución de la sentencia definitiva derivada del juicio ordinario civil de origen expediente 148/2016, resolvió el incidente de liquidación y ejecución de sentencia, entre otras cuestiones, respecto de las costas judiciales condenadas en el fallo definitivo de segunda instancia. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados de la autoridad ordenadora, Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y de la autoridad ejecutora Juez Sexagésimo Primero de lo Civil de la Ciudad de México, quien al rendir informe justificado reconocieron la existencia de los actos que se les atribuyen (folios 31, 32 y 37, expediente de amparo). La referida existencia y presunción de los actos reclamados, se corrobora con las constancias que remitieron la sala y la juez responsables en apoyo a su informe justificado, las cuales tienen valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto por el artículo 2 de este último ordenamiento, por tratarse de copias certificadas de actuaciones judiciales. CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Previamente al estudio del capítulo de la improcedencia del juicio de amparo, se precisan los antecedentes de los actos reclamados, los que se aprecian de la demanda de amparo y de las constancias remitidas por las autoridades responsables conjuntamente con el informe justificado de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México; que son como sigue 1. En escrito de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, la actora **, demandó del enjuiciado ** (ahora su sucesión), en la vía ordinaria civil (i) el cumplimiento del contrato de contrato de servicios profesionales - recuperación de inmueble- y (ii) los gastos y costas (folios 33 a 45, primer legajo del expediente natural). 2. En auto de veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, la Juez Sexagésimo Primero de lo Civil de la Ciudad de México radicó la demanda inicial con el expediente número 148/16 y previno a la actora (folio 46, primer legajo del expediente natural) y en diverso acuerdo de tres de marzo de ese año, la admitió a trámite (folio 49, primer legajo del expediente natural). 3. El veinte de agosto de dos mil diecinueve, la juez natural dictó sentencia definitiva (folios 622 a 630, primer legajo del expediente natural), que concluyó con los siguientes puntos resolutivos: "(.) RESUELVE:- - - PRIMERO.- En términos de lo dispuesto en la fracción III del artículo 50 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México, la suscrita Juez es competente para resolver el presente juicio.- - - SEGUNDO.- Resultó procedente la vía intentada en el presente procedimiento, en el que la parte actora acreditó su acción, en tanto que los codemandados acreditaron parcialmente sus excepciones y defensas; en consecuencia.- - - TERCERO.- Se condena a la parte demandada a pagar a la actora el importe que resulte en ejecución de sentencia, por concepto gastos y honorarios correspondientes al cuarenta por ciento del valor del inmueble ubicado EN *** GUSTAVO A. MADERO CP. 07520 EN ESTA CIUDAD; lo que se hará en ejecución de sentencia a juicio de peritos, una vez transcurridos cinco días que la presente sentencia cause ejecutoria.- - - CUARTO.- No se hace especial condena en costas en la presente instancia.- - - QUINTO.- NOTIFÍQUESE (.)". 4. El doce de diciembre de dos mi diecinueve, la sala responsable emitió sentencia definitiva de segunda instancia en el toca 748/2019/1, en el recurso de apelación presentado por la parte demandada, en la que confirmó la apelada (folios 687 a 701, primer legajo del expediente natural), cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "RESUELVE:- - - PRIMERO.- Son infundados e inoperantes los agravios expresados por la parte apelante.- - - SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha veinte de agosto de dos mil diecinueve, dictada por la JUEZ SEXAGÉSIMO PRIMERO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en el juicio ORDINARIO CIVIL seguido por CASTILLO PÉREZ BLANCA en contra de JOSÉ JESÚS FRAGA MOLINA SU SUCESIÓN.- - - TERCERO.- Se condena al apelante al pago de las costas causadas en ambas instancias.- - - CUARTO.- Notifíquese". El resolutivo tercero de la sentencia de segundo grado relativo al pago de costas judiciales, se sustenta en su quinto considerando, que es como sigue: "(.) V. Costas:- - - Estando el presente caso dentro del supuesto previsto en la fracción IV, del artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, actual Ciudad de México, se condena a la apelante al pago de las costas causadas en ambas instancias, siendo aplicable el siguiente criterio jurisprudencial:- - - "CONDENA EN COSTAS SENTENCIAS CONFORMES DE TODA CONFORMIDAD. (Se transcribe texto y datos de localización)". - - - Por lo expuesto, motivado y fundado, se- - - RESUELVE (.)". 5. En escrito de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, la actora presentó (i) incidente de liquidación de la suerte principal e (ii) incidente de pago costas (folios 711 a 714, primer legajo del expediente natural), en estos términos: **, en mi carácter de mandatario judicial de la parte actora en el presente juicio; personalidad que tengo debidamente acreditada y reconocida en los autos del expediente al rubro citado, con el debido respeto comparezco y expongo:- - - Por medio del presente escrito, vengo a promover en la vía incidental, LIQUIDACIÓN Y EJECUCIÓN DE SENTENCIA, con fundamento en los artículos 88, 141, 293, 346, 347, 500, 501, y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; y visto el estado procesal que guardan los presentes autos, toda vez que la parte demandada no solicitó la suspensión del acto reclamado en contra de la ejecutoria de fecha 12 de diciembre de 2019 que resolvió el toca de apelación 748/2019 dictada por la Segunda Sala Civil de la Ciudad de México, en este acto, vengo a solicitar la ejecución de la sentencia dictada por Su Señoría en fecha 20 de agosto de 2019.- - - LIQUIDACIÓN DE LA SUERTE PRINCIPAL.- - - Conforme a lo establecido en la sentencia de fecha 20 de agosto de 2019, en el considerando V y el resolutivo tercero, se estableció que la ejecución se haría a juicio de peritos, a efecto de primeramente determinar el valor del inmueble materia del CONTRATO PRIVADO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS de fecha 24 de mayo de 2010, celebrado entre **, y partiendo de esa base, determinar en cantidad líquida, a qué cantidad corresponde el 40% (CUARENTA POR CIENTO) del valor de dicho inmueble, que la parte demandada, debe pagar a mi representada por concepto de honorarios y gastos, y a los cuales se le condenó mediante la sentencia referida.- - - LIQUIDACIÓN DE COSTAS Conforme a lo establecido en la ejecutoria de fecha 12 de diciembre de 2019, que resolvió la toca de apelación 748/2019 dictada por la Segunda Sala Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México, en el considerando V y el resolutivo Tercero, se condenó a la demandada al pago de gastos y costas en ambas instancias, por lo que una vez que se tenga la base del precio del inmueble, se estará en aptitud de cuantificarlas y liquidarlas.- - - Con el objeto de acreditar lo narrado en los apartados de Liquidación de Suerte Principal y de Liquidación de Costas del presente ocurso, relacionado con las sentencias de primera y segunda instancias, ofrezco de mi parte, en el presente incidente, las siguientes:- - - PRUEBAS:- - - I. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en todas las actuaciones del juicio principal y las del presente incidente.- - - Esta probanza la relaciono con todo lo narrado en el presente escrito incidental, así como con las sentencias de primera y segunda instancias.- - - II. LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, en todo lo que beneficie a los intereses de mi representada.- - - Esta probanza la relaciono con todo lo narrado en el presente escrito incidental, así como con las sentencias de primera y segunda instancias.- - - III. LA PERICIAL EN VALUACIÓN DE INMUEBLES, por lo que en este acto nombro como perito de la parte actora al Ingeniero Arquitecto **, con cédula Profesional 1688022 expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, con domicilio (.)". - - - PERTIENCIAS DE LAS PRUEBAS (.)". Al respecto, se aprecia que la actora incidentista en el referido incidente no alegó en ese acto jurídico que las costas judiciales las estuviera demandado con motivo del contrato Litis que dice haber suscrito con los abogados que la asesoraron y patrocinaron en el juicio natural. 6. En auto de uno de octubre de dos mil veinte, la juez natural admitió el referido incidente de liquidación de sentencia y ordenó dar vista a la parte demandada por el término de tres días (folio 716, primer legajo del expediente natural). 7. En acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil veinte, la juez natural tuvo por acusada la rebeldía de la parte enjuiciada, al omitir contestar el incidente de ejecución de sentencia controvertido y le da vista en el término de tres días para que alegara sobre la pertinencia o no de la prueba pericial de valuación del inmueble controvertido ofrecida por la enjuiciante (folio 746, primer legajo del expediente natural) 8. En proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, la juez de origen (i) tuvo por acusada la rebeldía de la parte demandada respecto al desahogo de la pertinencia de la referida prueba pericial; con lo cual, (ii) la admitió a trámite y (iii) estableció que la enjuiciada se tenía por conforme con el dictamen que rindiera su contraparte (folio 751, primer legajo del expediente natural). 9. En escrito de quince de junio de dos mil veintiuno, el perito nombrado por la parte actor rindió el dictamen de valuación del inmueble controvertido (folios 798 a 811, primer legajo del expediente natural). 10. En acuerdo de seis de agosto de dos mil veintiuno, la juez natural tuvo por rebelde a la parte demandada respecto al dictamen pericial rendido por el perito nombrado por la parte actora (folio 825, primer legajo del expediente natural). 11. En escrito de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, la parte actora presentó escrito en que sostuvo lo siguiente: "(.) vengo a continuar con la vía incidental (.)", expresando diversos argumentos en cuanto a la liquidación de la suerte principal y de las costas condenadas a la demandada; por lo que, en lo que intereses respecto al capítulo que denomina "LIQUIDACIÓN DE GASTOS Y COSTAS" (folios 829 a 832, primer legajo del expediente natural), sostuvo lo siguiente: "(.) LIQUIDACIÓN DE GASTOS Y COSTAS.- - - Conforme a lo establecido en la ejecutoria de fecha 12 de diciembre de 2019, que resolvió la toca de apelación 748/2019 dictada por la Segunda Sala Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México, en el considerando V y el resolutivo Tercero, se condenó a la demandada al pago de gastos y costas en ambas instancias, por lo que atendiendo a la base del precio del inmueble y al contenido del artículo 128 inciso c de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y la parte final del mismo, la cantidad resultante de la suerte principal debe multiplicarse por el 8% (ocho por ciento); en tanto se genera un 6% seis por ciento por la cuantía del negocio y un 2% dos por ciento adicional al ser resuelto en segunda instancia.- - - Lo que nos da la siguiente cantidad: $1'770,800.00 x 8% = $141,664.00 (ciento cuarenta un mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 00/100 m.n.).- - - A la cantidad anterior, además debe agregarse el importe que por concepto de gastos de juicio y honorarios me cobraron mis abogados ***, personas que se encuentran facultadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho y cuyas cédulas profesionales se encuentran debidamente registradas ante la Primera Secretaría de Acuerdos de la Presidencia de este H. Tribunal, se sustenta dicha cantidad en el contrato de prestación de servicios que adjunto al presente escrito; dicha cantidad equivale a $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 m.n.), más los $26,500 pesos de gastos (.)". Al respecto, se aprecia que en dicho escrito la actora incidentista pretendió introducir a la Litis del incidente controvertido, el pago los gastos que dice haber realizado en el juicio natural derivados de los honorarios que también afirma haber cubierto a los abogados que sostiene haberla asesorado en el juicio natural. Asimismo, la actora exhibió el contrato litis en que sustenta el cobro de los gastos de asesoramiento judicial por trescientos mil pesos, que afirma fue suscrito el quince de agosto de dos mil dieciocho (folios 833 a 836, primer legajo del expediente natural); cuyas partes esenciales se transcriben, como sigue: EN SU CONJUNTO "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:- - - DECLARACIONES:- - - (.) - - - CLÁUSULAS:- - - PRIMERA. OBJETO. "EL PRESTADOR" se obliga a prestar a "LA PRESTATARIA", los servicios profesionales consistentes en la Asesoría Legal, Patrocinio y Representación, en el Juicio Ordinario Civil que se promueve con el número 148/2016 ante el Juez Sexagésimo Primero de lo Civil de la Ciudad de México en contra de (sic), él o los representantes de la Sucesión de José Jesús ** quién a su vez celebró en favor de "LA PRESTATARIA" contrato de prestación de servicios, y cuyo cobro se dirimirá en juicio.- - - La demanda del juicio ordinario civil fue ingresada ante el Tribunal Superior de justicia de la Ciudad de México, en virtud que los documentos base de la acción se establece ésta Ciudad como lugar de pago además "LA PRESTATARIA" se compromete a cubrir los gastos que se generen con motivo de la tramitación del juicio, dichos gastos fueron pactados estimativamente en $26,500 (veintiséis mil quinientos pesos 00/100 M.N.).- - - EL PRESTADOR" se obliga a prestar a "LA PRESTATARIA", los SERVICIOS en forma ética, profesional e independiente de conformidad con los términos y condiciones contenidos en el presente Contrato.- - - Para lo anterior "EL PRESTADOR" empleara su mejor esfuerzo, así como todos los conocimientos y experiencia en la ejecución de los SERVICIOS a efecto de cumplir con el objeto del presente instrumento.- - - SEGUNDA. MONTO Y FORMA DE PAGO. "LAS PARTES" acuerdan que el monto de la contraprestación por los SERVICIOS que "EL PRESTADOR" brinde a "LA PRESTATARIA" será de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/ M.N.) por la tramitación del juicio en cuestión más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que se genere para la expedición de la respectiva factura.- - - El monte de la contraprestación de este Contrato deberá ser cubierto en la cuenta de Banco Nacional de México S.A. número Cuenta **; o en cualquier otra que así convengan.- - - LA CANTIDAD DE $26,500.00 (VEINTISEIS MIL QUINIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL) POR CONCEPTO DE GASTOS para la tramitación del juicio ordinario civil será cubierto al momento de la firma del presente contrato y que da por iniciada la relación laboral para la tramitación del juicio en mención.- - - (.)- - - DÉCIMA QUINTA. "LAS PARTES" convienen que, para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato y sus anexos, se someten a la jurisdicción y competencia territorial de los tribunales con domicilio en la Ciudad de México, renunciando por ese hecho al fuero que pudiere corresponderle (sic) por razón de domicilio presente o futuro, o por cualquier otra causa.- - - Leído que fue el presente Contrato por "LAS PARTES", estando conformes con su contenido firman para constancia a los 15 días del mes de agosto del año dos mil dieciocho.- - - "LA PRESTATARIA".- - - (Firma ilegible).- - - *** .- - - "EL PRESTADOR". - - - (Firma ilegible).- - - *** 12. En auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, la juez natural determinó dar vista a la parte demandada con el referido contrato litis al no haber sido exhibido conjuntamente con la demanda incidental; en tanto, que no se tuvo por ampliada la misma; con lo cual se le requirió aclarara la pretensión que persigue con dicho escrito de veintiséis de agosto de ese año (folio 837, primer legajo del expediente natural), que es en estos términos: "(.) Ciudad de México, a treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno.- - - Agréguese a su expediente 148/2016, el escrito de la parte actora visto su contenido, se le tienen por efectuadas sus manifestaciones en los términos que indica; respecto a la liquidación de las cantidades que efectúa, respecto de las condenas le fueron impuestas a la demandada; las cuales serán materia de estudio al momento de dictar la sentencia interlocutoria respectiva. En cuanto al documento que acompaña, toda vez que él mismo no fue exhibido con la demanda con que dio inicio el incidente de liquidación y ejecución de sentencia planteado por la ocursante; con fundamento en el artículo 100 del Código de Procedimientos Civiles, se manda dar vista con tal documento a la parte demandada por el término de TRES DÍAS para que exprese lo que a su derecho convenga. En ese sentido, dígase a la promovente que no ha lugar a tener por ampliada su demanda incidental; ya que el incidente admitido por auto de uno de octubre de dos mil veinte, se encuentra en etapa de desahogo de pruebas: con fundamento en el artículo 34 del Código de Procedimientos Civiles. Lo anterior sin perjuicio de que la actora solicita admitir a trámite la continuación del incidente; puesto que como se dijo, lo que pretende es ampliar la demanda incidental, cuestión que no fue concedida porque resulta incongruente tramitar un incidente dentro de otro incidente ya iniciado, en el que se diluciden las mismas pretensiones, por lo que, en su caso, aclare su petición en términos de ley, hecho que sea se acordará lo que corresponda. Notifíquese (.)". 13. En escrito de siete de septiembre de dos mil veintiuno, la actora desahogó la vista que la juez dio y manifestó que en el escrito de "(.) 26 de septiembre de 2020 (sic) enderezó INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE COSTAS (.)" (folios 840 a 842, primer legajo del expediente natural). 14. En auto de diez de septiembre de dos mil veintiuno, la juez de origen acordó el escrito anterior (folio 843, primer legajo del expediente natural), en estos términos: "(.) Ciudad de México, a diez de septiembre de dos mil veintiuno.- - - Agréguese a su expediente 148/16, el escrito de la parte actora visto su contenido, toda vez que la promovente en su incidente de liquidación de sentencia, también incluyó como pretensión el monto que por concepto de costas causadas debe pagar la demandada; por tanto en observancia del principio de economía procesal, se tienen por efectuadas las manifestaciones vertidas por la actora en su escrito presentado el veintiséis de agosto del año en curso. En cuanto al documento que acompañó a dicho ocurso, subsiste la vista ordenada en auto de treinta y uno de agosto del año en curso, en términos del artículo 100 del Código de Procedimientos Civiles.- Notifíquese (.)". 15. En auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintiuno, la juez primigenia tuvo acusada la rebeldía de la parte demandada, respecto de la vista que se le dio con el contrato litis exhibido por la actora y señaló fecha para la celebración de la audiencia incidental (folio 846, primer legajo del expediente natural). 16. En audiencia incidental de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, la juez natural pasó los autos para el dictado de la interlocutoria correspondiente (folio 852, primer legajo del expediente natural). 17. En auto de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, la juez de origen dejó de recibir como prueba el contrato litis exhibido por la actora, al estimar que no se trataba de un medio de convicción superviniente (folio 855, primer legajo del expediente natural), en estos términos: "(.) Ciudad de México, a veintiséis de octubre de dos mil veintiuno.- - - Hágase del conocimiento de las partes, la certificación que antecede, en los autos del expediente 148/2016, de los que se desprende que la parte demandada, omitió desahogar la vista que se le mando dar con la pertinencia de la prueba superveniente ofrecida por la parte actora y por perdido el derecho para tales efectos; en consecuencia, se deja insubsistente la citación para sentencia a que alude el auto dictado en audiencia del dieciocho de octubre del año en curso y se pasa a resolver respecto de la prueba superveniente como sigue: Vistos los términos del ofrecimiento de la prueba que como superveniente ofrece la parte actora, relativa al contrato de prestación de servicios, celebrado el quince de agosto de dos mil dieciocho, toda vez que la misma no se encuentra dentro de los supuestos que establecen los artículos 97 párrafo segundo y 98 del citado Código de Procedimientos Civiles, ello en atención que la parte actora tenía conocimiento de tal prueba desde antes de la presentación de su incidente, como se desprende de la fecha de la celebración de tal acto (quince de agosto de dos mil dieciocho), aunado a lo anterior, la parte actora omitió manifestar bajo protesta de decir verdad, que no tenía conocimiento de la existencia de tal documento o bien de que el mismo no lo tuviese en su poder, como lo establece el numeral legal en primer término invocado, razones todas estas por las que no se surten los supuestos que establecen los numerales legales invocados, por lo cual no ha lugar a admitir dicha prueba como superveniente, quedando a su disposición de la actora la misma previa razón e identificación que por su recibo obre en autos, atenta a lo anterior se cita a las partes para oír la SENTENCIA INTERLOCUTORIA que en derecho corresponda, para tal efecto túrnense los presentes autos a la vista de la suscrita para dictar la SENTENCIA INTERLOCUTORIA correspondiente.- NOTIFÍQUESE. (.)". 18. En interlocutoria de primera instancia de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, la juez natural resolvió el incidente de liquidación de sentencia (folios 172 a 175, segundo legajo del expediente natural), bajo los puntos resolutivos siguientes: "(.) RESUELVE:- - - PRIMERO.- Se declara procedente el INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN Y EJECUCIÓN DE SENTENCIA, promovido por la actora.- - - SEGUNDO.- Se aprueba el incidente planteado por la parte actora por la siguiente cantidad: - - - - A).- La cantidad de $1'770,800.00 (UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) por concepto del 40% sobre el valor del avalúo del bien inmueble ubicado EN LA CALLE DE EMILIANO ZAPATA, CON NÚMERO EXTERIOR 230, ZONA 01 EN LA MANZANA 3-A EN LA COLONIA 25 DE JULIO, EN LA DELEGACIÓN POLÍTICA GUSTAVO A. MADERO CP. 07520 EN ESTA CIUDAD.- - - TERCERO.- Cantidad que deberá pagar a la demandada a la actora en términos de CINCO DÍAS, contados a partir de que sea legalmente ejecutable la presente resolución.- - - CUARTO.- Se dejan a salvo los derechos de la parte actora incidentista respecto de las costas para que los haga valer en el momento procesal oportuno.- - - QUINTO.- NOTIFÍQUESE (.)". Al respecto, en la interlocutoria de primera instancia que resolvió los incidentes de ejecución de sentencia controvertidos, la juez natural dejó a salvo los derechos de la actora incidentista respecto de las costas demandadas. 19. En interlocutoria de segunda instancia de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, la sala responsable resolvió el recurso de apelación con el número de toca 748/2019/1, interpuesto por la parte actora; en el que modificó la interlocutoria apelada (folios 49 a 62, toca 748/2019/1), bajo los siguientes puntos resolutivos: "(.) PRIMERO.- Son fundados los agravios hechos valer por la actora e infundados los motivos de inconformidad expuestos por la demandada.- - - SEGUNDO.- Se modifica la sentencia interlocutoria dictada el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, por el JUEZ SEXAGÉSIMO PRIMERO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en el juicio ORDINARIO CIVIL seguido por CASTILLO PÉREZ BLANCA en contra de *** SU SUCESIÓN.- - - TERCERO.- No se hace especial condena en costas.- - - CUARTO.- Notifíquese (.)" Los resolutivos de la interlocutoria apelada, quedaron en estos términos: "(.) PRIMERO.- Se declara procedente el INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN Y EJECUCIÓN DE SENTENCIA, promovido por la actora.- - - SEGUNDO.- Se aprueba el incidente planteado por la parte actora por la siguiente cantidad:- - - ----A).- La cantidad de $1'770,800.00 (UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) por concepto del 40% sobre el valor del avalúo del bien inmueble ubicado EN LA CALLE DE EMILIANO ZAPATA, CON NÚMERO EXTERIOR 230, ZONA 01 EN LA MANZANA 3-A EN LA COLONIA 25 DE JULIO, EN LA DELEGACIÓN POLÍTICA GUSTAVO A. MADERO CP. 07520 EN ESTA CIUDAD.- - - TERCERO.- Cantidad que deberá pagar a la demandada a la actora (sic) en términos de CINCO DÍAS, contados a partir de que sea legalmente ejecutable la presente resolución.- - - CUARTO.- Se condena a la demandada al pago de la cantidad de $141,664.00 (CIENTO CUARENTA Y ÚN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) por concepto de costas generadas en ambas instancias, cantidad que deberá pagar la demandada a la actora en el término de CINCO DÍAS, contados a partir de que sea legalmente ejecutable la presente resolución.- - - QUINTO.- NOTIFÍQUESE (.)" Los resolutivos anteriores, especialmente la condena parcial de las costas y gastos pretendidos por la actora incidentista, tienen sustento en las siguientes consideraciones: "(.) CONSIDERANDOS:- - - I.- Esta Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso de apelación, de conformidad con el artículo 51 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como por los numerales 683 al 714 del Código de Procedimientos Civiles, ambos ordenamientos jurídicos para la Ciudad de México.- - - II.- En primer lugar, se analizarán los agravios expresados por la actora y posteriormente los motivos de inconformidad que hace valer la demandada, atendiendo de forma exclusiva al orden en que ambos escritos se encuentran glosados al toca en que se actúa.- - - III.- Por la vinculación de las cuestiones aducidas en los dos agravios expresados por la actora se analizan en conjunto atendiendo a la siguiente jurisprudencia:- - - "AGRAVIOS, EXAMEN DE LOS. (Se transcribe texto y datos de localización)". - - - Son fundados los dos agravios que hace valer la actora y suficientes para modificar el fallo apelado, lo que se considera así, toda vez que no se comparte el criterio de la juez de origen, consistente en no aprobar la liquidación de gastos y costas reservando el derecho de la actora para que lo haga valer con posterioridad, lo que se considera así en virtud de lo que se expone a continuación.- - - Como causa de inconformidad la actora manifiesta que no existe congruencia en la sentencia apelada, así como una adecuada valoración de las pruebas, ya que manifiesta que acreditó haber señalado la cantidad líquida por concepto de gastos y costas que con motivo del juicio se generaron; asimismo, señala que, al encontrarse liquidado dicho concepto, ya con los elementos determinados por la suerte principal, la A quo debió resolver en consecuencia y no como erróneamente lo establece dejando a salvo sus derechos; así también, la recurrente señala que la cantidad resultante de la suerte principal debe multiplicarse por 8% (ocho por ciento); en tanto se genera un 6% (seis por ciento) por la cuantía del negocio y un 2% (dos por ciento) adicional al ser resuelto en segunda instancia, haciendo notar que el momento procesal oportuno para realizar la liquidación de sentencia fue el propio incidente resuelto por la A quo con posterioridad.- - - Asiste razón a la recurrente, toda vez que la autoridad de origen determinó no aprobar el incidente de liquidación de costas propuesto por la actora, bajo el argumento de que para cuantificar las mismas debe atenderse primordialmente a si el negocio es de cuantía determinada o bien, indeterminada, concluyendo dicha juzgadora de origen que en atención a las prestaciones reclamadas en la demanda, señala que las mismas no son de carácter económico al no contener cantidades líquidas y por lo tanto resuelve que el incidente deberá regularse en términos del artículo 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, concluyendo en dejar a salvo los derechos de la actora para que los haga valer en el momento oportuno.- - - La consideración de la A quo se estima errónea, toda vez que de las constancias que se analizan, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 327 fracción VIII y 403 del Código de Procedimientos Civiles, se advierte que si bien es cierto que en las prestaciones contenidas en la demanda, la actora no hizo reclamo de cantidad líquida alguna, ello no necesariamente implica que no sea determinable la cuantía del asunto, pues debe considerarse que el reclamo de la ejecutante consistió en el cumplimiento del contrato de prestación de servicios profesionales celebrado entre las partes y cuyo objetivo principal, evidentemente era el pago de dichos servicios que la actora prestó a la demandada, de manera que su petición implícitamente corresponde al pago de una cantidad líquida determinable, como ya lo ha sido a través de la liquidación correspondiente y a juicio de peritos en los términos precisados en la sentencia definitiva firme, en este contexto, la reclamación del pago de costas lo hace la demandada en el momento procesal oportuno ya que líquida las mismas una vez que obtuvo la cantidad líquida que la demandada adeuda por concepto de suerte principal, bajo esta tesitura la autoridad de origen debió pronunciarse sobre la aprobación o no de la cantidad reclamada por la actora por el concepto que nos ocupa y no reservar sus derechos.- - -Ahora bien, en el incidente de liquidación que hace valer la actora, reclamó la cantidad de $1'770,800.00 (UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) por concepto de honorarios que obtuvo con base en el avalúo del inmueble materia del juicio, esa cantidad constituye la cuantía del asunto y con la misma es procedente calcular las costas generadas en el juicio en el que se condenó a la demandada a su pago en ambas instancias; por lo tanto, conforme al inciso c) y último párrafo del artículo 128 de la Ley Orgánica de este Poder Judicial, se aplica el seis por ciento adicionado con el dos por ciento, obteniendo un ocho por ciento sobre la cantidad antes señalada, resultando la cantidad de $141,664.00 (CIENTO CUARENTA Y ÚN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) por concepto de costas generadas en el procedimiento y toda vez que se encuentra acreditado en autos que la actora fue asistida por Licenciado en Derecho como se advierte de la audiencia celebrada el siete de junio de dos mil dieciséis, por lo que se cumple con lo preceptuado en el artículo 127 de la Ley Orgánica que rige a este Poder Judicial, en el entendido de que no se precisa que para la cuantificación de las costas la ejecutante inicie un nuevo incidente dado que es posible determinar las mismas con una simple operación aritmética una vez que se conoce la cantidad líquida que da cuantía al procedimiento, esto en atención a lo que dispone el artículo antes señalado en su primer párrafo.- - - No obstante, no es procedente condenar a la demandada al pago de los honorarios de abogados que reclama la actora, toda vez que las costas decretadas tienen como finalidad cubrir precisamente los honorarios de los abogados que hayan intervenido a nombre y representación de alguna de las partes en el procedimiento, para lo cual la legislación ha fijado el arancel que a ellos corresponde que ya se ha aplicado en los términos precisados en el párrafo que antecede.- - - Sirve de sustento la siguiente jurisprudencia en relación a la determinación de la cuantía del negocio:- - - "COSTAS. PARA ESTABLECER SU MONTO CUANDO EN LA CONTIENDA SE RECLAMAN PRESTACIONES DE CUANTÍA INDETERMINADA INDETERMINABLE, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DEL VALOR DEL NEGOCIO, A TODAS LAS CONSTANCIAS QUE INTEGRAN EL SUMARIO, AUN CUANDO LAS PRESTACIONES RECLAMADAS NO SEAN DE CARÁCTER PREPONDERANTEMENTE ECONÓMICO. (Se transcribe texto y datos de localización).- - - Así también es aplicable la siguiente tesis aislada, por lo que respecta al pago de honorarios de abogados:- - - "COSTAS COMO SINÓNIMO DE HONORARIOS DE ABOGADOS (Artículo 128 y 129 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México). (Se texto y datos de localización)".- - - En razón de lo anterior, la actora no puede aplicar el pago de los honorarios que convino con sus mandatarios judiciales a concepto de gastos, pues se trata de honorarios cuyo arancel ha sido establecido por la ley y es el que se refiere a las costas.- - - Dadas las anteriores consideraciones, lo procedente es aprobar parcialmente las costas propuestas por la ejecutante en los términos señalados en este considerando por lo que al ser fundado el agravio analizado se impone modificar el fallo apelado, cuyos puntos resolutivos deberán quedar en los términos que adelante se señalarán.- - - IV. Por lo que se refiere a los agravios expresados por la demandada, se analizan en conjunto atendiendo a la jurisprudencia citada en la consideración que antecede en obvio de innecesarias repeticiones, y se estima que ambos motivos de inconformidad son infundados, en atención a lo que se expone enseguida.- - - La demandada recurrente aduce como causa de inconformidad que nunca se le notificó personalmente la demanda del incidente de ejecución de sentencia y que únicamente se le dio vista; al respecto debe señalarse que no asiste razón a la demandada, toda vez que la actuación de la autoridad de origen consistente en darle vista con la incidencia propuesta por la actora, se ajusta al artículo 88 del Código de Procedimientos Civiles, el cual no señala que se deba notificar el incidente de forma personal, aunado a que el supuesto que nos ocupa no se ajusta a ninguna de las hipótesis del artículo 114 del citado código procesal civil, por lo que bajo este contexto no se considera que se deba notificar en los términos pretendidos por la recurrente el incidente de liquidación propuesto por la actora.- - - Por otra parte, la inconforme señala que se hace referencia a un avalúo de un inmueble pero que el mismo carece de objetividad ya que del dictamen se puede observar que el perito no tuvo acceso al inmueble y que por lo tanto supone ciertos elementos del avalúo.- - - En relación con este argumento, debe señalarse que contrario a lo que señala la inconforme de autos se desprende que el perito designado por la actora sí se constituyó en el inmueble a valuar, lo cual ocurrió mediante diligencia efectuada el cuatro de julio de dos mil veintiuno, siendo que por instrucciones de la misma demandada se permitió al perito el acceso a dicho inmueble tal y como lo hizo constar el fedatario judicial adscrito al juzgado de origen anexando incluso fotografías de dicha diligencia, por lo que bajo este contexto es inconcuso que los agravios hechos valer por la demandada son infundados.- - - V.- En las narradas consideraciones, al ser fundados los agravios hechos valer por la actora, se impone modificar el fallo apelado, el cual deberá quedar en los siguientes términos: (antes transcritos) (.)" [ACTO RECLAMADO]. Hasta aquí los antecedentes del acto reclamado. QUINTO. Improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal de análisis preferente y de oficio, lo aleguen o no las partes, previo al examen de las cuestiones de fondo de la litis constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia número 814, publicada en las páginas 553 y 554, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, que respectivamente señalan: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En la especie, las partes no alegaron causal de improcedencia y este órgano jurisdiccional no aprecia en forma oficiosa que en el asunto en estudio se actualizara alguna de las previstas en la Ley de Amparo. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. En principio, cabe indicarse que para el estudio de los conceptos de violación resulta innecesaria su transcripción literal. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, registro digital 164618, que es como sigue: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". En los conceptos de violación que se analizan en forma conjunta, ante la estrecha relación que guardan, la quejosa aduce que nadie puede ser privado de sus bienes, derechos y posesiones, sino en virtud de procedimiento judicial seguido en contra que se cumplan las formalidades del procedimiento conforme a la ley expedida con anterioridad al hecho, de manera fundada y motivada; sin embargo, que en la interlocutoria reclamada, la sala responsable sin mayor justificación, redujo los gastos y costas, no obstante que procede el pago de las cantidades que erogó en el juicio natural en concepto de honorarios de los abogados que la asesoran en esa acción legal. A lo anterior, la impetrante agrega que la interlocutoria reclamada de segunda instancia resulta indebida; lo anterior, porque si bien en el tema de los gastos y costas modificó la interlocutoria apelada que originalmente absolvió al respecto a la sucesión demandada; la realidad es que la sala responsable (i) cometió diversas violaciones procesales y de fondo en el estudio de las pruebas que obran en autos e (ii) interpretó indebidamente el artículo 139 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. Luego, la justiciable afirma que el pago de los referidos gastos y costas son a cargo de quien incumpla las obligaciones procesales como consecuencia de la negligencia de pretender desconocer una obligación; los que añade, se trata de dos conceptos independientes, que dice haber alegado en los agravios, pero que tal argumento no fue atendido por la ad quem, en cuanto sostuvo que los gastos no deben ser analizados en forma inmersa a las costas; debido a que éstos únicamente consisten en las cantidades (i) que pueda recuperar la parte que obtuvo sentencia favorable como son (a) desde un punto de vista estricto los gastos procesales y (b) desde un punto de vista amplio referente en el menoscabo del patrimonio; cuando éstos (ii) tengan relación con la litis de origen; (iii) excluyendo los gastos innecesarios y (iv) que el menoscabo patrimonial debe ser soportado por cada una de las partes; lo cual sostiene encuentra sustento en la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia con el rubro "COSTAS, PROCEDE SU CONDENA EN LA INTERLOCUTORIA QUE RESUELVA UN INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA, CUANDO EXISTAN DOS SENTENCIAS CONFORMES DE TODA CONFORMIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1084, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y 140, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL)". Asimismo, la promovente del amparo indica que tratándose del concepto de "gastos" causados durante la tramitación del juicio, como son honorarios de abogados y peritos, materiales del juicio, traslados, fotocopiados, entre otros; la sala responsable omitió atender la autonomía de la voluntad de las partes establecida en los artículos 1792 y 1832 del Código Civil para la Ciudad de México; porque en el incidente controvertido exhibió el contrato litis "(.) de veinticuatro de mayo de dos mil diez (.)1 " que suscribió con los abogados (i) que la asesoraron durante el juicio natural e intervinieron en éste y (ii) que cuentan con cédula profesional debidamente registrada ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el que se fijaron los honorarios por trescientos mil pesos, cuyo gasto afirma que no ha sido liquidado; pero que dicho medio de convicción no fue tomado en consideración por la sala responsable. Además, la amparista señala que los referidos gastos de honorarios de abogados por trescientos mil pesos deben sumarse a las costas a las que ya fue condenada la sucesión demandada en término del artículo 139 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, consistente en el 8% del valor del negocio jurídico controvertido; pues de lo contrario se estaría emitiendo una resolución nugatoria de un derecho que legalmente le corresponde. Igualmente, la solicitante de derechos humanos precisa que la interlocutoria reclamada vulnera el derecho humano a la debida tutela jurisdiccional efectiva y los sub principios de garantías procesales de audiencia, legalidad, seguridad jurídica, debido proceso e igualdad procesal, congruencia y exhaustividad, establecidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal y en los tratados internacionales celebrados por el gobierno federal, como es el artículo 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Los argumentos anteriores son ineficaces. Lo anterior es así, porque al margen de que este juzgado de Distrito establezca la diferencia que la quejosa dice existe entre los conceptos jurídicos de las "costas" y los "gastos", como dos temas independientes, uno del otro. La realidad es que la impetrante pretende sustentar el derecho para cobrar los "gastos" controvertidos, en cuanto los define como las erogaciones que realizó la parte actora durante el juicio a consecuencia de la negligencia de la parte demandada al desconocer una obligación existente entre ellas, como son el pago de honorarios de abogados y peritos, traslados y fotocopiados, entre otros; apoyándose para ello en el contrato litis "(.) de veinticuatro de mayo de dos mil diez (.)2 " que dice haber suscrito con los abogados que la asesoraron y representaron en el juicio natural e intervinieron en éste con cédula profesional debidamente registrada ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Sin embargo, contrariamente a lo pretendido por la justiciable dicho contrato litis en auto de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, la juez de origen dejó de recibirlo como prueba superviniente (folio 855, primer legajo del expediente natural), en cuanto estableció lo siguiente: "(.) Ciudad de México, a veintiséis de octubre de dos mil veintiuno.- - - Hágase del conocimiento de las partes, la certificación que antecede, en los autos del expediente 148/2016, de los que se desprende que la parte demandada, omitió desahogar la vista que se le mando dar con la pertinencia de la prueba superveniente ofrecida por la parte actora y por perdido el derecho para tales efectos; en consecuencia, se deja insubsistente la citación para sentencia a que alude el auto dictado en audiencia del dieciocho de octubre del año en curso y se pasa a resolver respecto de la prueba superveniente como sigue: Vistos los términos del ofrecimiento de la prueba que como superveniente ofrece la parte actora, relativa al contrato de prestación de servicios, celebrado el quince de agosto de dos mil dieciocho, toda vez que la misma no se encuentra dentro de los supuestos que establecen los artículos 97 párrafo segundo y 98 del citado Código de Procedimientos Civiles, ello en atención que la parte actora tenía conocimiento de tal prueba desde antes de la presentación de su incidente, como se desprende de la fecha de la celebración de tal acto (quince de agosto de dos mil dieciocho), aunado a lo anterior, la parte actora omitió manifestar bajo protesta de decir verdad, que no tenía conocimiento de la existencia de tal documento o bien de que el mismo no lo tuviese en su poder, como lo establece el numeral legal en primer término invocado, razones todas estas por las que no se surten los supuestos que establecen los numerales legales invocados, por lo cual no ha lugar a admitir dicha prueba como superveniente, quedando a su disposición de la actora la misma previa razón e identificación que por su recibo obre en autos, atenta a lo anterior se cita a las partes para oír la SENTENCIA INTERLOCUTORIA que en derecho corresponda, para tal efecto túrnense los presentes autos a la vista de la suscrita para dictar la SENTENCIA INTERLOCUTORIA correspondiente.- NOTIFÍQUESE. (.)". Luego, aun cuando dicho contrato obra en autos (folios 833 a 836, primer legajo del expediente natural); la realidad es que no fue integrado legalmente al incidente controvertido. Incluso, cabe destacar que en el diverso acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, la juez de origen, tuvo por no ampliada la demanda incidental respecto del referido contrato Litis (folio 837, primer legajo del expediente natural); sin que obste para ello, que en el diverso auto de diez de septiembre de ese año; la juez natural recibió diversas manifestaciones de la actora respecto al referido contrato (folio 843, primer legajo del expediente natural); porque la realidad es que en éste no revocó la determinación que dejo de ampliar la demanda incidental establecido en el mencionado proveído de treinta de agosto de esa anualidad [cfr. con los puntos once a catorce del considerando cuarto de la presente sentencia relativo a los antecedentes del acto reclamado]. Sin embargo, las determinaciones que emitió la juez natural en los referidos autos de treinta y uno de agosto (auto que no amplio la litis) y veintiséis de octubre (proveído que no recibió el contrato controvertido como prueba superveniente), ambas de dos mil veintiuno; no fueron combatidas por la quejosa como violaciones procesales para que este juzgado de Distrito estuviera en aptitud legal de pronunciarse al respecto, esto es, si tales resoluciones son o no legales; por tanto, tales determinaciones se encuentran incólumes y deben continuar rigiendo sus efectos legales. Es aplicable a lo anterior, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 40, emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Apéndice 1917 a 2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 32, registro digital 917574; que es como sigue: "AMPARO CONTRA SENTENCIA.- Cuando hay considerandos esenciales que rigen los puntos resolutivos del fallo reclamado, que no se atacan en los conceptos de violación, es ocioso el estudio de los alegados en la demanda de garantías, porque aun cuando sean fundados, resultan inoperantes, dado que no bastan para determinar el otorgamiento del amparo". En consecuencia, si la quejosa (i) omitió demostrar la existencia del referido contrato litis, al no haberse integrado legalmente al incidente controvertido y (ii) menos que ésta cuestión jurídica integrara esa Litis original; resulta evidente que la sala responsable, en realidad no estuvo en aptitud de pronunciarse sobre el contenido legal y alcances jurídicos del referido contrato litis. Por tanto, la impetrante de modo alguno acreditó que tuviera derecho a cobrar los gastos que dice haber erogado durante el juicio en concepto de honorarios de abogados por la cantidad de trescientos mil pesos; pues se reitera, dicho documento (i) no obra legalmente en los autos del juicio natural y (ii) menos se integró a la Litis original del incidente controvertido. Por consiguiente, todos los argumentos que expresó la impetrante en cuanto a la omisión que en su opinión incurrió la sala responsable en el estudio de dicho contrato o la interpretación indebida de la autonomía de la voluntad o del artículo 139 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, resulta ineficaces al no existir sustento fáctico en que se apoye el derecho alegado por la promovente del amparo al no haberse integrado a la Litis incidental, como se ha sostenido. Máxime, cuando el contrato litis que la actora incidentista exhibió en autos, tiene como fecha de suscripción del quince de agosto de dos mil dieciocho; pero en los conceptos de violación pretende sustentar su derecho en diverso contrato que dice haber sido suscrito el veinticuatro de mayo de dos mil diez. De ahí lo ineficaz de las alegaciones de que se trata. En razón de lo anterior no resultan aplicables las tesis y jurisprudencias que la quejosa invocó con los rubros: "COSTAS. PARA TENER DERECHO A SU COBRO, ES SUFICIENTE DEMOSTRAR HABER SIDO ASESORADO DURANTE EL JUICIO POR UN LICENCIADO EN DERECHO CON CÉDULA PROFESIONAL LEGALMENTE EXPEDIDA", "COSTAS. PROCEDE SU CONDENA EN LA INTERLOCUTORIA QUE RESUELVE UN INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA, CUANDO EXISTAN DOS SENTENCIAS CONFORMES DE TODA CONFORMIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1084, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y 140, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL)" y "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR"; pues se reitera la impetrante no integró a la litis el contrato de prestación de servicios profesionales en que pretende sustentar el derecho a cobrar los gastos controvertidos. En consecuencia, los actos reclamados al no ser violatorios de los derechos humanos y las garantías consistentes en la debida tutela jurisdiccional efectiva, ni los sub principios de audiencia, legalidad y debido proceso judicial efectivo otorgadas en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, de la quejosa, procede negar el amparo respecto de los actos atribuidos a la autoridad ordenadora, Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Juez Sexagésimo Primero de lo Civil de la Ciudad de México, al no reclamarse por vicios propios. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o. J/317, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Núm. 80, Agosto de 1994, página 83, registro electrónico 210778; que reza: "AUTORIDADES EJECUTORAS, NEGACION DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que solo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1, fracción I, 73 a 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : UNICO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Blanca Castillo Pérez, por derecho propio, contra los actos reclamados de la autoridad ordenadora, Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, consistentes en la interlocutoria de segundo grado de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, dictada en el toca 748/2019/2, emitida en el incidente de liquidación y ejecución de sentencia derivada del juicio ordinario civil de origen expediente 148/2016; lo que se hace extensivo a los actos de ejecución atribuidos al Juez Sexagésimo Primero de lo Civil de la Ciudad de México. Notifíquese y personalmente a las partes.
- Principal
UNICO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***, por derecho propio, contra los actos reclamados de la autoridad ordenadora, *** del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, consistentes en la interlocutoria de segundo grado de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, dictada en el toca ***, emitida en el incidente de liquidación y ejecución de sentencia derivada del juicio ordinario civil de origen expediente ***; lo que se hace extensivo a los actos de ejecución atribuidos al ***de la Ciudad de México. Notifíquese y personalmente a las partes.
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