Blanca Carrillo Hernandez

Expediente 1808/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1808/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
02/07/2021

Partes del expediente

  • BLANCA CARRILLO HERNANDEZ y Otros.
  • Blanca Carrillo Hernandez
  • Jose Juan Carrillo Mendez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dos de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del que se advierte que, el asesor jurídico de la parte quejosa desahogo la vista ordenada en auto de veintiuno de junio del presente año, mediante escrito registrado con el folio 8066, en el que manifestó que tuvo comunicación con la quejosa Blanca Carrillo Hernández, quien le manifestó que efectivamente le fue entregado la prótesis que necesitaba y que también se le ha estado dando atención odontológica. Por tanto, este órgano de control constitucional se encuentra obligado, a determinar si la ejecutoria está o no cumplida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, por lo que, con base en los elementos existentes en el expediente, y con los aportados por la autoridad señalada como responsable, se procede a analizar sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Lo anterior además, en observancia a la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del tres de marzo del año dos mil, con número de registro digital 192174, visible en la página 243 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que literalmente reza: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Ahora bien, en la resolución dictada por este Juzgador, el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, en su único punto resolutivo, se determinó lo siguiente: "ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a BLANCA CARRILLO HERNÁNDEZ, respecto de las autoridades y actos precisados en el considerando tercero, por las consideraciones y fundamentos vertidos en el considerando quinto de esta sentencia." Resolución contra la cual, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, bajo el amparo en revisión 219/2020 y en sesión de veinte de mayo de dos mil veintiuno, se determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE A BLANCA CARRILLO HERNÁNDEZ, contra la autoridad responsable y acto reclamado señalados en el resultado primero de esta ejecutoria y para los efectos precisados en el considerando penúltimo de esta resolución. TERCERO. Es INFUNDADO el recurso de revisión adhesivo interpuesto por la autoridad responsable en el juicio de amparo indirecto 1808/2019, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, en los términos establecidos en el último considerando de esta resolución." Precisando que los efectos de la concesión de amparo, son los siguientes: ""1. La autoridad responsable proporcione a la quejosa la prótesis para estabilidad oral, prescrita por el cirujano maxilofacial Alán Pérez García, en la constancia medica de fecha veinte de enero de dos mil veinte." Por lo anterior, en auto de tres de junio de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional, requirió a la autoridad responsable Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos", con sede en Coatlán del Río, el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En tal virtud, mediante oficio recibido en este Juzgado Federal el dieciocho de junio de dos mil veintiuno, registrado bajo el folio 7610, la Directora General del Centro Femenil de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil Morelos", con sede en Coatlán del Río, remitió copia certificada de las constancias con las que acredita que a la quejosa BLANCA CARRILLO HERNÁNDEZ, se le proporcionó atención médica en la especialidad de odontología, así como las prótesis unilaterales superior e inferior. Los documentos mencionados tienen valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO Bajo esa tesitura, atento al estudio íntegro efectuado al oficio de referencia, es dable concluir que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce del derecho conculcado, toda vez que, la autoridad responsable proporcionó a la quejosa la prótesis para estabilidad oral, prescrita por el cirujano maxilofacial Alán Pérez García, en la constancia medica de fecha veinte de enero de dos mil veinte. En consecuencia, en las narradas condiciones, este Juzgado de Distrito tiene por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. ESTUDIO DE EXCESO Y DEFECTO Asimismo, cabe precisar que existe defecto en la ejecución siempre que la autoridad responsable se abstenga de realizar todos los actos necesarios para que la sentencia que concedió el amparo resulte íntegramente cumplida; por el contrario, hay exceso en la ejecución cuando la responsable, además de efectuar todos los actos conducentes para lograr que las cosas queden restituidas al estado que guardaban antes de la violación, ejecute u ordene otros actos a que no la obliga la sentencia de amparo, y que no son tampoco efecto inmediato de lo decidido en dicha sentencia. De ahí se puntualiza que no existe exceso o defecto en el cumplimiento dado por la autoridad responsable, en virtud de que cumplió íntegramente con la concesión de amparo. SE ORDENA ARCHIVO Por otra parte, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, con conocimiento de las partes, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y toda vez que se concedió la protección constitucional en el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de depuración, debiéndose conservar la demanda, sentencia y demás constancias que se estimen pertinentes. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese; y personalmente a la quejosa en el lugar en el cual se encuentra recluida y a su asesor jurídico.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito firmado por el Defensor Público Federal Luis Eduardo Bautista Cortés, en su carácter de asesor jurídico de la parte quejosa, por medio del cual, realiza diversas manifestaciones en relación al oficio remitido por la Directora General del Centro Femenil de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil Morelos", con sede en Coatlán del Río; por tanto, las mismas serán tomadas en consideración al momento en el que este órgano jurisdiccional, se pronuncie sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio firmado por la Directora General del Centro Femenil de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil Morelos", con sede en Coatlán del Río, por medio del cual, remite copia certificada de las constancias con las que acredita que a la quejosa BLANCA CARRILLO HERNÁNDEZ, se le proporcionó atención médica en la especialidad de odontología, así como las prótesis unilaterales superior e inferior. Por tanto, de conformidad con el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, manifiesten lo que a su derecho corresponda; con el apercibimiento que de no realizarlo, este órgano jurisdiccional con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, en el momento procesal oportuno acordará lo que legalmente proceda. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia 247, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 203, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a tres de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio suscrito por la Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria correspondiente a la sesión celebrada el veinte de mayo del presente año, en el recurso de revisión 219/2020, y el expediente del juicio de amparo 1808/2019, en el que se resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE A BLANCA CARRILLO HERNÁNDEZ, contra la autoridad responsable y acto reclamado señalados en el resultado primero de esta ejecutoria y para los efectos precisados en el considerando penúltimo de esta resolución. TERCERO. Es INFUNDADO el recurso de revisión adhesivo interpuesto por la autoridad responsable en el juicio de amparo indirecto 1808/2019, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, en los términos establecidos en el último considerando de esta resolución." En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal, asimismo, glósese únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes, toda vez que las demás son copias simples. Hágase del conocimiento de las partes, la determinación tomada en el presente acuerdo. Sin que sea necesario expedir el acuse de recibo correspondiente, en virtud de lo expuesto por el Tribunal Colegiado en el oficio de cuenta. Cabe precisar que, de la resolución dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, se concedió el amparo y protección de la justicia federal, para los siguientes efectos: "1. La autoridad responsable proporcione a la quejosa la prótesis para estabilidad oral, prescrita por el cirujano maxilofacial Alán Pérez García, en la constancia medica de fecha veinte de enero de dos mil veinte." Por tanto, con fundamento en el numeral 192, de la Ley de Amparo en vigor, requiérase a la autoridad responsable Gabriela Cerón Ramírez, en su calidad de Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos", con sede en Coatlán del Río, para que, dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir del momento al en que reciba el oficio correspondiente de este acuerdo, cumpla con los efectos dictados en la ejecutoria de mérito. Con el apercibimiento que, en caso de no hacerlo así, se le impondrá como medida de apremio una multa por el equivalente a CIEN Unidades de Medida y Actualización, esto en observancia a lo establecido por el diverso numeral 258 de la ley de la materia en vigor, sin perjuicio de proceder conforme a lo establecido en el artículo 193 de la misma. Lo anterior, con independencia que en su caso, se ordene la apertura del incidente de inejecución de sentencia respectivo, por lo que, los autos originales del asunto en que se actúa, serán remitidos al Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito competente para su substanciación, y éste a su vez, los envíe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, separación de su cargo y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda, por lo que, con exactitud, deberá cumplir el fallo protector, ya que en caso contrario, se hará efectiva la medida de apremio aludida. Apoya a lo anterior determinación, la Tesis VII.2o.C.16 K, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Julio de 2014, Tomo II, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SENTENCIA AMPARADORA. LINEAMIENTOS PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO. La obligación prioritaria del órgano jurisdiccional de amparo estriba en lograr el puntual cumplimiento de la sentencia amparadora, entendido éste, en términos del párrafo tercero del artículo 196 de la Ley de Amparo, como el acatamiento total, sin excesos ni defectos. En ese sentido, por una parte, el órgano jurisdiccional de amparo al apercibir en términos del segundo párrafo del artículo 192 de la referida ley, a la autoridad responsable para que dé puntual cumplimiento a la sentencia amparadora podrá, en atención a lo dispuesto en el cuarto párrafo de dicho precepto, ampliar el plazo legalmente establecido para acatar el fallo protector. Por otra parte, cuando dicho órgano reciba por primera vez el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria amparadora, y estime que ésta no se cumplió puntualmente, ya sea porque no fue acatada en su totalidad o lo fue con excesos o defectos, antes de instaurar el procedimiento sancionador establecido en el artículo 193 de la citada ley, esto es, antes de imponer la multa respectiva y remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, deberá requerir por una vez más a la autoridad responsable el puntual cumplimiento de dicha ejecutoria, en aras de lograr la obligación prioritaria mencionada en un principio. Esto último, encuentra fundamento en el tercer párrafo del invocado artículo 193, en cuanto dispone que si la autoridad responsable demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano jurisdiccional de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. Así, sólo cuando la autoridad responsable inobserve el nuevo requerimiento, esto es, reitere el incumplimiento de la sentencia amparadora, el órgano jurisdiccional de amparo podrá actuar en términos del artículo antes mencionado." Notifíquese; y personalmente a la quejosa en el lugar en el cual se encuentra recluida.

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