Blanca Areli Gonzalez Lopez

Expediente 773/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 19 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
773/2019
Año
2019
Actuaciones
19
Última actuación
29/08/2019

Partes del expediente

  • Blanca Areli Gonzalez Lopez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Incidental

    MESA VII-A Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintinueve de agosto de dos mil diecinueve. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que ha fenecido el término de tres días concedido a las partes en proveído de catorce de agosto de dos mil diecinueve, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera con relación al cumplimiento dado por la responsable a la sentencia protectora de derechos fundamentales. Por consiguiente, este órgano jurisdiccional procede a resolver, si el fallo protector se encuentra o no cumplido. Ahora bien, en la sentencia dictada en el sumario, se concedió la protección constitucional para el efecto siguiente: OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. Se concede la protección constitucional a Blanca Areli González López, a través de su defensor particular Alejandro Agustín Flores Herrera, para que el Fiscal responsable realice lo siguiente: a). Deberá dejar insubsistente el acuerdo de uno de abril de dos mil diecinueve, emitido dentro de la averiguación previa A.P.PGR/CHIS/TAP-III/238/2012, en el cual la autoridad responsable determinó la improcedencia del no ejercicio de la acción penal, al no actualizarse la prescripción de la misma. b). Con plenitud de ejercicio, emitirá otro proveído en el que señalará los preceptos legales que establecen las reglas de prescripción conforme al Código Penal Federal vigente en la época de los hechos, así la punibilidad del delito por el que se investiga al sujeto activo y partiendo de ello, establecerá si se actualiza o no la prescripción de la acción penal, exponiendo las razones legales para ello. Sentencia de amparo que causó ejecutoria el nueve de agosto del dos mil diecinueve. Ahora bien, de los informes y anexos rendidos por la autoridad responsable (fojas 201 a 207 y 217 a 226), los cuales están provistos de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los dispositivos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa en su ordinal 2, se obtiene que: Que la responsable remitió copia certificada del acuerdo de veinte de julio de dos mil diecinueve, para determinar si se actualiza o no la prescripción de la acción penal de la averiguación previa número PGR/CHIS/TAP-III/238/2012, mismo que dejó sin efectos el acuerdo de uno de abril del año en curso, y se procedió a realizar un estudio técnico jurídico a efecto de emitir otro proveído, en el que en los puntos resolutivos, ordenó girar oficio al auxiliar del Procurador a efecto de que modifique la autorización de la consulta de reserva en la que determinó y fijó el plazo de prescripción y en el segundo punto resolutivo manifestó que no es procedente decretar el no ejercicio de la acción penal, en razón de que se modificó el plazo de la prescripción [diecinueve de mayo del dos mil veintitrés]; por lo tanto, no se encuentra prescrita la acción penal, proveído que fue notificado al defensor particular de la aquí quejosa, el nueve de agosto de la presente anualidad, tal y como se advierte en el oficio 1285/2019 que obra en foja 226. Ahora bien, la parte quejosa en su escrito agregado el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, adujo que la responsable no dio cumplimiento al fallo protector, ya que a su juicio el nuevo acuerdo no se encuentra fundado ni motivado, principalmente porque no señaló todas las reglas de interrupción de la prescripción, entre ellas, la indicada en el numeral 111 del Código de Penal Federal. Tales alegaciones son infundadas, pues de la lectura del citado acuerdo se advierte que el fiscal responsable fundó y motivó su determinación en los términos indicados en la ejecutoria de amparo; por lo tanto, esa nueva actuación constituye un nuevo acuerdo que puede ser combatido en un nuevo juicio de amparo, pues las razones que expone la parte quejosa no fueron motivo de la litis constitucional en el presente juicio de amparo. Es aplicable al caso y por analogía la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a./J.22/2004, consultable en la página 250, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta tomo XIX, mayo de 2004, novena época y que a la letra dice: AUTO DE FORMAL PRISIÓN. LA RESOLUCIÓN QUE LO DECIDE DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA QUE CONCEDE EL AMPARO POR CARECER DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, ES IMPUGNABLE MEDIANTE UN NUEVO JUICIO DE GARANTÍAS. La nueva resolución dictada por la autoridad responsable que decide en definitiva un auto de término constitucional, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo promovido en contra de una anterior por carecer de fundamentación y motivación, es impugnable mediante un nuevo juicio de garantías, en virtud de que la autoridad la emite con libertad de jurisdicción, ya que la concesión del amparo no la vincula a resolver en determinado sentido o acatando determinados lineamientos al no existir un pronunciamiento de fondo; porque solamente se atendió a un aspecto formal, como lo es la falta de fundamentación y motivación. Por lo anterior, se estima que la responsable dió cumplimiento al fallo protector, y se destaca que no se advierte exceso o defecto, ya que como se indicó, se cumplió con los efectos de la ejecutoria en sus términos. En ese contexto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, por lo que deberá archivarse el asunto acorde al párrafo cuarto del mencionado artículo, hasta que transcurra el plazo a que se refiere el diverso dispositivo 202 de la citada legislación. ANOTACIONES Y ARCHIVO De conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se acuerda: El presente expediente será resguardado en el archivo de juzgado durante tres años, una vez cumplido dicho término, será transferido al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El expediente es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto. El presente asunto no se considera de relevancia documental, jurídica e histórica, en virtud que el mismo no tiene especial trascendencia jurídica, política, social o económica. DESTINO DE INCIDENTES Se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, pues se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva respecto de los actos reclamados, acorde con lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. En términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental que deriva de este asunto, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo, al que se le deberá agregar copia del presente acuerdo. SE HACE CONSTAR QUE NO EXISTEN DOCUMENTOS PENDIENTES DE DEVOLVER Finalmente, se hace constar que en el expediente no obran documentos originales susceptibles de devolución. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido de Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    MESA VII-A Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintinueve de agosto de dos mil diecinueve. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que ha fenecido el término de tres días concedido a las partes en proveído de catorce de agosto de dos mil diecinueve, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera con relación al cumplimiento dado por la responsable a la sentencia protectora de derechos fundamentales. Por consiguiente, este órgano jurisdiccional procede a resolver, si el fallo protector se encuentra o no cumplido. Ahora bien, en la sentencia dictada en el sumario, se concedió la protección constitucional para el efecto siguiente: OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. Se concede la protección constitucional a Blanca Areli González López, a través de su defensor particular Alejandro Agustín Flores Herrera, para que el Fiscal responsable realice lo siguiente: a). Deberá dejar insubsistente el acuerdo de uno de abril de dos mil diecinueve, emitido dentro de la averiguación previa A.P.PGR/CHIS/TAP-III/238/2012, en el cual la autoridad responsable determinó la improcedencia del no ejercicio de la acción penal, al no actualizarse la prescripción de la misma. b). Con plenitud de ejercicio, emitirá otro proveído en el que señalará los preceptos legales que establecen las reglas de prescripción conforme al Código Penal Federal vigente en la época de los hechos, así la punibilidad del delito por el que se investiga al sujeto activo y partiendo de ello, establecerá si se actualiza o no la prescripción de la acción penal, exponiendo las razones legales para ello. Sentencia de amparo que causó ejecutoria el nueve de agosto del dos mil diecinueve. Ahora bien, de los informes y anexos rendidos por la autoridad responsable (fojas 201 a 207 y 217 a 226), los cuales están provistos de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los dispositivos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa en su ordinal 2, se obtiene que: Que la responsable remitió copia certificada del acuerdo de veinte de julio de dos mil diecinueve, para determinar si se actualiza o no la prescripción de la acción penal de la averiguación previa número PGR/CHIS/TAP-III/238/2012, mismo que dejó sin efectos el acuerdo de uno de abril del año en curso, y se procedió a realizar un estudio técnico jurídico a efecto de emitir otro proveído, en el que en los puntos resolutivos, ordenó girar oficio al auxiliar del Procurador a efecto de que modifique la autorización de la consulta de reserva en la que determinó y fijó el plazo de prescripción y en el segundo punto resolutivo manifestó que no es procedente decretar el no ejercicio de la acción penal, en razón de que se modificó el plazo de la prescripción [diecinueve de mayo del dos mil veintitrés]; por lo tanto, no se encuentra prescrita la acción penal, proveído que fue notificado al defensor particular de la aquí quejosa, el nueve de agosto de la presente anualidad, tal y como se advierte en el oficio 1285/2019 que obra en foja 226. Ahora bien, la parte quejosa en su escrito agregado el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, adujo que la responsable no dio cumplimiento al fallo protector, ya que a su juicio el nuevo acuerdo no se encuentra fundado ni motivado, principalmente porque no señaló todas las reglas de interrupción de la prescripción, entre ellas, la indicada en el numeral 111 del Código de Penal Federal. Tales alegaciones son infundadas, pues de la lectura del citado acuerdo se advierte que el fiscal responsable fundó y motivó su determinación en los términos indicados en la ejecutoria de amparo; por lo tanto, esa nueva actuación constituye un nuevo acuerdo que puede ser combatido en un nuevo juicio de amparo, pues las razones que expone la parte quejosa no fueron motivo de la litis constitucional en el presente juicio de amparo. Es aplicable al caso y por analogía la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a./J.22/2004, consultable en la página 250, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta tomo XIX, mayo de 2004, novena época y que a la letra dice: AUTO DE FORMAL PRISIÓN. LA RESOLUCIÓN QUE LO DECIDE DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA QUE CONCEDE EL AMPARO POR CARECER DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, ES IMPUGNABLE MEDIANTE UN NUEVO JUICIO DE GARANTÍAS. La nueva resolución dictada por la autoridad responsable que decide en definitiva un auto de término constitucional, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo promovido en contra de una anterior por carecer de fundamentación y motivación, es impugnable mediante un nuevo juicio de garantías, en virtud de que la autoridad la emite con libertad de jurisdicción, ya que la concesión del amparo no la vincula a resolver en determinado sentido o acatando determinados lineamientos al no existir un pronunciamiento de fondo; porque solamente se atendió a un aspecto formal, como lo es la falta de fundamentación y motivación. Por lo anterior, se estima que la responsable dió cumplimiento al fallo protector, y se destaca que no se advierte exceso o defecto, ya que como se indicó, se cumplió con los efectos de la ejecutoria en sus términos. En ese contexto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, por lo que deberá archivarse el asunto acorde al párrafo cuarto del mencionado artículo, hasta que transcurra el plazo a que se refiere el diverso dispositivo 202 de la citada legislación. ANOTACIONES Y ARCHIVO De conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se acuerda: El presente expediente será resguardado en el archivo de juzgado durante tres años, una vez cumplido dicho término, será transferido al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El expediente es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto. El presente asunto no se considera de relevancia documental, jurídica e histórica, en virtud que el mismo no tiene especial trascendencia jurídica, política, social o económica. DESTINO DE INCIDENTES Se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, pues se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva respecto de los actos reclamados, acorde con lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. En términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental que deriva de este asunto, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo, al que se le deberá agregar copia del presente acuerdo. SE HACE CONSTAR QUE NO EXISTEN DOCUMENTOS PENDIENTES DE DEVOLVER Finalmente, se hace constar que en el expediente no obran documentos originales susceptibles de devolución. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido de Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    MESA VII-A Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a dieciséis de agosto de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el escrito signado por Alejandro Agustín Flores Herrera, y en atención a su contenido, se acuerda: Atinente a sus argumentos relacionados con el incumplimiento por parte de la autoridad responsable, dígasele que este juzgado las analizará una vez que se realice el análisis del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido del licenciado Eduardo Sumuano Aguilar, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  4. Principal

    MESA VII-A Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a quince de agosto de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el oficio signado por el Agente del Ministerio Publico de la Federación Titular de la Tercera Agencia en la Unidad del Sistema Tradicional, con sede en esta ciudad, y anexos que acompaña; en atención a su contenido se acuerda: Se provee sin mayor pronunciamiento en virtud que se dio vista con las mismas constancias en auto que antecede. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido del licenciado Eduardo Sumuano Aguilar, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

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