Blanca Aracely Rivera García

Expediente 18/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2015.

Datos del expediente

Expediente
18/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
28/01/2015

Partes del expediente

  • Blanca Aracely Rivera García

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no se inconformó con el acuerdo de dieciséis de enero de dos mil quince (fojas 7 a 11), que desechó la demanda de garantías presentada ante este Juzgado de Distrito; por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicho auto ha causado estado. En tal razón, comuníquese este acuerdo a la parte quejosa, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, hecho que sea lo anterior, archívese el expediente como asunto concluido. Por último, toda vez que se desechó la demanda de garantías, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese; y en su oportunidad cúmplase.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Blanca Aracely Rivera García, contra actos de la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, y otras autoridades. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número estadístico 18/2015, por ser el numeral progresivo que le correspondió. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado por la parte promovente en esta instancia se hace consistir en: ".A).- A la primera autoridad señalada como responsable le reclamo el ilegal e inconstitucional el acuerdo de fecha 9 de diciembre del año 2014, el cual transcribo a continuación: El nueve de diciembre de dos mil catorce, el suscrito secretario, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1066 del Código de Comercio, da cuenta al Juez, con el escrito del Licenciado JAVIER SOLANO GARZA y Licenciado MANUEL ALEXANDRO JIMENEZ CAMPOS, recibido a las (16:13) dieciséis horas con trece minutos del día (05) cinco del mes y año en curso CONSTE.------------------------------ Sabinas, Coahuila, a nueve de diciembre de dos mil catorce. ------------- A sus antecedentes el escrito de cuenta; téngase a los Licenciados JAVIER SOLANO GARZA Y MANUEL ALEXANDRO JIMENEZ CAMPOS, Por desahogo la vista en tiempo ordenada por auto de fecha uno de diciembre del año en curso, en los términos del ocurso pericial propuesta por la parte demanda; en consecuencia, ha lugar de desechar de plano la prueba pericial en grafoscopia ofrecida por la parte demandada a cargo del Licenciado FRANCISCO MANUEL CABELLO ALONSO, En virtud, que no señala la calidad técnica artística o industrial del perito que se propone, por lo que, no cumple con los requisitos establecidos en el numeral 1253 fracción I del código comercio. NOTIFIQUE. Así lo acordó y firma el licenciado LUIS GARCIA CAMPOS, Juez Distrito judicial de Sabinas, antes su secretario que autoriza el Licenciado JOSE ANTONIO CRUZ GLORIA DOY FE ----- En la misma fecha se fijó el acuerdo de Ley.- CONSTE. EXP 80812014.". En ese sentido, procede desechar de plano la demanda de garantías que se analiza, pues en la especie se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada en sentido contrario, ambos preceptos de la Ley de Amparo vigente. Los artículos referidos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Tales preceptos establecen una regla de carácter general, que consiste en que tratándose de actos emanados de un procedimiento (como lo es el juicio ejecutivo mercantil 808/2014 promovido ante el Juzgado de Primera Instancia en materia Civil del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza) el juicio de garantías sólo es procedente contra actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, como regla general, que los actos procesales sólo tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en caso de que éste obtenga resolución favorable a sus intereses. Así pues, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, los actos procesales, como ya se dijo, tienen una ejecución de imposible reparación cuando, como consecuencia de ellos, se afecta de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos protegidos por la Constitución, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trata, caso en que no debe esperar el agraviado a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación no desaparecerían en tales hipótesis, aunque aquélla obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Entonces, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, que al momento de obtener una sentencia favorable, desaparecen en la realidad dejando intacta la esfera jurídica del gobernado. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia P./J.24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página once, número 56, agosto de mil novecientos noventa y dos, materia común, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 205651, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Asimismo, nuestro Máximo Tribunal Constitucional estimó que de igual manera procedía el juicio de amparo indirecto, contra actos derivados durante procedimiento judicial, cuando afectaran en grado predominante o superior a las partes. Cobra aplicación la jurisprudencia IV.2o.C. J/2, visible en la página mil quinientos treinta y nueve, Libro 6, Mayo de dos mil catorce, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2006338, que a la letra dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013).El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Así pues, la procedencia del juicio de amparo biinstancial contra actos cometidos durante el procedimiento judicial, únicamente se actualiza cuando la violación afecta de manera material algún derecho sustantivo o fundamental, sin que actualmente conforme al criterio federal transcrito, para establecer la procedencia del amparo, pueda acudirse a la diversa opinión relativa a la violación procesal exorbitante a las partes, pues ello fue abandonado. Sobre la base expuesta, es evidente que el acto que se pretende combatir en esta instancia constitucional sólo produce efectos meramente procesales que no causan un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de la parte inconforme (propiedades, posesiones o derechos), de igual forma tampoco implica una violación procesal en grado exorbitante o superior a la parte quejosa; pues las consecuencias de la resolución reclamada no revisten el carácter de imposible reparación, por no afectar derechos sustantivos; por lo tanto, es incuestionable que el acto reclamado en esta instancia constitucional, no es de los denominados de imposible reparación y, por lo mismo, la demanda de garantías que se analiza contiene un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, se estima que la acción constitucional intentada deviene improcedente, porque el proveído de nueve de diciembre de dos mil catorce, dictado por el Juez de Primera Instancia en materia Civil del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, en los autos del juicio ejecutivo mercantil 808/2014, promovido por Arturo Norberto Herrera Flores, en contra de la aquí quejosa Blanca Aracely Rivera García, en el que se desechó de plano la prueba pericial en grafoscopia que la parte demandada ofreció en dicho expediente, no constituye un acto que cause un perjuicio irreparable a la parte quejosa, pues es un auto que tiene efectos meramente procesales, dado que la violación que llegare a cometerse en el dictado de dicho proveído, puede quedar subsanada con posterioridad, si la sentencia que ponga fin al juicio, resulta finalmente favorable a los intereses de la parte quejosa, pero de no ser así, esta última podrá reclamarla en el amparo directo, en términos de lo dispuesto en el artículo 170, fracción I, y 172, fracción III, ambos preceptos de la Ley de Amparo en vigor, que disponen en lo conducente: Ciertamente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 172 de la Ley de Amparo vigente, se consideran violaciones procesales, las determinaciones de los juicios tramitados ante tribunales del trabajo, cuando no se le reciban a la parte quejosa las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban con arreglo a derecho. Luego, el auto reclamado, corresponde a un acto dentro de juicio, de carácter intraprocesal, que no tiene una ejecución de imposible reparación, por lo que no procede en su contra el juicio de amparo indirecto, ya que no se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el diverso numeral 104, fracción V, de la Ley de Amparo; y en cambio de acuerdo con lo dispuesto por el precepto 172, fracción III de la mencionada ley, como ya se dijo, se trata de una violación intraprocesal; habida cuenta que a la parte quejosa le reviste el carácter de parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil número 808/2014 de origen, quien lógicamente se encuentra haciendo valer sus derechos y cargas procesales, es decir, se le escucha en juicio. Sobre el tema tiene aplicación por analogía la tesis sostenida por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, visible en la página cuatrocientos treinta y ocho, tomo II, segunda parte-2, julio-diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro electrónico 230405, de rubro y texto siguientes: "PRUEBAS, DESECHAMIENTO DE LAS, EN JUICIO LABORAL. AMPARO INDIRECTO IMPROCEDENTE. El desechamiento de una prueba a la parte demandada en un juicio laboral, no es un acto de imposible reparación, que haga procedente el amparo indirecto conforme a los artículos 107 de la Constitución Federal y 114 fracción IV, de la Ley de Amparo, sino que debe reclamarse en amparo directo conforme a la fracción III del artículo 159 de dicha ley, que establece que se considerarán violadas las leyes del procedimiento cuando no se reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido el quejoso, las que deben reclamarse en amparo directo que se promueve contra el laudo que ponga fin al juicio, ya que aquél, puede ser favorable al quejoso, en cuyo caso no le causaría perjuicio alguno". Asimismo, sirve de apoyo en lo conducente, la tesis sostenida por la Sala Auxiliar, visible en la página cuatrocientos cincuenta y siete, volumen 175-180, Séptima Parte del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro electrónico 245539, de contenido literal: Consecuentemente, en el presente asunto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, del mismo ordenamiento; por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, procede desechar de plano la demanda de garantías. Por otra parte, se tiene como autorizado en los términos a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor, al licenciado Miguel Tinajero Martínez, y por lo que hace a Sergio González Rodríguez, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, hasta en tanto acredite de manera fehaciente que tiene registrada su cédula profesional en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Órgano Jurisdiccional. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se faculta a los Actuarios adscritos a este Juzgado, para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aun en días y horas inhábiles, en términos del artículo 21, párrafo tercero de la nueva Ley de Amparo. Por último, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8°, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes que, conforme al procedimiento de acceso a la información, la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite; así también, que pueden ejercer el derecho para manifestar, hasta antes que se pronuncie el fallo, su voluntad de que su nombre y datos personales no se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que tal oposición, únicamente surtirá efectos cuando se trate de expedientes que contengan información reservada que en términos de lo previsto por la fracción IV, del artículo 13, de la citada ley, será cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad, o la salud de las partes. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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