Blanca Alicia Godinez Vega
Expediente 170/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 170/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Blanca Alicia Godinez Vega
Actuaciones
- Principal
se tiene a las autoridades responsables en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo; no obstante lo anterior, requiérase a ***, Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, para que dentro del término de siete días, contados a partir de la notificación del presente auto, para que exhiba las constancias que acrediten de forma fehaciente el cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria de amparo; De igual forma, en relación a la solicitud, en el sentido de permitir el uso de medios electrónicos, se acuerda favorable dicha petición, en la inteligencia que se deberá firmar una constancia en cada ocasión que comparezca para tal efecto
- Principal
PERS. CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE CITA: por recibida la demanda de amparo promovida contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. sin proveer sobre la admisión de la demanda de que se trata, se desecha la misma, en virtud de que de su contenido, adminiculado con las documentales que le acompañan, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como enseguida se expondrá. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo. La concepción del "acto reclamado", es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para la procedencia de este medio de control constitucional, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1 de la Ley de Amparo, antes transcritos, preceptos en los que constantemente aparece el término de "leyes o actos de autoridad". Dentro del campo del juicio de amparo, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De la definición que antecede, se desprende que el acto debe de ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto en sentido estricto, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. En esta tesitura, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino únicamente los "actos de autoridad" y no todos aquellos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad, lo que permite concluir que el concepto de autoridad excluye a los actos de particulares, precisándose así determinar para tal efecto si la relación jurídica se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades, existiendo como límite a su actuación los derechos humanos consagrados en la Constitución. Por tanto, si en el caso la inconforme se duele de la determinación, resolución o acuerdo que den por concluido los efectos de su nombramiento laboral, es evidente que las autoridades señaladas como responsables no actúan con una potestad de imperio, puesto que el mencionado acuerdo y las citadas omisiones tienen un carácter eminentemente laboral y por ello, no es dable afirmar que los actos reclamados sean actos de autoridad. Es cierto que el vínculo existente entre el servidor público y el Estado, acorde al sistema constitucional y legal que lo rige, involucra una diversidad de aspectos jurídicos en sus relaciones, entre los que destacan ámbitos legales de naturaleza distinta, como son el laboral, en su carácter de trabajador, dado que efectúa una especial prestación de servicios de forma subordinada, el administrativo, en cuanto a que el desarrollo de su labor implica el de una función pública, ocasionalmente el político cuando así está previsto acorde a la investidura, y además el penal y el civil, pues como ente (persona), sujeto de derechos y obligaciones debe responder de las conductas que le son atribuibles, de manera que al servidor público le pueda resultar responsabilidad desde el punto de vista administrativo, penal, civil e inclusive político en los supuestos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la Constitución Local correspondiente y así mismo la laboral. Por lo cual, como se ha visto, la relación existente entre el quejoso y el Gobierno del Estado de Morelos es meramente laboral, de ahí que las autoridades señaladas como responsables, no actúan con una potestad de imperio, sino de supra a subordinación que se genera por el vínculo jurídico que se mantiene entre trabajador y patrón, por lo que no se da el supuesto de que los actos reclamados hayan sido de autoridad. Máxime, que las relaciones laborales entre el Gobierno de Morelos y su personal, se rigen por lo que establece la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, según se desprende de la lectura al artículo 1 de dicha legislación, por lo que queda de manifiesto que el juicio de amparo que se intenta es improcedente conforme lo expuesto con antelación, dado que la relación entre el citado ente de gobierno como patrón y el quejoso como trabajador, es de índole laboral, y por ello, lo reclamado no es susceptible de analizarse en esta instancia constitucional. En consecuencia, al actualizarse de manera clara e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, lo que procede en términos de lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de la Materia, es desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo de que se trata. se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. por autorizada para los mismos efectos a la persona que se cita, toda vez que no acredita ni proporciona los datos donde consta su autorización para ejercer la profesión de licenciado en derecho. En cambio, se autoriza con todas las facultades que confiere el precepto legal antes citado, al resto de los profesionistas que menciona, ya que al realizar una búsqueda se encontraron registradas sus cédulas profesionales en el aludido sistema computarizado.
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